Toma la palabra

 Por Centro de Medios Independientes – Guatemala
Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala ( CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos. En esa acción, fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.
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Vídeo tomado durante el desalojo de Alta Verapaz. En él es posible escuchar los disparos realizados por la PNC .

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos.2

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Concentración de la comunidad de Monte Olivo afuera de la Escuela que días antes fue ocupada por PNC y Ejército. Foto Gustavo Illescas.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas, asimismo se le acosó durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) y se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine, de la documental “La Propuesta Impuesta”. Además, durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno.Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley4843 presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques; y manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público; y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Sin estas garantías es imposible una democracia real.