Toma la palabra

Por Human Rights Watch

  • Aunque se destinan miles de millones para el desarrollo, la falta de salvaguardias menoscaba los beneficios

El Banco Mundial no toma en cuenta los riesgos en materia de derechos humanos que afectan a las personas a quienes pretende ayudar, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El banco carece de controles adecuados para prevenir que se financien violaciones de derechos humanos. El 23 de julio de 2013, la Junta del Banco se reunirá en Washington en el marco de su revisión de políticas, y este evento podría ser una ocasión para subsanar esa falencia.

El informe de 59 páginas, “Desarrollo sin abusos: Cómo el Banco Mundial debería prevenir violaciones de derechos humanos (Abuse-Free Development: How the World Bank Should Safeguard Against Human Rights Violations), se elaboró a partir de investigaciones efectuadas por Human Rights Watch en todo el mundo y documenta los daños causados a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo como resultado de programas financiados por el banco. Human Rights Watch apela al estudio de tres casos, uno de ellos en Vietnam y dos en Etiopía, para mostrar que el banco no reconoció los riesgos para los derechos humanos que suponían los programas que financiaba ni tampoco adoptó medidas concretas para mitigar estos problemas.

“El Banco Mundial destina miles de millones de dólares cada año a financiar iniciativas de desarrollo en todo el mundo”, observó Jessica Evans, defensora sénior dedicada a instituciones financieras internacionales en Human Rights Watch. “Pero no debería continuar quebrantando sus propias iniciativas, y para ello debe asegurarse de no contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos”.

Los objetivos adoptados recientemente por el Banco Mundial destinados a erradicar la pobreza extrema y fomentar la prosperidad común están intrínsicamente asociados con el derecho de todas las personas a un nivel de vida digno, que incluya vivienda, agua y alimentos adecuados, observó Human Rights Watch. No obstante, el banco no podrá alcanzar verdaderamente estos objetivos en contextos complejos si no se asegura que se respeten los derechos de las personas a las que debería estar beneficiando. Leer más


Por Judith Sunderland

Investigadora sénior para Europa y Asia Central de Human Rights Watch

Manifestante contra un desahucio siendo inmovilizado por un policía en Oviedo, junio de 2012. Pinchar sobre la imagen para ver el reportaje completo (Javier Bauluz / Piraván)

En una manifestación cerca del Parlamento español el 18 de abril, un defensor del derecho a la vivienda bromeó con la idea de que los manifestantes debían dividirse por terroristas en un lado y nazis en el otro. Todos se echaron a reír, pero este comentario sarcástico tiene un lado oscuro. A lo largo del mes pasado, los políticos municipales y nacionales han utilizado todos los calificativos posibles para deslegitimizar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un movimiento de base que se ha convertido en una poderosa voz para los cientos de miles de víctimas de la crisis de la vivienda en España. Han denigrado personalmente a la portavoz y miembro fundador de la Plataforma, Ada Colau, y han impuesto multas o sometido a procesos penales a los participantes en manifestaciones no violentas.

La campaña contra la Plataforma representa un giro peligroso contra la libertad de expresión y asociación, en un país asolado por la crisis económica.

La Plataforma ha sido una espina para los sucesivos gobiernos desde 2009, cuando empezó a movilizar a la gente para defenderse a si mismos y a otros frente a los embargos y los desahucios cuando explotó la burbuja inmobiliaria. En un país donde más del 80 por ciento de la población prefiere comprar sus casas antes que alquilar, el desempleo masivo implicó que muchos no pudieran cumplir los pagos de sus hipotecas. La crisis social resultante se ha visto exacerbada por las leyes que mantienen la responsabilidad de los propietarios frente a la deuda, incluso después de perder sus casas.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular parece haber emprendido una iniciativa a gran escala para desacreditar el movimiento después de que empezara a organizar escraches o actos de denuncia: protestas cerca de las casas y las oficinas de diputados del Partido Popular con el fin de presionarlos para que apoyen una propuesta legislativa redactada por la Plataforma.

