Toma la palabra

Extracto del informe “La política de exportaciones de armamento de los países de la Unión europea a África (2002-2010). Especial consideración a las exportaciones españolas [pdf]

Por Centro d’Estudis per a la Pau JMDelás

Un inspector del Grupo Consultivo de Minas (MAG, por sus siglas en inglés) recoge bombas de racimo en el pueblo Ouazaiyeh, Líbano (Mohammed Zaatari / AP)

  • EL SECRETISMO EN MATERIA DE COMERCIO DE ARMAMENTO en el caso español

En España, la información sobre las exportaciones de material de defensa es secreto de Estado. Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, se acordó «otorgar, con carácter genérico la clasificación de reservado a [...] la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico» (apartado B.5). Otro Acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 de marzo de 1987, clasificó como secretas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Parece que la clasificación de las actas de la JIMDDU es consecuencia de la petición, por parte del CDS e Izquierda Unida, de la creación de una comisión parlamentaria para investigar la posible existencia de ventas ilegales de armas.

Si se han clasificado como secretas las actas de la JIMDDU es porque se considera que su conocimiento público puede «dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Hay bastantes razones para considerar que dicha clasificación es ilegal. En la práctica, el secretismo se utiliza para impedir que la ciudadanía conozca a qué países se está vendiendo armamento y qué tipo de material de defensa se exporta. También hace imposible saber de qué forma interpreta la JIMDDU los criterios de la Posición Común. Además, el secretismo es un instrumento que favorece las exportaciones –o, al menos, ciertas exportaciones–, como se ha puesto de manifiesto con las exportaciones de bombas racimo españolas en Libia. El secretismo, por tanto, puede considerarse como un instrumento más de la política de apoyo a las exportaciones del Gobierno español.

El secretismo en la práctica: el caso de las exportaciones de bombas en racimo españolas a Libia

En abril de 2011, la prensa española informó que el ejército de Muamar el Gadafi había utilizado bombas en racimo de fabricación española en Misrata; según la ONG Human Rights Watch se habrían utilizado al menos tres bombas racimo en los bombardeos del jueves 14 de abril sobre dicha ciudad. Las bombas utilizadas correspondían al modelo MAT-120, como demostraban las fotografías tomadas por el periódico The New York Times. Las bombas MAT-120 fueron fabricadas por la empresa española Instalaza.

Según las «Estadísticas española de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso», en el año 2007 fue autorizada la exportación a Libia de material de defensa, dentro de la categoría «Bombas, torpedos, cohetes y misiles» por valor de 3.823.500 euros; exportación que fue realizada durante 2008. Las estadísticas oficiales no detallan, sin embargo, si el armamento exportado eran bombas en racimo. En cualquier caso, el hecho de que se autorizó la exportación de bombas en racimo a Libia no fue desmentido por el Gobierno español.

El secreto de Estado es un instrumento que debe utilizarse, según la Ley sobre Secretos Oficiales, para proteger la seguridad y la defensa del Estado. En el caso del comercio de armamento, el secretismo se utiliza como un mecanismo que favorece las exportaciones de armas. El caso de las bombas en racimo MAT-120 es un ejemplo claro al respecto. Se ha utiliza el secreto de Estado para impedir que los ciudadanos supieran que España había exportado bombas en racimo a Libia.

 

En mayo de 2007, Justícia i Pau solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio información sobre las exportaciones de armamento realizadas a Marruecos, Ghana y China durante los años 2005 y 2006. El Ministerio denegó la solicitud amparándose en que las actas de la JIMDDU eran secretas y en que debía mantenerse la confidencialidad de las empresas exportadoras. Decisión que fue recurrida en reposición por Justícia i Pau y que fue confirmada por el Ministerio. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de marzo de 2010 (número de recurso 523/2009), dio la razón al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

  •  LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE ARMAMENTO

El Ministerio de Defensa considera que el sector industrial de defensa y seguridad es un elemento que contribuye a la aplicación de la política de defensa. Según la Revisión Estratégica de la Defensa, la política de defensa requiere un soporte tecnológico e industrial adecuado. Por eso, el Ministerio de Defensa apoya a la industria de defensa. Gracias a este apoyo, se entiende que «se facilitará el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, y España podrá contribuir eficazmente al desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa y a la cooperación transatlántica en esta materia». El apoyo ministerial se lleva a cabo a través de tres vías: 1) la institucional, que consiste en facilitar la integración de las empresas españolas en el mercado internacional mediante acuerdos gubernamentales con otros países; 2) la cooperación industrial realizada al amparo de programas de adquisición de armamento y equipo extranjeros; y 3) el apoyo a las exportaciones. En el mismo sentido, la Directiva de Defensa Nacional, de julio de 2012, señala como uno de sus objetivos el apoyo a la internacionalización de la industria de defensa.

El apoyo institucional a la exportación de armamento se considera como parte de la política de armamento y material. Las exportaciones permiten recuperar los costes que suponen los programas de desarrollo de armamento. Por otra parte, según la industria armamentística, las exportaciones son básicas para su mantenimiento. El porcentaje de producción que se exporta oscila entre el 20 y el 30% según los años.

El Ministerio de Defensa lleva años impulsando una política de fomento de las exportaciones de material de defensa. Esta política se concreta en la búsqueda de mercados y el apoyo a la presencia exterior de la industria militar, la firma de protocolos de cooperación con distintos Estados, el establecimiento de contactos y la negociación de los contratos, la representación de los intereses de la industria en distintos foros y reuniones, e, incluso, en el aseguramiento de las operaciones de exportación en caso de que se produzca un impago.

La política de apoyo a la industria armamentista: documentos y declaraciones

«Las adquisiciones de equipo militar tienden a realizarse entre gobiernos, que son actores tan importantes como las propias empresas suministradoras. Por otro lado, los países adquirentes de armas exigen el apoyo de las Fuerzas Armadas usuarias de dichos sistemas para su propia capacitación en el empleo de los mismos y para su mantenimiento durante el ciclo de vida. Bajo estas premisas, únicamente el apoyo del Ministerio de Defensa puede permitir el mantenimiento a largo plazo de la presencia en el exterior de nuestras empresas».
Revisión Estratégica de la Defensa, (2002), págs. 299-300 (negrita original).
«Por fin, la defensa de España exige el impulso de la industria nacional del sector, suministrador idóneo de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. En los tiempos actuales, la permanencia y desarrollo de la misma hace precisa la asistencia a esta en su presencia internacional, especialmente en la penetración en mercados que por su especificidad observan garantías mayores con el respaldo de Estado a Estado» Directiva de Defensa Nacional, julio de 2012 (apartado 4.5, cursiva no original).
«la transferencia y venta de material y servicios de defensa a otros países para el equipamiento de sus Fuerzas Armadas, constituye una forma de colaboración entre Ministerios de Defensa, manifestándose, además, como una herramienta coadyuvante a nuestra política industrial de defensa que puede repercutir de forma beneficiosa en la industria nacional y en las propias Fuerzas Armadas»
Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Defensa y la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S. A. (ISDEFE) para la realización de actividades y trabajos de asistencia y apoyo en el desarrollo de la política de armamento y material de defensa en el ámbito internacional (de 24 de julio de 2009; BOD de 6 de agosto de 2009).
[El apoyo del Ministerio de Defensa a la industria española de armamento se concreta] «En la exportación. Y ahí el apoyo del Gobierno es extremadamente relevante. Hemos iniciado un esfuerzo muy intenso para apoyar y abrir mercados para nuestra industria por el mundo, incluso en áreas en las que no estábamos situados.»
Constantino Méndez, Secretario de Estado de Defensa, entrevista en la Revista Española de Defensa, no 272 (abril 2011), pág. 22.
«debemos explorar nuevas áreas de colaboración con las industrias de defensa, sector estratégico para los intereses nacionales, tanto desde un punto de vista económico como tecnológico, como desde el punto de vista intrínseco y específico de la defensa. En consecuencia, daremos un apoyo institucional a la industria y a su necesaria internacionalización. [...] Es evidente que en la actual coyuntura hemos de pasar a un modelo de exportación. Nuestra industria, en una situación como la que estamos viviendo, no puede mantenerse solo con la expectativa de tener un cliente cautivo que sea la defensa nacional.»
Pedro Morenés Eulate, Ministro de Defensa, comparecencia en la Comisión de Defensa, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Defensa, X Legislatura, núm. 28, 26 de enero de 2012, pág. 7 (cursiva no original).

