Toma la palabra

Por Irene López Alonso, InspirAction

 

La Junta militar de Ríos Montt en 1982 (AP)

Hace unas semanas el mundo se alegraba del encuentro de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, con su nieto desaparecido. Los casos de los bebés robados durante la dictadura militar Argentina y la lucha de esas aguerridas mujeres de pañuelo blanco son ampliamente conocidos y reconocidos. No lo es tanto, en cambio, el hecho de que es Guatemala el país de América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desapariciónEl 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, muchos pensarán en Argentina. Pocos en Guatemala.

Durante los 36 años de Conflicto Armado Interno, 45.000 personas desaparecieron en Guatemala, la mayoría de ellas, indígenas de los pueblos maya, ixil y kiché. El ensañamiento con las minorías étnicas, así como el carácter sistemático de las masacres, torturas y ejecuciones extra-judiciales llevadas a cabo por el terror de Estado, hicieron que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) declarase que los crímenes cometidos en Guatemala habían alcanzado la categoría de genocidio. Sin embargo, el actual presidente, Otto Pérez Molina, ha negado públicamente que sucediera tal genocidio, y en sus declaraciones sobre los años de la guerra suele hacer referencia a que la guerrilla tuvo la misma responsabilidad que el Ejército en los abusos perpetrados (a pesar de que, según la CEH, el 93% de las atrocidades cometidas durante el conflicto fueron responsabilidad de las fuerzas armadas).

 No hay que olvidar que el actual presidente guatemalteco es un general retirado que durante los años 80 formaba parte como paracaidista de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, señalada por el informe de Naciones Unidas Guatemala, memoria del silencio como responsable de diversas matanzas en el área ixil del país, y posteriormente fue Director de Inteligencia Militar de 1991 al 93. Así, ante un Gobierno marcadamente contrario a la recuperación de la memoria histórica, la labor de las “Abuelas de la Plaza de Mayo” guatemaltecas se torna todavía más difícil que la de sus homólogas argentinas.

Quienes están impulsando esta lucha por el resarcimiento de las víctimas del Conflicto Armado Interno son distintas organizaciones no gubernamentales humanitarias aglutinadas en el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala, que está peleando actualmente por la aprobación de la iniciativa de ley 3590.

45.000 personas desaparecidas, 45.000 razones para aprobar la iniciativa de ley 3590”, dice la campaña del Grupo de Trabajo. Y es que esta propuesta de ley daría lugar a una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctima de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, que trabajase de manera conjunta y desde las instituciones estatales por encontrar el paradero de los hombres, mujeres, niños y niñas desaparecidas durante la guerra.

45.000 razones contra la impunidad

A veces da la sensación de que ciertos medios de comunicación emplean el término ‘desaparecido’ como eufemismo de muerto. Sin embargo, las familias de los desaparecidos durante el conflicto guatemalteco confiesan en sus testimonios que en muchas ocasiones hubieran preferido saber a sus familiares fallecidos.

Es peor la falta de información, la incertidumbre y la impunidad con la que conviven esos niños que no tuvieron padres que les enseñaran a vivir, o esas madres que quisieran poder contarles a sus hijas perdidas tantas cosas que han pasado durante estos años. Familias que necesitan que su historia les sea devuelta para poder cerrar el ciclo de duelo y recuperar al menos la dignidad de sus seres queridos.

Tampoco una persona desaparecida es un muerto cuyo cuerpo nunca llega a encontrarse. Puede ser una niña que crece con una familia ajena, criada por los que probablemente fueron los captores o asesinos de sus verdaderos padres. Un niño con una identidad reemplazada que puede que nunca llegue a encontrarse…. A sí mismo.

Por estas personas, y en especial por la niñez desaparecida, es por quienes lucha el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, miembro del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala y contraparte de InspirAction en el país, que está presionando al Gobierno guatemalteco para que la iniciativa de ley 3590 sea aprobada con carácter de urgencia nacional. Que dejen de emplearse tácticas dilatorias y recursos jurídicos que obstaculizan la efectiva persecución y sanción de los responsables de que en Guatemala, durante la llamada política de tierra arrasada”, multitud de comunidades indígenas fueran literalmente borradas del mapa.

Si hay 45.000 razones para que Guatemala apruebe la ley que contribuirá a la reparación y a la reconciliación nacional, es porque existen muchos más motivos para no permitir la impunidad de los genocidas.

Porque desaparecido no es eufemismo de muerto. Es sinónimo de injusticia.

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Por Human Rights Watch

La anulación postergaría la posibilidad de justicia y obligaría a las víctimas a reiterar su doloroso testimonio

Mujer asistente al juicio por Genocidio contra Ríos Montt el día 2 de abril, cuando se escucharon los testimonios de 10 mujeres ixiles víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y otras violaciones a sus derechos humanos por parte del Ejército de Guatemala. (Centro de Medios Independientes de Guatemala)

La abrupta suspensión del juicio por genocidio contra el ex presidente de facto de Guatemala Efraín Ríos Montt despierta serias dudas sobre el acceso de las víctimas a la justicia señaló hoy Human Rights Watch.

