Toma la palabra

Por Lourdes Reyzábal

Presidenta de la Fundación Raíces

Según constatamos en Fundación Raíces de forma reiterada, la Administración cuestiona por sistema los pasaportes y documentos que acreditan la edad de los menores africanos nos acompañados cuando lo que está en juego es su obligación de incluirlos en el sistema de protección y tutela.

Hoy, y desde hace varios años, algunos menores inmigrantes no acompañados, que son susceptibles de ser tutelados, no están accediendo al sistema de protección por un procedimiento de determinación de la edad que se está aplicando sin las garantías jurídicas necesarias. Eso se produce en la Comunidad de Madrid, pero también en otras CCAA, entre ellas, Cataluña (en concreto, en Barcelona).

 Se están realizando las pruebas de determinación de la edad a los menores indocumentados al llegar a nuestro país sin cumplir con las garantías jurídicas necesarias y aplicando criterios arbitrarios según la CCAA, según, incluso, la persona que lo realice. (La Ley de Extranjería establece que los menores no acompañados indocumentados podrán ser sometidos a pruebas de determinación de la edad exclusivamente en caso en que su minoría de edad no parezca clara. Es decir, que si es evidente que el chico es menor, según la ley no se les tendría que estar sometiendo a las pruebas). Leer más


Por Alejandro Peña Pérez

Abogado especialista en Derecho de Extranjería

El pasado viernes (24 de mayo de 2013) se ofrecieron en el Consejo de Ministros algunas pinceladas de lo que será la futura Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, todavía anteproyecto de ley. Uno de los apartados de dicha norma se encuentra destinado a lo que se ha llamado ‘internacionalización de la economía’, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría.
Entre las medidas previstas, se contempla la posibilidad de conceder una Autorización de Residencia al extranjero que se encuentre en alguno de estos supuestos:
a)    Inversores de cuantía económica significativa o de interés general.
b)    Emprendedores de una actividad innovadora y con incidencia directa en la económico y en la creación de empleo.
c)    Profesionales altamente cualificados.
d)    Extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional, por una duración igual a la del traslado.
Dentro de estos supuestos, que pueden calificarse como más o menos legítimos con el fin de incentivar la economía en España, destacan especialmente dos supuestos que se especificaron expresamente por la propia vicepresidenta.
El primero de ellos, prevé la posibilidad de acceder a la residencia legal en España mediante la adquisición de una vivienda. Pero no cualquier tipo de vivienda. El listón se ha puesto muy arriba al señalarse como límite mínimo para acogerse a esta medida el que la vivienda esté valorada en al menos 500.000 Euros. Así es, ni más ni menos que medio millón de euros.
Evidentemente, esta medida no piensa en el extranjero común, ese que después de mucho trabajar y que con sus ahorros (o hipotecándose hasta las trancas) decide adquirir una casita en España. No, no. El Gobierno está pensando en otro tipo de extranjeros con dinero a mansalva que se encargue de reducir el parque inmobiliario que existe en España, empezando por tapar los agujeros de mayor tamaño (Algunos ya identifican al comprador chino y ruso como primer destinatario de esta medida). Luego ya se pensará en cómo se enmienda el resto de inmuebles sobrantes que no llegan a ese importe. Lo mismo también se prevé conceder una Autorización de Residencia al extranjero que en vez de comprar un caserón adquiera dos viviendas de precio medio. Puede ser, ¿no? Ahí queda la idea…
El otro supuesto, residencia legal para el extranjero que adquiera dos millones de deuda pública. 2.000.000 millones, digo bien, con todos sus ceros y sus puntos. Nuevamente surge la idea: ¿en qué tipo de extranjeros de está pensando? La respuesta es sencilla otra vez. No en el extranjero que está a pie de calle, sino en aquellos extranjeros que desayunan con caviar y se bañan con CHANEL Nº 5.