El movimiento estableció reglas para sus miembros, como evitar dichos actos cuando hay niños presentes, no molestar a los vecinos, no amenazar a los políticos.  Leer más


Por Human Rights Watch
  • Se requieren acciones urgentes para impedir el uso de armas completamente autónomas.
  • “Los robots de combate supondrían dar un paso que transgrede los límites morales y legales”, indicó Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch.

La sociedad civil encabezará una iniciativa para que los países prohíban las armas completamente autónomas, señaló hoy Human Rights Watch durante el lanzamiento de la Campaña contra los Robots de Combate, de alcance global. Estas potenciales armas del futuro, en ocasiones llamadas “robots de combate”, están equipadas para seleccionar y atacar objetivos sin ningún tipo de intervención humana.

“No debe permitirse la fabricación de robots armados con capacidad letal que puedan identificar y matar personas sin ninguna intervención humana”, indicó Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch. “Es indispensable que un humano esté siempre ‘al tanto’ cuando se tomen decisiones en el campo de batalla. Los robots de combate supondrían dar un paso que transgrede los límites morales y legales, y deberían ser rechazados como una posibilidad irreconciliable con la conciencia pública”.

Human Rights Watch ha sido el coordinador inicial de la Campaña contra los Robots de Combate (Campaign to Stop Killer Robots), una nueva coalición internacional integrada por organizaciones no gubernamentales que exige la prohibición absoluta y preventiva de las armas completamente autónomas. Esta prohibición debería acordarse a través de un tratado internacional, así como de leyes nacionales y otras medidas.

Durante la última década, el uso progresivo de vehículos armados no tripulados o teledirigidos (drones) ha modificado radicalmente los métodos de combate, y ha generado nuevos desafíos humanitarios y jurídicos. En la actualidad, los vertiginosos cambios tecnológicos han permitido que Estados Unidos y otros países cuyas fuerzas militares cuentan con equipamiento de última generación, entre ellos China, Israel, Rusia y el Reino Unido, implementen sistemas que podrían dotar de mayor autonomía a la maquinaria utilizada en combates. Si uno o más países deciden utilizar armas completamente autónomas, otros podrán sentirse obligados a cesar su política de moderación y dar comienzo así a una carrera armamentista para la incorporación de robots de combate.


“Numerosas fuerzas militares trabajan actualmente para incrementar aún más la autonomía de su armamento, y es necesario actuar ahora para trazar un límite claro respecto de las armas completamente autónomas”, observó Goose. “Estas armas llevan demasiado lejos los adelantos tecnológicos, por lo que se requiere en forma urgente adoptar una prohibición, antes de que la inversión realizada, los avances tecnológicos y las nuevas doctrinas militares hagan que sea imposible poner freno a esta tendencia”.

El relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Profesor Christof Heyns, presentará su informe sobre robots con capacidad letal autónoma durante la segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comenzará en Ginebra el 27 de mayo de 2013. Se prevé que el informe presentará recomendaciones a los gobiernos para que adopten medidas vinculadas con las armas completamente autónomas. Leer más


Human Rights Watch

  • La policía, los médicos y los tribunales deben cambiar las políticas y su mentalidad para ayudar a las víctimas

El gobierno indio debe mejorar la protección de los menores contra el abuso sexual como parte de los esfuerzos más amplios de reforma, después de la violación y asesinato de una estudiante en Nueva Delhi en diciembre de 2012, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El abuso sexual infantil es alarmantemente común en los hogares, escuelas y centros de cuidado residencial en India. Un comité designado por el gobierno con el fin de recomendar reformas legales y políticas tras el ataque de la joven en Nueva Delhi concluyó que los sistemas de protección infantil “claramente fracasaron en lograr su objetivo”.

El informe de 82 páginas, “Rompiendo el silencio: El abuso sexual infantil en India” [inglés], examina cómo las respuestas gubernamentales actuales se están quedando cortas, tanto en proteger a los niños del abuso sexual como en el tratamiento que proveen a las víctimas. De hecho, muchos niños son maltratados por segunda vez por traumáticos exámenes médicos, y por la policía y otras autoridades que no quieren escuchar o creer sus denuncias. Los esfuerzos del gobierno para hacer frente al problema, incluyendo una nueva legislación para proteger a los niños contra el abuso sexual, también fracasará a menos que los mecanismos de protección se apliquen correctamente y el sistema de justicia sea reformado para asegurar que el abuso es reportado y procesado completamente, advirtió Human Rights Watch.

