Por Redacción Prensa Comunitaria

Por Quimy de León

Prensa comunitaria

Eran las tres de la tarde cuando entré a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Estaba llenísima de gente, eran cientos de personas, ni siquiera puedo decir cuántas. Había luchadoras sociales de toda la vida, también jóvenes, muchas de ellas provenientes de diferentes puntos del país; había presencia de comunicadores sociales, periodistas tanto nacionales como prensa extranjera; también hubo familiares de militares que vociferaban mensajes de odio. Había tanta tensión que hasta se podía oler y tocar.

Al entrar en la sala, me encontré con amigas, con quienes nos hemos acompañado y coincidido en esta lucha que es la vida y es de toda la vida; entonces me sentí más tranquila, segura de que todo esto es mucho más fácil si caminamos juntas.

Por Human Rights Watch

La anulación postergaría la posibilidad de justicia y obligaría a las víctimas a reiterar su doloroso testimonio

Mujer asistente al juicio por Genocidio contra Ríos Montt el día 2 de abril, cuando se escucharon los testimonios de 10 mujeres ixiles víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y otras violaciones a sus derechos humanos por parte del Ejército de Guatemala. (Centro de Medios Independientes de Guatemala)

La abrupta suspensión del juicio por genocidio contra el ex presidente de facto de Guatemala Efraín Ríos Montt despierta serias dudas sobre el acceso de las víctimas a la justicia señaló hoy Human Rights Watch.

El 18 de abril de 2013, a poco de concluirse el juicio oral que llevaba ya cuatro semanas, la Jueza Carol Patricia Flores —que había sido separada de la causa en 2011 y luego confirmada nuevamente por resolución de la Corte de Constitucionalidad —dispuso la nulidad de diligencias realizadas en la causa, incluido el debate oral y público en el cual habían dado su testimonio más de 100 testigos de cargo.

“Durante años, el caso de Ríos Montt y otros similares han sido demorados a través de maniobras dilatorias y actos de intimidación contra víctimas y funcionarios judiciales por igual”, aseveró Reed Brody, asesor legal sénior de Human Rights Watch, que sigue de cerca el proceso desde su inicio. “La decisión inesperada de suspender el juicio, implica el riesgo de que las víctimas estén obligadas a atravesar nuevamente por la experiencia desgarradora que implica relatar los abusos aberrantes sufridos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad”. Leer más

Publicado por Prensa Comunitaria

Fotografías de Radio Santa Cruz

Cientos de comunitarios y comunitarias de Santa Cruz Barillas se instalaron pacíficamente en el camino comunitario que conduce a la entrada de las instalaciones en donde la empresa Hidro Santa Cruz pretende continuar realizando trabajos de construcción de la Hidroeléctricas Qambalam I, en área denominada Poza Verde.

Hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad, en horas de la madrugada se instalaron en este camino comunitario durante todo el día, en horas de la noche se preparan para cocinar y continuar con esta lucha pacífica iniciada años atrás.

La resistencia pacífica de Barillas decidió realizar un plantón y toma pacífica, vale la pena recordar que en este mismo lugar trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz asesinaron el 1 de mayo 2012 a Andrés Pedro Miguel, quien se habría negado a vender sus tierras a dicha empresa. Leer más

El Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jorge De León Duque, emitió el día viernes 22 de febrero 2013, una solicitud para que la Supervisión de Tribunales inicie un proceso de investigación administrativa a cuatro jueces, informa el diario Siglo 21.

Quimy De León y Santiago Bastos /Prensa Comuntaria

• Pese a la liberación de los presos políticos aún quedan muchos pendientes para que vuelva la paz

Por Prensa Comunitaria Guatemala

Salida de los presos de Santa Cruz de Barillas

 

Fundación Abogacía Española

Se presenta mañana un “Amicus Curiae” ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que debe estudiar si deja en libertad al general que presidió el país centroamericano en los años más sangrientos del conflicto armado

La Fundación Abogacía Española ha suscrito un Amicus Curiae que se interpondrá mañana jueves, 27 de diciembre, ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para intentar evitar que este tribunal conceda la amnistía al general Efraín Ríos Montt, presidente de la República en los años más sangrientos del conflicto armado en el país centroamericano.

El Amicus Curiae, impulsado por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad y suscrito, además de la Fundación Abogacía Española, por la Asociación para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Rights International Spain y los juristas José Antonio Martín Pallín, Elisa Veiga y Carlos Jiménez Villarejo, entre otros, pretende puntualizar algunos aspectos desde el Derecho Internacional que pudieran servir de elementos de discusión en las deliberaciones de la Corte.

Según los firmantes, “Guatemala tiene la oportunidad de demostrar que está en camino de ser un Estado de Derecho donde se cumple la Ley y se reconocen los derechos de las víctimas, situándose al lado de los países que consolidan sus democracias mediante la lucha contra la impunidad, o de acercarse a un estado fallido o estado sin Ley”.