Esta política de apoyo a la exportación es puesta en práctica a través de una organización de cierta complejidad, formada por dos tipos de unidades administrativas: la Oficina de Apoyo Exterior y las Agregadurías de Defensa; y por tres empresas de titularidad pública: DEFEX S.A., Compañía Española de Créditos a la Exportación, S. A., e ISDEFE.

La Oficina de Apoyo Exterior, creada en 1993, se encuadra en la Subdirección General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Su objetivo es «favorecer a las empresas españolas de defensa en su esfuerzo exportador, mediante la obtención y difusión de información y selección de países que por sus expectativas pudieran tener interés para aquéllas». La Oficina colabora habitualmente con las Agregadurías de Defensa, tanto facilitándoles información, como obteniéndola de ellas.

Las Agregadurías de Defensa forman parte de las Misiones Diplomáticas de España. Dependen de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, en concreto del Director General de Política de Defensa. Entre las funciones atribuidas a las Agregadurías no se señala expresamente fomentar las exportaciones de armamento. En la práctica sí se dedican a esta tarea. Actualmente, existen Agregadurías de Defen- sa en 37 misiones diplomáticas y oficinas consulares de España en el exterior que, gra- cias a acreditaciones múltiples, extienden su presencia a 82 países. En África, existen Agregadurías de Defensa en Argelia, Egipto, Marruecos, Mauritania, y Túnez.

La empresa pública DEFEX S.A. fue creada en 1972, con el fin de fomentar la exporta- ción de las empresas españolas de defensa. Su labor principal es representar a las empresas españolas dedicadas a la fabricación de armas y productos para la defensa, con el fin de comercializar sus actividades y facilitar la exportación de sus productos68. Poca es la información que conocemos de esta empresa. Según datos de 1989, DEFEX tenía oficinas en Lagos, Nigeria. La «Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima, Cía. de Seguros y Reaseguros» (CESCE) es una sociedad pública en cuyo capital tiene participación mayoritaria el Estado español. También forman parte de su accionariado los principales bancos y aseguradoras del país. Su objeto social es asegurar a las em- presas de los riesgos de impago derivados de las ventas de sus productos y servicios tanto en el mercado interior como en el exterior. Aunque su actuación es confidencial en materia de seguros, se ha podido documentar la participación de CESCE en operaciones de exportación de armamento y material de doble uso a Ecuador.
«Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S. A.» (ISDEFE) es una sociedad pública de capital íntegramente estatal dependiente del Ministerio de Defensa y presidida por el Secretario de Estado de Defensa. Dentro de ella, la Consultoría Internacional de Defensa y Seguridad (CIDyS) es la encargada de prestar el apoyo institucional a la industria militar. Entre los objetivos se encuentran: el «Apoyo al fomento de la proyección internacional de la Industria de Defensa de España y en particular, ampliar el mercado exterior de nuestros productos y servicios de defensa» y el «Apoyo al establecimiento y mejora de las relaciones industriales y tecnológicas con los potenciales clientes de material de defensa». La Consultoría Internacional de Defensa y Seguridad de Isdefe se ha convertido en el principal instrumento del apoyo institucional a las exportaciones de armamento. Según el Secretario de Estado de Defensa, CIDyS es «un primer paso hacia la especialización de una actividad esencial en el conjunto del sistema, que es la actividad de apoyo institucional a la exportación».


El Ministerio de Defensa actúa como agente comercial de las empresas de armamento: la negociación de la venta de tanques Leopard a Arabia Saudí

En octubre de 2010, el diario El País (25/10/2010) informó que España estaba negociando la venta de carros de combate Leopard a Arabia Saudí. La operación incluiría entre 200 y 270 tanques y podría superar los 3.000 millones de euros, lo que la convertiría en la mayor exportación de armamento de la historia espa- ñola. Los Leopard son producidos en España por la empresa privada General Dynamics–Santa Bárbara Sistemas. La noticia aportaba pocos datos sobre cómo se había llevado a cabo la negociación, salvo que comenzó en mayo de 2008, a partir de una visita del Rey Juan Carlos a dicho país. También se señalaba que militares saudíes ya habían examinado el funcionamiento del Leopard en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.

En marzo de 2011, elEconomista.es (28/3/2011), hizo referencia a que se habían producido contactos entre personal del Ministerio de Defensa y el ejército de Arabia Saudí para desbloquear la negociación de la venta de los tanques Leopard. Se señalaba que la empresa pública Isdefe estaría liderando las conversa- ciones y que si la operación llegara a cerrarse, la empresa Santa Bárbara Sistemas buscaría como socios a Indra, Amper, Tecnobit, Navantia o Sapa.

A principios de abril de 2011 (Infodefensa.com 8/4/2011), el Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa viajó a Arabia Saudí para continuar avanzando en las negociaciones de la venta de los carros de combate Leopard. Fue acompañado por asesores de la empresa pública Isdefe, empresa encargada de los contactos día a día del posible contrato, y por algunos representantes de las empresas españolas.

En julio de 2011, según Infodefensa.com (5/7/2011), el Consejo Federal de Seguridad de Alemania autorizó la venta de más de 200 carros de combate Leopard 2A7+ a Arabia Saudí. Parece, por tanto, que el gobierno alemán también está negociando con Arabia Saudí la venta de tanques Leopard (véase Infodefensa.com 15/02/2002).


Asociación Pro Derechos Humanos de España  (APDHA)

Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra

Artículo 13. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.

La atrocidad de las condiciones en que ha sido asesinado Muammar el Gadafi, que se desprende de las imágenes transmitidas por sus ejecutores, contrasta con las declaraciones de los dirigentes de los países europeos implicados en la intervención militar en Libia que han reaccionado con entusiasmo al “fin del conflicto” que, según ellos, supone la muerte anunciada del ex-dirigente libio.

Alain Juppé, ministro de exteriores francés ha saludado el fin de la tiranía en Libia. El primer ministro británico por su parte ha explicado a la prensa que “el día de ayer (fecha del asesinato) fue una victoria para los británicos”. El presidente italiano hasta llegó a dedicarle al asesinato una loa en latín: “Sic transit gloria mundi”. Sólo la ministra de exteriores española rebajó esta alegría incontenida suavizando el lenguaje (“la confirmación del fallecimiento de Gadafi y de algunos de sus colaboradores más estrechos”, decía en su declaración oficial “supone el punto y final de un periodo triste, muy triste, para el pueblo libio”).

Sin embargo el asesinato de Gadafi es sobre todo y ante todo una derrota del Derecho Internacional.

El asesinato jamás está justificado, y en las circunstancias que se ha producido supone además una violación clara de la Cuarta Convención de Ginebra que expresamente prohíbe “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” de “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa” así como “las ejecuciones sin previo juicio”.

Imagen de previsualización de YouTube

Al horror del linchamiento del dirigente libio, de sus familiares y leales que lo acompañaban, se une la banalización con la que estos crímenes están siendo tratados en los medios de comunicación y las instituciones internacionales, y aparentemente aceptados por la opinión pública.