“El sistema indio para combatir el abuso sexual infantil es inadecuado porque los mecanismos del gobierno no garantizan la protección de los niños”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch. “Los niños que tienen la valentía de denunciar el abuso sexual muchas veces son desdeñados o ignorados por la policía, el personal médico y otras autoridades”. Leer más


Por Human Rights Watch

  • Los gobiernos deberían prohibir de manera preventiva el uso de armas completamente autónomas, debido al peligro que suponen para los civiles en los conflictos armados, indicó Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Estas armas del futuro, que algunos llaman “robots de combate”, estarán preparadas para seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana.

El informe de 50 páginas, “Losing Humanity: The Case Against Killer Robots” (Perder la humanidad: razones para rechazar el uso de robots de combate) advierte sobre aspectos preocupantes de estas armas completamente autónomas, que no tendrían ninguna de las cualidades humanas que permiten poner límites jurídicos y de otro tipo a la muerte de civiles. Asimismo, la dificultad de juzgar a algún responsable por el daño que puedan causar estas armas debilitaría el poder disuasivo de la ley para impedir nuevas violaciones.

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“Admitir que las máquinas decidan quién puede vivir y quién morirá en el campo de batalla sería permitir que la tecnología vaya demasiado lejos”, indicó Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch. “El control humano de los combates con armas robóticas es fundamental para minimizar las muertes y los daños sufridos por civiles”.

“Losing Humanity” es la primera publicación exhaustiva sobre armas completamente autónomas efectuada por una organización no gubernamental, y se elaboró a partir de extensas investigaciones sobre aspectos jurídicos, tecnológicos y éticos de estas armas que están siendo diseñadas. Fue publicado conjuntamente por Human Rights Watch y la International Human Rights Clinic de la Facultad de Derecho de Harvard. Leer más


Por Human Rights Watch

  • Los agentes fronterizos aparentemente disparan contra los hombres, mujeres y niños  que ven tratando de huir hacia Jordania

Familia huyendo de Idilib en marzo de 2012 (Rodrigo Abd / AP)

(Amman, 27 de junio de 2012) – Soldados sirios en la frontera con Jordania se encuentran al parecer disparando indiscriminadamente contra cualquiera –incluyendo mujeres y niños civiles – que intente huir de Siria, Human Rights Watch señaló hoy. Las autoridades sirias deberían ordenar inmediatamente que sus fuerzas armadas en la frontera acaben con todos los ataques indiscriminados, y tomar todas las medidas posibles para evitar que los civiles que cruzan a países vecinos sean heridos y respetar su derecho a salir del país.

A mediados de junio, Human Rights Watch habló con 17 refugiados sirios en Jordania que relataron que, cuando cruzaron en mayo y junio la frontera en grupos de hasta 200 civiles acompañados por miembros del Ejército Libre de Siria (FSA por sus siglas en inglés), soldados sirios los sometieron al fuego sostenido de ametralladoras y francotiradores, matando a tres civiles e hiriendo a once. Todos los refugiados describieron incidentes en los que el Ejército sirio abrió fuego sin previo aviso y disparó por igual contra cualquiera que estuviera cruzando la frontera, ya fueran miembros del FSA u hombres, mujeres y niños civiles. Leer más


Human Rights Watch

سوسن طهماسبی © Arash Ashourinia

El compromiso de Sussan con los derechos humanos básicos de las mujeres de Irán la ha situado al frente de una lucha que afecta la vida de cada mujer y cada niña del país.
Sarah Leah Whitson, directora, División del Oriente Medio y Norte de África

El Premio Alison Des Forges de Human Rights Watch rinde homenaje al valor de aquellos individuos que ponen en riesgo su vida para proteger la dignidad y los derechos de otros. Human Rights Watch colabora con estos audaces activistas en la creación de un mundo donde la gente pueda vivir libre de violencia, discriminación y opresión.

