Toma la palabra

Centro de Medios Independientes CMI Guatemala
Marcha Indígena, Campesina y Popular
Comunidades de Población en Resistencia C.P.R. urbana
Santa Cruz Barillas Resiste
Waqib´Kej

Hostigamiento en la Puya from Esta tierra es nuestra! on Vimeo.

Carta de denuncia en contra de la empresa Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A. por las amenazas de muerte y agresiones hechas por personeros de esta empresa en contra de comunicadores sociales

Comunicadores del Centro de Medios Independientes CMI Guatemala, Comité de Unidad Campesina CUC, Coordinación y Convergencia Nacional Maya WAQI’B KEJ y la Marcha Indígena, Campesina y Popular fueron amenazados por ex militares al frente de un grupo violento de choque formado por trabajadores de la empresa norteamericana Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A.

Las agresiones y amenazas contra la vida de los comunicadores fueron hechas el día jueves 22 de noviembre 2012,  mientras hacían su trabajo de cobertura en el lugar conocido como “La Puya” en San José del Golfo, lugar en donde las comunidades organizadas mantienen por más de un año la resistencia pacifica en contra del proyecto minero El Tambor (Progreso 7 Derivada) propiedad de la empresa “KCA”.

La empresa -“KCA” – Exmingua S.A.  Desde el día martes 13 de noviembre realiza fotografías  y  video de cada uno de los compañeros comunicadores, que estuvieron cubriendo durante dos semanas las constantes agresiones e intentos de ingresar de forma violenta hasta el lugar en donde se encuentra la mina por parte de los exmilitares.

El día martes 22 de noviembre los comunicadores recibieron agresiones y amenazas de muerte de forma directa hechas por los militares especialmente por el ex teniente del ejército Pablo Silas Orozco quien se presenta como personero de la empresa. Quienes bajo coacción obligaron a los comunicadores a retirarse del lugar tras la amenaza de agredir violentamente a las y los comunitarios en resistencia pacifica de no retirarse del lugar.

Imagen del vídeo anterior.

Responsabilizamos a la empresa y al señor Daniel W. Kappes Presidente de Kappes Cassiday & Associates – Exmingua S.A. por las serias amenazas de muerte y agresiones que recibieron los comunicadores. También por la utilización de grupos violentos de choque formado por ex militares, trabajadores de la mina y ex presidiarios para la represión del pueblo de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Responsabilizamos al Estado de Guatemala y sus instituciones por la promoción y protección de las empresas nacionales y transnacionales, otorgándoles licencias de exploración y explotación minera en contra de la voluntad de las comunidades y pueblos. También por la criminalización y represión que sufren permanentemente lideres, lideresas, organizaciones y comunidades, especialmente por las agresiones y amenazas sufridas por  los comunicadores.

En sus páginas hay más información de lo que  sucede en San Jose Del Golfo y San Pedro Ayampuc contra la Resistencia pacífica del FRENAM en La Puya.

PIDEN APOYO y FIRMAS contra estas agresiones a través de mensajes en el Facebook del Centro de Medios Independientes CMI Guatemala o del mail contrareglamento@gmail.com

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Más información:

 

Miedo, ahora sí… mucho miedo

29.11.2012 ·  · Santiago Bastos

El antropólogo social Santiago Bastos pide a la comunidad internacional que atienda a la grave situación que están viviendo los periodistas y los defensores de derechos humanos en Guatemala, acosados, amenazados y agredidos por las multinacionales de la minería y sus responsables, algunos de ellos miembros destacados del Ejército.

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Por Alianza Política Sector de Mujeres

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas

Mujeres Transformando el Mundo

Asociación La Cuerda

Asociación de Mujeres de Petén Ixqik

Un grupo compuesto por cuatro mujeres y un hombre del pueblo Maya Q´eqchí de Guatemala participó en audiencias preliminares en Toronto, Canadá, del 24 al 29 de noviembre de 2012, como parte de demandas civiles que interpusieron contra la empresa canadiense Hudbay Minerals, ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en El Estor, Izabal, por la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), de la cual Hudbay era propietaria.

Raúl Caal, dirigente comunitario de El Estor, las demandantes Rosa Elvira Coc, y Angélica Choc, y Luz Méndez, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Marlon García.)