El portavoz de la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, ha pedido una investigación tras comentar la existencia de varias versiones todas ellas contradictorias entre sí y los vídeos difundidos que muestran a Gadafi herido y maltratado por aquellos que acababan de capturarlo y el que mostraba su cadáver, juzgándolos “muy inquietantes”. Entre sus atribuciones está el de nombrar una comisión investigadora aunque de momento no ha precisado quienes debieran llevar a cabo la investigación, limitándose a aconsejarla.

La violencia generalizada con los presos, la tortura y las ejecuciones sumarias plantean también serias dudas sobre la evolución política del nuevo régimen implantado en Libia con el apoyo de las grandes potencias, y de las que no cabe esperar, al menos de las que han participado activamente en los bombardeos, y acciones encubiertas, la denuncia de las violaciones de las Convenciones de Ginebra que se están produciendo y la exigencia de su cumplimiento.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía profundamente preocupada hace un llamamiento al gobierno español, a la Junta de Andalucía, y a la Cruz Roja Internacional, todas ellas instituciones que deben velar por el cumplimiento de la IV Convención de Ginebra, para denunciar en la ONU las violaciones de la misma y denunciar así mismo los graves atentados al Derecho Internacional que suponen las ejecuciones sumarías perpetradas en la guerra de Libia.

Y llamamos principalmente a la población española, y andaluza en particular, a defender ante las instituciones, y ante nuestras propias conciencias, la necesidad del cumplimiento de los preceptos de Derecho Internacional, tan duramente conquistados en las dramáticas circunstancias en las que se pusieron sus bases el siglo pasado, para no volver al imperio de la ley de la selva en las relaciones internacionales en este nuevo siglo; a rechazar los intentos de desmontar en nuestras mentes estas adquisiciones históricas; a rechazar la banalización de los crímenes de guerra y contra la humanidad por efecto de su repetición y tratamiento trivial desde los medios de comunicación e instituciones oficiales. Llamamos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana.


Toma la palabra (ACNUR/UNHCR)

Testimonio de un superviviente al naufragio de un barco que partió de Libia

©ACNUR/H.Caux Los tres amigos etíopes que sobrevivieron a la deriva más de dos semanas en el Mediterráneo pasean por Choucha Camp.


Uno de los nueve supervivientes al naufragio del barco que partió de Trípoli con 72 personas a bordo explicó al personal de ACNUR las dos angustiosas semanas que permanecieron a la deriva.

GINEBRA, Suiza, 13 de mayo (ACNUR/UNHCR) – Ayer por la mañana un equipo de ACNUR se reunió con tres etíopes de la etnia oromo que explicaron que se encontraban entre los únicos nueve supervivientes del naufragio de un barco en el que viajaban 72 personas y que había partido de Trípoli el pasado 25 de marzo.

Uno de ellos dijo al personal de ACNUR que el barco de 12 metros de eslora en el que se dirigían a Europa estaba tan lleno que apenas tenían sitio ni para estar de pie. El barco se quedó sin combustible, ni agua ni comida y estuvo a la deriva durante más de dos semanas hasta que finalmente arribó a una playa en Libia.

El refugiado declaró que barcos militares habían pasado dos veces cerca de su embarcación sin que llegaran a detenerse, y que un helicóptero militar les había lanzado comida y agua potable durante la travesía. El primer barco rechazó su petición de subirlos a bordo. El segundo buque sólo les hizo fotografías, relató el superviviente, quien no había logrado identificar el pabellón de estos barcos.

El personal de ACNUR se reunió con los tres supervivientes en el campo de Choucha en Túnez. Uno hablaba árabe, mientras que los otros dos hablaban en oromo. ACNUR entrevistó al hombre que hablaba árabe, quien dijo que habían pagado a los traficantes 800 dólares por el viaje y que los propios pasajeros habían tenido que gobernar el barco.

Según el refugiado, cuando el agua se agotó la gente comenzó a beber el agua del mar y hasta su propia orina. Comían pasta de dientes. Los pasajeros iban muriendo uno tras otro. Según su testimonio, los supervivientes esperaban uno o dos días antes de lanzar los cuerpos al mar. Había 20 mujeres y 2 niños pequeños a bordo. Una mujer que tenía un niño de dos años murió tres días antes que su hijo. El refugiado nos describió la angustia del niño tras la muerte de su madre.

Después de llegar a una playa cerca de Zliten, entre Trípoli y la frontera con Túnez, una mujer murió de agotamiento en la playa. Los diez hombres restantes caminaron hacia la ciudad de Zliten, donde fueron arrestados por la policía libia. Fueron llevados al hospital y posteriormente trasladados a prisión, donde recibieron agua, leche y dátiles. Dos días más tarde murió otro de los supervivientes.

Después de rogar al personal de la cárcel que volvieran a trasladar a los restantes supervivientes al hospital, fueron conducidos a un hospital en la ciudad de Al- Khums. Los médicos y las enfermeras les habrían proporcionado agua y les habrían dejado marchar. Fueron encarcelados de nuevo y más tarde trasladados a la prisión de Twesha, cerca de Trípoli. Finalmente, algunos amigos etíopes en Trípoli pagaron 900 dólares por la liberación de estos hombres. En este momento, ACNUR les está proporcionando asistencia en Túnez.


Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en la rueda de prensa (CPI)

Ayer 16 de mayo, el Fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo pidió a los jueces del Tribunal que ordenaran órdenes de arresto contra Muammar Abu Minya Gadafi, Saif Al Islam Gadafi y el jefe de la Inteligencia Abdullah Al Sanousi de los crímenes de guerra contra la humanidad cometidos en Libia en febrero de 2011.

La Oficina encontró claras pruebas de que las órdenes fueron dadas por el mismo Gadafi, de que Al Islam organizó el reclutamiento de los mercenarios y de la participación de Al Sanousi en los ataques contra los manifestantes. La oficina también ha documentado cómo los tres mantuvieron reuniones para planear las operaciones.

Las pruebas muestran que los civiles fueron atacados en sus hogares, que los manifestantes fueron represaliados con munición real, y que fue utilizada artillería pesada contra los partipantes en los funerales y francotiradores a las afueras de las mezquitas para asesinarles después del rezo.

Las pruebas muestran que la persecución continúa en las áreas bajo control de Gaddafi. Las fuerzas de Gadafi preparan listas con los nombres de los acusados de disidencia. Son arrestados, encarcelados en Trípoli, torturados y desaparecidos. “No hay  sólo crímenes contra los libios, son crímenes contra la misma humanidad”, declaró el Fiscal.

Éste es el primer caso en Libia. La Oficina investigará las denuncias de violaciones masivas, crímenes de guerra cometidos por diferentes partes durante el conflicto armado que empezó a finales de febrero, y ataques contra los africanos subsaharianos erróneamente percibidos como mercenarios. “No habrá impunidad para estos crímenes de Libia”, declaró el fiscal.

Los jueces de la Corte Penal Internacional decidirán ahora si aceptar la petición del fiscal, rechazarla o pedir a la oficina del fiscal más pruebas. El fiscal no ha pedido la intervención de fuerzas internacionales para efectuar las órdenes de arresto. Será la Corte quien deberá decidir el asunto y como los tres acusados permanecen en Libia, las autoridades libias tienen la responsabilidad de efectuar la orden de captura en primer lugar. Cuando pase el tiempo, las órdenes de arresto deberían efectuarse de la forma más efectiva para proteger a los civiles que están sometidos a los ataques.

La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente y permanente que investiga y persigue a personas acusadas de los crímenes internacionales más graves, véase, genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra.


