Toma la palabra

UNICEF

  • Declaraciones de Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF

Un niño del barrio de Bab Al Amar en una clandestina en Homs (@javierespinosa2)

Nueva York, 23 de febrero de 2012. Los llamamientos realizados por la comunidad internacional para detender la violencia han sido ignorados. Cada vez más niños están siendo asesinados y resultando heridos. Con mucha frecuencia los afectados no tienen acceso a atención médica. Muchos han sido testigos de la violencia y han perdido a sus seres queridos.

Es muy alarmante escuchar cómo las familias sirias suplican ayuda y ver que aumenta el sufrimiento de los niños. UNICEF se hace eco de los llamamientos que piden el cese inmediato de todo acto de violencia y que se permita de inmediato el acceso humanitario a todas las personas que necesitan ayuda.

Pedimos a todas las partes involucradas que recuerden que los niños no tienen ninguna responsabilidad sobre la violencia que enfrenta a los mayores. Son, sencillamente, las víctimas de esta tragedia.

Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para  ayudar a los niños a  sobrevivir y desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia.  UNICEF, que es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación básica de calidad para todos los niños y niñas;  y la protección de la infancia  frente  a la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.


Protestas contra Mubarak en El Cairo, 2011. (AP / Ben Curtis)

por Human Rights Watch. Informe Mundial 2012.

Son muchos los gobiernos democráticos que, en función de sus vínculos con aliados represivos, han mitigado su defensa de los derechos humanos en el marco de las protestas de la Primavera Árabe, señaló Human Rights Watch en su Informe Mundial 2012. Por una cuestión de principios e intereses a largo plazo, los gobiernos deberían expresar su firme apoyo a las personas de Oriente Medio y África del Norte que reclaman sus derechos fundamentales y trabajar para asegurar la transición hacia democracias genuinas.

El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante el apoyo internacional firme y coherente a quienes se manifiestan de manera pacífica y a los críticos del gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los gobiernos populares se mantengan alejados de la intolerancia, el desorden y las represalias que pueden manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla en riesgo, afirmó Human Rights Watch.

“Las personas que impulsan la Primavera Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional para poder ejercer sus derechos y construir democracias genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La lealtad hacia socios autocráticos no debería impedir apoyar a quienes promueven reformas democráticas. También se necesita de la influencia internacional para asegurar que los nuevos gobiernos extiendan el reconocimiento de los derechos humanos y el imperio de la ley a todas las personas, especialmente mujeres y minorías”.

El Informe Mundial 2012 documenta violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que incluyen transgresiones del derecho de guerra en Libia y Afganistán; la difícil situación de los presos políticos en Vietnam y Eritrea; el silenciamiento del disenso en China y Cuba; las restricciones a Internet en Irán y Tailandia; las ejecuciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en India y México; los problemas vinculados con comicios en Rusia y la República Democrática del Congo; el maltrato de migrantes en Europa Occidental; las deficientes políticas de salud materna en Haití y Sudáfrica; la represión de la libertad religiosa en Indonesia y Arabia Saudita; las torturas en Pakistán y Uzbekistán; la discriminación contra personas con discapacidad en Nepal y Perú; y la detención de personas sin ningún tipo de proceso judicial en Malasia y por Estados Unidos.

Un paso positivo ha sido la adopción de un tratado internacional para proteger los derechos de los trabajadores del hogar, expresó Human Rights Watch. Los trabajadores del hogar están particularmente expuestos a abusos, y pese a ello muchos países los excluyen de las protecciones legales y otras garantías. El nuevo tratado garantiza los derechos fundamentales de millones de migrantes que trabajan en casas particulares como empleados del hogar o al cuidado de niños u otras personas.

La política occidental respecto a los países árabes ha sido tradicionalmente de contención, y ha apoyado a diversos autócratas árabes con el fin de garantizar la “estabilidad” en la región, incluso en momentos en que la democracia se consolidaba en otras partes del mundo. Human Rights Watch indicó que entre las razones por las cuales tantos gobiernos democráticos admiten una “excepción árabe” se incluyen el temor al islam político y el terrorismo, la necesidad de asegurar el suministro de petróleo y una política de larga data que depende de las autocracias para la preservación de la paz entre Israel y el mundo árabe, así como para ayudar a contener la migración hacia Europa.

Protestas contra Mubarak en El Cairo, 2011. (AP / Emilio Morenatti)

“Los eventos del año pasado demuestran que el silencio impuesto a las personas que viven bajo regímenes autocráticos no debería haberse confundido con conformismo popular”, señaló Roth. “Es tiempo de poner fin a la ‘excepción árabe’ y reconocer que las personas de la región merecen que se respeten sus derechos y libertades al igual que cualquier otra persona”.

Las repercusiones de la Primavera Árabe se han sentido en todo el mundo, afirmó Human Rights Watch. Los líderes de China, Zimbabue, Corea del Norte, Etiopía, Vietnam y Uzbekistán parecen vivir permanentemente bajo el temor, ahora alimentado por estos antecedentes, de que sus gobiernos autocráticos sean derrocados por el pueblo. Pero incluso democracias como India, Brasil y Sudáfrica se han mostrado renuentes a apoyar el cambio. Al apelar a una visión obsoleta que asocia la promoción de los derechos humanos con el imperialismo e ignorar el apoyo internacional recibido históricamente cuando su propio pueblo reclamó el reconocimiento de tales derechos, a menudo estas democracias no se han expresado en el contexto de las Naciones Unidas a favor de las personas que son objeto de represión.

China y Rusia han adoptado una postura aun más obstruccionista y han vetado medidas del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a ejercer presión sobre Siria para que desista de la matanza de miles de manifestantes. La supuesta razón detrás de esta postura —evitar una intervención militar como ocurrió en Libia— pierde plausibilidad si se tiene en cuenta el contenido moderado de la resolución vetada, que en ningún caso podía interpretarse que autoriza la acción militar.