El 18 de abril de 2013, a poco de concluirse el juicio oral que llevaba ya cuatro semanas, la Jueza Carol Patricia Flores —que había sido separada de la causa en 2011 y luego confirmada nuevamente por resolución de la Corte de Constitucionalidad —dispuso la nulidad de diligencias realizadas en la causa, incluido el debate oral y público en el cual habían dado su testimonio más de 100 testigos de cargo.

“Durante años, el caso de Ríos Montt y otros similares han sido demorados a través de maniobras dilatorias y actos de intimidación contra víctimas y funcionarios judiciales por igual”, aseveró Reed Brody, asesor legal sénior de Human Rights Watch, que sigue de cerca el proceso desde su inicio. “La decisión inesperada de suspender el juicio, implica el riesgo de que las víctimas estén obligadas a atravesar nuevamente por la experiencia desgarradora que implica relatar los abusos aberrantes sufridos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad”. Leer más


Fundación Abogacía Española

Se presenta mañana un “Amicus Curiae” ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que debe estudiar si deja en libertad al general que presidió el país centroamericano en los años más sangrientos del conflicto armado

La Fundación Abogacía Española ha suscrito un Amicus Curiae que se interpondrá mañana jueves, 27 de diciembre, ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para intentar evitar que este tribunal conceda la amnistía al general Efraín Ríos Montt, presidente de la República en los años más sangrientos del conflicto armado en el país centroamericano.

El Amicus Curiae, impulsado por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad y suscrito, además de la Fundación Abogacía Española, por la Asociación para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Rights International Spain y los juristas José Antonio Martín Pallín, Elisa Veiga y Carlos Jiménez Villarejo, entre otros, pretende puntualizar algunos aspectos desde el Derecho Internacional que pudieran servir de elementos de discusión en las deliberaciones de la Corte.

Según los firmantes, “Guatemala tiene la oportunidad de demostrar que está en camino de ser un Estado de Derecho donde se cumple la Ley y se reconocen los derechos de las víctimas, situándose al lado de los países que consolidan sus democracias mediante la lucha contra la impunidad, o de acercarse a un estado fallido o estado sin Ley”.

Como concluye el Amicus, “el Estado de Guatemala no puede interponer ningún obstáculo para el enjuiciamiento y, en su caso, castigo de José Efraín Ríos Montt, pues está obligado frente a todos los Estados a su persecución, de manera que toda ley nacional –así como decisión judicial- que postergue la investigación de los crímenes, los considere prescritos u otorgue amnistía es contraria a las obligaciones internacionales que el estado de Guatemala debe cumplir”.

DIEZ AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidirá en los próximos días si otorga o no la amnistía al general Ríos Montt. Tal concesión, a juicio de los firmantes del Amicus, sería una grave violación de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y un gran varapalo para las víctimas, las organizaciones de Derechos Humanos, que llevan más de diez años trabajando contra la impunidad, y para el pueblo de Guatemala en general.También supondría un duro golpe al Estado de Derecho en Guatemala.

Dejar en la impunidad crímenes internacionales como los que se le han imputado a Ríos Montt, pone seriamente en duda la credibilidad del sistema de justicia guatemalteco y su capacidad para investigar y castigar tanto a los responsables de los crímenes del conflicto, como las graves violaciones de derechos humanos que se cometen actualmente.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU concluyó que durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala hubo más de 200.000 víctimas, 45.000 desaparecidos, al menos 650 masacres, medio millón de refugiados en Méjico y un millón de desplazados. La CEH determinó que las Fuerzas de Seguridad del Estado son responsables del 93% de los crímenes.

ACTOS DE GENOCIDIO

Igualmente, esta Comisión aseguró que en 1982, el Ejército de Guatemala dirigido por Efraín Ríos Montt cometió actos de genocidio. Esta información se ha ido corroborando con las pruebas obtenidas y presentadas en procesos judiciales celebrados tanto en Guatemala como en España.

Fruto del trabajo incansable de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y el buen hacer de los operadores de justicia han sido condenados varios autores materiales de desapariciones forzadas y masacres. La detención de parte del Alto Mando de Ríos Montt, como los generales Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez, y la imputación por genocidio del mismo ex Presidente de la República han sido hitos en la larga historia por el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

La Comunidad Internacional espera que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sea ajustada a los avances de los estándares de Derecho internacional y la abundante jurisprudencia internacional al respecto. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el pasado mes de octubre que la aplicación de la amnistía en El Salvador refleja una grave afectación de la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos.

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