Ambas medidas, después de tantos años de Derecho de Extranjería, resultan exclusivas y excluyentes del sistema migratorio tejido hasta el momento. Medias desesperadas ante situación de desesperación. Medidas que, al fin y al cabo, dinamitan la concepción del Derecho de Extranjería de los últimos 30 años. O en palabras más simples y llanas: el Gobierno acaba de crear un Derecho de Extranjería para ricos al margen del resto del Derecho de Extranjería. Que como no podía ser de otra manera, prevé expresamente “un procedimiento ágil y rápido, ante una única autoridad”.
La semana pasada hablaba en mi anterior artículo sobre las políticas migratorias y la actual Ley de Extranjería, que con los años habíamos pasado de una Ley en la que lo importante eran las personas extranjeras hacia una Ley en la que se concebía la inmigración y el Derecho de Extranjería desde una óptica mercantilista y mercenaria. Con este nuevo giro de tuerca, se da un paso más en la deshumanización de la Ley de Extranjería. Ya no necesitamos trabajadores. Falta el trabajo y sobra la mano de obra. Lo que necesitamos ahora son inversores que compren nuestras casas (vacías) y nuestra deuda pública (esto también nos sobra…).
Cabría preguntarse incluso si existen segundas lecturas en estas medidas. Por ejemplo, ¿Por qué de un planteamiento inicial en el que la residencia se podía obtener mediante la adquisición de una vivienda por un valor en torno a unos 160.000 euros, se ha incrementado hasta los 500.000 euros? ¿Es posible que el querer hacer negocio con la desgracia infinita de tantos desahucios y desahuciados haya sido un límite calculado en estas medidas? Supongo que  querer sacar partida de las viviendas que están perdiendo el pueblo no era buena idea. Mejor subamos el listón y ofrezcamos otro tipo de inmuebles que no caldeen el ambiente más de lo que ya está.
Pero al fin y al cabo, con este tipo de medidas nos dirigimos a una concepción errónea del fenómeno migratorio y de la extranjería en sí. Éste no es el camino más acertado. Cabría calificarlo incluso de absurdo desde el punto de vista del extranjero que pretende adquirir una Autorización de Residencia. Si tenemos en cuenta que para la obtención de un Visado de Residencia (y posterior Autorización de Residencia Temporal) el Derecho de Extranjería requiere demostrar el disponer de unos 2.100 Euros mensuales, es decir, unos 25.000 Euros en cómputo anual, ¿Quién en su sano juicio compraría una vivienda valorada en 500.000 Euros o deuda pública por valor de 2.000.000 para adquirir dicha Autorización de Residencia? ¿25.000 Euros o 500.000 Euros por tu residencia? ¿25.000 Euros o 2.000.000 Euros? ¿Por qué opción optarías tú? No hace falta contestar, ¿verdad?
Todo esto demuestra claramente una cosa: cuando es necesario, o mejor dicho, cuando los intereses económicos y financieros se encuentran con una necesidad, el Derecho de Extranjería se acomoda e incluso se pervierte para buscar una solución adecuada a las necesidades del capital. Con las personas, con los seres humanos, desgraciadamente, y de forma evidente, no ocurre lo mismo. Que fácil le resulta acceder a la residencia legal en España al que tiene dinero, y que cuesta arriba le puede resultar al resto de los mortales.
Esta es la diferencia más evidente entre quien llega a España en un jet privado y quien lo hace en vuelo regular, en una patera, un cayuco o en los bajos de un camión buscando un futuro mejor.
Ante toda esta situación la pregunta planteada como título del artículo de esta semana se me repite una y otra vez en mi cabeza: Residencia por dinero ¿Audacia o prostitución?
Yo ya tengo una respuesta clara, ¿y tú?

Por Bill Frelick

Director del programa de Human Rights Watch de refugiados

Una multitud de inmigrantes protesta en favor de la reforma migratoria en Washington, DC, el 10 de abril de 2013. (© 2013 Reuters)

  • Desde 1996, EEUU impide obtener el permiso de trabajo a las personas solicitantes de asilo mientras que el proceso se encuentre en curso.
  • El plazo de 150 días estipulado desde que se presenta la solicitud de asilo puede ser demorado según factores poco claros.
  • En 2011 la interrupción del transcurso de este plazo afectó a 262.025 personas, lo que equivalía al 92 por ciento de todos los casos pendientes.