Human Rights Watch señaló que la comunidad internacional podría tener un rol trascendental en la promoción de democracias que favorezcan el respeto de los derechos humanos en Oriente Medio y África del Norte. En vez de negarse a apoyar la propagación del islam político, como sucedió en algunas ocasiones en el pasado, los gobiernos democráticos deberían reconocer que posiblemente el islam político represente la preferencia de la mayoría, manifestó Human Rights Watch. Sin embargo, la comunidad internacional debería insistir en que los gobiernos islámicos cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con el respeto de los derechos de las mujeres y la libertad religiosa, al igual que cualquier otro gobierno.

Con respecto a Oriente Medio y África del Norte, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron una posición más firme frente a la represión en Libia y Siria, cuyos líderes se consideraban hostiles para Occidente, expresó Human Rights Watch. Pero no actuaron con igual contundencia frente al presidente de Egipto Hosni Mubarak, percibido como un baluarte de la “estabilidad” en la región hasta el momento en que su suerte estuvo prácticamente echada. No se pronunciaron en contra de la inmunidad del presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh por su responsabilidad en la matanza de manifestantes —a pesar de que se sugirió que no habría consecuencias para nuevas muertes—, ya que se le considera un bastión frente a Al Qaeda en la Península Arábiga. Tampoco aplicaron presiones genuinas contra Bahréin cuando sofocó su movimiento democrático, para evitar herir la sensibilidad saudita, por temor a la influencia iraní y para intentar proteger una base naval estadounidense.

Estados Unidos y algunos aliados europeos podrían contribuir significativamente a la erradicación de la tortura en el mundo árabe al reconocer sus propios antecedentes de complicidad en torturas cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos occidentales deberían sancionar a los responsables de ordenar o facilitar torturas y poner fin al uso de garantías diplomáticas como excusa para justificar el envío de presuntos criminales a países donde pueden ser sometidos a torturas.

Los países miembros de la Liga Árabe, que históricamente se han defendido entre sí frente a cualquier crítica relativa a derechos humanos, han manifestado un compromiso más constructivo durante la Primavera Árabe, aseveró Human Rights Watch. La Liga Árabe apoyó las medidas de presión para poner fin a la represión de Gaddafi en Libia, aplicó sanciones contra Siria y envió a observadores como parte de un intento, hasta el momento infructuoso, por detener la matanza perpetrada en Siria por Bashar al-Assad. Contrariamente, la Unión Africana (UA) se ha mostrado cautelosa ante los sucesos de la Primavera Árabe, aun cuando la UA se creó supuestamente para defender la democracia y la libertad.

Los gobiernos de transición en Túnez, Libia y Egipto necesitan ayuda para revisar sus leyes represivas y consolidar instituciones de gobierno que fueron debilitadas y cuyo desarrollo fue obstaculizado deliberadamente por los regímenes autocráticos, principalmente las instituciones nacionales de justicia, indicó Human Rights Watch. Mientras que los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales no tengan una expectativa razonable de que podrán ser juzgados por su actuación indebida, difícilmente se resistirán a la posibilidad de recurrir al abuso, la violencia y la corrupción.

Esto también se aplica al rol complementario que desempeña la justicia internacional.

“Los gobiernos que respetan los derechos humanos deberían apoyar las iniciativas de justicia internacional independientemente de cualquier consideración política. Sería erróneo creer que al permitir que los países escondan los abusos cometidos en el pasado se evitarán del algún modo atrocidades en el futuro”, afirmó Roth. “A un año del comienzo de la Primavera Árabe, deberíamos defender con firmeza los derechos y las aspiraciones de las personas por sobre las arbitrariedades de los tiranos”.


Anna Neistat, directora asociada de Programa de Situaciones de Emergencia

Human Rights Watch

  • Identificados 74 comandantes que dieron las órdenes de “disparar a matar”
  • El Consejo de Seguridad debería remitir el caso de Siria a la CPI por crímenes contra la humanidad
Militares desertores revelaron nombres, rangos y cargos de quienes dieron las órdenes para disparar y matar, y cada uno de los oficiales mencionados en este informe, hasta los más altos niveles del Gobierno sirio, debe responder por sus crímenes contra el pueblo sirio. El Consejo de Seguridad debería garantizar la rendición de cuentas remitiendo el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.

Militares sirios en Homs. (AP Photo)

Ex soldados sirios identificaron por nombre a 74 comandantes y oficiales responsables de ataques contra manifestantes desarmados, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. El documento nombra a comandantes y oficiales del Ejército y las agencias de inteligencia de Siria que presuntamente ordenaron, autorizaron o toleraron numerosos homicidios, torturas y detenciones ilegales durante las protestas de 2011 contra el Gobierno. Human Rights Watch ha instado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) a que remita el caso de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI) e imponga sanciones contra los funcionarios implicados en los abusos.

El informe de 88 páginas, “‘By All Means Necessary!’: Individual and Command Responsibility for Crimes against Humanity in Syria ”(“‘¡Por todos los medios necesarios!’: Responsabilidad individual y de mando por los crímenes contra la humanidad en Siria”), está basado en más de 60 entrevistas con desertores del Ejército y las agencias de inteligencia de Siria. Los desertores suministraron información detallada sobre la participación de sus unidades en ataques y abusos contra ciudadanos sirios y las órdenes que recibieron de jefes y oficiales de diferentes rangos, que son nombrados en el documento.

Las declaraciones de los desertores “no dejan lugar a dudas de que las fuerzas de seguridad sirias cometieron abusos generalizados y sistemáticos, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, como parte de una política estatal en contra de la población civil, dijo Human Rights Watch. Estos abusos constituyen crímenes contra la humanidad.

Los asesinatos de manifestantes y transeúntes

Todos los desertores entrevistados por Human Rights Watch aseguraron que los comandantes dieron órdenes para contener las protestas abrumadoramente pacíficas en todo el país “por todos los medios necesarios”, durante las reuniones regulares de los soldados y las unidades armadas y antes de su despliegue. Los desertores dijeron que entendieron la frase “por todos los medios necesarios” como una autorización para recurrir a la fuerza letal, sobre todo teniendo en cuenta que se les había dado munición de guerra en lugar de otros medios de control de multitudes.

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Human Rights Watch

  • La práctica extendida del matrimonio infantil pone en peligro el acceso de las niñas yemeníes a la educación, perjudica su salud y las mantiene como ciudadanas de segunda clase, señala Human Rights Watch en un informe.
  • Yemen debe fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, para asegurar que las niñas y mujeres que desempeñaron un papel importante en el movimiento de protesta en Yemen también contribuyan al futuro de este país.