Por MSF (Médicos Sin Fronteras)
Italia: miles de personas que huyen de la violencia en el norte de África se encuentran en condiciones inaceptables

Lampedusa ©Mattia_Insolera

MSF urge al Gobierno italiano a que tome medidas y asuma su responsabilidad con los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que están llegando a la isla de Lampedusa, muchos de ellos procedentes de Libia.

Lampedusa, Mayo de 2011. La organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) pide una vez más a las autoridades italianas que mejoren drásticamente y de manera urgente las condiciones de acogida de los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a sus costas, especialmente las de las mujeres, niños, las de los menores no acompañados y las de aquellas personas que han sido víctimas de la violencia.

Lampedusa ©Mattia_Insolera

Durante  la pasada semana, 15 embarcaciones en las que viajaban 2.665 refugiados, solicitantes de asilo y migrantes llegaron hasta las costas italianas, mientras que 715 personas más fueron rescatadas en alta mar. Alrededor del 75% de dichas embarcaciones transportaban a gente que huía del conflicto armado en Libia, y aún así, lo único con lo que se han encontrado estas personas, es con una respuesta totalmente inadecuada por parte de las autoridades italianas, lo que sólo sirve para agravar aún más su sufrimiento.

”A pesar de que saben de antemano que en verano aumenta siempre el número de embarcaciones que llega hasta las costas, y a pesar de que también tenían conocimiento de que la guerra en Libia inevitablemente obligaría a huir a miles de personas, las autoridades italianas siguen respondiendo de una forma puntual y totalmente inadecuada a sus necesidades”, explica Rolando Magnano, coordinador general de MSF en Italia. ”De hecho, este fin de semana las autoridades no tenían ni ropa seca ni agua para ofrecer a todas aquellas personas que llegaban en estado de shock y con hipotermia. Cientos de personas se han visto obligadas a dormir al raso, mientras que otros muchos eran confinados a unos centros de detención que están abarrotados y donde tienen que dormir sobre colchones sucios. Allí ni siquiera tienen suficientes toallas, mantas o jabón. Es algo completamente inaceptable”.

Las personas que han llegado  hasta las costas italianas se suman a las más de 27.000 que lo habían hecho desde que empezara 2011. Una gran parte de ellas se han visto obligadas a emprender la peligrosa travesía como resultado de los levantamientos y de la violencia que asola desde diciembre de 2010 a los países árabes del norte de África. Y si bien la mayoría de quienes llegaron a principios de año provenían de Túnez, en los últimos meses el número de llegadas procedentes de Libia ha ido aumentando paulatinamente. La mayoría de las personas que huyen de Libia son ciudadanos etíopes, somalíes y eritreos que en su día ya habían tenido que escapar de la violencia en sus países de origen, y que en la mayoría de los casos han sufrido también las inhumanas y violentas condiciones de los centros de detención en Libia.

Lampedusa ©Mattia_Insolera

”Aquéllos que llegan de Libia relatan las amenazas y la violencia que han experimentado en los últimos meses. Han sido víctimas de disparos o palizas y son muchos quienes dicen haber visto a sus amigos o familiares morir ante sus propios ojos”, añade Rolando Magnano. ”Nos han contado las terribles condiciones que existen en los centros de detención de Libia, donde habría hasta 65 personas compartiendo una misma habitación, y donde pueden estar hasta un mes sin recibir agua y bebiendo la del váter. Son muchos los que han visto perecer ahogados a sus familiares durante la travesía por mar rumbo a Italia, y cuando llegan hasta aquí, en lugar de encontrar alivio a su situación, comprueban cómo aumentan su sufrimiento, su depresión y su ansiedad”.

La semana pasada había 1.200 migrantes hacinados en el centro de socorro y primera acogida de Lampedusa, cuya capacidad es de sólo 800 personas. Generalmente, tras pasar unos días en la isla, migrantes y refugiados son trasladados a nuevos centros de recepción repartidos por toda Italia, tales como los de Kinisia, Manduria, Catalanissetta y Mineo. Según las leyes europeas, Italia tiene el deber de proporcionar un tratamiento prioritario y adaptado a sus necesidades a todos los solicitantes de asilo que han experimentado situaciones de violencia (lo que incluye facilitarles atención médica y apoyo de salud mental). Sin embargo, las medidas que se han tomado hasta ahora por parte de las autoridades italianas han sido totalmente insuficientes.

Lampedusa ©Mattia_Insolera

Hombres y mujeres no están debidamente separados y las personas reciben muy poca información sobre sus derechos y sobre los procedimientos legales. A esto hay que añadirle el hecho que los niños y menores no acompañados son confinados a centros que se asimilan mucho a las cárceles, lo que contraviene los derechos de la infancia. Las evaluaciones iniciales de salud mental realizadas por MSF en los centros de acogida subrayan el riesgo generalizado de depresión, ansiedad y desesperación, derivadas en parte del hecho de vivir en unas condiciones inaceptables. “Aquí hay mujeres que dicen tener miedo de dormirse, de cambiarse de ropa o incluso de ir al lavabo porque no las han separado de los hombres”, explica Magnano.

”Mientras en Europa continúan las discusiones políticas sobre el futuro de los migrantes y los refugiados, siguen llegando embarcaciones a las costas italianas y miles de personas siguen sufriendo innecesariamente. Italia tiene que actuar urgentemente, asumir su responsabilidad y asegurar unas condiciones de acogida adecuadas y dignas a quienes siguen llegando a sus costas presas de la desesperación”, concluye Loris De Philippi, Director de Operaciones de MSF.

␣- El 3 de mayo, MSF publicó el documento informativo ”Buscando Refugio. Encontrando Sufrimiento” (”Seeking Refuge, Finding Suffering”) que documenta las inaceptables condiciones a las que se enfrentan actualmente los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en Italia. El documento incluye los relatos de quienes han logrado llegar a las costas italianas y sus testimonios sobre las atroces condiciones de las que han tenido que escapar en el norte de África.

␣- MSF empezó a proporcionar atención médica y apoyo de salud mental a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Italia en 1999, en respuesta a la crisis de Kosovo. De 2002 a 2009, MSF trabajó en Lampedusa y Sicilia, puntos a los frecuentemente llegan los migrantes.

- Desde febrero de 2011, MSF se ha ocupado de clasificar a los pacientes en el puerto militar y de hacer su seguimiento médico en los centros de acogida de la isla de Lampedusa. Durante este tiempo, sus equipos han llevado a cabo casi 800 consultas médicas en la isla y han distribuido más de 2.500 kits de higiene y 4.500 mantas.


Mercé Rivas Torres

Periodista y escritora

Desde que comenzaron las protestas en el norte de África en diciembre del año pasado, no ha habido peticiones de asilo y refugio en España, hasta el momento. Es sólo un dato, pero bastante significativo y lógico al mismo tiempo.

Significativo porque indica que no va a haber una avalancha de ciudadanos que vayan a salir de los países en conflicto de forma masiva, por lo menos de momento  y lógico porque la mayoría de refugiados, entendiendo que son personas que han salido de su país  por razones políticas, religiosas o ideológicas, suelen quedarse en los países vecinos al suyo. Siempre existe la esperanza de que las circunstancias cambien y poder volver a corto plazo. Naciones Unidas calcula que  sólo el seis por ciento llega al primer mundo.

De Libia han salido por tierra  más de trescientas mil personas, la mayoría  inmigrantes del África subsahariana, Pakistán, Bangladesh, así como de  Túnez o Egipto. Todos ellos  habían acudido a Libia a trabajar en la industria petrolera. Una vez instaurada la paz, volverán sin duda. Pero estos individuos no son refugiados, a pesar de que en numerosos medios de comunicación así se les denomina.

