Toma la palabra

Informe Oxfam 170

Por Oxfam International

Una mujer que perdió parte de sus tierras a manos de una gran empresa muestra a los investigadores de Oxfam algunos de los vegetales que cultiva en el terreno que le quedó para suplir las necesidades de su familia. (Oxfam/Marc Wegerif)

La nueva oleada de inversiones empresariales en tierras parece tener como objetivo la expansión e intensificación de un modelo de cultivo con poca visión de futuro, el cual, hasta la fecha, ha marginado las voces y los intereses de las mujeres. Al igual que ocurre con la pita, el tabaco y el té en el pasado, los actuales inversores privados en cultivos de soja, jatrofa y eucalipto parecen descartar la producción de alimentos a pequeña escala por parte de las mujeres, al considerarla sin importancia e irrelevante. No podrían estar más equivocados.

La producción de alimentos a pequeña escala y las mujeres que participan en ella son el pilar de los medios de vida rurales. Las mujeres agricultoras, como las que han perdido sus tierras según se pudo comprobar con la investigación llevada a cabo para este documento, producen más de la mitad de todos los alimentos cultivados en el mundo. Aproximadamente 1.600 millones de mujeres dependen de la agricultura para sus medios de vida, pero muchas están actualmente en riesgo por el enorme incremento de las inversiones agrícolas a gran escala por parte de empresas, que amenazan el suministro de alimentos de las personas que viven en la pobreza.

Pocos gobiernos parecen estar considerando el tipo de inversiones que pueden suplir las verdaderas necesidades de las mujeres productoras de alimentos y sus comunidades; es decir, la clase de inversiones que podrían crear una economía rural dinámica y asegurar la sostenibilidad ecológica de las prácticas de cultivo para las generaciones futuras. Si los gobiernos quieren transformar verdaderamente las economías rurales de sus países, las inversiones que incentiven y aprueben deberían permitir que los agricultores puedan buscar sus propias soluciones para el desarrollo rural.

Se están arrebatando los recursos a las mujeres

Ahora no tengo tierra y tengo que hacer pequeños trabajos como lavar ropa para otras personas, como profesores, o trabajar en [otra] granja, para poder conseguir algo de comida. Hoy he trabajado en la granja de la empresa y me dieron harina de maíz suficiente solo para dos ollas de [atole]. Leer más


Por Red Europea contra la Exclusión y la Pobreza (EAPN)

En España hay ya 12.741.434 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión (cifras de 2011). Son los datos que se extraen del último seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España entre 2009 y 2011 elaborado por EAPN-ES.

Según el informe, elaborado a partir del indicador AROPE (que combina tres elementos: población bajo el umbral de la pobreza, población con privación material severa, población con baja intensidad de trabajo por hogar), en el año 2011 el índice de pobreza y exclusión en España fue 1,5 puntos mayor que en 2009, alcanzando el 27% del total de la población.

La clase media y los grupos más pobres de la población española han sufrido un proceso creciente de devaluación de su calidad de vida, que no ha sido contrarrestado con eficacia por las políticas sociales y otras medidas de lucha contra la crisis.

De 2009 a 2011, la pobreza aumentó en España 2,3 puntos porcentuales, esto es, 10.287.527 personas. La población masculina, señala el informe, ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias de la crisis. En el año 2009, la pobreza femenina estaba entre 2 y 3 puntos por encima, pero a partir de ese año la diferencia se redujo hasta menos de la mitad.

Por edad, destaca que la tasa de pobreza de las personas de 65 y más años se ha reducido en 10 puntos desde 2009 debido a la mayor estabilidad de ingresos. No obstante, la pobreza de los grupos más jóvenes (16 – 29 años) ha subido 6,4 puntos desde el mismo año.

Respecto a la privación material severa, la tasa de población que en 2011 no podía afrontar cuatro o más ítems de consumo básico se mantuvo en el 3,9%, igual que en 2010 y 0,4 puntos más que en 2009. Sin embargo, el informe hace hincapié en que un gran porcentaje de población sufre restricciones importantes en muchos de los ítems considerados básicos. Por ejemplo, el 40% no puede permitirse una semana de vacaciones al año y una de cada tres personas no podría afrontar gastos imprevistos.

Por último, la baja intensidad de empleo por hogar es el factor que más ha crecido: se ha doblado en tres años. En 2011, 4.483.097 personas vivían en hogares con baja intensidad de empleo, el 9,5% de la población.

El informe muestra por último la enorme desigualdad que existe en la tasa de pobreza y/o exclusión social entre las diferentes comunidades autónomas. Así, Navarra, País Vasco, Asturias, Madrid o Aragón tienen tasas inferiores al 20%, mientras otras como Ceuta, Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía superan el 30%.

EAPN realiza estos informes después de que la Unión Europea acordase reducir al menos en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, entre 1.400.000 y 1.500.000 en el caso de España entre 2009 y 2019. En el caso de España, este objetivo está muy lejos de cumplirse.


Venta de esclavos de Yucatán a Cuba, mural de Fernando Castro Pacheco expuesto en el Palacio de Gobernación de Mérida, México.

¿Qué tal si deliramos por un ratito?

¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible?

El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones…

En las calles los automóviles serán aplastados por los perros…

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será, tampoco, mirada por el televisor.

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha, o el lavarropas.

Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de… vivir por vivir nomás… Cómo canta el pájaro sin saber que canta y cómo juega el niño sin saber que juega.

En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen por cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo.

Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir.

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.

Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.

Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.

La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie, nadie, tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo.

La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero.

La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio… porque la comida y la comunicación son derechos humanos.

Nadie morirá de hambre… porque nadie morirá de indigestión.

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle.

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos.

La educación no será el privilegio de quiénes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quiénes no puedan comprarla.

La justicia y la libertad… hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda..

En Argentina, las locas de plaza de mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.

La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará: festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte.

Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma.

Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar.

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza, y voluntad de Justicia… hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo.

