Toma la palabra

Por Comision Legal Sol

Este mes hemos podido asistir al penúltimo episodio de impunidad policial como consecuencia de la falta de investigación efectiva por parte un Juez, esta vez, de la titular del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid.

Los Hechos denunciados

El pasado 29 de Marzo, en el marco de una manifestación, fueron agredidos de manera totalmente gratuita cuatro reporteros gráficos por el mero hecho de estar desempeñando su trabajo, grabando una intervención policial en la que se detuvo a una persona.

Anteriormente, los reporteros denuncian que fueron continuas las coacciones durante toda la noche por parte de los funcionarios de Policía de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP).

Los reporteros denunciaron las referidas agresiones, que además, quedaron grabadas por los propios reporteros y sus compañeros. Tal y como se puede ver en las imágenes, los funcionarios de policía no portaban su nº profesional ni su nº de operativo de manera visible, incumpliendo la regulación al respecto.

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VÍDEO Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención 30.03.2014 ·  · (Madrid)  

La gratuidad de las referidas agresiones, perfectamente constatable en las imágenes, motivó incluso que la Representante sobre Libertad de Medios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Dunja Mijatović, emitiese una nota de prensa , en la que manifestó:

su profunda preocupación a propósito de los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado 29 de marzo

Paralelamente, un informe elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC), titulado ‘Retrocesos en materia de libertad de expresión en España’, documenta y pone de manifiesto el aumento de agresiones a periodistas por parte de la policía.

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La arrogante respuesta de la Policía

Frente a esta denuncia, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid acordó oficiar a la propia 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP) para que “procedan a practicar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados interesando se identifiquen a los agentes que intervinieron en las lesiones denunciadas“, para lo cual se remitió la denuncia interpuesta junto con las grabaciones adjuntas a la misma.

El Inspector Jefe de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP), en una muestra de arrogancia, insulto a la inteligencia y desprecio a las obligaciones que su cargo le confiere, contestó al referido requerimiento afirmando que

2014-10-14 11:31

A pesar de ello, se adjuntaba el atestado de la detención que estaban grabando los reporteros en el momento de ser agredidos, atestado en el que constan hasta cuatro agentes identificados, y que se corresponden con los que aparecen en las imágenes grabadas.

La falta de investigación judicial efectiva

Con esta contestación, con la que al menos se adjunta un atestado en el que consta el nº profesional de cuatro funcionarios de Policía que indiciariamente pudieron ser los autores de las agresiones a los reporteros, la Jueza, sin practicar ninguna diligencia de investigación más, ha acordado el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LAS ACTUACIONES, ya que aunque “de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, sin bien no existen motivos suficientes para atribuir se perpetración a persona alguna determinada

Desde la Comisión Legal queremos poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos y esta decisión judicial, que hemos recurrido ante la Audiencia provincial.

Nuevamente, nos encontramos ante la realidad de las diferentes investigaciones judiciales que se llevan a cabo dependiendo de quien son las personas denunciadas, y sobretodo, si llevan o no uniforme de Policía.

Esta falta absoluta de voluntad de investigar este tipo de hechos por parte de Jueces y representantes del Ministerio Fiscal no sólo permite que los abusos policiales queden impunes, sino que perpetúa que se produzcan, provocando una absoluta y comprensible falta de confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.

Nuestro país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones por falta de investigación de las denuncias de malos tratos cuando el presunto agresor es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin que esto se haya traducido en ningún tipo de medida a nivel interno. Debemos recordar que un Estado que no investiga y castiga las agresiones y coacciones a reporteros gráficos por parte de funcionarios de Policía no puede considerarse ni democrático ni de Derecho.

 

Más información en Periodismo Humano:

Secuencia 02 (1)

Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención

30.03.2014 ·  · (Madrid) VÍDEO

La convocatoria, organizada en Madrid por la Coordinadora 25S, reunió a alrededor de 200 personas en la Plaza de Neptuno. La Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios), con un dispositivo de más de 100 agentes, identificó a la mayoría de asistentes. Una vez en Atocha, los antidisturbios detuvieron a un manifestante, golpeando a siete periodistas gráficos que documentaban la intervención.

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Policía antidisturbios retiene e identifica a un periodista, tras agredirle en el cuello (ver marcas en la piel) mientras filmaba una protesta contra la monarquía. (AP Photo/Andres Kudacki)<br /><br /><br />
Riot police stop and frisk a camera man with marks on his skin after they grabbed him by the neck while he was filming during protest against the Monarchy near the parliament in Madrid, Spain, Wednesday, June 11, 2014. (AP Photo/Andres Kudacki)

Policías agreden a periodista de Periodismo Humano

12.06.2014 ·  · Texto · VÍDEO : Jaime Alekos

La policía ha impedido una manifestación por la abolición de la monarquía y por un proceso constituyente frente al Congreso, mientras en el interior se aprobaba la ley de abdicación del rey Juan Carlos. Jaime Alekos, periodista de Periodismo Humano, fue agredido y herido en el cuello por un policía, además de ser amenazado e insultado.