Como concluye el Amicus, “el Estado de Guatemala no puede interponer ningún obstáculo para el enjuiciamiento y, en su caso, castigo de José Efraín Ríos Montt, pues está obligado frente a todos los Estados a su persecución, de manera que toda ley nacional –así como decisión judicial- que postergue la investigación de los crímenes, los considere prescritos u otorgue amnistía es contraria a las obligaciones internacionales que el estado de Guatemala debe cumplir”.

DIEZ AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidirá en los próximos días si otorga o no la amnistía al general Ríos Montt. Tal concesión, a juicio de los firmantes del Amicus, sería una grave violación de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y un gran varapalo para las víctimas, las organizaciones de Derechos Humanos, que llevan más de diez años trabajando contra la impunidad, y para el pueblo de Guatemala en general.También supondría un duro golpe al Estado de Derecho en Guatemala.

Dejar en la impunidad crímenes internacionales como los que se le han imputado a Ríos Montt, pone seriamente en duda la credibilidad del sistema de justicia guatemalteco y su capacidad para investigar y castigar tanto a los responsables de los crímenes del conflicto, como las graves violaciones de derechos humanos que se cometen actualmente.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU concluyó que durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala hubo más de 200.000 víctimas, 45.000 desaparecidos, al menos 650 masacres, medio millón de refugiados en Méjico y un millón de desplazados. La CEH determinó que las Fuerzas de Seguridad del Estado son responsables del 93% de los crímenes.

ACTOS DE GENOCIDIO

Igualmente, esta Comisión aseguró que en 1982, el Ejército de Guatemala dirigido por Efraín Ríos Montt cometió actos de genocidio. Esta información se ha ido corroborando con las pruebas obtenidas y presentadas en procesos judiciales celebrados tanto en Guatemala como en España.

Fruto del trabajo incansable de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y el buen hacer de los operadores de justicia han sido condenados varios autores materiales de desapariciones forzadas y masacres. La detención de parte del Alto Mando de Ríos Montt, como los generales Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez, y la imputación por genocidio del mismo ex Presidente de la República han sido hitos en la larga historia por el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

La Comunidad Internacional espera que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sea ajustada a los avances de los estándares de Derecho internacional y la abundante jurisprudencia internacional al respecto. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el pasado mes de octubre que la aplicación de la amnistía en El Salvador refleja una grave afectación de la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos.

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Información relacionada:

“Enjuiciar a Ríos Montt es un mensaje de igualdad ante la ley”

24.09.2012 · periodismohumano · Danilo Valladares (Guatemala)

Desde la asunción en 2010 de Claudia Paz y Paz Bailey como fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, se esclarecieron una serie de crímenes que involucran a militares que actuaron en la represión a la guerrilla izquierdista, narcotraficantes y miembros del crimen organizado.

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“Vamos camino a derrotar la impunidad”

20.03.2012 · IPS · Danilo Valladares (Guatemala) · Guatemala

“Para llegar a la paz es necesario saber la verdad y reparar a las víctimas. Y parte de ello es que todos los crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad contra el pueblo maya deben ser juzgados”, dice la lideresa indígena guatemalteca Rosalina Tuyuc, Premio Niwano de Paz.

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Víctimas de guerra y del olvido

19.03.2012 · IPS · Danilo Valladares · Guatemala

En 1982 masacraron a mi mamá y otras 15 personas y quemaron nuestra casa. Ahora buscamos apoyo porque no hemos recibido ayuda”, relató el indígena ixil Jacinto Escobar, que procura un resarcimiento del Estado tras la guerra que asoló a este país entre 1960 y 1996.

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Ríos Montt procesado por genocidio

30.01.2012 · IPS · Danilo Valladares · (Guatemala)

Tras más de 11 horas de audiencia, la justicia de Guatemala dispuso enjuiciar por genocidio y crímenes contra la humanidad al exdictador Efraín Ríos Montt. Hasta ahora ha logrado evitar la cárcel por ahora pese a que esos delitos son penalizados con hasta 30 años de prisión.

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Centro de Medios Independientes CMI Guatemala
Marcha Indígena, Campesina y Popular
Comunidades de Población en Resistencia C.P.R. urbana
Santa Cruz Barillas Resiste
Waqib´Kej

Hostigamiento en la Puya from Esta tierra es nuestra! on Vimeo.

Carta de denuncia en contra de la empresa Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A. por las amenazas de muerte y agresiones hechas por personeros de esta empresa en contra de comunicadores sociales

Comunicadores del Centro de Medios Independientes CMI Guatemala, Comité de Unidad Campesina CUC, Coordinación y Convergencia Nacional Maya WAQI’B KEJ y la Marcha Indígena, Campesina y Popular fueron amenazados por ex militares al frente de un grupo violento de choque formado por trabajadores de la empresa norteamericana Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A.