Se trata de tres demandas civiles presentadas en Toronto en 2011. La primera fue interpuesta por once mujeres q´eqchís que fueron víctimas de violaciones sexuales masivas y múltiples, durante los desalojos violentos cometidos por agentes de la seguridad privada de la CGN y de la policía y el ejército de Guatemala, el 17 de enero de 2007. Las otras dos demandas corresponden al asesinato del profesor Adolfo Ich, así como los disparos que dejaron parapléjico al joven German Chub, durante una protesta pacífica que fue reprimida por las mismas fuerzas de seguridad el 27 de septiembre de 2009.

Los demandantes son representados en Canadá por la empresa de abogados Klippenstein’s y cuentan con el respaldo de la organización Derechos en Acción. Estos casos civiles están destinados a sentar precedentes en los tribunales de Canadá a fin de romper la impunidad que gozan las empresas de la industria extractiva, por los crímenes, las violaciones a los derechos humanos y los daños a los recursos naturales que sus operaciones causan en otros países.

Las once mujeres que fueron víctimas de violación sexual durante los desalojos han participado activamente en las luchas campesinas por la defensa de la tierra y el territorio en la comunidad Lote Ocho, de El Estor. Además, junto con sus familias fueron víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, como la destrucción y quema de sus casas, alimentos y otros bienes materiales.

Estos procesos forman parte de las estrategias que mujeres y hombres campesinos q´eqchís impulsan para alcanzar justicia ante el despojo continuado de sus tierras ancestrales, en las cuales han trabajado y vivido por generaciones. Además, con estas acciones se evidencia el contubernio entre empresas transnacionales e instituciones del Estado en el despojo de la tierra a los campesinos.

Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las once mujeres víctimas de violación sexual, con Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich y con German Chub. Sus luchas son parte de nuestras propias luchas por la dignidad y la libertad de las mujeres, así como el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio.



Santiago Bastos

Antropólogo social especializado en Guatemala

  • El terror provocado por empresas transnacionales en Guatemala
  • El antropólogo social Santiago Bastos pide a la comunidad internacional que atienda a la grave situación que están viviendo los periodistas y los defensores de derechos humanos en Guatemala, acosados, amenazados y agredidos por las multinacionales –en este caso de la minería– y sus responsables, algunos de ellos miembros destacados del Ejército.

El pasado jueves 22 de noviembre se dio un paso más en el proceso de provocación e intimidación que realizan en Guatemala las empresas nacionales como transnacionales para imponer sus proyectos con respaldo y apoyo del gobierno. En este caso fueron las acciones de Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A. en contra los pobladores y comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que llevan varios días en un paro pacífico en el lugar conocido como La Puya para mostrar su oposición a las actividades mineras en su territorio.

Prensa Libre publicó el viernes 23 una escueta nota titulada “Enfrentamientos en área minera” en la que informaba de que “los disturbios” “no dejaron lesionados graves”. Y en Siglo 21 apareció otra titulada “Se caldean ánimos por la minera” en que dice que “empleados de la empresa” y “vecinos de San José del Golfo, estuvieron a punto de enfrentarse a golpes”.

Sin embargo, no fue exactamente así. Desde el mediodía del mismo día 22 circulaba una nota del Centro de Medios independientes en que informa que comunicadores de este medio y del CUC, Waqib Kej y CPR Urbana habían sido amenazados “con lincharlos, que les van a cortar las manos para que no sigan tomando imágenes”, que “las amenazas llegaron incluso a ser de muerte y linchamiento si no nos retiramos de lugar”, y  que “también golpearon en la cara a una líder comunitaria y a otro comunitario lo agarraron entre varios para golpearlo”.

