Médicos Sin Fronteras

Más del 60% de los problemas médicos de los migrantes y solicitantes de asilo que están en los centros de detención de la región fronteriza de Evros se deben a las precarias condiciones de dichas instalaciones, según un informe publicado por MSF.  A pesar de las medidas del Gobierno griego y los fondos de la Unión Europea, la situación no ha mejorado.

Evros, 21 de junio de 2011. De los 1.809 pacientes atendidos por los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, 1.147 personas fueron diagnosticadas con infecciones respiratorias, dolores corporales, diarreas, problemas gastrointestinales, trastornos psicológicos y enfermedades cutáneas. “La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo que hemos tratado no estaban enfermos cuando llegaron a las estructuras de detención. Enfermaron durante su confinamiento en celdas abarrotadas sin ventilación adecuada, con problemas de agua y saneamiento, una alimentación de baja calidad y sin posibilidad de pasar tiempo al aire libre”, explica Ioanna Pertsinidou, coordinadora del proyecto de atención a migrantes en Grecia.

Durante los primeros dos meses de 2011, por lo menos 22 personas perdieron la vida al intentar cruzar la frontera entre Turquía y Grecia, en la región de Evros.

En su trabajo en los centros de detención para migrantes y solicitantes de asilo en Evros, MSF no ha encontrado evidencias que prueben que los migrantes que entran en Grecia supongan un riesgo de salud pública para la sociedad, tal como hace poco declaró el Ministro de Salud griego. Por el contrario, son las inhumanas condiciones de vida y de higiene en estas estructuras de detención –donde algunos migrantes y solicitantes de asilo permanecen hacinados hasta seis meses, encerrados en lamentables condiciones de higiene y sin poder siquiera salir al patio – las que provocan un deterioro importante de su estado de salud física y mental. Estas condiciones de detención aumentan de forma considerable el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles, como también corrobora un informe publicado en mayo de 2011 por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.

Unas mejoras que no llegan

MSF urge a las autoridades griegas a que aseguren unas condiciones de vida dignas en los centros de detención, es decir, alojamiento correcto, distribución de comida suficiente, ropa y artículos para la higiene personal, y periodos adecuados de tiempo al aire libre. Es fundamental asegurar que los migrantes y solicitantes de asilo reciban una buena asistencia médica y psicológica, que se lleven a cabo reconocimientos médicos a todos los recién llegados, y que se hagan a tiempo referencias de nivel secundario de salud y seguimiento de enfermedades crónicas. El Ministerio de Salud y el de Protección Ciudadana deberían asegurar la coordinación entre los actores implicados a nivel local, nacional y de la Unión Europea, y optimizar el uso oportuno de los fondos y recursos disponibles.

A principios de marzo de 2011, MSF traspasó sus actividades médicas a los equipos desplegados por el Ministerio de Salud, y sigue encargándose de distribuir artículos de primera necesidad entre los migrantes y solicitantes de asilo detenidos, pero a pesar de que el Gobierno griego dispone de fondos europeos para garantizar unas condiciones mínimas, las condiciones en los centros de detención no han mejorado.

La organización internacional médico humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte de que en Bahréin se está haciendo uso de las instalaciones médicas para reprimir a los manifestantes, un hecho que se traduce además en que los heridos que necesitan tratamiento urgente no puedan acceder a los servicios médicos. La organización condena estos hechos en un informe que ha sido publicado hoy y en el que se ilustra cómo los hospitales de Bahréin y los centros de salud ya no son refugios seguros para los enfermos o heridos, sino más bien lugares a los que temer y a los que hay motivos suficientes como para no ir. “Las heridas, especialmente las causadas por la policía y por los efectivos militares, son utilizadas para identificar a las personas que han participado en las protestas y detenerlas. Además, las autoridades de Bahréin están utilizando la negación de atención médica como un instrumento para disuadir a la gente de participar en las manifestaciones“, explica Latifa Ayada, coordinador médico de MSF. “Las estructuras de salud se están utilizando como cebo para identificar y detener a los que se atreven a acudir para recibir tratamiento”.

Desde que comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los manifestantes el pasado mes de febrero, las estructuras de salud de Bahréin (que en circunstancias normales funcionan bien en términos de materiales e infraestructuras y que cuentan con bastante personal médico especializado) no cubren las necesidades médicas de toda la población. Salmaniya, el único hospital público de referencia en Bahréin, estaba prácticamente vacío cuando hace unos días fue visitado por MSF.

Los heridos ingresados en Salmaniya han explicado a los equipos de MSF que fueron agredidos en el hospital por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes les golpearon incluso sobre sus heridas. Y hay casos de pacientes que han sido detenidos dentro de las instalaciones médicas al considerar las fuerzas de seguridad que sus lesiones estaban relacionadas con las protestas. “Hemos llegado a un punto en el que el riesgo que supone para los pacientes el ir a los hospitales o a los centros de salud es demasiado alto, así que en muchos casos prefieren quedarse sin recibir tratamiento. Hay gente que está muriendo en sus casas y eso es inaceptable”.

El uso del Hospital Salmaniya por parte de los manifestantes como lugar de reunión para sus manifestaciones, su posterior ocupación por las fuerzas armadas, y el hecho de que otros centros de salud y trabajadores sanitarios se hayan convertido en un objetivo militar, han socavado la capacidad de las estructuras de salud para proporcionar una atención médica imparcial.

MSF ha propuesto que se establezca un servicio médico de urgencia en Bahréin, a través del cual los equipos de MSF acompañarían a los pacientes hasta las estructuras sanitarias. Una vez allí se asegurarían de que estos fueran tratados adecuadamente y de que no fueran objeto de detención, así como de que los trabajadores sanitarios pueden llevar a cabo sus funciones de manera segura e imparcial y sin temor a represalias. Lamentablemente, MSF no ha podido obtener garantías por parte de las autoridades de que los pacientes a los que acompañe no serán considerados un objetivo.”La acción que han tomado los militares de declarar el hospital como un objetivo militar legítimo, y el uso del sistema de salud por parte del aparato de seguridad como una herramienta para identificar y detener a los manifestantes, obstaculiza e ignora por completo el hecho de que todos los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento en un lugar seguro, y el hecho de que todo el personal sanitario tiene el deber fundamental de administrar tratamiento y proporcionar atención médica sin hacer ningún tipo de discriminación”, explica Christopher Stokes, director general de Médicos Sin Fronteras.Se deben dar todos los pasos posibles para restablecer el derecho de la población a recibir tratamiento médico sin temor a ser objeto de represalias, especialmente mediante la retirada de los militares del Hospital Salmaniya. Los manifestantes de la oposición deben también garantizar que el hospital no se utilizará más como punto de reunión para las manifestaciones.

MSF desea subrayar también la necesidad y el deber de las autoridades de respetar las normas pertinentes del derecho internacional humanitario, especialmente las relativas a
la protección y respeto de las estructuras sanitarias y del personal médico. Estas reglas también se extienden a la protección de los civiles, de los enfermos o heridos, y de los prisioneros. La responsabilidad de restaurar el funcionamiento de los servicios de salud está a día de hoy en manos de las autoridades. La policía, el ejército y los servicios de inteligencia deben dejar de usar el sistema de salud como un instrumento para reprimir a los manifestantes, y debe permitir que el personal médico regrese a los hospitales para cumplir con su obligación primordial de proporcionar atención médica, independientemente de las afiliaciones políticas o religiosas de los pacientes.