Seremos… imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.

Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día cómo si fuera el primero y cada noche cómo si fuera la última.


Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

  • Es urgente adoptar medidas de tratamiento de la insolvencia de particulares en la línea de todos los demás países de nuestro entorno.
  • Proponemos la creación de una nueva figura jurídica de protección dirigida a las unidades familiares, deudoras de buena fe y en claro riesgo de exclusión económica y social, que suponga el tratamiento de su insolvencia junto a la activación de todos los apoyos posibles para su reflotamiento.
  • Informe completo [pdf]

Cola ante una oficina de INEM (AP)

La sociedad española está mostrando una envidiable capacidad de absorción del terrible impacto de la crisis económica y financiera que se desató a partir de 2007. Cualquier analista externo se sorprendería ante la escasa correspondencia que existe entre los datos de la realidad económica que enfrenta el país y las altas cotas de paz y cohesión social que aún se mantienen en la ciudadanía.

Sabemos que existen al menos dos factores que forman buena parte de la posible explicación a este fenómeno de resiliencia. Uno, muy deseable y oportuno, es la actuación activa de las redes de protección primaria –fundamentalmente las propias familias- que están absorbiendo más eficazmente que ningún sistema de protección social el impacto de un desempleo alarmante, trágicamente confabulado con el endeudamiento excesivo de muchos hogares españoles. El otro factor, no tan deseable, es la palmaria existencia de lo que algunos economistas, en un nuevo alarde eufemístico, han dado en llamar la economía informal, en clara referencia a una economía sumergida que, sea o no para la subsistencia, es fraudulenta.

Los últimos datos que afrontamos en la sociedad española –negarlo sería de necios- son extremadamente alarmantes. El número de personas en situación de desempleo supera los cinco millones de personas con una tasa de paro del 22,85%. La tasa de riesgo de pobreza#, que era en 2009 del 23,4%, se ha elevado, según datos provisionales de 2011, al 26,7% (más de tres puntos en dos años).

Según los análisis de la Fundación FOESSA, la exclusión social severa y moderada (un concepto mucho más amplio y complejo que el de pobreza) se cernía sobre el 16,3% de la muestra analizada de 2007, mientras que la misma muestra, en 2009, alcanzaría al 18,6%. Pero el dato FOESSA más preocupante es que el porcentaje de personas no excluidas, pero en una situación de integración precaria, pasó del 34,9% de 2007 al 46,3% de 2009, mientras que los plenamente integrados pasaron del 48,9% al 35,2% en el mismo intervalo de tiempo. La extrapolación de la muestra FOESSA a la población española significaría que cientos de miles de familias estarían en el borde del precipicio de la exclusión debido, fundamentalmente, a la falta de ingresos relacionada con el desempleo. Considerado que este análisis intentó medir el “primer impacto” de la crisis y vista la evolución del desempleo, es evidente que la situación consolidada en 2011 habrá empeorado sustancialmente.

El impacto de la crisis económica está suponiendo, además, que en la sociedad española empecemos a observar cómo las desigualdades económicas están llevando a silenciosas e irreparables pérdidas de cohesión y a una sociedad dual en su estructura. La aplicación del coeficiente de Gini o del coeficiente 80/20 de Eurostat a la realidad española, revela un serio problema de inequidad en la distribución de la riqueza y los recursos entre los ciudadanos (España ocupa el puesto 25 de la Europa de los 27 en materia de desigualdad en la distribución de la riqueza). Algo falló en la fiscalidad y en las demás fórmulas de redistribución de la riqueza. Este era ya un problema latente y estructural, previo a la crisis, que emerge ahora en toda su crudeza.

Los datos anteriores nos impelen a actuar de inmediato. No son sino la punta del iceberg de la realidad social que asoma indicándonos que lo que está ocurriendo en millones de hogares españoles no puede desembocar sino en una seria regresión social de la que costará décadas recuperarse. Los efectos de esta regresión se prolongarán si no se aborda la situación con intervenciones competentes y de manera urgente.

Los datos obligan a actuar, sí; pero hemos de actuar desde unas políticas públicas de protección con una perspectiva integral (no solo económico-financiera), incorporando tanto a los sectores de la sociedad civil organizada como a las entidades financieras y yendo mucho más allá de medidas represivas o meramente paliativas.

No en vano, entre las recomendaciones del último informe de Amnistía Internacional sobre derechos sociales económicos y culturales en España advierte con seria preocupación de las graves consecuencias de la crisis en un contexto de  desprotección, cuando no de vulneración de derechos fundamentales, para muchos ciudadanos condenados a la pobreza y a la exclusión:


(…) Decisiones tomadas por las administraciones con consecuencias críticas sobre los derechos de numerosas familias, han prestado poca o ninguna atención a los puntos de vista y derechos de estas. También la organización expresa inquietud por acciones de estigmatización que aumentan la vulnerabilidad de las personas y las posibilidades de ser víctimas de intervenciones abusivas. La invocación de razones de seguridad u orden público han acompañado actuaciones sin salvaguardas internacionalmente reconocidas en materia de desalojos o desahucios tanto legales como ilegales. La vulneración de los DESC [Derechos Económicos y Sociales] puede conllevar resultados irreparables con impactos sobre la seguridad personal y la vida, puede destrozar familias y arrojarlas a un ciclo de exclusión y de pobreza.. (…)#


Más recientemente, la institución la Defensora del Pueblo Español, ha hecho público un informe sobre la crisis y sus efectos sobre los deudores hipotecarios que abunda en el diagnóstico que apuntamos y que insiste en la necesidad de intervención urgente si no se quiere tener que tratar posteriormente un grave problema de exclusión social.

Por todo ello, es urgente adoptar medidas de saneamiento de la insolvencia de particulares.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, consciente de la gravísima situación en la que están miles de familias españolas por causa de la crisis económica, hace pública su profunda preocupación ante el riesgo de pérdida de la cohesión y la paz sociales que aún atesoramos en España y quiere aportar fórmulas que palien la grave situación que enfrentamos.