Tres niñas de 11, 12 y 13 años camino de ser casadas con tres hermanos en una zona rural a las afueras de Hajjah en 2011 ( Stephanie Sinclair/VII / HRW)

El informe de 54 páginas, “‘How Come You Allow Little Girls to Get Married?’: Child Marriage in Yemen” (eng), (“‘¿Cómo es que permiten que las niñas pequeñas pueden casarse?’: El matrimonio infantil en Yemen”), documenta los daños permanentes que sufren las niñas que son obligadas a casarse jóvenes. Niñas y mujeres yemeníes relataron a Human Rights Watch sus experiencias tras ser obligadas por sus familias a contraer matrimonio y cómo luego no tuvieron ningún control sobre el tener hijos o el mejor momento para ello, ni otros aspectos importantes de sus vidas. Dijeron que al haberse casado jóvenes, habían interrumpido sus estudios y algunas afirmaron haber sido víctimas de violación y violencia doméstica por parte de su marido. No hay una edad mínima en Yemen para que las niñas puedan casarse. Muchas son forzadas a contraer matrimonio y algunas apenas tienen 8 años.

“La crisis política de Yemen ha dejado temas como el matrimonio infantil al final de la lista de prioridades políticas”, dijo Nadya Khalife , investigadora de derechos de la mujer en Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. “Pero ahora es el momento de avanzar en esta cuestión, fijando la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, para asegurar que las niñas y mujeres que desempeñaron un papel importante en el movimiento de protesta en Yemen también contribuyan al futuro de este país”.

En los últimos meses, los manifestantes han pedido una serie de reformas, incluyendo medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. La prohibición del matrimonio infantil – una de las principales causas de discriminación y abuso contra las niñas y las mujeres – debería ser una prioridad para la reforma, señaló Human Rights Watch.

Datos del Gobierno de Yemen y las Naciones Unidas muestran que aproximadamente el 14% de las niñas en Yemen se casan antes de los 15 años de edad, y el 52% lo hacen antes de los 18. En algunas zonas rurales, hay niñas de apenas 8 años que están casadas. Las niñas a veces son obligadas a casarse con hombres mucho mayores. Los niños rara vez son obligados a contraer matrimonio.

El informe está basado en una investigación de campo en la capital de Yemen, Sanaa, llevada a cabo entre agosto y septiembre de 2010, e incluye entrevistas con más de 30 niñas y mujeres que se casaron cuando todavía eran niñas, miembros de organizaciones no gubernamentales y representantes de los ministerios de Salud y Educación.

Magda T., cuyo nombre ha sido cambiado para su protección, dijo a Human Rights Watch: “Cuando llegué a sexto grado, dejé la escuela para casarme. Ahora, cuando veo a mi hija, me pregunto, ‘¿Quién le va a enseñar?’ Porque yo no puedo. Entendí [el valor de la educación] muy tarde”.

Una joven de 16 años contó a Human Rights Watch que su padre insistía en que se casara: “Yo quería ir a la universidad y estudiar para abogada, pero ya no puedo porque ahora voy a tener un bebé”.

Human Rights Watch entrevistó a varias niñas que contaron que fueron obligadas a casarse jóvenes y a varias que tuvieron que dejar forzosamente la escuela tan pronto como alcanzaron la pubertad. Un estudio de Yemen descubrió que muchos padres en las zonas rurales sacan a las niñas de la escuela a los 9 años para que ayuden en la casa, cuiden de sus hermanos menores y a veces para que se casen. Casi todas las niñas y las mujeres entrevistadas dijeron que una vez que se casaron no pudieron continuar o completar sus estudios, y muchas de ellas tuvieron hijos poco después de contraer matrimonio.

Las investigaciones realizadas por organizaciones de derechos del niño y otras como Save the Children, han revelado que las niñas con estudios limitados y escaso poder de decisión en sus matrimonios tienen pocas posibilidades de controlar el número y espaciamiento del nacimiento de sus hijos. Esto incrementa el riesgo de sufrir problemas de salud reproductiva.

Las niñas y las mujeres entrevistadas también dijeron que estaban a menudo expuestas a la violencia de género, incluyendo el abuso doméstico y la violencia sexual. Algunas niñas y mujeres contaron a Human Rights Watch que sus maridos, suegros y otros miembros de la familia de sus esposos, las habían atacado verbal o físicamente. Las niñas y mujeres casadas de Yemen suelen vivir con la familia extendida del marido.

Tawakkol Karman, la activista yemení que recibirá el Nobel de la Paz en Oslo el 10 de diciembre de 2011, junto con dos mujeres de Liberia líderes por su trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres, ha criticado el fracaso del Gobierno yemení para prohibir el matrimonio infantil. En un artículo de opinión publicado en 2010, Karman escribió: “Hay un gran espacio en nuestro patrimonio de la ley islámica para llegar a un consenso para la adopción de 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio”.

El futuro gobierno de Yemen tiene una verdadera oportunidad para demostrar su compromiso con la equidad de género y la protección de los derechos de todos sus ciudadanos al abordar el tema, señaló Human Rights Watch. El Gobierno debería tomar medidas legislativas para fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años y promover la concienciación pública de los daños que causa el matrimonio infantil. El Gobierno de Yemen y los donantes internacionales también deberían impulsar el acceso de las niñas y mujeres a la educación, la información y servicios de salud reproductiva y la protección contra la violencia doméstica.

“Los donantes internacionales invierten millones de dólares en reformas educativas y sanitarias en Yemen”, dijo Khalife. “Sin una prohibición al matrimonio infantil, ningún monto de ayuda internacional impedirá que las niñas se vean obligadas a dejar la escuela ni las protegerá de los riesgos a la salud que causa el matrimonio infantil”.

En realidad, el Gobierno de Yemen ha retrocedido a la hora de abordar el problema, señaló Human Rights Watch. Alegando motivos religiosos, el Parlamento yemení abolió en 1999 una ley que establecía una edad mínima legal para que los niños y las niñas contrajeran matrimonio, que entonces era de 15 años. En 2009, la mayoría en el Parlamento votó a favor de fijar en 17 años la edad mínima. Sin embargo, un grupo de legisladores argumentaron que el restablecimiento de una edad mínima iría en contra de la Sharia (ley islámica), y recurrió a un procedimiento parlamentario para bloquear el proyecto de ley indefinidamente.

