Toma la palabra

Por Reporteros Sin Fronteras

El 10 de noviembre de 2014 el periodista Oscar Castaño Valencia fue agredido y amenazado por hombres armados cuando realizaba una investigación sobre prostitución infantil en la que estarían implicadas bandas de delincuentes (combos), en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Desde hace tres meses el periodista Oscar Castaño Valencia, director del programa “Oriéntese” del canal Cosmovisión, realiza una investigación sobre prostitución infantil en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, actividad en la que estarían involucrados grupos criminales conocidos como ‘combos’. El 10 de noviembre pasado tenía una cita para entrevistar a una de sus fuentes, en la que fue atacado por tres hombres armados y encapuchados, quienes lo amordazaron, lo amenazaron y lo golpearon. Asimismo, obligaron al periodista a escribir una nota en la que confesara que había ido a violar a una menor. Los agresores también lo forzaron a grabar una ‘confesión’, luego lo liberaron, advirtiéndole: “Lo que está en juego sapo hijueputa es su vida”.

Tras sufrir esta agresión Oscar Castaño Valencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Nación, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, y pidió al Estado medidas de protección. El periodista ya había sido amenazado antes, cuando era presidente del Sindicato de la Universidad Nacional de Colombia, lo que lo obligó a exiliarse en 1987 durante nueve años. En 2011 de nuevo sufrió intimidaciones debido a un documental que realizó sobre conflictos relacionados con la explotación minera. El periodista expresó que actualmente está muy preocupado por sus familiares más cercanos.

Reporteros sin Fronteras exhorta a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a ofrecer lo antes posible una protección efectiva al periodista Oscar Castaño Valencia y a su familia”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Imperativamente, el gobierno debe garantizar que las agresiones a periodistas no permanezcan impunes”, añadió.

Los combos, grupos de delincuentes que actúan con gran violencia, son bien conocidos por la Gaula, unidad policíaca colombiana dedicada a los casos de secuestro y extorsión. La Gaula había descendido a la zona donde fue agredido Oscar Castaño Valencia días antes del ataque. Colombia experimenta una recrudescencia de las amenazas a periodistas desde el inicio del año. La Defensoría del Pueblo, organismo nacional que tiene el objetivo de promover el respeto de los derechos humanos, indicó que en 2014 registró el doble de denuncias de periodistas amenazados que el año pasado. Colombia sigue siendo el segundo país más mortífero para los periodistas en América Latina.

Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.


Fixmedia.org

  • Ciudadanos financian colectivamente Fixmedia.org, una herramienta digital para reportar errores en las informaciones de los medios de comunicación
  • Cualquier persona puede contribuir al proyecto desde solo 10 euros en la plataforma Goteo.org

En un momento en el que los medios de comunicación atraviesan una dura crisis, parece que los ciudadanos están dispuestos a echar una mano para mejorar la calidad de su producto estrella durante siglos: la noticia.

Inmersos ya de lleno en una era en la que las nuevas tecnologías están al alcance de cada vez más personas, un grupo de jóvenes emprendedores sociales y tecnólogos se han preguntado: ¿Cómo puede ser que miles de lectores no puedan mejorar una noticia creada por una sola persona? Así nace la idea de Fixmedia.org, un concepto de herramienta colectiva (crowdsourcing) que desde ahora pugna por convertirse en realidad a través de la financiación colectiva (crowdfunding).

Desde solo 10 euros, y a través de la plataforma de crowdfunding para el procomún Goteo.org, cualquier persona del mundo puede contribuir a hacer realidad esta herramienta neutra que permite a cualquier ciudadano hackear la cadena de valor de las noticias para abrirlas al escrutinio público. Leer más


Por Cristina Sala Valdés

Investigadora de Medios y  transformación de conflictos

en la Universidad de Coimbra, Portugal

La sociedad de la información, la sociedad de las pantallas como también puede ser conocida, nos ha convertido a todos los que por derechos podemos ser denominados ciudadanos y ciudadanas en ‘homo videns’. No importa si se trata de medios tradicionales o de los nuevos medios sociales. El consumo forma parte de la interacción en cualquier caso: un consumo autárquico, inmediato e irreflexivo, en muchas ocasiones. Una forma de interacción que merma nuestra capacidad crítica y de reacción. Frente al fenómeno de la cronofagia informativa, se hace al menos pertinente repensar ¿qué estamos leyendo, quién nos lo está contando y cómo esta describiendo los estereotipos?

El florecimiento del denominada periodismo ciudadano, que ya posee muchos años de historia en el continente americano (Norte, Centro y Sur), gracias a los denominados nuevos medios sociales (y el adjetivo no es epíteto, puesto que en origen todos los medios debieran serlo) no resuelve ni en el corto ni en el largo plazo la necesidad de análisis y mirada crítica que toda sociedad debiera tener por su propia salud democrática. La nueva confusión de términos se ha transferido del “ver es igual a entender” a “generar información es igual a ser un reflejo de la realidad”.  La pluralidad de voces es síntoma del buen funcionamiento de una democracia (sino no hay que mirar más que a Siria y las últimas noticias dedicadas a la existencia de listas de “irreverentes” en facebook o twitter). Sin embargo la pluralidad de voces sólo representa eso: multiplicidad de los que ejercen su derecho a la libre expresión. Pero, ¿somos capaces de ver el mosaico completo para poder recuperar la complejidad de la realidad?