La Asociación ha elaborado un documento que refleja como estamos abocados a una sociedad en la que millones de personas insolventes son desposeídas de todos sus bienes presentes y
futuros y condenadas a vivir de subsidios y de la economía sumergida, impidiéndose su reincorporación con normalidad a la vida social y
económica.

Es URGENTE adoptar medidas de tratamiento de la insolvencia de
particulares en la línea de todos los demás países de nuestro entorno
y PROPONEMOS la creación de una nueva figura jurídica de protección
dirigida a las unidades familiares, deudoras de buena fe y en claro
riesgo de exclusión económica y social, que suponga el tratamiento de
su insolvencia junto a la activación de todos los apoyos posibles para
su reflotamiento.

El tratamiento de la insolvencia deberá realizarse mediante fórmulas
de mediación jurídicamente consolidadas y, en último caso, con la
intervención judicial, para lo cual debemos modificar el marco legal
en todo lo que sea preciso para posibilitar la protección y dar
seguridad jurídica tanto a acreedores como a deudores. Pero además es
necesario apoyar a las familias en estas situaciones desde todos los
frentes posibles para evitar que a la quiebra económica le siga
indefectiblemente la quiebra anímica y moral que provoca el abandono
por parte de los servicios públicos y la ausencia de futuro.

Somos conscientes de que todos los Poderes del Estado están
sensibilizados con esta cuestión, pero ya es momento de actuar de
forma valiente e inequívoca adoptando decisiones valientes a las que
los profesionales de los servicios sociales queremos aportar nuestras
ideas y nuestros esfuerzos.

  1. Fase prejudicial (análisis y mediación)

Consideramos que se puede partir de la declaración formal de quiebra económica personal por parte de los interesados ante la administración titular de los servicios sociales públicos que correspondan al domicilio de la unidad e convivencia.

A partir de ese momento, se desarrollarían cuatro tareas básicas:

a.1.- Determinación de la situación de quiebra económica por endeudamiento pasivo: Balance de la situación (activo, pasivo, masa, deuda, etc.) realizada por profesionales con capacidad bastante en los ámbitos contables. El deudor deberá informar de todo su patrimonio, de sus ingresos, de los acreedores, de los importes de las deudas, condiciones de los créditos si los hubiera, movimientos de capital y patrimonio de los años anteriores, etc.

Entendemos que esta determinación (de baja complejidad contable) podría ser proporcionada por funcionarios de las administraciones ante las que se incoa el expediente de quiebra (locales o autonómicas) con personal propio (por ejemplo funcionarios de oficinas de consumo, de vivienda, agentes de desarrollo local, …) o que puede externalizarse (por convenio o contrato de prestación de servicios) hacia profesionales especializados (ej. gestores administrativos, notarios, economistas,  abogados, profesionales de organizaciones de consumidores y usuarios, etc…) que dispongan de colegiación, seguro de responsabilidad civil y acrediten capacidad bastante. Para los profesionales del ámbito privado, se deberán establecer tarifas oficiales (reducidas y unificadas) que podrán ser abonadas a partir de la determinación de la masa (como en el caso de los administradores concursales) independientemente de que la Administración adelante el importe de dichas tarifas.

La determinación de la situación de quiebra se deberá realizar considerando la UNIDAD DE CONVIENCIA (desde personas individuales a todo tipo de unidad de convivencia, con o sin lazos familiares).

a.2.- Determinación del riesgo de exclusión de la unidad de convivencia a través de la escala sugerida (FOESSA) u otras. Esta situación se dictaminará por profesionales de la red de servicios sociales básicos que cuenten con colegiación obligatoria. El dictamen deberá ser suscrito por dos profesionales.

De no determinarse situación de inclusión precaria o exclusión moderada, se continuará prestando apoyos en forma de asesoramiento o acceso a recursos públicos de protección, pero no se accederá a las fases de mediación o de protección judicial.

Si confluyen las dos circunstancias anteriores (quiebra real de buena fe y riesgo de exclusión) y para los casos en que sea inminente un desahucio o embargo de bienes básicos que sean considerados necesarios para el mantenimiento de condiciones de vida digna, especialmente cuando resulten afectados menores de edad o personas incapacitadas judicialmente, se podrá acudir a los jueces o tribunales para solicitar la suspensión cautelar de las medidas. Dicha suspensión cautelar conllevará automáticamente el intento de acuerdo prejudicial.

a.3.- Elaboración de un plan de saneamiento/reflotamiento de la economía de la unidad de convivencia. Este plan deberá contener la descripción pormenorizada del balance de ingresos y gastos, la determinación del mínimo vital para la subsistencia de la unidad de convivencia en términos financieros y patrimoniales y las posibilidades reales de  pago a acreedores, unido a un plan financiero doméstico. Deberá contener así mismo los pasos que han de dar los miembros de la unidad de convivencia en atención a mejorar en lo posible la situación económica y, si se estima necesario, incorporará medidas de educación para la economía doméstica y el consumo familiar. Estos planes se establecerán para una duración de hasta tres años y deben contar con el acuerdo y compromiso de cumplimiento del deudor. De no ser así se podrá archivar el expediente.

El plazo máximo para la realización de los informes previos y del plan de reflotamiento será de dos meses.

a.4.- Mediación. Comunicación fehaciente a las partes acreedoras de la situación y negociación conjunta de fórmulas de pago, moratorias, etc… Esta mediación se producirá por quienes hayan elaborado el plan de reflotamiento, el deudor y los acreedores. Podrán admitirse fórmulas de reunificación de deuda u otras similares, siempre y cuando las condiciones supongan una solución viable y no agraven la situación patrimonial del deudor. Se suscribirán los acuerdos privados a que haya lugar ante notario y en caso de que alguno de los acreedores hubiera iniciado acciones judiciales contra el patrimonio del deudor deberá comunicar el acuerdo de mediación para la oportuna paralización del procedimiento incoado.