Muchos otros países en Medio Oriente y Norte de África reconocen la Sharia como una fuente de derecho, pero casi todos han establecido una edad mínima para contraer matrimonio, tanto para niños como para niñas; muchos fijaron el mínimo en 18 años o más, conforme a las normas y tratados internacionales que definen al niño como una persona menor de 18 años. Los órganos de vigilancia de Naciones Unidas que supervisan el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) recomiendan un mínimo de 18 años para casarse.

Yemen forma parte de una serie de tratados y convenios internacionales que prohíben explícitamente el matrimonio infantil y comprometen a sus miembros para que tomen medidas con el fin de eliminar esta práctica. Estos incluyen la CDN, la CEDAW, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

“Las niñas no deben ser forzadas a ser esposas y madres”, dijo Khalife. “En un momento en que Yemen atraviesa una transformación política, los líderes deben aprovechar la oportunidad para corregir una injusticia que hace un daño enorme y colocar al país en un nuevo rumbo hacia la justicia social, incluida la equidad para las mujeres y las niñas.”

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(AP Photo / M)

Yemen, la revolución ignorada

10.11.2011 · Mónica G. Prieto · (Beirut)

Tras diez meses de revolución social y un millar de muertos, una tibia resolución del Consejo de Seguridad concede inmunidad al dictador Ali Abdullah Saleh, responsable de la represión militar contra civiles. La práctica totalidad de la sociedad yemení se ha unido en contra del tirano, en una extraña hermandad poco común en el país árabe

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Basel Ramsis

Cineasta egipcio

Miles de manifestantes en la Plaza Tahrir el 9 de septiembre exigiendo una ruta clara hacia la Democracia y el fin de los juicios militares a los civiles (Amr Nabil / AP)

¿Ha fracasado la revolución? Esta es la pregunta principal que se plantea la calle egipcia a lo largo de las últimas semanas. Todos los intentos por responder a esta pregunta ocurren mientras la mirada se centra en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) que gobierna Egipto desde el pasado 11 de febrero. Este comité está formado por militares, hombres de confianza del expresidente Mubarak durante las últimas décadas de su mandato.

El hecho de fijar la mirada en este consejo, al tiempo que se intenta responder a esa pregunta, se debe a su control absoluto del poder recurriendo al lema “defender la revolución” y haber sido participe de ella, mientras a diario va tomando decisiones que no favorecen el cambio democrático, salvo aquellas tomadas por la presión directa de la calle. Al contrario, estas decisiones favorecen la continuidad del antiguo régimen. Como ejemplo, haber juzgado ante tribunales militares a 12.000 civiles a lo largo de estos siete meses, la mayoría por participar en la revolución, además de amenazar e interrogar a activistas políticos y periodistas, y publicar un comunicado oficial el pasado 7 de septiembre amenazando a los medios de comunicación críticos con la cúpula militar y a los trabajadores que ejercen el derecho a la huelga. Una de sus últimas decisiones ha consistido en promulgar una pésima nueva ley electoral.

Algunas de las respuestas a la pregunta inicial confirman que la revolución ha sido robada y que, definitivamente, ha fracasado. Otras respuestas giran en torno a que esta revolución es un proceso largo que no se compondrá solo de éxitos. Los que comparten esta última opinión toman como principales ejemplos que miles de jóvenes mantengan una nueva relación con la militancia política, que a diario se convoquen huelgas y protestas de trabajadores, y que las manifestaciones de los viernes, aunque paren durante algunas semanas, vuelvan a invadir las calles con fuerza, con lemas y peticiones claras, como las celebradas el 9 de septiembre.

Manifestantes antiMubarak el febrero de 2011 en la Plaza Tahrir (Emilio Morenatti / AP)

Todos los que intentan responder a la pregunta inicial coinciden en que esta revolución está atascada debido, principalmente, a la política llevada a cabo por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Hay quien añade también la subida de tono y la mayor presencia de las corrientes islamistas. Otros consideran que la culpa es de la proliferación de “actos infantiles” y sin planificación por parte de los llamados “jóvenes de la revolución”, vinculados a las fuerzas políticas democráticas.

El 9 de septiembre podría considerarse un ejemplo claro de este tipo de actos. Se celebraron numerosas manifestaciones pacíficas en las principales ciudades del país. Al final de la jornada se inició una marcha hacia la embajada israelí, situada en el centro de El Cairo, que acabaron asaltándola. La policía entró en acción estallando una batalla campal que duró horas y acabó con docenas de detenidos, cientos de heridos y algunos fallecidos. Todo ello ha provocado todavía más división en la opinión pública egipcia en torno a la revolución y a sus activistas.

Este ambiente de tensión tiene como motivo principal la presencia de los militares en el poder desde hace más de siete meses, sin una hoja de ruta clara de cómo y cuándo van a ceder el poder a los civiles en unas elecciones democráticas. En febrero prometieron volver a los cuarteles en el margen de seis meses desde que asumieron el poder. Desde entonces han controlado los medios de comunicación oficiales, examinando directamente el contenido de los programas de máxima audiencia – algunos periodistas han recibido llamadas telefónicas diarias por parte de algún miembro del Consejo – y han estado presentes, los propios militares, como invitados en diferentes programas o a través de intervenciones telefónicas diarias. Se ha llevado a cabo una campaña en los medios de comunicación contra las fuerzas democráticas, de izquierda y laicas, tachando a sus activistas de “jóvenes alocados”. Esto provocó que una parte importante de la población – calificada en los medios como los integrantes del “partido del sofá”- culpe a la revolución de la situación de inestabilidad que vive el país. Por último, la cúpula militar ha promulgado una ley electoral, rechazada por todos los partidos políticos, que los expertos aseguran abre el camino a que las próximas elecciones sean las más violentas en la historia egipcia, que no sean democráticas y que verán la vuelta de los hombres del antiguo régimen al Parlamento, en el mejor de los casos, compartiendo escaños con los islamistas.

