Toma la palabra

Open Society Justice Initiative

La policía española es culpable de realizar identificaciones y controles a personas que “no parecen españolas”, y así ha sido manifestado por una organización internacional de derechos humanos al mayor experto de la ONU en materia de racismo y discriminación.

10 de Enero, 2011. Un inmigrante es detenido por la policía en el interior de un local de juegos en Lavapiés, Madrid, mientras veía un partido de futbol. Tres inmigrantes fueron detenidos por carecer de documentos en regla. (AP Photo/Edu Leon)

Open Society Justice Initiative  ha referido a Mutuma Rutureere, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, que la policía española “se basa habitualmente en las características físicas o raciales cuando realiza identificaciones en el curso de actuaciones de prevención ordinarias y en el contexto del control migratorio”.

El Sr. Rutereere ha realizado una visita oficial a España la semana pasada a fin de valorar los progresos realizados por el Estado para la eliminación del racismo y de la discriminación a la luz de sus obligaciones internacionales.

El Informe presentado al Sr. Rutereere por Justice Initiative enfatiza la falta de cumplimiento efectivo por parte del Estado español de una decisión emitida en 2009 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso Rosalind Williams contra España, en la que se estableció que las características físicas o étnicas de las personas no pueden ser utilizadas por la policía para justificar la realización de controles de identidad.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative ha manifestado que “hace cuatro años la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso Rosalind Williams dejó claro que la práctica de la utilización de perfiles étnicos por la policía española constituye una discriminación ilegal; ya ha llegado el momento de que el Gobierno y los dirigentes de la policía nacional tomen medias concretas para eliminar estas prácticas racistas”.

Justice Initiative también pone de manifiesto que:

  • Solamente a lo largo del año 2011 la Policía Nacional llevó a cabo 8.773.862 controles de identidad. Al realizar estos controles de identidad, los agentes de la policía suelen seleccionar a las personas en función de sus características étnicas.
  • A pesar de que la Circular 2/2012 de la Dirección General de la Policía estableciera que la policía debe evitar actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos, los agentes siguen basándose en el perfil racial o étnico de las personas en sus controles, tal y como documentan las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. El Gobierno español incumple sigue sin implementar medidas efectivas para evitar la utilización de perfiles étnicos y por tanto continúa violando los derechos humanos de las minorías étnicas.
  • España es un país multiétnico en el que más del 12% de la población es extranjera. Por tanto, la utilización de perfiles étnicos estigmatiza y marginaliza a una parte cada vez mayor de la sociedad española.

Entre sus recomendaciones, Open Society Justice Initiative insta a España a:

  • Reformar las leyes que regulan las actividades policiales, introduciendo la prohibición expresa a la utilización de características físicas o étnicas para seleccionar a las personas objeto de los controles, así como el establecimiento de criterios claros para iniciar y realizar controles basados en sospechas razonables.
  • Introducir formularios de identificación para registrar todas las identificaciones policiales y garantizar los derechos de las personas identificadas.
  • Asegurar la formación efectiva de los agentes de la policía en materia de derechos humanos.
  • Tomar medidas para mejorar las relaciones y establecer confianza mutua entre la policía y la comunidad.
  • Asegurar la incorporación y la promoción de las minorías étnicas dentro del cuerpo de la policía.

Durante su visita oficial, el Relator Especial ha mantenido reuniones con un número importante de organizaciones de la sociedad civil y con representantes del gobierno y de las comunidades autónomas. Se espera que presente sus conclusiones y recomendaciones en un informe público al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de este año.

Open Society Justice Initiative, parte integrante de Open Society Foundations, utiliza la ley para proteger y capacitar a las personas en el mundo. El trabajo de Justice Initiative dirigido a eliminar la discriminación incluye actividades tales como la investigación, el litigio y la capacitación para poner fin a la utilización de perfiles raciales por al policía en Estados Unidos y Europa

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Carlos Capote

Participante en la asamblea de barrio del 15M en Carabanchel, Madrid

Fotografías de redadas racistas de Edu León en la acampada de la Puerta del Sol (Patricia Simón)

El sábado 4 de junio, tuvo lugar la segunda asamblea del barrio de Carabanchel en la plaza de Oporto. Uno de los temas que sabíamos que tendríamos que empezar a trabajar lo antes posible, era el de actuar frente a las redadas racistas. Ya nos habíamos planteado en Sol, en el grupo de trabajo de Migración y movilidad, la necesidad de hacer algo para facilitar a las personas inmigrantes el acceso y la participación en las asambleas de barrio. Habíamos barajado la posibilidad de declararlas “espacios libres de redadas” pero la cosa no pintaba sencilla.

En Oporto, la situación es especialmente complicada porque la policía hace controles de identidad a destajo. La población inmigrante de la zona sufre el acoso policial “varias veces al día”. Durante la asamblea de ayer, se barajaba la posibilidad de realizar las asambleas justo al lado de la boca del metro, pensando que así disuadiríamos a la policía de realizar controles. Al final, aprobamos por concenso que realizaríamos las asambleas en la plaza colindante porque así molestábamos menos y que, en caso de presenciar una redada, cruzaríamos a la plaza del metro a evitarla.

Se hablaba también de organizar talleres de formación e información sobre mediación con la policía y sobre cómo actuar frente a una redada. No en vano, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han estado realizando ese trabajo ya desde hace aproximadamente año y medio. Hace sólo únos días, las Brigadas denunciaban en una rueda de prensa el acoso de Interior por documentar redadas policiales a inmigrantes e informaban de haber sufrido este acoso por última vez, atención al dato, en la plaza de Oporto. La interlocución con la policía, en estos casos, es delicada pero lo que sucedió ayer rompió todos mis esquemas.

La asamblea de barrio acababa de terminar y quedaban aún unas cien personas en la plaza cuando alguien grita: “¡hay una redada en el metro!”. Dicho y hecho. Un grupo, calculo que de unas 80 personas, se dirige a la boca de metro al grito de: “¡ningún ser humano, es ilegal!”. Llegan al interior del metro, donde dos policías nacionales, un hombre y una mujer, que están identificando a tres personas (creo que de origen dominicano aunque puede que me equivoque). En cuanto los policías ven lo que se les viene encima, devuelven la documentación y, cabeza gacha, abandonan inmediatamente el lugar. Aún antes de formar el equipo antirredadas en Carabanchel, ya se ha evitado una. ¡Y de qué manera!