Si entre los acreedores hubiera personas físicas cuya solvencia económica dependa del cobro de las deudas del acreedor (por ejemplo, arrendadores de vivienda), se dará prioridad a estos en el plan negociado.

La fase de mediación debe tener un plazo limitado (dos meses) desde la comunicación inicial a los acreedores. La incomparecencia de estos a la mediación no podrá dilatar este plazo.

  1. Fase judicial

Se activará en caso de no lograrse acuerdo de mediación con uno o varios de los acreedores. Se presentará, a instancia del deudor, en los juzgados de lo civil, adjuntando el dossier completo de actuaciones instruidas en la fase de mediación (balance económico, dictamen de riesgo de exclusión y resultado de los actos de mediación).

Parece razonable que el deudor que ya esté incurso en un procedimiento de ejecución de deudas acuda al juzgado ya conocedor del asunto. De no estar incurso aún en ningún procedimiento, acudirá al ordinario que correspondiera a la mayor deuda de las contraídas.

El juez, analizada la documentación y oídas las partes, podrá adoptar todas las medidas ejecutivas que considere oportunas para hacer factible el plan de saneamiento por un plazo de tres años, ampliable por otros dos, en amparo de los endeudados.

Las medidas judiciales a adoptar pueden ser tales como:

  • Escalonamiento del pago de deudas en principal, intereses y gastos.

  • Reducción de los tipos de interés convencionales pactados a tipos de interés legales.

  • Suspensión, mientras dure el plan de regulación judicial (máximo de 3 años, prorrogable por otros dos), del efecto de garantías reales.

  • La remisión de deudas total o parcial de los intereses moratorios, indemnizaciones y gastos.

  • Cualesquiera otras que garanticen los mínimos vitales a la unidad de convivencia.

En los casos en que se haya dictaminado riesgo de exclusión y el juez aprecie especiales circunstancias lesivas de derechos fundamentales (condiciones básicas para la vida, entre las que se encuentra la vivienda), podrá suspender embargos, ejecuciones hipotecarias y otras actuaciones judiciales contra el patrimonio de los deudores aunque hubieran sido acordadas por otros órganos judiciales.

Además, la determinación de unidad de convivencia en riesgo con acuerdo judicial dará lugar, paralelamente a:

    • Prioridad en la atención a los miembros de la unidad de convivencia por parte de los demás sistemas de protección social (empleo, sanidad, educación…). El acceso al empleo, la formación, guarderías o respiros que faciliten la búsqueda de empleo o cualesquiera otros servicios y programas en manos de las administraciones discriminarán positivamente a las personas que formen parte de dichas unidades de convivencia. Lo mismo ha de regir para las ayudas económicas del sistema de servicios sociales o para el acceso a los sistemas de renta garantizada de ciudadanía, en lo que estos expedientes tendrán carácter preferente y urgente en su tramitación.

    • Parece razonable que se activen medidas paralelas que ofrezcan importantes ventajas fiscales para los empresarios (ej: exención total de pago de cuotas a la seguridad social) que contraten a algún miembro de la unidad de convivencia intervenida.

    • Se deberá atender muy especialmente a las posibilidades reales de autoemprendimiento por parte de los sobreendeudados de manera que se permitan y protejan las inversiones que pudieran realizar en este sentido, impidiendo la actuación sobre los bienes necesarios para dicha actividad emprendedora.

Si el juez lo estima oportuno nombrará, de entre los mediadores, un fiduciario o curador que actúe en interés del patrimonio del deudor y en evitación de alzamiento de bienes u otras prácticas. Podrá limitar, por tanto, los actos patrimoniales del deudor.

Se establecerán plazos de presentación de informes de seguimiento de la situación elaborados por los asesores públicos del endeudado (fiduciarios o mediadores). Dichos informes se presentarán ante el juez y ante los acreedores y contendrán el balance de situación y pronóstico de situación social y económica. La periodicidad mínima será anual.

La protección judicial de estas situaciones podrá levantarse en el momento en el que se acrediten (por los mediadores, fiduciarios o creedores) circunstancias tales como:

  • Conductas patrimoniales fraudulentas (ocultación de información relevante, ocultación de bienes, alzamiento, fraude fiscal o laboral, etc…).

  • Comportamientos económicos y patrimoniales de la unidad de convivencia no acordes con el plan de reflotamiento familiar convenido.

  1. Fase prejudicial (análisis y mediación)

Consideramos que se puede partir de la declaración formal de quiebra económica personal por parte de los interesados ante la administración titular de los servicios sociales públicos que correspondan al domicilio de la unidad e convivencia.

A partir de ese momento, se desarrollarían cuatro tareas básicas:

a.1.- Determinación de la situación de quiebra económica por endeudamiento pasivo: Balance de la situación (activo, pasivo, masa, deuda, etc.) realizada por profesionales con capacidad bastante en los ámbitos contables. El deudor deberá informar de todo su patrimonio, de sus ingresos, de los acreedores, de los importes de las deudas, condiciones de los créditos si los hubiera, movimientos de capital y patrimonio de los años anteriores, etc.

Entendemos que esta determinación (de baja complejidad contable) podría ser proporcionada por funcionarios de las administraciones ante las que se incoa el expediente de quiebra (locales o autonómicas) con personal propio (por ejemplo funcionarios de oficinas de consumo, de vivienda, agentes de desarrollo local, …) o que puede externalizarse (por convenio o contrato de prestación de servicios) hacia profesionales especializados (ej. gestores administrativos, notarios, economistas,  abogados, profesionales de organizaciones de consumidores y usuarios, etc…) que dispongan de colegiación, seguro de responsabilidad civil y acrediten capacidad bastante. Para los profesionales del ámbito privado, se deberán establecer tarifas oficiales (reducidas y unificadas) que podrán ser abonadas a partir de la determinación de la masa (como en el caso de los administradores concursales) independientemente de que la Administración adelante el importe de dichas tarifas.