Hasta el momento, lo más espectacular para los que quieren sacarle rédito político a la situación, son las barcazas repletas de subsaharianos en primer lugar y  tunecinos o libios en segundo, que están llegando a la isla de Lampedusa en Italia.

Se trata de ciudadanos tunecinos y libios, la mayoría hombres jóvenes, que han decidido embarcarse hacia el primer mundo y que huyen por la falta de oportunidades, de subsaharianos que huyen de conflictos o pobreza en sus países de origen pero que llevaban tiempo atascados en Libia.  No deberíamos olvidar  la frase de Gadafi, una vez iniciado el conflicto, amenazando con barcazas “llenas de  negros” con destino a los países europeos del Mediterráneo. Está cumpliendo su promesa.

De todas formas, este hecho tampoco es una novedad ya que hace  mucho tiempo que ese flujo migratorio se está desarrollando y jamás ha llegado a niveles preocupantes,  pero sólo cuando conviene, algunos políticos populistas y xenófobos lo intentan utilizar como espantapájaros electoral.
Berlusconi, que ahora se rasga las vestiduras por la llegada de estas barcazas, no había abierto la boca mientras estaban en vigor  los acuerdos que había firmado no sólo con Túnez, sino también con su amigo Gadafi, gracias a los cuales cada inmigrante que llegaba a Lampedusa era devuelto  a un módico precio o a cambio de suculentos negocios, tal como denunciaron en su día Amnistía Internacional o Naciones Unidas. Recordemos que las exportaciones de armas de Italia a Libia crecieron espectacularmente en los últimos  seis años.

Todavía es pronto para adelantar qué pasará en las próximas semanas o meses  pero es muy posible que los movimientos migratorios aumenten de forma moderada y ese es el momento de demostrar la talla moral de Europa. No se trata  sólo de un problema de solidaridad sino de decencia y dignidad.

Los europeos, que tanto nos ha costado reaccionar ante las matanzas de Gadafi,  pero que tanto hemos aplaudido desde la derecha a la izquierda las demandas de democratización de los países del norte de África y de Oriente Medio, tendremos que ser consecuentes y apostar por una política de cuotas a la hora de dar una salida a esos inmigrantes.

Las cuotas son un mecanismo solidario para distribuir responsabilidades entre los diferentes Estados y no dejar todo el problema en manos del primer país de acogida.

Ya con los más de 300 mil refugiados de Kosovo se practicó esta política y no fue ningún trauma. Todos los países europeos cumplieron su parte. No podemos estar impulsando cambios en casa del vecino de forma verbal para después no echarle una mano cuando su techo se hunde.
Y ahora mientras todo el foco informativo está centrado en el Norte de África y Oriente Medio, podemos comenzar a reflexionar y a informar sobre lo que está pasando en Costa de Marfil, donde cientos de miles de desplazados viven una situación humanitaria escandalosa, porque no abandona su tierra quien quiere, sino quien desesperadamente no tiene otra salida.


Médicos Sin Fronteras

El interior del barco con los heridos de Médicos Sin Fronteras (© Aurelie Lachant/MSF)

La organización internacional médico humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) evacuó ayer domingo a 71 heridos de guerra en un barco que zarpó desde Misrata (Libia), ciudad en la que todos los hospitales están desbordados debido al incremento de la violencia durante estos últimos días. “El domingo por la tarde, y a pesar de los intensos combates que se están produciendo en la ciudad, logramos atracar en Misrata”, explica Helmy Mekaoui, uno de los médicos de MSF, que ha coordinado la evacuación médica. “El incremento de la violencia ha provocado que el número de heridos se haya multiplicado, pero afortunadamente logramos estar donde hacía falta y pudimos lograr que estas 71 personas subieran a bordo”.

Entre los pacientes evacuados hay tres personas en situación crítica, 11 personas que sufren de graves traumatismos, y muchos otros con heridas abdominales y fracturas abiertas. A todos ellos, se les ha prestado cuidados médicos  intensivos a bordo mientras el barco navegaba hacia Túnez.

El hospital de Misrata fue bombardeado el domingo por la amñana, lo que ha hecho que las otras clínicas que están aún en funcionamiento se hayan visto aún más saturadas, pues en los últimos días han llegado de multitud de heridos graves y la escasez de suministros comienza a ser desesperadamente crítica.

Con el fin de ayudar a los centros de salud de la ciudad a hacer frente a esta enorme afluencia de heridos de guerra, MSF ha donado al Comité Libio de Salud seis toneladas de material médico de urgencia, entre los que hay 300 kits quirúrgicos para llevar a cabo unas 1.000 operaciones quirúrgicas, así como medicamentos, material de esterilización y fluidos intravenosos.

(Aurelie Lachant/MSF)

El barco que zarpó ayer por la tarde, ha llegado en la madrugada de hoy al puerto de la ciudad de Sfax, en Túnez, donde los pacientes han sido trasladados por las autoridades sanitarias tunecinas a una docena de hospitales en los que ya están recibiendo atención médica urgente. El equipo médico de MSF que ha viajado a bordo del barco estaba compuesto de siete médicos, tres enfermeros y un psicólogo, e incluía a siete médicos de Túnez que se ofrecieron como voluntarios para formar parte de la operación.

“Desde aquí queremos dar las gracias a las autoridades sanitarias y a los médicos de Túnez, así como al personal médico de Misrata, pues pusieron en riesgo sus vidas para que los pacientes recibieran lo antes posible un tratamiento que en este momento resulta imposible ofrecerles en aquella ciudad”, comenta Helmy Mekaoui.

La evacuación se llevó a cabo de manera independiente de todas las partes implicadas en el conflicto, y conforme a los principios de neutralidad e imparcialidad de la organización. Dado que el conflicto continúa en Libia, MSF está ampliando su asistencia a las personas afectadas por la violencia, sin importar sus afiliaciones políticas o religiosas o su origen. La organización está reforzando sus equipos sobre el terreno mediante el envío de suministros médicos adicionales, y facilitando la evacuación de heridos y enfermos. Sin embargo, MSF quiere mostrar también su preocupación por el hecho de que muchos heridos no puedan acceder de manera segura a la atención médica, teniendo incluso que arriesgar sus vidas para llegar a los hospitales.

(Aurelie Lachant/MSF)

MSF reitera su llamamiento a todos las partes enfrentadas para que permitan el acceso a la asistencia médica, sin ningún tipo de condiciones, a todos los libios que se están viendo afectados
por la violencia. MSF también pide que se respete a los servicios médicos, al personal sanitario, y a los vehículos para el transporte de los pacientes.


Jesús A. Núñez Villaverde
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

En contra de lo inicialmente esperado, Muamar al Gadafi no ha sido barrido del escenario político por la oleada de revueltas impulsadas por diferentes actores libios que desean un cambio de régimen. Por el contrario, los datos más recientes apuntan a que, en el terreno militar, no solo ha logrado frenar el empuje de los grupos que se han rebelado contra él, sino que ha recuperado algunas posiciones que parecían ya sólidamente en manos de la oposición y hasta podría terminar por inclinar la balanza a su favor. La grave crisis humanitaria que se ha producido y los crímenes de guerra ya cometidos podrían ser argumentos suficientes para impulsar una intervención internacional que ponga fin a la violencia. Aunque se van acumulando declaraciones en ese sentido y se hacen visibles algunos preparativos militares, nada permite concluir que la comunidad internacional, más allá de la ya aprobada Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, esté en condiciones de implicarse directa y militarmente en la resolución del conflicto. El problema añadido es que, una vez que los más significados actores nacionales e internacionales se han declarado abiertamente en contra de Gadafi, nos encontramos ahora ante una situación que ofrece pocas salidas si finalmente el dictador libio no es derrotado por sus adversarios.