La nota venía acompañada de unos vídeos que mostraban todos estos hechos de primera mano, sin trampa ni cartón. En el primero se ve llegar a un grupo de personas uniformadas con playeras grises y cascos azules, mientras al fondo se oyen los cánticos religiosos con que pacíficamente los espera la población que protesta. Estos supuestos trabajadores de la empresa, van dirigidos por un personaje de casco amarillo y altavoz en mano grita:

“…vamos a demostrar que somos gente que no se deja arrastrar por esos malditos, que no les tenemos miedo, y que sus cámaras y sus pendejadas no les tenemos miedo…. Respetamos los derechos humanos pero nos encontramos a estos malditos insultándonos con sus cámaras … Partida de maricones, huecos…”

La gente le vitorea mientras siguen los cánticos religiosos del otro lado. Entonces se da la vuelta hacia la cámara, a su lado se coloca un muchacho de playera blanca, y continúa, mientras le apunta con el dedo:

“los (no se entiende) los vamos a respetar, pero a estos maricones, jamás. Más a este peludo, a este (no se entiende) arrastrado, no lo vamos a respetar. Le tiembla la mano al hueco éste. Si sigue grabando va a ser el provocador de que toda esta mierda estalle y estalle ahorita”

Imagen de previsualización de YouTube

En el segundo vídeo en medio de un tumulto, el hombre del casco amarillo se dirige a una mujer –una dirigente comunitaria- y le grita, siempre con el altavoz: “¡¡¡apaga esa mierda!!!, ¡¡¡apaga esa mierda!!!”. Deja el altavoz y a menos de un metro, con las venas hinchadas y los ojos desorbitados, le vuelve a gritar “¡¡¡apaga esa mierda!!”, mientras con gran valentía ella resiste pacíficamente.

Este personaje es Pablo Silas Orozco Fuentes, exteniente del Ejército de Guatemala y empleado de la empresa minera KCA-Exmingua S.A. El otro personaje con casco amarillo que estaba ese día entre el tumulto era el coronel José Vicente Arias Méndez; y en días anteriores, quien los dirigía era otro coronel: Mario Ricardo Figueroa Archila, aparentemente es gerente de Exmingua S.A. Leer más


Emanuel Bran

Guatemalteco estudiante de la Universidad de Barcelona

Marcha campesina contra los asesinatos de Totonicapán (AP)

Nuevamente el gobierno de Guatemala hace gala de intolerancia y de seguir privilegiado la represión antes que el dialogo y la responsabilidad. La noticia que ha corrido por los medios de comunicación nos coloca en un trágico regreso al autoritarismo característico de los años de guerra: el pasado 4 de octubre 48 cantones (comunidades organizadas) de Totonicapan se concentraron en una vía importante del país mientras un grupo de ellos pretendía negociar  una serie de demandas (bien conocidas e ignoradas) con el gobierno de turno. La “negociación” no tuvo resultados positivos para las comunidades organizadas: entre 7 y 9 muertos y decenas de heridos a manos del Ejército de Guatemala. Esta fue la respuesta del gobierno.

En el contexto actual que vive Guatemala (saqueo de recursos y tierras indígenas  para el monocultivo y la expansión del capital) es evidente que las razones de estos hechos violentos tienen que ver con una estrategia mayor, es decir, no son las demandas puntuales las que están en juego solamente, además, se está tratando de reprimir a personas que se niegan a ser abusadas por empresas nacionales o transnacionales y que quieren defender la vida, la tierra, el agua o sus tierras. Y negarse, organizarse, expresarse, no es un delito sino un derecho. Sin embargo, lo que más resuena desde el gobierno y sectores conservadores, tal catecismo, es el mandato del gobierno y las fuerzas del orden (el de ellos) de garantizar la libertad (de locomoción, de empresa…) y de resguardar la democracia ante las protestas.

 

Sectores conservadores, determinados medios masivos de comunicación e instituciones se empeñan en crear un ambiente propicio para justificar el uso de la violencia bajo el supuesto de defender la libertad y la democracia (la de ellos claro está). Y de paso resguardar, como bien se sabe, otro de sus sagrados dogmas: la propiedad privada, el enriquecimiento a partir de la explotación y el saqueo de recursos. Parte de este teatro de operaciones, tal como ya se ha hecho en el pasado, es justificar las medidas represivas creando un “enemigo interno”, actualizado vendría ser un “enemigo de la democracia y la libertad”. Además, de una supuesta polarización entre derechas e izquierdas, que distancian mucho de lo que está ocurriendo.