La determinación de la situación de quiebra se deberá realizar considerando la UNIDAD DE CONVIENCIA (desde personas individuales a todo tipo de unidad de convivencia, con o sin lazos familiares).

a.2.- Determinación del riesgo de exclusión de la unidad de convivencia a través de la escala sugerida (FOESSA) u otras. Esta situación se dictaminará por profesionales de la red de servicios sociales básicos que cuenten con colegiación obligatoria. El dictamen deberá ser suscrito por dos profesionales.

De no determinarse situación de inclusión precaria o exclusión moderada, se continuará prestando apoyos en forma de asesoramiento o acceso a recursos públicos de protección, pero no se accederá a las fases de mediación o de protección judicial.

Si confluyen las dos circunstancias anteriores (quiebra real de buena fe y riesgo de exclusión) y para los casos en que sea inminente un desahucio o embargo de bienes básicos que sean considerados necesarios para el mantenimiento de condiciones de vida digna, especialmente cuando resulten afectados menores de edad o personas incapacitadas judicialmente, se podrá acudir a los jueces o tribunales para solicitar la suspensión cautelar de las medidas. Dicha suspensión cautelar conllevará automáticamente el intento de acuerdo prejudicial.

a.3.- Elaboración de un plan de saneamiento/reflotamiento de la economía de la unidad de convivencia. Este plan deberá contener la descripción pormenorizada del balance de ingresos y gastos, la determinación del mínimo vital para la subsistencia de la unidad de convivencia en términos financieros y patrimoniales y las posibilidades reales de  pago a acreedores, unido a un plan financiero doméstico. Deberá contener así mismo los pasos que han de dar los miembros de la unidad de convivencia en atención a mejorar en lo posible la situación económica y, si se estima necesario, incorporará medidas de educación para la economía doméstica y el consumo familiar. Estos planes se establecerán para una duración de hasta tres años y deben contar con el acuerdo y compromiso de cumplimiento del deudor. De no ser así se podrá archivar el expediente.

El plazo máximo para la realización de los informes previos y del plan de reflotamiento será de dos meses.

a.4.- Mediación. Comunicación fehaciente a las partes acreedoras de la situación y negociación conjunta de fórmulas de pago, moratorias, etc… Esta mediación se producirá por quienes hayan elaborado el plan de reflotamiento, el deudor y los acreedores. Podrán admitirse fórmulas de reunificación de deuda u otras similares, siempre y cuando las condiciones supongan una solución viable y no agraven la situación patrimonial del deudor. Se suscribirán los acuerdos privados a que haya lugar ante notario y en caso de que alguno de los acreedores hubiera iniciado acciones judiciales contra el patrimonio del deudor deberá comunicar el acuerdo de mediación para la oportuna paralización del procedimiento incoado.

Si entre los acreedores hubiera personas físicas cuya solvencia económica dependa del cobro de las deudas del acreedor (por ejemplo, arrendadores de vivienda), se dará prioridad a estos en el plan negociado.

La fase de mediación debe tener un plazo limitado (dos meses) desde la comunicación inicial a los acreedores. La incomparecencia de estos a la mediación no podrá dilatar este plazo.

  1. Fase judicial

Se activará en caso de no lograrse acuerdo de mediación con uno o varios de los acreedores. Se presentará, a instancia del deudor, en los juzgados de lo civil, adjuntando el dossier completo de actuaciones instruidas en la fase de mediación (balance económico, dictamen de riesgo de exclusión y resultado de los actos de mediación).

Parece razonable que el deudor que ya esté incurso en un procedimiento de ejecución de deudas acuda al juzgado ya conocedor del asunto. De no estar incurso aún en ningún procedimiento, acudirá al ordinario que correspondiera a la mayor deuda de las contraídas.

El juez, analizada la documentación y oídas las partes, podrá adoptar todas las medidas ejecutivas que considere oportunas para hacer factible el plan de saneamiento por un plazo de tres años, ampliable por otros dos, en amparo de los endeudados.

Las medidas judiciales a adoptar pueden ser tales como:

  • Escalonamiento del pago de deudas en principal, intereses y gastos.

  • Reducción de los tipos de interés convencionales pactados a tipos de interés legales.

  • Suspensión, mientras dure el plan de regulación judicial (máximo de 3 años, prorrogable por otros dos), del efecto de garantías reales.

  • La remisión de deudas total o parcial de los intereses moratorios, indemnizaciones y gastos.

  • Cualesquiera otras que garanticen los mínimos vitales a la unidad de convivencia.

En los casos en que se haya dictaminado riesgo de exclusión y el juez aprecie especiales circunstancias lesivas de derechos fundamentales (condiciones básicas para la vida, entre las que se encuentra la vivienda), podrá suspender embargos, ejecuciones hipotecarias y otras actuaciones judiciales contra el patrimonio de los deudores aunque hubieran sido acordadas por otros órganos judiciales.

Además, la determinación de unidad de convivencia en riesgo con acuerdo judicial dará lugar, paralelamente a:

    • Prioridad en la atención a los miembros de la unidad de convivencia por parte de los demás sistemas de protección social (empleo, sanidad, educación…). El acceso al empleo, la formación, guarderías o respiros que faciliten la búsqueda de empleo o cualesquiera otros servicios y programas en manos de las administraciones discriminarán positivamente a las personas que formen parte de dichas unidades de convivencia. Lo mismo ha de regir para las ayudas económicas del sistema de servicios sociales o para el acceso a los sistemas de renta garantizada de ciudadanía, en lo que estos expedientes tendrán carácter preferente y urgente en su tramitación.

    • Parece razonable que se activen medidas paralelas que ofrezcan importantes ventajas fiscales para los empresarios (ej: exención total de pago de cuotas a la seguridad social) que contraten a algún miembro de la unidad de convivencia intervenida.