Sussan Tahmasebi trabaja en concienciar al público en general sobre los modos en que las leyes discriminatorias violan los derechos humanos de la mujer en Irán. Tahmasebi es miembro fundador de la Campaña de Un Millón de Firmas, una iniciativa de base que fomenta la concienciación general sobre los derechos de la mujer y reúne firmas de iraníes a favor del fin de las leyes con prejuicios en base al género.

Tahmasebi ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil iraní de efectuar cambios positivos. Fue la cofundadora del Centro Iraní para la Formación e Investigación de la Sociedad Civil (ICTRC, por sus siglas en inglés), el cual llevó a cabo una labor innovadora antes de su clausura por las fuerzas de seguridad en marzo de 2007. Antes de iniciar su labor en Irán, Tahmasebi trabajó en EE UU para mejorar el acceso de las comunidades marginadas a servicios médicos y de salud reproductiva.

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Human Rights Watch (HRW)

  • La impunidad de torturas, “desapariciones” y ejecuciones amenaza la seguridad pública

En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

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Human Rights Watch

La masacre de siete personas en el sur de Colombia, presuntamente cometida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), evidencia las despiadadas tácticas que emplean los grupos armados de ese país, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno colombiano debe asegurar que se inicien investigaciones inmediatas y exhaustivas de estos hechos, que tuvieron lugar el 2 de julio de 2011, así como de los recientes asesinatos de miembros de comunidades indígenas en el norte de Colombia, presuntamente cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, manifestó Human Rights Watch.

En el episodio del 2 de julio, un grupo de hombres armados ingresó en una finca del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento sureño de Caquetá, y mató a seis miembros de una familia, incluyendo dos menores, y a un empleado. Miembros del Ejército y de la policía atribuyen la masacre a las FARC. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, las FARC han aumentado su presión sobre la población civil y mantienen una presencia activa en la zona donde se produjeron los asesinatos.

“Esta masacre sigue el patrón de abusos crueles cometidos por las FARC, quienes rutinariamente matan civiles sin el menor respeto por las leyes de la guerra”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En otro episodio reciente, ocurrido el 25 de junio, ocho personas fueron asesinadas en el departamento sureño de Nariño. Al menos 10 hombres armados ingresaron en una sala de billar en el municipio de Colón-Génova y comenzaron a disparar. Según los informes de prensa, entre las ocho personas que perdieron la vida había un menor, y otras cuatro resultaron heridas. Un funcionario local le dijo a Human Rights Watch que en la zona operan grupos sucesores de los paramilitares, las FARC y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según estadísticas oficiales, entre enero y mayo ocurrieron 17 de estas masacres, las cuales dejaron un saldo de 76 muertes y representan un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. El gobierno define masacre como el asesinato de cuatro o más personas al mismo tiempo. Los grupos sucesores de los paramilitares contribuyeron a que, en 2010, las masacres aumentaran en un 34 por ciento -  el total anual más alto que se ha registrado desde el año 2005.

Human Rights Watch también instó al gobierno colombiano a asegurar que se inicien investigaciones exhaustivas e inmediatas sobre una serie de asesinatos de líderes y miembros de comunidades indígenas que se produjeron recientemente en los departamentos de Antioquia y Córdoba, en el norte del país.

El 5 de julio, hombres armados asesinaron a balazos a una líder indígena Zenú, Mérida del Carmen Fuentes Hernández, en el municipio de Montelíbano, Córdoba, conforme a la información publicada por los medios y a un funcionario local que habló con Human Rights Watch. Los medios señalaron que las autoridades arrestaron a uno de los sospechosos del ataque armado, quien presuntamente pertenece a los “Urabeños”, un grupo sucesor de los paramilitares que surgió del fallido proceso de desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La prensa también señaló que un miembro del grupo indígena Embera Katío había sido asesinado el 1 de julio en el municipio de Montelíbano.