Análisis

Por desgracia, la posibilidad de que en pocas fechas el inefable Muamar el Gadafi pueda aparecer en las pantallas de todo el mundo, proclamando su victoria sobre quienes se han atrevido a retar su liderazgo, aumenta cada día que pasa. En contra de los apresurados pronósticos iniciales -que llevaron a confundir a Libia con Túnez o Egipto, sin querer reparar en la naturaleza intrínsecamente violenta del coronel revolucionario-, Gadafi se ha mostrado decidido a presentar batalla hasta las últimas consecuencias contra sus nuevos enemigos. Tras reponerse del primer impacto provocado por una movilización tan multifacética como atomizada -en la que confluyen ciudadanos ansiosos de respirar libremente con desertores del régimen de última hora, que buscan un nuevo barco que les permita seguir flotando-, Gadafi y sus leales comienzan a sentirse en condiciones de evitar la debacle. Su mera supervivencia política es, sin remisión, una opción indeseable para quienes se han mostrado encantados con su posible eliminación, tanto dentro del país -porque temen, con razón, un castigo insoportable- como fuera -aunque solo sea por las enormes dificultades que supondría recuperar la interlocución con quien ha vuelto a ser tildado de loco o genocida.

Obligados a considerar este tipo de situaciones, conviene determinar dónde está cada uno de los actores implicados en este peligroso juego, considerando de entrada que ninguno de ellos está en disposición de imponer su agenda a los demás. Por una parte, los que se han atrevido a levantarse contra el dictador se caracterizan mucho más por sus carencias que por sus capacidades. En términos políticos apenas han logrado controlar las divergencias internas para constituir finalmente un Consejo Nacional de Transición Interino (CNTI) en el que se han acomodado Mustafa Abdel-Jalil (ex ministro de Justicia), como cabeza visible, Abdel-Hafidh Ghoga (abogado, especialista en derechos humanos), como portavoz, y Omar el Hariri (militar que acompañó a Gadafi en la revolución de 1969 y fue posteriormente encarcelado por enfrentarse a su poder), como jefe del Departamento de Asuntos Militares(1). Militarmente sus activos son el resultado de una desordenada confluencia de milicianos de comités locales de liberación y militares de algunas unidades rebeldes, todos ellos con escaso armamento e instrucción. Aunque las imágenes de ciudadanos libios atentos a las indicaciones de algún instructor en el manejo de armas tratan de transmitir la idea de que el pueblo se suma a la revuelta, una lectura más realista habla de la falta de capacitación técnica de estos combatientes para enfrentarse a las unidades leales a Gadafi.

Por su parte, tres semanas después de haber comenzado la rebelión, Gadafi parece conservar de su lado a las unidades más operativas de unas fuerzas armadas estimadas en unos 75.000 efectivos. Aunque nunca se han distinguido precisamente por su alto nivel de eficacia, cabe destacar que algunas de estas unidades -como la Brigada 32(2)- son comparativamente mejores que las que puedan oponer los rebeldes. No cabe olvidar, además, la existencia de milicias de jóvenes instruidos desde niños en el apoyo al régimen y de una multiplicidad de mercenarios habituales en las filas de Gadafi. Por último, también parece estar bajo su control la práctica totalidad de la fuerza aérea y las unidades acorazadas con mayor poder ofensivo. Todo ello le otorga bazas importantes para resistir el envite que han planteado quienes consideran que sus casi 42 años de poder totalitario han sido más que suficientes.

Ninguno de los dos bandos enfrentados parece estar en condiciones de lograr una victoria definitiva en el campo de batalla. En todo caso, en medio de la incertidumbre que rodea a todo lo que ocurre estos días en el terreno, algunas cosas parecen claras:

-    Hasta ahora no se han registrado enfrentamientos en fuerza, sino únicamente escaramuzas y momentáneas ocupaciones de localidades, aunque el coste para la población civil ya sea intolerable.
-    El país vuelve a mostrar abiertamente sus fracturas internas, recordando que solo la colonización italiana obligó a convivir a los habitantes de la Cirenaica y de la Tripolitania (sin olvidar a la desértica región de Fezzan, al sur). Hoy los rebeldes reclaman a Bengasi como su capital, mientras Gadafi conserva su poder en Trípoli.
-    Ambos bandos son conscientes de que no disponen de los medios necesarios para lanzar una ofensiva que pueda derrotar sin paliativos a su oponente. Además de carecer de las fuerzas combatientes para ello, la franja desértica que separa ambas entidades los disuade de lanzarse a una aventura tan arriesgada, sin bases logísticas sólidas y sin apoyos fiables en el territorio del oponente (actuando como una especie de quinta columna).
-    Una clave no menor de la actual confrontación violenta es la que afecta a las tribus libias, afectas desde hace años al régimen de Gadafi en la medida en que han podido garantizar el disfrute de determinados beneficios, tanto económicos como políticos(3). Su realineamiento depende en gran medida de cálculos muy pragmáticos, en tanto que se inclinarán hacia uno u otro lado según consideren en que bando pueden obtener mejores réditos de su apuesta.
-    Visto así, el escenario más probable es el de una guerra civil más o menos prolongada, en la que cada parte atesora fuerzas suficientes para garantizar su supervivencia y una base económica nada despreciable para sustentar un cierto nivel de poder(4). La posibilidad de una escisión de Libia en dos entidades autónomas no puede ser descartada en modo alguno.
-    Es bastante probable que si esa situación se enquista, Libia -con sus casi 2.000 kilómetros de costa mediterránea y sus fronteras con Túnez, Argelia, Níger, Chad, Sudán y Egipto- termine siendo un foco de amenazas no solo para sus ciudadanos, sino también para el conjunto del área euromediterránea y saheliana.

Mirando al futuro
Llegados a este punto, da la impresión de que la comunidad internacional se ha metido en un túnel en el que no encuentra fácil salida. En un principio -más por considerar que la balanza pronto se inclinaría a favor de los rebeldes que por un prurito ético o por remordimientos de conciencia- apostó explícitamente por la caída de Gadafi. Así se entienden tanto las declaraciones de algunos gobernantes, con Barack Obama a la cabeza, como la unanimidad para aprobar la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, o las manifestaciones de la Corte Penal Internacional sobre la apertura de un expediente de investigación contra el dictador libio y sus secuaces.

Esta aproximación a la crisis libia contaba con que, al igual que había ocurrido con Ben Ali y con Hosni Mubarak, Gadafi ya era cosa del pasado y que sus días, por tanto, estaban contados. Del mismo modo que en su día muchos optaron por cortejar al coronel libio, en una desenfrenada carrera por garantizarse un suministro energético de alta calidad y por participar en los negocios que se derivaban de los ambiciosos planes de modernización anunciados por el régimen, ahora se volvían a repetir juicios similares a los que se emitían cuando, hasta finales de 2003, era identificado como un “proliferador” de armas de destrucción masiva y un promotor de terrorismo internacional.

Por momentos parecía haber una verdadera voluntad por intervenir directamente para acelerar el fin del régimen de Gadafi. La alarma creada por la grave crisis humanitaria y la constatación de unos crímenes de guerra que iban en aumento, procuraban un sustrato que apuntaba a una pronta intervención militar.

La realidad actual (10 de marzo de 2011) apunta, sin embargo, a que hemos llegado a una situación de impasse, conscientes de que lo realizado no es suficiente, de que solo una intervención militar puede tener efectos decisivos y de que, por encima de todo, no existe una voluntad política para implicarse hasta ese punto. El problema central desde la perspectiva internacional es que si no se produce una intervención militar directa existen grandes posibilidades de que Gadafi no solo supere el reto al que se enfrenta, sino de que vuelva a controlar, al menos, una parte importante de Libia. En ese caso, los gobernantes que se han manifestado abiertamente en su contra se convertirán de inmediato en el hazmerreir de sus propias opiniones públicas, criticados como inoperantes para frenar a un dictador al que han cortejado durante tanto tiempo.