 

Para estos sectores los pueblos y la gente son solamente una masa pasiva, incapaz de tomar el destino en sus manos y por tanto sujetos de manipulación ideológica. Esto nada más refleja la manera como conciben a la población: como consumidora, como mano de obra, como objeto de dominación y de control, a la que si se revela se le sosiega a palo y fuego: Nueva Linda, El Polochic y Totonicapan son solo algunos ejemplos recientes. En estos casos las fuerzas del orden, mal llamadas de Guatemala, bien valdría acotar diciendo de los empresarios de Guatemala, han servido como fuerzas de seguridad de aquellos proyectos e intereses que desde hace ya varios años necesitan saquear la tierra y sus recursos.

En un  comunicado de prensa publicado recientemente (10/10/12) y denominado “Llamamiento al diálogo, por la paz y la justicia”, firmado por Oscar Vian Morales, Arzobispo Metropolitano, Jorge Morales, Presidente de la Alianza evangélica de Guatemala, Estuardo Gálvez, Rector de la Universidad de San Carlos y Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, persiste la idea de confundir violencia, irracionalidad y antidemocracia con protesta social, especialmente cuando dicen que existe una  “tendencia hacia la polarización y los posicionamientos irreductibles que privilegian la amenaza o el uso de la fuerza, las medidas de hecho y la imposición de posiciones, en detrimento de las formas democráticas de resolución de conflictos.”

 

Por el contrario, ha quedado demostrado que varios de los últimos conflictos sociales dirimidos con violencia han sido provocados por la imposición y abusos de empresas privadas que han contado con la oportuna participación de la policía y Ejercito (trans) nacional. Por su parte la ciudadanía involucrada y organizada ha utilizado TODOS los mecanismos democráticos y ciudadanos a su alcance para resolver estas problemáticas, sobre todo, solicitando la intervención del Estado para que garantice el bien común. Todo esto está documentado y hay pruebas de que ha sido así. Por lo tanto, no se puede hablar tan fácilmente de “posturas irreductibles y uso de la fuerza” como si fuera una cosa de dos bandos.

 

En el texto también se está dando por sentado que las manifestaciones de descontento, que las demandas por el cumplimiento de acuerdos y ofrecimientos, la solicitud de respeto, la movilización y la organización, incluso la indignación, son responsabilidad de “organizaciones” como si los pueblos y las personas no tuvieran la capacidad política de saber que quieren para sus propias vidas y para su futuro: “Hacemos notar la responsabilidad, moral, política, social y jurídica, que cabe a las organizaciones sociales y sus dirigentes, cuando optan por la movilización social”. La idea de la irracionalidad de las acciones de protesta que intentan promover pretende victimizar y despojar de la capacidad y conciencia política a los manifestantes, dándole realce a la supuestas dirigencias de “organizaciones sociales” no comunitarias.

 

Además, en estas palabras se da por hecho que estas acciones constituyen en sí un irrespeto a las leyes, por lo tanto un delito y motivo de castigo. Esto solamente profundiza la criminalización de la lucha, una de las estrategias utilizadas desde hace un tiempo para parar la oposición al modelo de saqueo que se está fortaleciendo cada día más. Por ello su llamado a las “autoridades legítimamente constituidas” dando por hecho que las autoridades indígenas y comunitarias no lo son. Para la institucionalidad que ha salido en defensa de la libertad, la paz y la democracia es un delito la protesta social, es un acto irracional manipulado por actores externos. Para esta moralidad lo político tiene un espacio y no es el de la calle y tiene una autoridad que no es la indígena. A pesar de ello, las organizaciones indígenas y campesinas muestran mayor apertura al diálogo, la justicia y la gobernabilidad, como bien dijo Carmen Tacam en declaraciones a la prensa nacional “nuestro objetivo es buscar el bien común”.

 

Otra lectura muy distinta de los hechos la encontramos en el pronunciamiento de los sacerdotes de la zona Pastoral de Totonicapán, Arquidiócesis de los Altos, Quetzaltenango,# quienes expresan su sentir hacia el “sufrimiento profundo de nuestros hermanos y hermanas de nuestro pueblo y nos solidarizamos con ellos haciendo nuestro su dolor”. A la vez son contundentes y dan elementos que desmienten al poder, al denunciar “la responsabilidad del gobierno en esta masacre por enfrentar una manifestación ciudadana con soldados armados. Este es el fondo de la cuestión.” Es muy importante tener claro que lo sucedido NO se le fue de las manos al gobierno y, además, que NO se puede decir que la población cometió ilegalidades y ello justificó la violencia indiscriminada. Como bien lo señalan estos sectores éticos de la iglesia, “no sólo se trata de un hecho coyuntural sino de una política de estado respaldada por grupos de poder que discriminan a los pueblos indígenas y no atiende con respuestas concretas a sus necesidades básicas.”