Todo ello plantea otra pregunta ¿habrá algún plan para “argelizar” Egipto? No nos referimos a una guerra civil al estilo argelino, sino a llevar al país a una situación de choque entre las fuerzas democráticas, laicas y de izquierda, por un lado, y los islamistas radicales por otro, permitiendo a este poder militar golpear a ambas partes y permanecer en el poder hasta reciclar a los hombres del régimen de Mubarak.

Parece haber muchas señales en esta dirección, entre ellas: el proceso de polarización que está en marcha entre los dos sectores, el islamista y el de las fuerzas democráticas. Todavía no se ha recurrido al uso de la violencia física, salvo en casos concretos, pero aumenta la violencia verbal en los discursos, por ejemplo, con insultos y amenazas contra escritores que critican a la corriente islamista o al consejo militar. Ello se acompaña con un discurso de líderes islamistas, presente en los medios de comunicación y en las redes sociales, rechazando las libertades y los derechos humanos, pero no el uso de las urnas para llegar al poder; “la civilización faraónica es podrida y hay que tapar las caras de las estatuas” – el caso de Abdel Menem Alshahat. O “Los que critican a los islamistas son de las fuerzas ateas y las de las cruzadas, hay que enterar la guerra en su contra, y hacer que los cristianos paguen el tributo en el estado islámico que viene – el caso de Muhamad Mustafa/Abou Shadi).

Este tipo de discurso también tiene su efecto en el otro sector, extremizando sus posturas. Teniendo en cuenta que este bando democrático no cuenta con un liderazgo claro, son las posturas “del que más grita” las que obtienen el liderazgo muchas veces, identificando a este sector con el bando del caos.

La presencia en las calles de un ejército de delincuentes comunes desde el pasado 28 de enero, parte de ellos liberados de las cárceles por el régimen de Mubarak, juega un papel clave en la intención de aumentar el sentimiento de falta de seguridad. Es conocido que muchos de estos delincuentes comunes tienen vínculos con los servicios secretos y participaron en ataques contra manifestantes y contra activistas políticos. Esto aumenta las posibilidades del guión del terror. No se descarta que, en un momento dado, los oficiales de la policía secreta, relacionados con casos de tortura o asesinatos y que todavía ocupan sus cargos, utilicen a estos delincuentes y consideren su salvación el guión del terror y el del caos si ven que pueden ser juzgados en tribunales serios. En los últimos días varios personajes públicos sufrieron ataques violentos por parte de desconocidos.

Por último quisiera mencionar el pánico, a nivel de la opinión pública europea y norteamericana, hacia los islamistas y hacia el llamado “caos”, que haría que se mantuvieran calladas frente a un golpe de Estado serio y claro contra el intento de transición a un sistema democrático y no ejerciesen ninguna presión contra el régimen egipcio. De esta forma, el consejo militar aparecería  como el salvador de la patria contra el caos y contra las fuerzas de tintes fascistas.

¿Será esta la hoja de rota ausente y no anunciada por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas? o ¿saldrá la revolución de su atasco?

Es todavía pronto para contestar a estas preguntas, pero podemos observar lo ocurrido el día 9 de septiembre como parte de una estrategia política: la ausencia total de la policía frente a la embajada israelí, no intervenir en ningún momento, testigos directos que dicen que la puerta de la embajada estaba ya abierta, lanzar papeles desde el balcón de la embajada, y tras todo ello, la intervención de la policía contra los manifestantes, no solamente frente a la embajada, sino principalmente cerca de la jefatura cercana de la policía. Horas después, el régimen militar re-activa la ley de emergencia y comienza una campaña contra el caos/la revolución.


  • Un activista sirio es asesinado por un francotirador cuando salía de una mezquita de Homs en el mes de Ramadán
  • Un testigo que le conoció relata las convicciones por las que dio su vida

Un ciudadano sirio lleva a un muerto por disparo en la cabeza durante una manifestación contra el gobierno. Imagen de video en B/N

No puedo decir su nombre ni adjuntar una fotografía porque pondría en peligro la vida de sus familiares más cercanos. Sin embargo puedo escribir sobre su persona y de cómo arriesgaba su vida para informar al mundo de lo que pasaba en la ciudad de Homs, en Siria.

No tenía más de 27 años, era apuesto e inteligente y tenía una mirada desafiante, difícil de olvidar. Lo conocí cuando empezaron las protestas porque su fama de activista era de sobra conocida. Solía vestir como un chico de su edad, con camiseta y vaqueros. Cuando lo vi por primera vez, llevaba una gorra con la que intentaba pasar más desapercibido. Se enorgullecía de ser un mundas, un “infiltrado” como el régimen llama a los manifestantes que pacíficamente protestan en las calles. Confieso que tenía un arma muy poderosa: un teléfono móvil con cámara.

Fue una de las personas que grabó la manifestación multitudinaria de la plaza del Reloj Nuevo de Homs el 18 de abril, la primera en décadas de silencio. Esa fecha quedó para siempre grabada en nuestra memoria porque aquella noche, los disparos y los gritos desgarradores de los manifestantes no cesaron hasta que sonó la oración del amanecer desde el alminar de la mezquita de Jaled Ibn Walid.

Mientras todos estábamos en casa mirando los mensajes que llegaban al canal de Al Jazeera en directo, él estaba en la calle El Dablan (una de las calles más famosas de la ciudad y próxima a la plaza) grabando cómo las fuerzas de seguridad disparaban a los que protestaban en una sentada pacífica. En este video se puede apreciar cómo enfocaba los boquetes de los edificios que provocaban los disparos, en un intento de reunir pruebas evidentes de la violencia del régimen.

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Pero fue testigo de algo mucho peor. Dos personas, una de ellas un joven de su edad, habían sido alcanzados por los disparos y grabó con su cámara de móvil imágenes tan terribles como ésta, donde los cuerpos sin vida son transportados en brazos al hospital.

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Inmediatamente después, mandaba las imágenes a Al Jazeera y fueron precisamente sus videos los que fueron emitidos. La gente de su alrededor le decía que se estaba arriesgando demasiado y que dejara de ir a las manifestaciones. Él tuvo que elegir entre callar o comprometerse para informar al mundo de lo que sucedía en Siria y decidió que si no se arriesgaba, se arrepentiría el resto de su vida.