Además, es fácil imaginar las dificultades que tendrán esos mismos gobernantes para restablecer las relaciones con ese mismo Gadafi, forzados a volver a tratarlo como un igual, cuando ya se habían convencido (¿fallo de evaluación de los servicios de inteligencia?) de que estaba al borde de la derrota. Por otra parte, nada cuesta imaginar que si Gadafi resiste, muy pronto se encargará de aplastar a quienes durante estas semanas haya identificado como desleales. El panorama que abre, por tanto, la no intervención, abandonando la idea de forzar manu militari que la balanza se incline decisivamente a favor de los rebeldes, supone unos costes innegables en términos de imagen y de defensa de intereses.

Pero, actuar -sobre todo si es activando medios militares- dibuja una perspectiva aún más problemática. En primer lugar, porque la actual Resolución 1970 no da cobertura a esa hipótesis(5). Sería necesario, en consecuencia, lograr la aprobación de una nueva Resolución que, con referencia en este caso al artículo 42 de la Carta de la ONU, permita emplear la fuerza armada contra quienes amenacen la paz y la seguridad en Libia. Visto en perspectiva, puede entenderse que la unanimidad de la 1970 responde al convencimiento generalizado de que a Gadafi le quedaba muy poca capacidad de resistencia frente a sus adversarios y que, por tanto, ninguno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad corría ningún riesgo alineándose con la opinión mayoritaria.

Hoy, por el contrario, la posibilidad de aprobar una nueva Resolución que legitime el uso de la fuerza es una tarea mucho más compleja. Y esto es así no solo porque existen fundadas sospechas de que Rusia y China utilizarían su derecho de veto para impedirlo, sino porque ningún otro de los posibles implicados en esa futurible operación militar tiene realmente deseos de verse atrapado en tal tesitura.

Así podemos pensarlo de Estados Unidos -un país que no importa ni un solo barril de petróleo de Libia-, suficientemente escarmentado de las consecuencias de ejercicios similares en Afganistán e Irak. Sencillamente, Washington no tiene hoy ni la capacidad militar ociosa ni la voluntad política para implicarse en un nuevo frente de batalla de evolución impredecible. La posibilidad de ver a soldados estadounidenses pisando en fuerza suelo libio es, por ahora, nula. No cabe dejarse engañar por el hecho de que Estados Unidos (y algunos otros países) haya movilizado algunos buques de guerra hacia la zona, en un clásico ejercicio de intimidación que obliga a considerar todas las opciones; pero que está dirigida, en el mejor de los casos, a reforzar la imposición del embargo de armas decretado por la Resolución 1970, a realizar alguna tarea humanitaria o al rescate de nacionales que puedan quedar atrapados en la lucha.

Si esto se aplica a Estados Unidos, con mucha mayor razón sirve para el resto de los países occidentales y de organizaciones internacionales (sea la Unión Europea, la Liga Árabe o la Unión Africana). En esencia, ninguno de ellos está en condiciones de asumir, ni en solitario ni en ningún marco multilateral, el liderazgo de una empresa de estas características. Poco importa en estas circunstancias que, ya desde 2005, contemos con el -por otra parte, controvertido- principio de “Responsabilidad de Proteger”, que obliga a la comunidad internacional a actuar cuando un Estado no quiere o no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Si hubiese voluntad política para aplicar sus criterios de activación(6), el caso libio parece uno de los que más claramente se ajustan a este imperativo que, en su origen, respondió a un intento por liberarse de la incomodidad producida por la pasividad con la que la comunidad internacional asistió en su día a atrocidades como las cometidas en los Grandes Lagos, conjurándose para evitar que “nunca más” volviera a pasar lo mismo.

Intervención, sí (pero no militar)

A pesar de las enormes dificultades para poner en marcha una respuesta militar contra Gadafi, la comunidad internacional no puede permanecer ensimismada por más tiempo. Mientras se siguen debatiendo diversas opciones, la violencia está provocando efectos reales contra la población libia y las opciones de Gadafi ganan enteros cada día que pasa. Convencidos, por tanto, de que algo hay que hacer, el abanico de opciones se circunscribe básicamente a:

-    Presentar una nueva propuesta de Resolución (como Francia y Gran Bretaña parecen estar dispuestas a hacer) que incluya la posibilidad de utilizar la fuerza para imponer la paz en Libia. A día de hoy, es muy improbable que esta iniciativa pueda recibir el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, pero podría tener utilidad política, aunque solo sea para obligar a Rusia y China a asumir sus responsabilidades, con la dificultad que tendrán de verse identificados como potencias más preocupadas por cerrar la puerta a cualquier injerencia en asuntos internos (pensando en ellas mismas), que en la suerte que puedan correr los civiles expuestos a la masacre. En todo caso, una de las vías de salida más a mano para ambos países, que se han mostrado explícitamente contrarios a una Resolución de este tipo, es alinearse con los propios dirigentes libios del CNTI, que han rechazado frontalmente una intervención militar foránea.
-    Aumentar el despliegue naval en torno a Libia, con la intención de hacer más creíble el embargo de armas, llevar a cabo alguna actividad humanitaria y asegurar la salida de ese país de ciudadanos de diversas nacionalidades. Así lo han hecho ya, entre otros, los chinos y los británicos, mientras otros países (entre ellos España) parecen inicialmente dispuestos a adoptar medidas similares, aunque no hayan tomado todavía una decisión parecida, a la espera de una nueva Resolución de la ONU que legitime un paso de esas características.
-    Mantener el despliegue de los sistemas aéreos de alerta temprana (AWACS) de la Alianza Atlántica, en su calidad de medios de información de primera mano sobre movimientos de tropas en el territorio libio, tanto aéreos como terrestres.
-    Atender las necesidades humanitarias de las personas que logren salir de Libia por las fronteras tunecina y egipcia, y mantener el puente aéreo que permita devolverlas a sus lugares de origen. La opción de abrir corredores humanitarios en el interior de Libia es muy improbable, porque en términos formales supone una violación de la soberanía nacional en un contexto que exigiría la voluntad firme de utilizar la fuerza si fuera necesario para imponer su apertura.
-    Entregar armas a los rebeldes, así como asesoramiento e instrucción militar de sus efectivos. Esta es una medida mucho más delicada, tanto porque vulnera la propia Resolución 1970 como porque equivale a tomar partido de manera inocultable por uno de los bandos enfrentados, sin garantía alguna sobre el destino final de las armas que pudieran suministrarse. El problema se agudiza si, finalmente, ese bando fuera derrotado, por las represalias que en su caso podría tomar el bando vencedor sobre los suministradores de tales armas(7).
-    Aplicar una zona de exclusión aérea en todo el espacio aéreo libio. Esta medida no está contemplada en la Resolución 1970, por lo que su posible aplicación queda supeditada a la aprobación de una nueva (con los problemas ya señalados anteriormente). Para ser mínimamente efectiva, debería impedir que tanto los aviones como los helicópteros pudieran moverse libremente por el espacio aéreo libio, lo que exige un esfuerzo sostenido y con un despliegue de medios que obligaría a contar no solo con la fuerza aérea embarcada en los buques actualmente desplegados frente a las costas libias, sino también con otros localizados en distintas bases áreas en territorio europeo(8).
Desde una perspectiva militar el establecimiento de una zona de esta naturaleza obliga, como mínimo, a realizar operaciones de fuerza (bombardeos aéreos y artilleros y, en su caso, operaciones terrestres a cargo de unidades especiales) para desmantelar las defensas antiaéreas del adversario contando, además, con algún tipo de colaboración de los Estados árabes vecinos. Se incluye aquí no solamente la artillería antiaérea que pueda desplegar Gadafi, sino también los centros de mando y control y los sistemas de radar que complementan toda defensa contra este tipo de ataques. Dicho de otro modo, implica asumir un alto riesgo tanto de que se produzcan bajas propias como de provocar daños a la población civil si, como podría sospecharse, Gadafi trata de salvaguardar su capacidad defensiva desplegándola en centros urbanos, utilizando a la población como escudo.
Un cálculo frío sobre una medida como esta puede determinar que, en términos prácticos, el riesgo que se asume no se corresponda con los resultados que previsiblemente se alcanzarían. En definitiva, como ya aprendimos con la aplicación de una medida similar contra las fuerzas iraquíes leales a Saddam Husein durante los años 90 del pasado siglo, aunque Gadafi no pudiera utilizar sus medios aéreos, todavía podría conservar una alta capacidad terrestre para provocar un daño insoportable tanto para la población civil como para quienes se hayan rebelado contra él.
-    Lanzar una operación terrestre que se sume a la desarrollada por los rebeldes, con el fin último de derrotar a las fuerza leales a Gadafi y provocar su caída. Probablemente esta sería, stricto sensu, la medida militar más efectiva para poner fin al régimen de la jamahiriya libia, dado que la previsible superioridad tecnológica y operativa de las fuerzas atacantes les permitiría imponerse a las unidades leales a Gadafi sin grandes contratiempos.
En todo caso, es una opción legal y políticamente impensable hoy. Una vez más, sería necesario contar con el respaldo de una nueva Resolución de la ONU y tendría que activar una voluntad política actualmente inexistente entre los países que deberían aportar sus medios para embarcarse en una operación convencional que, para asegurar su éxito, implicaría un considerable despliegue de medios aeronavales y terrestres.