    • Se deberá atender muy especialmente a las posibilidades reales de autoemprendimiento por parte de los sobreendeudados de manera que se permitan y protejan las inversiones que pudieran realizar en este sentido, impidiendo la actuación sobre los bienes necesarios para dicha actividad emprendedora.

Si el juez lo estima oportuno nombrará, de entre los mediadores, un fiduciario o curador que actúe en interés del patrimonio del deudor y en evitación de alzamiento de bienes u otras prácticas. Podrá limitar, por tanto, los actos patrimoniales del deudor.

Se establecerán plazos de presentación de informes de seguimiento de la situación elaborados por los asesores públicos del endeudado (fiduciarios o mediadores). Dichos informes se presentarán ante el juez y ante los acreedores y contendrán el balance de situación y pronóstico de situación social y económica. La periodicidad mínima será anual.

La protección judicial de estas situaciones podrá levantarse en el momento en el que se acrediten (por los mediadores, fiduciarios o creedores) circunstancias tales como:

  • Conductas patrimoniales fraudulentas (ocultación de información relevante, ocultación de bienes, alzamiento, fraude fiscal o laboral, etc…).

  • Comportamientos económicos y patrimoniales de la unidad de convivencia no acordes con el plan de reflotamiento familiar convenido.


Coordinadoras Autonómicas de ONGD

Reunidas en Barcelona, en el marco de su IX Encuentro Anual, piden al nuevo gobierno del Estado, y a los gobiernos autonómicos que no eliminen de sus agendas las políticas de lucha contra la pobreza en un contexto de crisis global.

Encuentro anual de las ONGD

La lucha contra la pobreza no puede abandonarse cuando la crisis más afecta a los países  empobrecidos y los gobiernos deben cumplir sus compromisos. En los dos últimos años y con la excusa de la crisis, estamos asistiendo a un ataque sistemático a las políticas públicas de solidaridad que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos realizan desde la década de los 90. Bajo la consigna de “cumplir con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y déficit público”, se están realizando recortes sociales que afectan directamente a las personas más vulnerables. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas en mayo, esta situación está tomando dimensiones preocupantes, que nos llevan a alertar sobre lo que podemos considerar el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar y en consecuencia, de las políticas de cooperación.

La Ayuda Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas supone de media sólo 8 euros por habitante, una cantidad insignificante, al lado de los 395 euros de gasto militar por habitante contabilizados en 2010.

Sin embargo, la reducción de los fondos para cooperación llevada a cabo en las Comunidades Autónomas en 2010 y 2011 ha superado los 160 millones de euros, un retroceso que pone en grave peligro la realización de proyectos de salud, empoderamiento de mujeres, educación o alimentación en países empobrecidos. Por otro lado, las iniciativas que fomentan la sensibilización de una ciudadanía comprometida con la justicia internacional, la defensa de los derechos humanos y la equidad social y de género, se ven también gravemente perjudicadas.

El gobierno estatal no ha estado al margen de estos recortes y entre 2010 y 2011 ha superado los mil millones de recorte en la política de cooperación.

Pero, donde más queremos llamar la atención es sobre el posible empeoramiento de esta situación en 2012, tanto a nivel estatal como autonómico, que constituiría el cuarto año de caída consecutiva. Los borradores de presupuestos de algunas CCAA y las declaraciones públicas de gran parte de los/as presidentes autonómicos auguran cifras históricas de recortes que en la política de cooperación nos retrotraería a 2005. Las previsiones sitúan la rebaja en 70 millones de euros y todavía no son cifras definitivas.

Advertimos además, del retroceso que en materia de Educación para el Desarrollo están viviendo las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, por la falta de apoyo a las iniciativas de ONGD y colectivos sociales. La Educación para el Desarrollo contribuye a la formación de una ciudadanía responsable y con conciencia crítica que participa en la construcción de sociedades democráticas y solidarias.

Desde las 17 Coordinadoras Autonómicas hacemos un llamamiento al nuevo gobierno estatal para que sea un ejemplo de compromiso con la lucha contra la pobreza, con la defensa de la justicia y la equidad social. Exigimos que no se recorte, todavía más, la ayuda oficial al desarrollo. Llamamos al conjunto de gobiernos autonómicos y locales para que sigan desempeñando el papel fundamental que tienen en el apoyo y estímulo a la solidaridad de su población.



Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN)

Mercado de la Boquería, Barcelona (Patricia Simón)

Los resultados del indicador AROPE muestran que más de diez millones y medio de personas en España, un 23.4% de la población, están en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. Frente al objetivo de reducción de la pobreza del 25% que plantea la Estrategia Europa 2020, en nuestro país es necesaria una profunda transformación en la configuración de las políticas sociales. Como las competencias de la mayor parte de las políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas, es en ese nivel en el que se tienen que definir nuevas estrategias de afrontamiento del objetivo de reducción de la pobreza.

La Estrategia Europa 2020 define un nuevo indicador de personas que viven en situación o riesgo de pobreza y exclusión social; se consideran personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social a aquellas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente1), y/o las que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítem definidos a nivel europeo) y/o las que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula. Este grupo de personas en Riesgo de Pobreza y Exclusión se denomina AROPE, en sus siglas en inglés (At Risk Of Poverty and/or Exclusion).

El índice de pobreza y exclusión para Europa es del 23,1%2;  España se encuentra sobre esa media, con un 23,4%, en el puesto número 11 de la Europa de los 27, con la cifra más alta de los últimos 3 años (23,1 en 2007 y 22,9 en 2008). La media española se sitúa con un 23,4%, las diferencias entre comunidades varían en más de 30 puntos porcentuales entre el valor mínimo y el máximo. Los datos dan cuenta de la enorme desigualdad existente entre unos territorios y otros.