El periodismo tradicional es más importante hoy que nunca. Un periodismo de derechos, con incuestionada e incuestionable  función pública, perro guardián de las elites, pero también de las masas, incluso de los individuos que en nuestras sociedades multiculturales, econocráticas y transnacionales pueden estar recreando juegos en los que todos participamos. Juegos de los que todos somos cómplices (¿recordamos un blog de una chica de Siria, de nuevo,  que denunciaba ser excluida en su país?). Estas voces de las que no conocemos su procedencia pueden estar haciendo un flaco favor a los intentos de cambio social en cualquier sentido. Que el sentido de la información sea bottom-up o de abajo a arriba, de los ciudadanos a las lejanas instituciones, no implica necesariamente que el análisis sea más certero. Significa que tenemos más voces para poder recomponer el puzle.

Cuantos más actores participen, cuanto más complejicemos la realidad se hará necesario ser más creativo, preguntar más, escuchar más, indagar más para después, (después), poder componer un retrato veraz. Se podrán replantear estereotipos creados desde arriba por los medios tradicionales: el del inmigrante, el de la joven, el de lo bueno, el de lo normalizado, el de resistencia, el de la lesbiana, el de soltero, el del perro-flauta, el de estado protector, etc. Si como señalaba la teoría de Aprendizaje Social de Albert Bandura, algo desfasada ya quizá pero muy actual para la construcción de muchos de los estereotipos modernos, los seres humanos aprendemos a base de modelos sociales que vemos, leemos, escuchamos, etc., en los medios audiovisuales preferiblemente; es entonces éste el momento para de-construir muchos de los estereotipos que , creados desde el exterior, han reducido la diversidad de nuestras sociedades. El estereotipo de ciudadanía pasiva, sin éxito en sus demandas, sin ejercicio completo de sus derechos, sin voz.

¿Y qué voces estamos escuchando para ello? El periodismo ciudadano y los medios sociales pueden ser una vía, pero no se acaba ahí. Hemos de seguir exigiendo voces analíticas y reflexivas, con las herramientas y la perspectiva (incluso la experiencia) necesaria para diseccionar la realidad y ofrecer elementos creativos en la construcción de un cambio social activamente demandado en la actualidad. Hemos de reclamar  por tanto PERIODISTAS, con mayúsculas.


El sábado 19 de marzo la FLIP conoció un nuevo panfleto que empezó a circular desde el pasado 14 de marzo a través del correo electrónico, en el que se amenaza de muerte a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, entre estas la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); y a cuatro periodistas del país.

El escrito, firmado por el bloque capital de las ‘Águilas Negras D.C.’, señala que: “continuamos declarando objetivo militar y plan de exterminios contra los guerrilleros que se cubren el rostro con la fachada de ongs y organizaciones de desplazados y quienes les ayudan con el paradigma de defensores de derechos humanos. No descansaremos hasta verlos muertos (sic)”.

En este nuevo panfleto se declara como objetivo militar a varios periodistas del país: Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER; Hollman Morris, director de Contravía; Daniel Coronell, ex director de Noticias Uno y actual vicepresidente de noticias de la Univision; Marco Perales Mendoza, director del Periódico Portada de Bucaramanga y la periodista Claudia Julieta Duque de Radio Nizkor.

A mediados de febrero de este año, apareció un panfleto similar firmado por el mismo grupo ilegal donde se señalaba como objetivo militar a FECOLPER, entre otras organizaciones de derechos humanos, y los demás periodistas que ahora son amenazados. Vea alerta aquí

En el nuevo escrito se hace alusión a las denuncias puestas en la Fiscalía por los amenazados luego que se conoció el primer panfleto: “Están creyendo que por que colocan denuncias en la fiscalía….se van a salvar, vamos a empezar a limpiar ‘Tequendama’….y esto apenas es el inicio de limpieza con todas las organizaciones que se interponen en nuestro paso (sic)”.

Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER, le dijo a la FLIP que le llama la atención que en esta amenaza se haga mención a las denuncias judiciales y resalta su preocupación porque no ha conocido avances en la investigación. Por su parte, Claudia Julieta Duque sostiene que conoció el panfleto solo hasta este sábado 19 de marzo. Dice creer que en éste, como en el pasado panfleto, hay miembros del Ejército involucrados y que así se lo hizo saber a la Fiscalía en la denuncia.

En comunicación con la FLIP, el periodista Marco Perales señaló que ha “solicitado que se investigue el origen de la amenaza y se adopten medidas por parte de las autoridades para garantizar el ejercicio de la profesión”.

La FLIP se comunicó con la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, pero no fue posible hablar con ellos. Por otro lado, miembros de la unidad de investigaciones tecnológicas de la Policía y de la coordinación de derechos humanos del CTI manifestaron no tener conocimiento de los hechos. Sin embargo, el capitán Luis Fernando Atuesta, jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional, dijo que va a adelantar las investigaciones pertinentes, una vez tenga toda la información por parte de los afectados.

En el panfleto también se mencionan organizaciones de derechos humanos, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACÍN), la Liga de Mujeres Desplazadas, entre otras.

En el último Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo (CRER) de periodistas realizado el pasado 18 de febrero, se puso en conocimiento de las autoridades la situación de los reporteros y se aprobó revisar su nivel de riesgo. Hasta la fecha se desconocen los resultados. A su vez, la FLIP se reunió a comienzos de marzo con Vivian Morales, fiscal General de la nación, para manifestarle la preocupación por la falta de avances en las investigaciones judiciales por amenazas contra periodistas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza estas intimidaciones contra FECOLPER, los cuatro periodistas y demás organizaciones mencionadas en el correo electrónico. Además, manifiesta su preocupación por la falta de reacción por parte de la Policía Nacional en la realización de los estudios de riesgo y por los inexistentes avances en las investigaciones judiciales. Se le solicita al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional brindar las medidas de protección pertinentes y a la Fiscalía General de la Nación, investigar y judicializar a los responsables de estos dos panfletos.