“La finalidad del permiso de trabajo no es que puedas hacerte rico, sino que puedas subsistir”, dijo un ciudadano egipcio que escapó de su país y solicitó asilo en Estados Unidos luego de que un grupo extremista lo golpeara e intentara secuestrar a su esposa e hija. Tras huir de la persecución en su propio país de origen, las personas que piden asilo, como este hombre en Nueva Jersey, se enfrentan a una nueva modalidad de maltrato en Estados Unidos: el gobierno de ese país no les permite trabajar mientras se encuentra en curso un proceso de asilo que muchas veces resulta simplemente interminable.

A causa de ello, las personas vulnerables que llegan a este país albergando una última esperanza a menudo terminan en situación de indigencia.

Sin duda, ha llegado el momento de implementar una reforma en materia inmigratoria, y gran parte de la nueva legislación propuesta y el discurso público han puesto énfasis en las oportunidades laborales. Sin embargo, hasta el momento el debate no ha tratado la difícil situación de las personas que solicitan asilo y a quienes se les prohíbe asegurar su propia subsistencia. Leer más


Alejandro Peña Pérez

Abogado especializado Derecho de Extranjería

En los últimos días se viene hablando de las modificaciones que en el seno de la Unión Europea se llevarán a cabo en materia de asilo. Uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de que Europol y los cuerpos de seguridad de los distintos Estados miembros puedan tener acceso al sistema EURODAC, donde constan las huellas dactilares de solicitantes de asilo y otros extranjeros en situación adminitrativa irregular, con el fin de realizar comprobaciones de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves.

(www.europarl.europa.eu)

Ante esta nueva propuesta que se encuentran debatiendo actualmente, surgen ciertas dudas, jurídicas y éticas, sobre la legitimidad de esta medida: ¿resulta conforme a los Derechos Humanos de los solicitantes de asilo el uso de sus huellas dactilares para fines distintos para los que fueron obtenidos? ¿Se vulneran los Derechos a la intimidad y a la privacidad reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE? ¿Puede llegarse a vulnerar su contenido esencial con las nuevas reformas? ¿Y la figura misma de asilo?

Antes de responder a estas preguntas, resulta de vital importancia delimitar claramente que es el sistema EURODAC, para qué fue creado, cuál ha sido su función durante todos estos años, y en especial, cuáles son las propuestas de modificación que se están debatiendo y por qué despiertan cierta controversia.

Pues bien, el sistema EURODAC fue creado en el año 2000 por medio del Reglamento (CE) Nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín. Según dispone esta norma, el sistema EURODAC nace con el fin de identificar a las personas solicitantes de asilo (y al resto de extranjeros en situación irregular), y poder determinar qué Estado miembro es responsable de examinar esa solicitud de protección internacional. De conformidad con ello, el propio Reglamento (CE) Nº 2725/2000 dispone en su preámbulo que “las impresiones dactilares constituyen un elemento importante para determinar la identidad exacta de dichas personas”.

Debido a la trascendencia de estos datos, y a las vinculaciones tan estrechas con el Derecho a la intimidad, este Reglamento hace mención expresa al sometimiento del sistema EURODAC a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Igualmente, dispone que “los datos dactiloscópicos y demás datos personales únicamente podrán ser procesados en Eurodac a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 15 del Convenio de Dublín”, esto es, para determinar qué Estado miembro es responsable del examen y resolución de una solicitud de asilo.

Debido a estas medias de protección, las huellas dactilares (datos dactiloscópicos), deben ser obtenidas con las máximas garantías previstas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el caso de ser el solicitante menor de edad, en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Estos datos son conservados por un plazo de 10 años en los casos de solicitantes de asilo y 2 años para el resto de extranjeros en situación irregular, debiendo ser suprimidos una vez que el interesado adquiera la nacionalidad de un Estado miembro, para ambos casos, y por el acceso a la residencia legal o salida del territorio de los Estados miembros, en el caso de extranjeros en situación irregular.

En virtud de ello, el propio Reglamento dispone, por un lado, que estas personas serán informados expresamente de “los fines del tratamiento de sus datos en EURODAC” y de “los destinatarios de los datos”, y por otro, que los Estados miembros “velarán para que toda utilización de los datos registrados en la base de datos central que sea contraria a la finalidad de Eurodac”. Leer más


Informe  2012 sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España
Por Centro Pueblos Unidos
  • En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se encierra a personas extranjeras a quienes se va a expulsar del país, en la mayoría de los casos por estancia irregular (carecer de permiso de trabajo y residencia). La estancia irregular es una infracción administrativa, no es un delito.
  • De acuerdo con la ley, el único derecho limitado en los CIE es la libertad de movimiento, todos los demás derechos permanecen en vigor y el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento.
  • En España existen ocho CIE con capacidad para internar a unas 2.500 personas simultáneamente.
 