El 2 de julio, agresores no identificados asesinaron a balazos a Fernando Tequía, el gobernador de una comunidad indígena Embera Katío, en el municipio de Urrao, en Antioquía. De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquía (OIA), Tequía había denunciado que en sus tierras se estaban desarrollando actividades de minería ilegal.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, cinco miembros de comunidades indígenas zenúes del norte de Antioquía fueron asesinados el 24, 25 y 26 de junio, presuntamente por un grupo sucesor de los paramilitares. Entre las presuntas víctimas se encuentran Jorge Mejía Estrada, el vicegobernador de una comunidad Zenú, y sus dos hijos – ambos menores -, quienes están desaparecidos desde el 25 de junio y se presume que han fallecido.

La Defensoría del Pueblo señaló que, supuestamente, los asesinos eran miembros de un grupo sucesor de los paramilitares denominados los “Rastrojos.” En la región operan al menos otros tres grupos sucesores de los paramilitares, entre los cuales se encuentran los “Urabeños”, las “Águilas Negras” y los “Paisas”, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La OIA informó a Human Rights Watch que, en lo que va del año, un total de 14 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en Antioquía, docenas de familias indígenas han sido desplazadas y muchos líderes han sido amenazados.

“Las comunidades indígenas sufren actos de extrema violencia cometidos por poderosos grupos armados de Colombia, que incluyen a los grupos sucesores de los paramilitares”, expresó Vivanco. “Las autoridades colombianas deben tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades indígenas de los violentos grupos armados que frecuentemente los matan, los amenazan y los desplazan de sus tierras por la fuerza”.


Human Rights Watch

La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras colombiana ofrece una oportunidad histórica para restablecer millones de hectáreas de tierras a colombianos que han sido expulsados de sus hogares por la violencia, ha señalado Human Rights Watch. La implementación exitosa de la ley dependerá de la capacidad del gobierno de proteger a las comunidades desplazadas de los poderosos grupos armados que se oponen a la restitución de estas tierras.

La finalidad de la ley, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011,  es restituir tierras robadas y abandonadas a colombianos que han sido desplazados internamente, así como otorgar reparación -incluida una indemnización- a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

“Colombia hoy ha dado un paso fundamental para afrontar el legado de violencia y abuso que ha afectado a millones de ciudadanos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Americas de Human Rights Watch. “Al aprobar esta ley histórica, el Presidente Santos y el Congreso colombiano han avanzado en el reconocimiento del derecho de las personas desplazadas y de otras víctimas a obtener una reparación por los abusos que han sufrido”.

En las dos últimas décadas, más de 3,7 millones de colombianos han sido desplazados forzosamente por paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado, y se estima que han dejado atrás 6.6 millones de hectáreas de tierras. Las comunidades desplazadas que buscan la restitución de sus tierras han sido objeto de actos reiterados de violencia, amenazas e intimidación. Cerca de 50 líderes que participaron en estas iniciativas han sido asesinados desde 2005. Ana Fabricia Córdoba, una destacada líder comunitaria de Medellín que trabajó a favor de la restitución de las tierras, fue asesinada el 7 de junio por un hombre armado no identificado. Córdoba había denunciado múltiples amenazas de muerte antes de su asesinato.

Se cree que muchos de estos ataques han sido cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, que surgieron del proceso fallido de desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos, que el gobierno denomina “bandas criminales emergentes”, representan actualmente la principal amenaza para los derechos humanos en Colombia. A ellos se debe el incremento del 34 por ciento en la cantidad de masacres perpetradas durante 2010 y son un factor clave detrás de los altos niveles de desplazamientos forzados que persisten.

“La violencia persistente en contra de comunidades desplazadas hará que la implementación efectiva de la ley sea un desafío importante”, afirmó Vivanco. “Es crucial que el gobierno adopte medidas rotundas para proteger a los beneficiarios de la ley frente a los brutales grupos armados que se oponen a la restitución de las tierras”.

En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. De este modo, la comunidad internacional confirmó la obligación de los Estados de proporcionar a las víctimas recursos eficaces, lo cual incluye una reparación, y que los Estados deben mostrar pleno respeto por otros principios y derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos al cumplir sus obligaciones.

Una potencial falla de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la falta de claridad sobre si se aplicará a las personas desplazadas por los grupos sucesores de los paramilitares, cuyas víctimas también tienen el derecho a obtener reparaciones, expresó Human Rights Watch.