Existe el riesgo que en un contexto de crisis económica como el actual, el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza de la Estrategia 2020 queden supeditados al logro de la estabilización económica; sin embargo, este es precisamente el mejor momento de llevar a cabo medidas decisivas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estas medidas tienen además un carácter de urgente: 10.665.615 ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión y padecen los efectos más amargos de la crisis. La desigualdad, la pobreza y la exclusión social deterioran la cohesión  social y ponen en cuestión los principios y valores de una sociedad democrática.

Tal como se ha venido insistiendo EAPN Madrid y el conjunto del Tercer Sector de Acción Social, la inclusión social debe estar en el centro de la agenda de nuestro país “son necesarios, por tanto, profundos cambios en nuestro modelo económico y de sociedad, de tal manera que la economía esté al servicio del desarrollo social y del bienestar de las personas, optando así por una manera de crecer más justa y equitativa”.3

1. El umbral de la pobreza en 2009 de acuerdo con la ECV 2009 estaba en 7.980 euros al año, que se adecúa
 dependiendo del número de personas en el hogar.
2. Según Eurostat, el año 2009.
3.Propuestas  del Tercer sector de Acción Social para una estrategia de Inclusión  Social 2020 en
España- EAPN ES, Plataforma de ONG de Acción Social, y  Plataforma del Voluntariado de España.

Informe completo Las cifras de pobreza y exclusión en España [pdf]


Por José Palazón

Presidente de la ONG Proderechos de la Infancia (PRODEIN)

  • Madre, trabajadora, víctima de violencia machista, en la calle y sin sus hijos por orden institucional
  • Khadija, trabajadora del servicio doméstico en Melilla, víctima de violencia de género, madre de cuatro hijos, dos con nacionalidad marroquí y dos con nacionalidad española, fue desahuciada hace dos meses del piso donde vivía de alquiler.
  • Hasta ayer, se manifestaba ante la Consejería de Bienestar Social para pedir auxilio, cuando la consejera, María Antonia Garbín, le retiró la custodia de sus dos hijos españoles -pero no a la niña menor con nacionalidad marroquí- y los internó en un centro de menores.
  • Khadija lleva 24 horas en cama presa de una muy fuerte depresión.

En Melilla llamarse Khadija no te puntúa nada en el currículum, ni tampoco tener cuatro hijos. Ser analfabeta y llevar doce años trabajando duro en el servicio doméstico tampoco puntúa en el “vitae”. Lo que de verdad se espera de las Khadijas es que sean: limpias, puntuales, calladas, sumisas y obedientes, agradecidas y discretas…. A cambio recibirán un pequeño sueldo, el establecido legalmente, con el que contribuyen a los gastos familiares.

Khadija con su hijo menor (J. P.)

En Melilla tal vez más de 10.000 mujeres pasan cada día la frontera para trabajar en el servicio doméstico, son trabajadoras fronterizas que disponen de un permiso especial para ejercer ese trabajo debiendo abandonar la ciudad al llegar la noche. Su estatus está por encima de las otras 10.000 que también pasan la frontera cada día para pasar contrabando o ejercer otras actividades sin ninguna regulación ¡Puro negocio! ¡Esclavas de hoy!

Lo particular de nuestra Khadija es que reside legalmente en España, que dos de sus hijas tienen nacionalidad marroquí mientras que los otros dos hijos pequeños tienen nacionalidad española y que desde hace dos meses se pasa el día y la noche frente al Ayuntamiento de Melilla sin callarse, sin sumisión a nadie y sin miedo.

Khadija ha sido siempre lo que se esperaba de ella: limpia, puntual, callada, sumisa y obediente, agradecida y discreta, consciente de que cualquier otra cosa sería peor. Ha visto crecer a sus dos niñas, nacidas en Melilla e indocumentadas forzosas, sin que pudieran ir al colegio porque no tenían papeles, “normal”en nuestra ciudad. Ha sufrido durante años el maltrato de sus dos maridos, sin denunciarlos, porque al menos de vez en cuando daban algo de dinero para el sostenimiento de la familia. ¿Qué otra cosa podía hacer con cuatro niños y su madre enferma de párkinson, a la que tiene que atender también?

Hace unos meses su segundo marido, el español con el que está casada en Marruecos pero no en España, se casó con otra mujer y les abandonó… ¡Luces y sombras! … Ya no habría más maltrato pero ¿cómo iba a mantener a la familia?… Poco después llegó lo inevitable: con su sueldo de 500 euros no pudo hacer frente al pago del alquiler de la vivienda y un día se vieron en la calle por orden judicial... ¡En la calle!…doce años trabajando, criando a sus hijos, aguantando a esos hombres… y ahora esto.

Sin saber lo que había hecho mal Khadija cogió a toda la familia y se dirigió cargando maletas a la Consejería de Bienestar Social pensando que les buscarían un lugar para pasar la noche. ¡A Khadija le daba igual dormir en la calle! Pero los niños sólo tienen cuatro y siete años….. Ella no sabía que en la Consejería tienen muy presente su currículum…. Es el vitae de muchas mujeres que se dejan la piel limpiándonos las mierdas y se hacen cargo, de paso, de los hijos que abandonamos: limpias, calladas, sumisas y obedientes, agradecidas y discretas…. Justo el currículum al que le corresponde precisamente el sambenito de dar perfil de una persona “pícara”, es decir: que se quiere aprovechar de todo, que no trabaja, que vive del cuento, que engaña para cometer fraude y sacar provecho sin merecerlo…. Evidentemente nuestra Khadija, como tantas otras Kahdijas es víctima de este sambenito tan extendido de forma interesada y secular.. Sambenito que parece regir las actuación de las administraciones en todo lo que les concierne a las Khadijas: mayoritariamente honradas, mayoritariamente sumisas, mayoritariamente maltratadas por sus maridos, por la administración. Mayoritariamente con la gran responsabilidad de sacar adelante a su prole.