La estancia máxima en un CIE son 60 días. De acuerdo con la ley, el único derecho limitado en los CIE es la libertad de movimiento, todos los demás derechos permanecen en vigor y el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento. En España, estos centros dependen del Ministerio del Interior y están gestionados por el Cuerpo Nacional de Policía.

En España existen ocho CIE con capacidad para internar a unas 2.500 personas simultáneamente (el CIE de Málaga se cerró en junio 2012), ubicados en las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

No es fácil conocer cuántas personas internan en los CIE españoles y cuántas de ellas son finalmente expulsadas. El Ministerio del Interior no publica cifras sobre los CIE. Aproximadamente, 1.000 personas extranjeras ingresan en los CIE cada mes, de las cuales poco más de la mitad son finalmente expulsadas. Según los datos de nuestra observación, en el CIE de Madrid fueron internadas en 2012, 3.060 personas.

Este Informe pretende visibilizar una realidad que sigue siendo desconocida para la gran mayoría de la ciudadanía, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de internamiento, a la defensa de los derechos de las personas internadas y a un uso limitado, racional y conforme a derecho de los CIE, con el horizonte final de su desmantelamiento definitivo.

El estudio se basa en las visitas de un grupo estable de voluntarios al CIE de Madrid. Sistematiza el acompañamiento y el servicio cotidiano a los internos, y recoge sus observaciones. A lo largo del año 2012, hemos realizado 1.277 visitas, a 328 personas, lo que supone casi el 11% del total de las personas internadas en el CIE de Madrid.

Las fuentes para la elaboración de este Informe son: la experiencia cotidiana a lo largo de los doce meses del año, con presencia todas las semanas en horario de mañana y de tarde; la explotación cuantitativa de esos datos y la sistematización cualitativa de las observaciones; el riguroso análisis jurídico de la normativa; el seguimiento cercano de la práctica administrativa; la interlocución institucional en sus diversos niveles y el trabajo en red con otras entidades sociales.

Entre las novedades de este Informe respecto a los de años anteriores, cabe destacar: la incorporación de un apartado acerca del CIE de Barcelona, basado en las visitas allí realizadas; la constatación de que se sigue recurriendo al internamiento de manera desproporcionada y el estudio de las alternativas al internamiento y el análisis del proceso de elaboración del Reglamento de los CIE, que ha marcado la agenda política en este campo durante 2012.

Resumen del informe

PUEBLOS UNIDOS ha visitado en 2012 a 318 personas internadas, de un total de 3.060, lo que supone más del 10% de la población interna en el CIE de Madrid en 2012. Las visitas totales realizadas ascienden a 1.277. El CIE de Madrid ha establecido un régimen de visitas de ONG y asociaciones que funciona con normalidad y no hemos tenido problemas en este sentido. En Barcelona, sin embargo, las entidades sociales no pueden acceder al CIE.

España es un país con un  alto porcentaje de internamientos y con malas condiciones de estancia en los centros. La primera parte del presente Informe, titulada “Cifras de internamiento demasiado elevadas”, analiza las condiciones de ingreso en los CIE. Las secciones siguientes analizan las condiciones de vida en el CIE y recogen las principales quejas de las personas internas.

En nuestras visitas al CIE de Madrid y de Barcelona constatamos el fuerte impacto psicológico del internamiento. Para las personas internadas y para sus familiares supone, por un lado, perder en pocas horas su forma de vida y, por otro, encontrarse, sin más, privados de libertad a la espera de que “alguien” decida el futuro de sus vidas, al margen de las consecuencias que para ellos se deriven. El sufrimiento se agrava en los migrantes sin antecedentes penales, a quienes la ambigüedad de estar encerrados sin haber cometido un delito les causa una profunda angustia y desconfianza.