Todo el mundo lo quería. No lo conocí bien, pero apuesto a que se levantaba por las mañanas pensando que un día le podría tocar a él. Era testigo diario de la violencia del régimen y para su corta edad, había visto ya demasiada sangre. Demasiadas injusticias. Eso tuvo que indignarlo tanto como para rebelarse. Y además, había visto caer a Ben Ali y a Mubarak, creía en las nuevas formas de comunicación y pensó que podría aportar su granito de arena: tenía esperanza.

Aquella manifestación multitudinaria, previamente autorizada por el régimen que temía que continuaran si no permitía el entierro de las personas asesinadas el día anterior, se desarrolló de forma pacífica como podéis ver en los videos que grabó esta persona, consciente de que tarde o temprano deberían trascender las fronteras de su país.

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Cuando regresé, era consciente de que las personas que dejaba atrás seguían corriendo serio peligro. El régimen intenta sembrar el terror entre los sirios para que poco a poco dejen de salir a pedir justicia. Eso significaría años brutales de represión. Desde el día 15 de marzo 2000 personas han sido asesinadas y muchas más siguen desaparecidas. La comunidad internacional es testigo de las matanzas que comete Bashar al Asar contra su propio pueblo, pero los muchos frentes abiertos de EEUU y la OTAN, así como la situación geográfica del país, la negativa de Rusia y China y los intereses de todo tipo de sus países vecinos, dificultan una posible resolución de la ONU, que tan sólo se limitó el pasado miércoles a formular una condena no vinculante y de nula fuerza jurídica.

A pesar de la versión oficial de condena, ninguno de los embajadores de Siria en la Unión Europea ha sido expulsado, lo cual ha indignado todavía más a las organizaciones de apoyo a la revolución que prefieren ilegitimizar al régimen.

El silencio de muchos ciudadanos de origen sirio que viven en otros países es más ensordecedor que la bala que mató a esta persona y a todas las víctimas que han perdido la vida exigiendo reformas legítimas. Aparecer en la lista negra que manejan las embajadas con los nombres de los activistas que se implican debería ser un motivo de orgullo, una razón por la que avergonzarse al resto que prefirió callar.

Pero ya nada le devolverá su vida, una vida que terminó hace sólo unos días cuando este valiente joven, que salía de la mezquita por la noche como cualquier otro día de Ramadán, recibió un tiro en la cabeza que lo mató en el acto.

Su muerte nos ha dejado rotos, tanto que es inevitable pensar que lo hubiésemos preferido vivo y al margen. Pero eso sería desvalorar sus convicciones: que la libertad tiene un precio que él estaba dispuesto a pagar.

Yo no quiero juzgar si hizo o no lo correcto (pienso en sus familiares y amigos más cercanos, en su dolor), sólo dejar constancia de su activismo y de por qué lo han asesinado. Necesitaba rendirle este homenaje. Es una tragedia que ya han vivido miles de familias antes y desgraciadamente, no será la última vez que un disparo silencie una voz disidente en Siria.

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Ayer, Domingo 9 de Agosto, se publicó este video en internet. En el minuto se ve caer a un hombre por los disparos de militares sirios y en los últimos segundos se ve a un militar disparado hacia la cámara que cae inmediatamente.


Pamela Urrutia y María Villellas

Escola de Cultura de Pau

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme se analiza el papel de las mujeres en las revueltas pacíficas de la llamada ‘Primavera Árabe’.

Mujeres en la Plaza de Tahrir durante las protestas (AP)

Las revueltas acaecidas en los últimos meses en el norte de África y Oriente Medio no sólo han sacudido las estructuras políticas en estos países. También han desafiado algunos estereotipos sobre las poblaciones de la región, y en particular sobre las mujeres. Las movilizaciones han contribuido a matizar la visión simplista y cargada de prejuicios que existe en Occidente sobre las mujeres de la zona. Una percepción que las ha homogeneizado bajo la imagen de la opresión, sumisión y pasividad y que habitualmente las ha asociado a arquetipos estéticos como la mujer bajo el burka o la bailarina del harén. Las mujeres de la zona han sido observadas desde Occidente principalmente desde el prisma religioso, identificando el Islam como la principal fuente de opresión, sin tener en cuenta que la religión es sólo uno de los elementos estructurales que determinan sus condiciones de vida y que conforman el sistema patriarcal que las somete.

La presencia de las mujeres en las protestas ha dejado en evidencia la diversidad y complejidad del tejido social femenino en los países de la zona. En Egipto, en la plaza Tahrir, las protestas contra el régimen de Hosni Mubarak reunieron a mujeres de todas las edades y clases sociales, del medio rural y urbano, formadas y analfabetas, musulmanas, cristianas coptas, laicas y feministas. En Yemen, mujeres han protagonizado las protestas desde el inicio, y cuando el presidente Alí Abdullah Saleh –en el poder desde 1978– las acusó de violar la ley islámica por mezclarse con hombres en las manifestaciones ellas respondieron intensificando sus críticas. Salieron a las calles con más brío, muchas de ellas vistiendo velo integral, no dispuestas a aceptar el uso de un argumento religioso para frenar su movilización. Las mujeres no sólo se han sumado a las protestas, también se han erigido como líderes, han organizado manifestaciones, han movilizado a otros ciudadanos y no han dudado en expresar públicamente su irritación y hastío con la corrupción, las desigualdades y décadas de gobiernos autocráticos. En Túnez, tras la expulsión del poder de Zine el Abidine ben Alí, organizaciones de mujeres también han estado entre las primeras en impulsar la investigación de los abusos a los derechos humanos y han hecho oír su voz para recordar la importancia de construir un nuevo país en condiciones de igualdad.

