Toma la palabra

 Por Centro de Medios Independientes – Guatemala
Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala ( CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos. En esa acción, fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.
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Vídeo tomado durante el desalojo de Alta Verapaz. En él es posible escuchar los disparos realizados por la PNC .

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos.2

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Concentración de la comunidad de Monte Olivo afuera de la Escuela que días antes fue ocupada por PNC y Ejército. Foto Gustavo Illescas.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas, asimismo se le acosó durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) y se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine, de la documental “La Propuesta Impuesta”. Además, durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno.Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley4843 presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques; y manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público; y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Sin estas garantías es imposible una democracia real.

 


Santiago Bastos

Antropólogo social especializado en Guatemala

  • El terror provocado por empresas transnacionales en Guatemala
  • El antropólogo social Santiago Bastos pide a la comunidad internacional que atienda a la grave situación que están viviendo los periodistas y los defensores de derechos humanos en Guatemala, acosados, amenazados y agredidos por las multinacionales –en este caso de la minería– y sus responsables, algunos de ellos miembros destacados del Ejército.

El pasado jueves 22 de noviembre se dio un paso más en el proceso de provocación e intimidación que realizan en Guatemala las empresas nacionales como transnacionales para imponer sus proyectos con respaldo y apoyo del gobierno. En este caso fueron las acciones de Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A. en contra los pobladores y comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que llevan varios días en un paro pacífico en el lugar conocido como La Puya para mostrar su oposición a las actividades mineras en su territorio.

Prensa Libre publicó el viernes 23 una escueta nota titulada “Enfrentamientos en área minera” en la que informaba de que “los disturbios” “no dejaron lesionados graves”. Y en Siglo 21 apareció otra titulada “Se caldean ánimos por la minera” en que dice que “empleados de la empresa” y “vecinos de San José del Golfo, estuvieron a punto de enfrentarse a golpes”.

Sin embargo, no fue exactamente así. Desde el mediodía del mismo día 22 circulaba una nota del Centro de Medios independientes en que informa que comunicadores de este medio y del CUC, Waqib Kej y CPR Urbana habían sido amenazados “con lincharlos, que les van a cortar las manos para que no sigan tomando imágenes”, que “las amenazas llegaron incluso a ser de muerte y linchamiento si no nos retiramos de lugar”, y  que “también golpearon en la cara a una líder comunitaria y a otro comunitario lo agarraron entre varios para golpearlo”.

La nota venía acompañada de unos vídeos que mostraban todos estos hechos de primera mano, sin trampa ni cartón. En el primero se ve llegar a un grupo de personas uniformadas con playeras grises y cascos azules, mientras al fondo se oyen los cánticos religiosos con que pacíficamente los espera la población que protesta. Estos supuestos trabajadores de la empresa, van dirigidos por un personaje de casco amarillo y altavoz en mano grita:

“…vamos a demostrar que somos gente que no se deja arrastrar por esos malditos, que no les tenemos miedo, y que sus cámaras y sus pendejadas no les tenemos miedo…. Respetamos los derechos humanos pero nos encontramos a estos malditos insultándonos con sus cámaras … Partida de maricones, huecos…”

La gente le vitorea mientras siguen los cánticos religiosos del otro lado. Entonces se da la vuelta hacia la cámara, a su lado se coloca un muchacho de playera blanca, y continúa, mientras le apunta con el dedo:

“los (no se entiende) los vamos a respetar, pero a estos maricones, jamás. Más a este peludo, a este (no se entiende) arrastrado, no lo vamos a respetar. Le tiembla la mano al hueco éste. Si sigue grabando va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle y estalle ahorita”

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En el segundo vídeo en medio de un tumulto, el hombre del casco amarillo se dirige a una mujer –una dirigente comunitaria- y le grita, siempre con el altavoz: “¡¡¡apaga esa mierda!!!, ¡¡¡apaga esa mierda!!!”. Deja el altavoz y a menos de un metro, con las venas hinchadas y los ojos desorbitados, le vuelve a gritar “¡¡¡apaga esa mierda!!”, mientras con gran valentía ella resiste pacíficamente.

Este personaje es Pablo Silas Orozco Fuentes, exteniente del Ejército de Guatemala y empleado de la empresa minera KCA-Exmingua S.A. El otro personaje con casco amarillo que estaba ese día entre el tumulto era el coronel José Vicente Arias Méndez; y en días anteriores, quien los dirigía era otro coronel: Mario Ricardo Figueroa Archila, aparentemente es gerente de Exmingua S.A. Leer más