En Madrid, el 23% son personas que llevan menos de un año en españa, la mayoría de ellos son recién llegados, en pateras o saltando la valla a través de Ceuta y Melilla. Algunos vienen después de estar un tiempo en los CETI de dichas ciudades

Sólo el 27% de las personas visitadas teníanantecedentes penales.

Sólo conocemos el resultado final del internamiento del 63% de las personas visitadas. De ellas, el 60% fueron puestas en libertad, casi siempre por decisión judicial o por imposibilidad de documentar o repatriar.

Las quejas y limitaciones de derechos son similares en los CIE de Madrid y Barcelona. Entre ellas, destaca el hecho de que no se explica a los internos su situación jurídica concreta. La mayoría no comprende su situación y muchos no tienen el nombre y teléfono de sus abogados. Como se detalla en el anexo, este año hemos detectado y documentado 24 situaciones con suficientes elementos como para interponer quejas o denuncias ante los órganos competentes.

Hay quejas repetidas de racismo y violencia por parte de algunos policías y hay numerosos obstáculos para investigar lo ocurrido.

La ciudadana congoleña SAMBA MARTINE falleció tras 40 días de internamiento en el CIE de Madrid. El servicio médico no diagnosticó siquiera su gravísimo estado de salud, a pesar de sus repetidas visitas al médico y de que venía del CETI de Melilla, donde se le había realizado una analítica que mostraba su gravedad.

No procede la expulsión ni el internamiento por mera estancia irregular. Sin embargo, hay numerosos casos de inmigrantes en los CIE por mera estancia irregular, cuya orden de expulsión e internamiento ha sido realizada sin un análisis de su caso concreto.

Frecuentemente, la policía tramita la sanción por estancia irregular por el  procedimiento preferente en vez del ordinario. La utilización del procedimiento preferente es muy lesiva para los inmigrantes irregulares.

El proyecto de reglamento no altera en nada el régimen de ingreso en los CIE. Tampoco garantiza la efectividad de los derechos de las personas internas, facilitando los cauces para el ejercicio de dichos derechos. Es un texto que desarrolla y consolida el modelo policial actual, centrado en control y seguridad, en claro detrimento de las condiciones de vida de las personas internas.

Puesto que el proyecto de Reglamento no modifica el régimen de los Centros de Internamiento de Extranjeros, EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN A CENTROS DE ESTANCIA CONTROLADA (CECE) ES UN EUFEMISMO INADMISIBLE.

En los CIE hay  privación de derechos, más allá de la privación de libertad ambulatoria. Esta realidad se agudiza en las situaciones de particular vulnerabilidad, como son las 127 personas que no tienen a nadie que les pueda visitar o quienes no entienden el idioma (25% del total de internos visitados).

Particularmente graves son los 11 casos de personas internadas que tienen menores españoles a su cargo y las 24 personas con enfermedades físicas o mentales.

La última sección del informe, titulada“DE LA A A LA Z”, pone nombre a casos y testimonios concretos. De este modo, el Informe permite acceder directamente a la dimensión humana, al sufrimiento y a la injusticia que se encierra en los CIE.

Expulsiones exprés: la historia de Carlos

Para finalizar, señalamos que las expulsiones desde los CIE son una minoría del total anual de repatriaciones de extranjeros realizadas por el Estado español. Otras muchas se realizan directamente desde comisaría. En 2011 la policía echó de España a 18.422 personas extranjeras, de las cuales sólo un tercio (6.825) fueron expulsadas desde los CIE y el resto directamente desde las comisarías en 72 horas.

Son vecinos que desaparecen de nuestras calles de la noche a la mañana, expulsiones “invisibles e inmediatas” y en donde las posibilidades de defensa legal son mínimas. Leer más


Por Médicos del Mundo

El 1 de Septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Con esta nueva normativa, el Gobierno de España reguló la condición de asegurado, quedando apartadas del Sistema Nacional de Salud todas las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, entre otros colectivos.