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Foto-de-Benito-Ordo%C3%B1ez-de-La-Voz-de-Galicia-

Recortes a la libertad de información en España

21.05.2012 · 

Testimonios  y evidencias sobre los impedimentos y agresiones policiales a los periodistas durante los desalojos y actos del 15M en Madrid, entre el 12 y el 16 de Mayo de 2012.

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 Por Centro de Medios Independientes – Guatemala
Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala ( CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos. En esa acción, fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.
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Vídeo tomado durante el desalojo de Alta Verapaz. En él es posible escuchar los disparos realizados por la PNC .

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos.2

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Concentración de la comunidad de Monte Olivo afuera de la Escuela que días antes fue ocupada por PNC y Ejército. Foto Gustavo Illescas.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas, asimismo se le acosó durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) y se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine, de la documental “La Propuesta Impuesta”. Además, durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno.Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley4843 presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques; y manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público; y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Sin estas garantías es imposible una democracia real.

 


Santiago Bastos

Antropólogo social especializado en Guatemala

  • El terror provocado por empresas transnacionales en Guatemala
  • El antropólogo social Santiago Bastos pide a la comunidad internacional que atienda a la grave situación que están viviendo los periodistas y los defensores de derechos humanos en Guatemala, acosados, amenazados y agredidos por las multinacionales –en este caso de la minería– y sus responsables, algunos de ellos miembros destacados del Ejército.

El pasado jueves 22 de noviembre se dio un paso más en el proceso de provocación e intimidación que realizan en Guatemala las empresas nacionales como transnacionales para imponer sus proyectos con respaldo y apoyo del gobierno. En este caso fueron las acciones de Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A. en contra los pobladores y comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que llevan varios días en un paro pacífico en el lugar conocido como La Puya para mostrar su oposición a las actividades mineras en su territorio.

Prensa Libre publicó el viernes 23 una escueta nota titulada “Enfrentamientos en área minera” en la que informaba de que “los disturbios” “no dejaron lesionados graves”. Y en Siglo 21 apareció otra titulada “Se caldean ánimos por la minera” en que dice que “empleados de la empresa” y “vecinos de San José del Golfo, estuvieron a punto de enfrentarse a golpes”.

Sin embargo, no fue exactamente así. Desde el mediodía del mismo día 22 circulaba una nota del Centro de Medios independientes en que informa que comunicadores de este medio y del CUC, Waqib Kej y CPR Urbana habían sido amenazados “con lincharlos, que les van a cortar las manos para que no sigan tomando imágenes”, que “las amenazas llegaron incluso a ser de muerte y linchamiento si no nos retiramos de lugar”, y  que “también golpearon en la cara a una líder comunitaria y a otro comunitario lo agarraron entre varios para golpearlo”.

La nota venía acompañada de unos vídeos que mostraban todos estos hechos de primera mano, sin trampa ni cartón. En el primero se ve llegar a un grupo de personas uniformadas con playeras grises y cascos azules, mientras al fondo se oyen los cánticos religiosos con que pacíficamente los espera la población que protesta. Estos supuestos trabajadores de la empresa, van dirigidos por un personaje de casco amarillo y altavoz en mano grita:

“…vamos a demostrar que somos gente que no se deja arrastrar por esos malditos, que no les tenemos miedo, y que sus cámaras y sus pendejadas no les tenemos miedo…. Respetamos los derechos humanos pero nos encontramos a estos malditos insultándonos con sus cámaras … Partida de maricones, huecos…”

La gente le vitorea mientras siguen los cánticos religiosos del otro lado. Entonces se da la vuelta hacia la cámara, a su lado se coloca un muchacho de playera blanca, y continúa, mientras le apunta con el dedo:

“los (no se entiende) los vamos a respetar, pero a estos maricones, jamás. Más a este peludo, a este (no se entiende) arrastrado, no lo vamos a respetar. Le tiembla la mano al hueco éste. Si sigue grabando va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle y estalle ahorita”

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En el segundo vídeo en medio de un tumulto, el hombre del casco amarillo se dirige a una mujer –una dirigente comunitaria- y le grita, siempre con el altavoz: “¡¡¡apaga esa mierda!!!, ¡¡¡apaga esa mierda!!!”. Deja el altavoz y a menos de un metro, con las venas hinchadas y los ojos desorbitados, le vuelve a gritar “¡¡¡apaga esa mierda!!”, mientras con gran valentía ella resiste pacíficamente.

Este personaje es Pablo Silas Orozco Fuentes, exteniente del Ejército de Guatemala y empleado de la empresa minera KCA-Exmingua S.A. El otro personaje con casco amarillo que estaba ese día entre el tumulto era el coronel José Vicente Arias Méndez; y en días anteriores, quien los dirigía era otro coronel: Mario Ricardo Figueroa Archila, aparentemente es gerente de Exmingua S.A. Leer más