Conclusiones
Los libios, al igual que el resto de la ciudadanía árabe, están mostrando su firme voluntad por derribar a un régimen que no les permite gozar de unas condiciones de vida digna, en un marco que asegure el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. De momento lo están haciendo con sus propias fuerzas y, en contra de las primeras evaluaciones sobre la situación en el terreno, no parece que estén cerca de lograr sus objetivos contra un dictador que retiene una considerable capacidad para doblegar a quienes se le oponen.

En esas condiciones, la comunidad internacional se debate, una vez más, entre optar por la defensa de los valores y principios que definen a las sociedades abiertas, procurando que también sean de aplicación en un país como Libia, o aferrarse a su tradicional defensa de la estabilidad a toda costa, aunque eso haya supuesto durante décadas el apoyo a gobernantes manifiestamente mejorables en todos los terrenos. En esta ocasión, el primer impulso ha sido de abierta condena a Gadafi, considerando que había llegado al fin de su periplo político. Así hay que entender tanto las declaraciones favorables al movimiento rebelde y a los nuevos líderes del Consejo Nacional de Transición Interino, como la aprobación de la Resolución 1970.

En todo caso, una vez que ese primer impulso ha desembocado en una situación en la que Gadafi parece haber recuperado un notable margen de maniobra contra sus oponentes, vuelven a ponerse de manifiesto las dificultades para asumir un mayor nivel de implicación en la resolución del conflicto libio, apostando tanto por la protección de la castigada población civil como por los que aspiran a iniciar una nueva etapa política en Libia. Cuando ya se ha mostrado insuficiente el esfuerzo realizado hasta ahora, y cuando se percibe que los rebeldes no están en condiciones de doblegar finalmente la resistencia del líder de la jamahiriya, parece llegado el momento de plantearse nuevas opciones, que incluyan (tal vez) la intervención militar.

A luz de los factores analizados en las páginas precedentes parece claro que no existe hoy la voluntad política necesaria para poner en marcha una intervención militar que permita asegurar la exclusión aérea del espacio libio, y mucho menos una operación militar terrestre. Obligados a hacer algo más -tanto por la presión de sus respectivas opiniones públicas como por la inquietud que genera la posibilidad de volver a encontrarse mañana con Gadafi como renacida máxima autoridad de Libia- se aceleran los movimientos diplomáticos en diversas instancias.

La ONU apunta a una propuesta franco-británica para impulsar una nueva Resolución más exigente (que incluya el uso de la fuerza para obligar a su cumplimiento); aunque todo indica que no conseguirá la aprobación del Consejo de Seguridad. La Unión Europea convoca un Consejo Europeo extraordinario, aunque se entiende que estará más centrado en impulsar un nuevo esquema de relaciones con los países del sur del Mediterráneo -con la denominación provisional de Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida-, con aportaciones de fondos condicionados a los avances en términos de democracia y derechos humanos. La OTAN se reúne, asimismo, para debatir las medidas a tomar, contando con que si no se aprueba una nueva Resolución se verá ante la misma disyuntiva que se le planteó en su día, ante la falta de respaldo legal para lanzar la campaña de bombardeos aéreos contra el genocida serbio Slobodan Milosevic. No parece previsible que la Alianza Atlántica vaya a asumir la conducción de una nueva operación militar en esas condiciones.

Mientras tanto, los libios de ambos bandos siguen enfrentados. Desde fuera, la opinión dominante sigue siendo que lo que ocurre en Libia no es, a fin de cuentas, una amenaza directa ni contra la OTAN, ni contra la Unión Europea, ni contra Estados Unidos; por tanto, “lo mejor es que el problema lo arreglen entre ellos”, sea lo que sea lo que eso signifique.


Notas:

1. Queda por conocer la suerte del general Abdel Fatah Yunis (ex ministro de Interior) que, aunque figura asimismo como miembro del Consejo, no parece haber logrado un puesto a la altura su ambición.

2. También denominada Brigada Khamis, por ser este el nombre del hijo de Gadafi que la lidera.

3. Entre las principales destaca la tribu Warfala, asentada en el este del país (con Bengasi como foco central), que se ha mostrado contraria a Gadafi. Este gesto tiene una alta significación política no solo porque rompe su largo compromiso con él -aunque ya en 1993 algunos de sus miembros se implicaron en un intento de derrocarlo- sino porque cuenta con un millón de miembros (en un país de apenas 5 millones, descontando a los trabajadores extranjeros). Gadafi se apoya fundamentalmente en la tribu Gadafa, con Sirte como referencia, de la que ha reclutado crecientemente a los miembros de sus unidades de combate más leales. En la región de Fezzan sobresale la tribu Megarha, aliada de Gadafi en su primera época pero hoy marginada del poder central.

4. En la Tripolitania destacan los yacimientos de gas y petróleo de Wafa y Elephant. En la Cirenaica, son muy importantes los de Nafoora, Messla y Sarir, conectados con los puertos de Tobruck, Marsa Brega y Ras Lanuf.

5. Aunque se encaja en el Capítulo VII de la Carta de la ONU, hace referencia explícita al artículo 41, lo que excluye el uso de la fuerza para obligar a su cumplimiento.

6. Existencia de autoridad legítima; causa justa; intención debida; último recurso; medios proporcionales y posibilidades razonables de éxito.

7. Existen indicaciones de que Egipto estaría planteando una medida de ese tipo, en colaboración con el gobierno tunecino, para armar a los rebeldes localizados en distintas zonas de la Tripolitania.

8. De especial importancia en este sentido es la existencia de un acuerdo firmado entre Italia y Libia, en 2008, por el que la primera se autoimpone la limitación de que su territorio no sea utilizado como base para ataques contra Libia. Roma sostiene actualmente que dicho acuerdo está suspendido (pero no anulado, dado que el Parlamento italiano, el único con competencia para tomar esa decisión, no se ha pronunciado todavía al respecto).