El documental “Cuanto ganamos, cuanto perdimos”, analiza desde diferentes puntos de vista la situación del colectivo inmigrante tras la aplicación de la nueva normativa. A través de entrevistas a personalidades de las diferentes áreas relacionadas con el Derecho a la protección de la salud (Salud Pública, Economía de la Salud, Derechos Humanos, Políticas Sanitarias, Sociedades Científicas) y a través de testimonios de inmigrantes afectados por la nueva situación, el documental reflexiona sobre esta nueva legislación, que excluye del Sistema Nacional de Salud a entre 150.000 y 500.000 inmigrantes en situación administrativa irregular.

Éste es el tráiler.


Por Campaña por el Cierre de los CIE

 

Un total de 26 personas recluidas en el CIE de Zapadores (Valencia) manifestaron haber sufrido violencia por parte de algunos policías durante 2012, según se recoge en el informe ¿Cuál es el delito? elaborado por la Campaña por el Cierre de los CIE, la plataforma que integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas que acompañan a las internas e internos del CIE de Zapadores desde hace tres años. Estas denuncias se refieren a insultos, vejaciones, castigos colectivos e incluso malos tratos físicos, como los que denunciaron ocho internos en el juzgado de Valencia por haber sido víctimas de palizas. El informe se ha presentado hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, incluye un prólogo del catedrático de la Universitat de València, Javier de Lucas, y está dedicado a “todas las mujeres y hombres que sufren cada día por culpa de las leyes y políticas racistas e injustas de control de flujos migratorios, y especialmente a todas las víctimas que han sufrido la experiencia del internamiento en un CIE”.

En el informe también se incluyen las denuncias de años anteriores, como la acusación en 2010 de una mujer contra un policía por haber abusado sexualmente de ella en el calabozo de la comisaría de Orihuela donde pasó la noche antes de ingresar en el CIE y las palizas colectivas de finales de 2010 y octubre de 2011 en Zapadores. Además, se explican las agresiones a un ciudadano nigeriano cuando era deportado en junio de 2012. La abogada de la Campaña, Ester Izquierdo, aseguró que casi la totalidad de estas denuncias son sobreseídas porque se expulsa a los denunciantes “no respetando su derecho a la tutela judicial efectiva e impidiendo que se investiguen los malos tratos”.

Los centros de internamiento para extranjeros son instalaciones donde el Estado español encierra a personas a la espera de ser expulsadas por carecer de permiso de residencia aunque no hayan cometido ningún delito. La falta administrativa en la que han incurrido -en contra de su voluntad- es equivalente al impago de una multa de tráfico, pero se les impone una sanción desproporcionada: privación de libertad y de muchos otros derechos fundamentales. Por eso, desde la Campaña se denuncia su existencia para que “resulte abominable para cualquiera tener un CIE en la ciudad”, explicó Ana Fornés, portavoz de la Campaña.

Lesiones denunciadas por un chico argelino abril 2012.JPG Lesiones denunciadas por un chico argelino abril 2012

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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA

  • Como cada año, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado su Balance de los flujos migratorios que se dirigen a España, en esta ocasión referidos a 2012.
  • En la rueda de prensa celebrada en Cádiz intervinieron Rafael Lara y Mathilde Legborne, miembros del área de inmigración de APDHA.

Rafael Lara ha comenzado su intervención constatando que el volumen de personas que han logrado atravesar la frontera sur y entrar en nuestro país, si bien han sido luego detenidas, se mantiene en niveles similares a los del año pasado, alcanzando casi las 7.000 personas, tan sólo 150 personas más que durante el año 2011. No obstante, a eso habría que sumarle al menos el 20 o el 30% de personas que han logrado burlar todos los sistemas de vigilancia y lograron cruzar sin ser detectadas.

Si el volumen global es similar, no su sucede así con el destino. En Andalucía se incrementa notablemente la llegada de inmigrantes a la provincia de Cádiz, mientras que desciende de forma ostensible la llegada a la provincia de Granada. Ello es debido a la dificultad de encontrar neumáticas o pateras de cierta envergadura al margen de los pasadores. Pese a ser muchísimo más peligrosas e inestables, los migrantes atrapados en la zona de Tánger pueden acceder con más facilidad a balsas hinchables casi de juguetes, aunque para ello tengan que pagar precios desorbitados que pueden llegar a los 600 euros.