 

Los sacerdotes de los Altos dan su respaldo a las comunidades de Totonicapan sin titubeos: “Defendemos el derecho de los 48 cantones a manifestarse para ser oídos y atendidos prontamente en sus demandas siempre que esa manifestación responda a los intereses de sus bases, sea pacífica y no exponga a su gente a la muerte.” Y cómo no hacerlo si la manifestación fue pacífica y utilizó la concentración como forma de expresión de sus intereses. Pero además, porque las organizaciones indígenas toman el espacio como acto y lugar de lo político más allá de los espacios establecidos por el poder como “legítimos” para actividad política.

Por eso indigna que quien dice hablar desde la ética -revelada por Dios o depositada por la razón o el pueblo- use su posición para reforzar las posturas de un poder que ha demostrado no respetar la vida de sus ciudadanos. Si cabe, el Arzobispo, el Procurador, el Rector y el Presidente Evangélico son más perversos pues usan su investidura para tergiversar a la verdad en nombre de una postura “ética”. Por eso se agradece saber que existen curas y pastores –con minúscula- que no pretenden quedar bien con los poderosos y están dispuestos a denunciar a quienes son capaces de matar en nombre de “la autoridad” para defender la propiedad privada.

 


Por Mujeres de Guatemala

Representantes de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, con sede en España, junto a personas solidarias de otras ONGs del Estado español, se manifiestaron la mañana de este 8 de octubre frente a la Embajada de Guatemala en España (C/Rafael Salgado 3, Madrid) para exigir que se investigue a los altos cargos responsables del desalojo violento que finalizó con ocho capesinos muertos y más de 40 heridos en Totonicapán, Guatemala.

Mientras el presidente de Guatemala, general retirado, Otto Pérez Molina ha apoyado  públicamente las acciones del Ejército, al disparar contra la población indígena que se manifestaba pacíficamente en Totonicapán, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenan los hechos y la actuación del Ejército.

No ha habido una sola dimisión. El titular del Ministerio del Interior, el exmilitar Mauricio López Bonilla y el de Defensa, general Noé Anzueto, llegaron a asegurar que policías y militares no estaban armados. Junto a Pérez Molina, son los máximos responsables de la operación de desalojo que tan violentamente pretendía disolver la manifestación convocada por los líderes indígenas de los 48 cantones de Totonicapán que hoy lloran la pérdida irreparable de sus seres queridos.

Desde la AMG, condenamos la violencia estatal que, una vez más, se ensaña contra el pueblo de Guatemala y nos sumamos, desde España, a la solidaridad con las familias y con el pueblo de Totonicapán.

 

 


Mercedes Hernández

Activista de Derechos Humanos. Formada en Ciencias Jurídicas, Sociales y Citotecnología.

Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala


  • El exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt comparece hoy ante la Justicia de su país para responder por las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra perpetrados en contra de miles de opositores durante los 17 meses que estuvo al frente del Gobierno en la década de los ochenta.
  • En 1982, durante su gobierno, las mujeres constituían el 42% de las víctimas de las masacres: sobre sus cuerpos se practicó, de manera sistemática, todo tipo de torturas, en especial violencia sexual, como antesala de la muerte.
  • Retransmisión en directo de la audiencia de Ríos Montt

Una niña contempla el paisaje desde la entrada de una casa. Cuatro adolescentes varones y una joven embarazada fueron asesinados por desconocidos en el barrio. 20 de febrero de 2010 (Rodrigo Abd / AP)

En las calles de Guatemala son exhibidos todos los días los cadáveres mutilados y torturados de mujeres y de niñas asesinadas por hombres o por grupos de hombres que se organizan para demostrar su capacidad letal infundiendo el terror en las mujeres, como género, y en la población en su conjunto. Casi 1.000 mujeres fueron asesinadas en Guatemala durante 2011 y más de 6.000 lo han sido en los últimos diez años. Estos asesinatos son silenciados y ocultados tras el panorama de violencia cotidiana en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Mujeres durante una velada contra la violencia el 25 de noviembre de 2005 (Moisés Castillo / AP)