La Consejería ”recibió su caso” iniciaron un “periodo de estudio” y le abrieron “un expediente” para “considerar las medidas” que se podrían tomar “como consecuencia de su situación” y su “perfil”…. Ante la urgencia del caso, y como medida cautelar para evitar males mayores, le hicieron la socorrida recomendación de “que se fuera a Marruecos” a lo que Khadilla se negó porque los dos pequeños no habían terminado el curso, porque en Marruecos no tiene donde ir, ni tiene por qué irse. Seguidamente le hicieron la clara advertencia que corresponde a su “perfil” en el protocolo: terminaremos quitándote a tus hijos.

Todo ello se tradujo en una semana de abandono absoluto, de calle pura y dura sobreviviendo de la caridad, cumpliendo con su trabajo a pesar de todo, llevando a los niños al colegio …¡Los niños! Khadija les decía que estaban de camping y al principio se lo creían y estaban contentos. Dos meses después dicen con desconsuelo que están en la calle porque son pobres.

Khadija y su hija Dunia durmiendo en la plaza de España de Melilla. (José Palazón)

Durante esa semana Khadilla reflexionó y decidió luchar por sus hijos olvidando la sumisión, la obediencia, el agradecimiento, el miedo que se supone que debía tener. Se hizo con una pancarta, con unas hojas para recoger firmas a favor de su causa y comenzó a visitar los medios de comunicación locales. En pocos días consiguió que la Consejería de Bienestar Social les ingresara en una pensión durante una semana.

Cumplido el plazo, una semana, los devolvieron a la calle… ¡A la calle otra vez!… Durante los días siguientes la Consejera de Bienestar Social, en un acto de infinito cinismo, declaró públicamente que la mujer y su familia estaban siendo debidamente atendidas. De forma simultánea Khadija era desalojada con sus hijos de la puerta del Ayuntamiento donde recogía firmas, pocas horas antes había sufrido también una intervención policial para quitarle a los hijos y llevarla detenida al juzgado acusada de abandono de menores. Dicha intervención fue abortada por varias asociaciones que estaban presentes en el lugar en ese momento.

Durante los días siguientes la voz de Khadija se tornó en un grito multitudinario apoyada por asociaciones y partidos políticos locales.. La Consejera de Bienestar Social intentando lavar su imagen le ingresó en su cuenta corriente 1.600 euros en concepto de: un mes de alquiler, fianza y gastos de gestión de un supuesto piso en la calle África de Melilla. Cuando Khadija se acercó a la Gestoría para formalizar el contrato le informaron que dicho piso estaba alquilado a otras personas y que habían comunicado a Bienestar Social desde el principio que la casa en cuestión no era para ellos. Días después la Consejera, en un nuevo intento de desprestigiar a la “chacha díscola” comunicaba a través de los medios de comunicación que Khadija había rechazado el piso a su disposición en la calle África, dando a entender que le parecía poco y quería algo así como un ático. Terminaba diciendo que no sabía como ayudarla: ¡Todo Mentira!

¿Y los 1.600 euros?… Esa cantidad viene a ser la ayuda esténdar que la Ciudad Autónoma concede a los desahuciados para que encuentren un nuevo piso. La cantidad es ridícula si tenemos en cuenta la situación del mercado de alquiler y la situación del mercado laboral. Lo peor de todo es que con una nómina de 500 euros es imposible encontrar un propietario que alquile su casa. La misma situación viven otras familias desahuciadas que en el mejor de los casos han podido recurrir al auxilio familiar o callan por miedo o por verguenza. La ayuda de 1.600 euros a los desahuciados de Melilla es inútil, inaceptable para los afectados, un despilfarro más de la administración local. ¡Que más da!… ¡Es dinero público! Dinero que se emplea para desprestigiar la lucha de una madre valiente, una madre que ha perdido el miedo y no va a dejar de luchar y trabajar por sacar a sus hijos adelante.

Khadija está haciendo perfectamente su trabajo. Es la Consejera de Bienestar Social la que mantiene en el más absoluto abandono a todos los miembros de la familia haciendo una dejación absoluta de sus obligaciones que son: en primer lugar poner los medios para evitar la situación de riesgo que esta familia llevaba sufriendo hace un año, en segundo lugar evitar a toda costa la situación extrema que están viviendo desde hace dos meses instalados en la calle.

El viernes, varios policías que no se identificaron como tal, le quitaron a sus dos hijos de nacionalidad marroquí y los ingresaron en un Centro de menores, como cuenta en el video del principio del texto. Nada quisieron saber de la niña de nacionalidad marroquí también menor de edad. No se lo comunicaron oficialmente hasta que ella misma, desesperada, fue a la Consejería a preguntar dónde estaban sus hijos.

Si esta actuación de la Consejera de Bienestar Social se hubiera producido en cualquier otro país “de la Europa civilizada” el responsable no hubiera durado 24 horas en el puesto pero en Melilla la responsable acaba de ser reelegida Consejera de Bienestar Social para los próximos cuatro años. No en vano en nuestra ciudad es frecuente que quienes ostentan la representación política se sientan investidos de un poder casi divino que ejercen de forma caciquil y absoluta, a menudo con manifiesto desprecio de la ley, la moral y cualquier otra circunstancia que no sea: el interés propio, el mantenimiento de un cierto grado de apartheid, o el negocio de grupos de presión transfronterizos.

Acabo de llegar a casa. Aproximadamente a las 22 h fuimos a ver a Khadija porque su estado había empeorado mucho. Tuvimos que llamar a una ambulancia porque estaba como en estado vegetativo, si la movíamos le dolía todo el cuerpo y no podía hablar. Le han puesto una pastilla debajo de la lengua, le han pinchado y le han diagnosticado una fuerte depresión y estado de ansiedad. El médico nos ha dicho que para eso no tiene pastillas que ella sola tiene que salir del pozo donde ha caído.
¡Con impunidad infinita!

PRODEIN ha lanzado una campaña de recogida de firmas en Actuable para que Khadija recupere a sus hijos y la Consejería de Bienestar Social ponga a su disposición los medios necesarios para no estar en una permanente situación de riesgo de exclusión social, como determina la legislación española.