Precisamente en el norte de Marruecos también se ha producido un cambio importante, ya que se han duplicado los migrantes que han logrado entrar en Melilla (2105 este año frente a los 1039 el año pasado) al tiempo que disminuían las entradas a la ciudad de Ceuta (756 este año frente a los 1258 el año pasado). Estos cambios en Ceuta y Melilla están motivados por diferentes circunstancias. Una de ellas es la proximidad de Melilla a la frontera argelina, donde, según organizaciones marroquíes han sido expulsadas al desierto más de 2.000 personas; otra es la creciente dificultad para circular por Marruecos y, en el caso de Ceuta, el blindaje del paso del Tarajal por parte de Marruecos, que el año pasado contempló a centenares de inmigrantes subsaharianos entrar a nado en Ceuta.

Estas entradas han provocado una importante saturación del CETI en Melilla, preparado para 480 plazas, y que termina el año con más de 900 plazas, por lo que es preciso recurrir a tiendas de campaña del ejército. Durante todo el año se han sucedido las protestas de los residentes en este Centro motivadas, como ha denunciado PRODEIN, por el tiempo muy elevado que algunos inmigrantes pasan en el mismo, a veces hasta de tres años. El trato discriminatorio en las salidas a la península, que afecta de forma especial a los argelinos, es motivo también de frecuentes protestas.

Con relación al origen de los migrantes que llegan a nuestro país, también se ha producido un incremento de las personas de origen argelino, que han entrado tanto en Ceuta como, sobre todo, en Melilla o se han dirigido a las costas de Almería o Levante. El número de personas argelinas, mientras que el global se mantiene estable, significa ya un 20% del total, frente al 10% que representó durante el año 2011.

Rafael Lara ha señalado que “la respuesta de la UE y de España sigue siendo la de enrocarse en sus miedos, haciendo más altos e inaccesibles los muros de la Europa fortaleza, externalizando la gestión de los flujos y haciendo del internamiento de inmigrantes el pivote la política migratoria”.

Ejemplo de esto es el presupuesto de 2013 que, en plena vorágine de los recortes por la crisis, contempla una importante partida de 50 millones de euros para hacer frente a la llegada de inmigrantes irregulares.

Entre ellas:

1,4 millones en infraestructura de vigilancia exterior (SIVE)

9,1 millones para la Guardia Civil también en vigilancia exterior
400.000 euros para mantenimiento de los CIE (Centros de Internamiento de
Extranjeros)
25 millones para repatriaciones forzosas
4 millones para el reforzamiento (aún más) de las fronteras de Ceuta y Melilla

Ignacio Ulloa, secretario de estado de seguridad, ha tenido la indecente osadía de explicar estos gastos en razón a que “no podemos dejar a los inmigrantes en la estacada”.

Por otra parte, Mathilde Legborne se ha centrado en las víctimas de estas políticas migratorias. “Las fronteras cerradas matan. Llegando a nuestras costas, en otras fronteras europeas o atravesando el desierto del Sáhara”.

Por tercer año consecutivo han vuelto a aumentar el número de personas muertas o desaparecidas cuando intentaban llegar a España, según los datos del seguimiento de la APDHA. “Hemos pasado de los 138 muertos o desaparecidos en 2010, a 198 en 2011, alcanzando los 225 en 2012. Y se trata tan sólo de los datos que desde la APDHA hemos podido contrastar. No es ocioso el señalar, que aunque sea una coletilla, que la verdad de esta demencial escalada de personas que pierden la vida nunca se sabrá y será con toda seguridad mucho más elevada que los datos que proporcionamos”, ha apuntado Matilde Legborne.


Juan Luis Cano

·Anoche me acosté muy triste después de recibir este e-mail de una amiga médico:

” Ayer estuve de guardia en mi hospital público. Por la tarde me llama la residente de puerta para que vaya a valorar a una paciente que acababa de llegar. Me encuentro a una mujer de 45 años con mal aspecto, dolor abdominal, muy delgada…

Tras la exploración y la ecografía le diagnostico un casi seguro cancer de ovario avanzado. Hay que hacerle todas las pruebas urgentes, así que le doy los volantes para que la citen y sea vista hoy mismo en la consulta de oncología ginecológica, como hacemos siempre.