A pesar de las alarmantes cifras de la actualidad, la violencia feminicida ha sido una constante y nunca la excepción en la historia de Guatemala: al patriarcado precolombino siguieron las formas de subordinación racista impuestas por la invasión española, que perpetuó prácticas esclavistas en los latifundios de los colonos. Más tarde, el país fue devastado por un conflicto armado que duró 36 años (1960-1996) y que dejó al menos 250.000 víctimas. Una de cada cuatro personas asesinadas era mujer, es decir, población civil desarmada no combatiente. Leer más


Mercedes Hernández

Activista de Derechos Humanos. Formada en Ciencias Jurídicas, Sociales y Citotecnología. Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala

Familiar de una víctima de la represión escucha la sentencia a más de 6000 años en prisión a la que se condenó a tres soldados por los crímenes cometidos durante la guerra civil (Rodrigo Abd)

A finales de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron los Acuerdos de Paz, poniendo fin a 36 años de un conflicto armado interno que dejó al menos 250.000 víctimas mortales. Hoy, 15 años después, con el rearme bélico e ideológico de los antiguos grupos armados, junto a mafias de más reciente surgimiento –que se disputan el territorio y la soberanía del Estado–, se hacen más evidentes y profundas las heridas que dejó el autoritarismo militar de aquellos años.
Como resultado de los propios Acuerdos de Paz surgió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que constató: el desplazamiento interno de más de 1,5 millones de personas; el exilio, principalmente hacia México, de 150.000 más; 626 masacres en aldeas, y al menos 250.000 personas asesinadas o desaparecidas. El 93% de estos delitos es responsabilidad del Ejército guatemalteco, el 3% de la guerrilla y del 4% restante no se ha podido determinar la autoría.

Recuperación de restos de una matanza del Ejército guatemalteco en Cocop en la que se asesinaron a 79 personas (Rodrigo Abd / AP)

Entre 1980 y 1982, época en que ocurrió la mayoría de las masacres, bajo el mando de los generales Romeo Lucas García y Efraín Rios Montt, las mujeres llegaron a constituir el 42% de las personas asesinadas. La académica, Victoria Sanford, en su análisis cuantitativo del informe de la CEH, asegura: “A mediados de 1982 el número de homicidios de mujeres y niñas subió tan marcadamente que disminuyó el porcentaje de víctimas masculinas.” Este dato revela una estrategia planificada desde el Alto Mando del Ejército, cuya intención era exterminar no sólo las bases materiales de las comunidades, sino su capacidad para reproducirse. También evidencia la eliminación de población civil absolutamente desarmada, no combatiente.
A pesar de la contundencia de las cifras y de la ponderación de las responsabilidades derivadas de la ejecución de la política de tierra arrasada, que incluyó asesinatos de hombres y mujeres, de niños y niñas, violaciones sexuales masivas, feticidios, desapariciones, mutilaciones  y torturas que iban más allá de la muerte con la prohibición de enterrar los cadáveres, los autores intelectuales y materiales –a excepción de una media docena de militares de bajo rango– permanecen sin juicio ni castigo. Peor aún, algunos, como el general retirado Otto Pérez Molina, presidente electo de Guatemala, que tomará posesión el 14 de enero de 2012, niegan categóricamente la existencia del genocidio perpetrado contra el pueblo maya por agentes estatales, algunos de los cuales actuaron bajo su mando.
El genocidio es considerado, en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales, como un delito iuris gentium, o de lesa humanidad; si cabe, el más grave de todos y, por lo mismo, de naturaleza imprescriptible. Es un delito donde la intención se configura como elemento básico y constitutivo: la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, que en el caso de la jerarquía militar de Guatemala queda ejemplificada en procedimientos bélicos como la Operación Sofía: una ofensiva militar, ejecutada en la región conocida como Área Ixil, en el departamento de El Quiché, en 1982, destinada a “exterminar a los indígenas considerados subversivos”. De esta operación se tiene un registro completo, realizado por los propios militares, que determina, con total claridad, que la cadena de mando funcionaba en todo momento y que, como indica la analista del National Security Archive, Kate Doyle: “Las actuaciones de los soldados en el campo de batalla eran el resultado directo de las órdenes de los oficiales superiores, que se enteraron de todo en tiempo real y que enviaron nuevas instrucciones, que se cumplieron por las tropas durante las operaciones”.
Tras décadas de búsqueda de justicia, se han logrado algunas sentencias históricas en Guatemala, como la condena a 6.060 años de prisión para cada uno de los responsables materiales acusados de la masacre de la aldea Las Dos Erres. Otras, evolucionan favorablemente en cortes internacionales; tal es el caso de la querella presentada, en 1999, por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que ha sido ampliada en 2011 para investigar, por el principio de Justicia Universal, los crímenes de género constitutivos de genocidio y delitos de lesa humanidad, en la Audiencia Nacional de España.