Tanto en Túnez como en Egipto, el derrocamiento de regímenes autoritarios ha dado paso a fases de transición de resultado aún incierto. Mujeres de estos países comparten la inquietud general sobre la forma en que se canalizarán las demandas de cambio y ante la eventual acción de fuerzas contrarrevolucionarias. Diversos sectores también han explicitado una aprehensión más concreta respecto al posible ascenso de los grupos islamistas –sectores marginalizados hasta ahora de la vida política en ambos países– y el impacto que puede tener en términos de erosión de los derechos de las mujeres. Teniendo en cuenta que la puesta en marcha de un sistema democrático o al menos más representativo conducirá muy probablemente a una mayor presencia de estos grupos, existe temor sobre qué interpretación del Islam político se impondrá. Otra preocupación compartida está relacionada con la marginación de las mujeres en el período post-revolucionario, como ha ocurrido en otros múltiples contextos históricos. De hecho, en clave de alerta, los análisis sobre el curso de las revueltas han hecho referencia a la exclusión de las mujeres después de una participación activa en las luchas anticoloniales en la región, destacando especialmente al caso argelino. La idea es que esa experiencia no se repita, que sus demandas sean tenidas en cuenta y que las mujeres tengan una participación relevante en las nuevas instituciones políticas.

Hasta el momento, los acontecimientos en Túnez y Egipto indican que a pesar de la experiencia común de las revueltas las consecuencias para las mujeres no tienen por qué seguir el mismo patrón, ya que siguen estando condicionadas –entre otros elementos– por la realidad local en términos de género y por las directrices de los actores que lideran la transición. En Túnez, donde la situación de las mujeres es reconocida como una de las más avanzadas de la región, se ha valorado la decisión de las nuevas autoridades de establecer una paridad de género en las listas de candidatos a las próximas elecciones de la Asamblea Constituyente, lo que ha sido destacado como un hito histórico en la zona. En Egipto, por el contrario, los análisis han subrayado la marginación de las mujeres de estructuras clave de la transición. El nuevo primer ministro nombró sólo a una mujer en su gabinete, mientras que ninguna mujer fue incluida en el panel encargado de revisar y proponer reformas a la Constitución, lo que motivó protestas y críticas a la Junta Militar que gestiona la transición. En este contexto, los cambios constitucionales aprobados en marzo también levantaron polémica. Según juristas, la ambigüedad en el redactado del nuevo artículo 75 podía llevar a una interpretación que excluyera las mujeres de la presidencia, lo que motivó a activistas egipcias a exigir una clarificación.

Los acontecimientos continúan precipitándose en la región y aunque no es posible prever aún el resultado de estas revueltas parece claro que la situación de las mujeres –el reconocimiento a sus derechos, su nivel de participación en la vida pública– será una prueba de la dirección que asumirán los nuevos gobiernos. De momento, el papel desempeñado por las mujeres en esta etapa confirma la necesidad de una mirada atenta y sosegada que identifique las distintas opresiones a las que se han visto y se ven sometidas, pero que también contemple sus contribuciones a la democratización de sus países y a la lucha contra el autoritarismo.


Josep María Royo
Investigador y profesor de la Escola de Cultura de Pau

El pasado 8 de abril se celebraron elecciones presidenciales boicoteadas por la oposición en este pequeño país del Cuerno de África, contagiado por las movilizaciones populares contra los regímenes autócratas del Magreb y Oriente Medio, y que a la vez forma parte de los principales ejes de la lucha contra el terrorismo de EEUU. En consecuencia, la contundente victoria del presidente Ismail Omar Guelleh para gobernar un tercer mandato no fue ninguna sorpresa.

El 18 de febrero diversos partidos de la oposición, grupos de defensa de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil lograron reunir a unos 30.000 manifestantes en el centro de la capital, una de las concentraciones más numerosas llevadas a cabo en este diminuto país del Cuerno de África, pero con mucha menos repercusión mediática que sus vecinos magrebíes. La Policía dispersó con brutalidad a los manifestantes, evitando que instalasen un campamento de protesta en el centro de la ciudad, a imagen y semejanza de la egipcia plaza Tahrir, y llevó a cabo la detención de 300 líderes de la oposición y de la sociedad civil. Según fuentes opositoras, se produjeron dos víctimas mortales y decenas resultaron heridas cuando la Policía lanzó disparos y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Desde entonces, una presencia constante y masiva de la Policía en la ciudad, y las noticias sobre torturas y detenciones, moneda corriente por estos lares, han frenado la organización de nuevas protestas contra el Gobierno. Sin embargo, los líderes de la oposición decidieron boicotear el proceso electoral del 8 de abril al no presentar sus candidaturas, además de anunciar que continuarían las movilizaciones. La oposición, agrupada en torno a la coalición Union pour l’Alternance Démocratique (UAD), está permitida desde 2002, aunque boicoteó las elecciones de 2005 y 2008 por la ausencia de libertad de expresión y las presiones gubernamentales. Incluso una pequeña insurgencia, el Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie (FRUD), surgido de la comunidad afar, mayoritaria y marginada en el país, se ha reactivado y ha amenazado con llevar a cabo acciones bélicas para derrocar al Gobierno.

Protesta de la oposición al gobierno el 18 de febrero. El grupo de seguimiento de lecciones estadounidense Democracia Internacional denunció en marzo que el gobierno de Djibouti había expulsado un grupo de la oposición un mes antes de las elecciones (AP)

Djibouti, creado artificialmente por el colonialismo, accede a la independencia de Francia en 1977. Basado en razones estratégicas, el Estado depende de su puerto como principal recurso a través del cual Etiopía canaliza gran parte de su comercio exterior, y tras la guerra fronteriza que enfrentó a Etiopía con Eritrea entre 1998 y el 2000, se incrementó aún más esta dependencia. Su situación es también estratégica para el control del tráfico marítimo en el mar Rojo, y su proximidad a Somalia es un acicate para el establecimiento de misiones militares para controlar desde Djibouti las acciones de piratería en las aguas somalíes, en incremento constante desde el año 2008 y que la comunidad internacional se ve incapaz de frenar a pesar de la cantidad de recursos dedicados a ello. Centenares de barcos han sido secuestrados (y muchos de ellos liberados tras el pago de cifras astronómicas), algunos de ellos pesqueros que faenaban de forma ilegal en aguas somalíes, incluidos españoles, ante la mirada atónita de una de las operaciones militares más importantes de la actualidad. Aproximadamente una treintena de embarcaciones de guerra de unos 20 Estados patrullan las costas de Somalia y la parte noroccidental del océano Índico con el objetivo de frenar los ataques de las milicias somalíes. La operación, compuesta por la EUNAVFOR (cuya fuerza está comandada por un español desde diciembre), la OTAN y la Combined Task Force 151 (liderada por la V flota estadounidense) a la que se suman barcos de otros Estados como Japón, Rusia, China, India o Arabia Saudita, calificada de fracaso por sus propios miembros, tiene una de sus bases principales en Djibouti, por lo que pagan importantes sumas de dinero que a la postre, sirven para mantener en el poder al Gobierno autoritario que lidera Ismail Omar Guelleh desde 1999. Así, aunque este país no dispone de petróleo como sus vecinos del norte, ha sabido aprovechar su situación estratégica para conseguir que Francia, EEUU y desde el año 2010, Japón, alquilen bases militares por 40 y 50 millones de dólares al año. En el último caso, la base militar japonesa supone su primera misión en el extranjero desde la II Guerra Mundial. A estas cifras, además de la ayuda al desarrollo que recibe y los depósitos bancarios de los secuestros cometidos en las aguas somalíes, según numerosas fuentes, se une el hecho de que una séptima parte de su población, de un total de 800.000 habitantes, sufre una grave crisis humanitaria.