Se me olvidada contaros un pequeño detalle: la mujer se llama Irina y es rumana. Perdió su trabajo hace un año y con él, hace poco su tarjeta sanitaria. Ese detalle no lo tuve en cuenta ayer hasta que me avisaron de la Admisión de pacientes para decirme que no la pueden dar cita para ninguna prueba ni consulta ya que no tiene tarjeta sanitaria.

Irina no podrá ser operada en ningún hospital público español y si no me he equivocado en el diagnóstico, morirá sin atención médica en menos de un año.

……Infinita la impotencia, infinita la rabia. No puedo olvidarme de su mirada al intentar explicarle lo inexplicable.

Me niego a mirar para otro sitio cuando sucede una monstruosidad como esta.

ME NIEGO A CALLAR.

Goyi

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Actualización 21 Enero 19,30h

 

(AP Photo/Andres Kudacki)

¿Que nos está pasando? ¿Donde está nuestra humanidad?

(AP Photo/Andres Kudacki)

 

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Foto: Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC)

Excluidos del sistema sanitario público español

18.12.2012 · 

El nuevo Real Decreto Ley 16/2012  ha supuesto un cambio relevante para las personas extranjeras en situación irregular que  han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, salvo en algunos casos. Repasamos la situación real en diversas comunidades autónomas. El gobierno andaluz interpuso recurso de inconstitucionalidad, aunque se han registrado 42 incidencias en el acceso al sistema.

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Cinco claves de la reforma sanitaria de España

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“El Gobierno quiere que las miradas se desvíe hacia la población migrante (…) para desviar la atención sobre el real cambio y ataque a todo el sistema de salud”. Análisis de la reforma de la sanidad más allá de  la denegación de sanidad a los inmigrantes irregulares.

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“Negar la sanidad a los inmigrantes indocumentados es una inmoral perversión”

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“Castigar a medio millón de inmigrantes con el argumento de que no trabajan en un país con más de cinco millones de parados es un insulto lleno de cinismo”, denuncia Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA.

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Campaña por el cierre de los CIE

  • El secretario de Estado anunció en abril que estos inmigrantes no serían expulsados
  • La Campaña por el Cierre de los CIE denunciamos que el Ministerio del Interior está incumpliendo reiteradamente sus propias disposiciones al recluir en centros de internamiento a personas sin antecedentes que demuestran su arraigo social en España. En los últimos meses hemos identificado en el CIE de Zapadores (Valencia) varios casos de personas migrantes que tienen domicilio, familia, amigos o trabajo y que, a pesar de no haber tenido problemas con la justicia, permanecen recluidos bajo la amenaza de ser expulsadas.
  • Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigimos la clausura definitiva de los CIE y que no se detenga ni expulse a personas que no han cometido delito y están plenamente integradas en la sociedad.

La policía lo abordó en plena calle, cuando iba al zapatero; sus rasgos físicos lo hacían “sospechoso”. A. N. se identificó con su tarjeta sanitaria y con el carné de una biblioteca de la Generalitat Valenciana, y les explicó que vivía y estaba empadronado en Castellón, donde se dedicaba a la venta ambulante. Desde que llegó de Senegal en patera no sólo no había tenido ningún problema con la justicia sino que aprendió castellano e hizo buenas amistades entre los españoles. De nada sirvió. Fue detenido “por no tener papeles”, lo recluyeron en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, y poco después lo deportaron con destino incierto. La situación de A. N. no sólo es un ejemplo de vulneración de los derechos de las personas que son privadas de libertad por la simple falta administrativa de no disponer de permiso de residencia. Su detención y expulsión también demuestran que el Ministerio del Interior incumple sus propias disposiciones.

El pasado 30 de abril,el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró ante un centenar de periodistas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona que no se deportarían a los extranjeros que, sin tener la documentación en regla, acreditaran arraigo social en España y carecieran de antecedentes judiciales o policiales. Ulloa especificó que por arraigo se entendía que estas personas tuvieran “un domicilio, familia, amigos o incluso un trabajo en la economía sumergida”. Poco después su anunció se completó con la expedición de una circular en la que se prohibía a la policía establecer “cupos de identificación o detención de extranjeros” y las actuaciones “indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”, y además se determinaba la “improcedencia de trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros que, tras su identificación, se constate su estancia irregular en España, siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio. Leer más