Familiares de asesinados por soldados guatemaltecos durante el bombardeo de la comunidad de Vivitz en 1982. Veintinueve años después, en junio de 2011, el Ministerio Público presentó cargos contra el General Héctor Mario López Fuentes por planear y ordenar operaciones militares de sangre que formaron parte del plan "Victoria 82" mientras ocupaba el cargo de Ministro de Defensa. El plan incluía el exterminio de los habitantes de aldeas de Nebaj durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (R. A.)

La persecución penal de los militares sindicados de crímenes de guerra, ha suscitado el rearme de las filas: junto a sus familiares y amigos, se han aglutinado en organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y la Asociación Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente (FAMILIAS), desde las cuales han orquestado  una campaña de desestabilización, admitida abiertamente, contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, denunciando a integrantes de su familia, con los objetivos de descalificarla como operadora de justicia y de “vengar” su eficaz desempeño en la consecución de las condenas contra los agentes castrenses. También se han querellado, junto a otras 49 personas, contra tres periodistas que se han dedicado a denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares: Marielos Monzón, de Prensa Libre; Iduvina Hernández, de Plaza Pública y Miguel Ángel Albizures, actual presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), han sido acusados de participar en la organización y ejecución de secuestros y asesinatos de diplomáticos extranjeros. Monzón no había nacido en el año en que ocurrieron los hechos de los cuales se le acusa y Hernández tenía 12 años en la misma época.
Los intentos reiterados de procurar impunidad a militares y ex militares responsables de las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado incluyen ilegalidades flagrantes en el Congreso de la República, desde donde legisladores afines a estos hostis humani generis (enemigos de la humanidad) han llegado a falsificar documentos que recogen iniciativas parlamentarias, con la intención de sacar adelante una nueva modalidad de ‘ley de punto final’.
Asimismo, se exacerba el discurso de las tendencias ‘ultras’ de la derecha y de la izquierda, que reparte por igual la responsabilidad sobre unos y otros: una demagogia disfrazada de novedad pacifista, destinada a justificar las pretensiones dictatoriales de ‘perdón y olvido’, que cautiva a personas desconocedoras de las razones estructurales que tipifican jurídica y socialmente, tanto los delitos, como la responsabilidad de sus perpetradores. El genocidio no es una suma de asesinatos u otras agresiones, físicas o psíquicas, y entender su naturaleza, a la luz de las normativas vigentes, de las cuales Guatemala es país signatario, es indispensable para superar el drama histórico de todas las víctimas, sean cuales fueren sus verdugos.

Familiares de asesinados en la masacre de Vijolom en el cementerio de Nebaj (R. A.)

Mientras, el rearme –bélico e ideológico– de los señores de la guerra, del pasado y del presente, incluidos los combatientes de las mafias y de los narco-comandos, está en marcha y sigue ganando territorio y soberanía al Estado, nutriéndose de cada brecha existente en un tejido social hipersegmentado por la desigualdad, la inseguridad y el racismo, herederos de las formas de subordinación colonial y de los regímenes dictatoriales más sanguinarios. Esos que siguen intentando aniquilar la Justicia con memoria.

Tomás Raimundo Pérez posa con una foto de su padre, asesinado durante la matanza de Nebaj (R. A.)

Habitantes de la comunidad de Nebaj (R. A.)