La base militar de EEUU, Camp Lemonnier, abierta a principios de 2001 sobre los restos de una antigua base francesa, adquirió un mayor protagonismo a raíz de los atentados del 11-S, convirtiéndose en la sede de la Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA) del U.S. Africa Command (AFRICOM). Es decir, EEUU dispone en Djibouti de su base de operaciones en África, desde donde lleva a cabo actividades de cooperación militar y lanza operaciones de lucha contra el terrorismo – Enduring Freedom – en el continente, y cuyos componentes navales, las coaliciones multinacionales navales Combined Task Force 150 y la 151, vigilan las aguas del océano Índico, el mar Arábigo y dan apoyo a las operaciones que se llevan a cabo en Iraq, en el marco de la Operation Iraqi Freedom. Así, este pequeño país, del tamaño de la Comunidad Valenciana, ha conseguido comprar el silencio de la comunidad internacional gracias a su situación estratégica frente a las violaciones de los derechos humanos que comete su Gobierno, por lo que la política de doble rasero de Occidente se pone aquí más que nunca de manifiesto. Mientras Occidente mira hacia Libia, está en manos de la población de Djibouti poner contra las cuerdas a su Gobierno y a la cínica geopolítica de la comunidad internacional.

El intérprete del ejército estadounidense, Mohamed Said, entrena al equipo de reacción rápida del Ejército de Djibouti en febrero de 2011 (U.S. Army /Flirck)


Médicos Sin Fronteras

El interior del barco con los heridos de Médicos Sin Fronteras (© Aurelie Lachant/MSF)

La organización internacional médico humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) evacuó ayer domingo a 71 heridos de guerra en un barco que zarpó desde Misrata (Libia), ciudad en la que todos los hospitales están desbordados debido al incremento de la violencia durante estos últimos días. “El domingo por la tarde, y a pesar de los intensos combates que se están produciendo en la ciudad, logramos atracar en Misrata”, explica Helmy Mekaoui, uno de los médicos de MSF, que ha coordinado la evacuación médica. “El incremento de la violencia ha provocado que el número de heridos se haya multiplicado, pero afortunadamente logramos estar donde hacía falta y pudimos lograr que estas 71 personas subieran a bordo”.

Entre los pacientes evacuados hay tres personas en situación crítica, 11 personas que sufren de graves traumatismos, y muchos otros con heridas abdominales y fracturas abiertas. A todos ellos, se les ha prestado cuidados médicos  intensivos a bordo mientras el barco navegaba hacia Túnez.

El hospital de Misrata fue bombardeado el domingo por la amñana, lo que ha hecho que las otras clínicas que están aún en funcionamiento se hayan visto aún más saturadas, pues en los últimos días han llegado de multitud de heridos graves y la escasez de suministros comienza a ser desesperadamente crítica.

Con el fin de ayudar a los centros de salud de la ciudad a hacer frente a esta enorme afluencia de heridos de guerra, MSF ha donado al Comité Libio de Salud seis toneladas de material médico de urgencia, entre los que hay 300 kits quirúrgicos para llevar a cabo unas 1.000 operaciones quirúrgicas, así como medicamentos, material de esterilización y fluidos intravenosos.

(Aurelie Lachant/MSF)

El barco que zarpó ayer por la tarde, ha llegado en la madrugada de hoy al puerto de la ciudad de Sfax, en Túnez, donde los pacientes han sido trasladados por las autoridades sanitarias tunecinas a una docena de hospitales en los que ya están recibiendo atención médica urgente. El equipo médico de MSF que ha viajado a bordo del barco estaba compuesto de siete médicos, tres enfermeros y un psicólogo, e incluía a siete médicos de Túnez que se ofrecieron como voluntarios para formar parte de la operación.

“Desde aquí queremos dar las gracias a las autoridades sanitarias y a los médicos de Túnez, así como al personal médico de Misrata, pues pusieron en riesgo sus vidas para que los pacientes recibieran lo antes posible un tratamiento que en este momento resulta imposible ofrecerles en aquella ciudad”, comenta Helmy Mekaoui.

La evacuación se llevó a cabo de manera independiente de todas las partes implicadas en el conflicto, y conforme a los principios de neutralidad e imparcialidad de la organización. Dado que el conflicto continúa en Libia, MSF está ampliando su asistencia a las personas afectadas por la violencia, sin importar sus afiliaciones políticas o religiosas o su origen. La organización está reforzando sus equipos sobre el terreno mediante el envío de suministros médicos adicionales, y facilitando la evacuación de heridos y enfermos. Sin embargo, MSF quiere mostrar también su preocupación por el hecho de que muchos heridos no puedan acceder de manera segura a la atención médica, teniendo incluso que arriesgar sus vidas para llegar a los hospitales.

(Aurelie Lachant/MSF)

MSF reitera su llamamiento a todos las partes enfrentadas para que permitan el acceso a la asistencia médica, sin ningún tipo de condiciones, a todos los libios que se están viendo afectados
por la violencia. MSF también pide que se respete a los servicios médicos, al personal sanitario, y a los vehículos para el transporte de los pacientes.