Las agresiones y amenazas contra la vida de los comunicadores fueron hechas el día jueves 22 de noviembre 2012,  mientras hacían su trabajo de cobertura en el lugar conocido como “La Puya” en San José del Golfo, lugar en donde las comunidades organizadas mantienen por más de un año la resistencia pacifica en contra del proyecto minero El Tambor (Progreso 7 Derivada) propiedad de la empresa “KCA”.

La empresa -“KCA” – Exmingua S.A.  Desde el día martes 13 de noviembre realiza fotografías  y  video de cada uno de los compañeros comunicadores, que estuvieron cubriendo durante dos semanas las constantes agresiones e intentos de ingresar de forma violenta hasta el lugar en donde se encuentra la mina por parte de los exmilitares.

El día martes 22 de noviembre los comunicadores recibieron agresiones y amenazas de muerte de forma directa hechas por los militares especialmente por el ex teniente del ejército Pablo Silas Orozco quien se presenta como personero de la empresa. Quienes bajo coacción obligaron a los comunicadores a retirarse del lugar tras la amenaza de agredir violentamente a las y los comunitarios en resistencia pacifica de no retirarse del lugar.

Imagen del vídeo anterior.

Responsabilizamos a la empresa y al señor Daniel W. Kappes Presidente de Kappes Cassiday & Associates – Exmingua S.A. por las serias amenazas de muerte y agresiones que recibieron los comunicadores. También por la utilización de grupos violentos de choque formado por ex militares, trabajadores de la mina y ex presidiarios para la represión del pueblo de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Responsabilizamos al Estado de Guatemala y sus instituciones por la promoción y protección de las empresas nacionales y transnacionales, otorgándoles licencias de exploración y explotación minera en contra de la voluntad de las comunidades y pueblos. También por la criminalización y represión que sufren permanentemente lideres, lideresas, organizaciones y comunidades, especialmente por las agresiones y amenazas sufridas por  los comunicadores.

• Centro de Medios Independientes CMI Guatemala
• Marcha Indígena, Campesina y Popular
• Comunidades de Población en Resistencia C.P.R. urbana
• Santa Cruz Barillas Resiste
• Waqib´Kej

En sus páginas hay más información de lo que  sucede en San Jose Del Golfo y San Pedro Ayampuc contra la Resistencia pacífica del FRENAM en La Puya.

PIDEN APOYO y FIRMAS contra estas agresiones a través de mensajes en el Facebook del Centro de Medios Independientes CMI Guatemala o del mail contrareglamento@gmail.com

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Más información:

Miedo, ahora sí… mucho miedo

29.11.2012 · Toma la palabra · Santiago Bastos

Por Alianza Política Sector de Mujeres

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas

Mujeres Transformando el Mundo

Asociación La Cuerda

Asociación de Mujeres de Petén Ixqik

Un grupo compuesto por cuatro mujeres y un hombre del pueblo Maya Q´eqchí de Guatemala participó en audiencias preliminares en Toronto, Canadá, del 24 al 29 de noviembre de 2012, como parte de demandas civiles que interpusieron contra la empresa canadiense Hudbay Minerals, ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en El Estor, Izabal, por la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), de la cual Hudbay era propietaria.

Raúl Caal, dirigente comunitario de El Estor, las demandantes Rosa Elvira Coc, y Angélica Choc, y Luz Méndez, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Marlon García.)

Se trata de tres demandas civiles presentadas en Toronto en 2011. La primera fue interpuesta por once mujeres q´eqchís que fueron víctimas de violaciones sexuales masivas y múltiples, durante los desalojos violentos cometidos por agentes de la seguridad privada de la CGN y de la policía y el ejército de Guatemala, el 17 de enero de 2007. Las otras dos demandas corresponden al asesinato del profesor Adolfo Ich, así como los disparos que dejaron parapléjico al joven German Chub, durante una protesta pacífica que fue reprimida por las mismas fuerzas de seguridad el 27 de septiembre de 2009.

Los demandantes son representados en Canadá por la empresa de abogados Klippenstein’s y cuentan con el respaldo de la organización Derechos en Acción. Estos casos civiles están destinados a sentar precedentes en los tribunales de Canadá a fin de romper la impunidad que gozan las empresas de la industria extractiva, por los crímenes, las violaciones a los derechos humanos y los daños a los recursos naturales que sus operaciones causan en otros países.

Las once mujeres que fueron víctimas de violación sexual durante los desalojos han participado activamente en las luchas campesinas por la defensa de la tierra y el territorio en la comunidad Lote Ocho, de El Estor. Además, junto con sus familias fueron víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, como la destrucción y quema de sus casas, alimentos y otros bienes materiales.

Estos procesos forman parte de las estrategias que mujeres y hombres campesinos q´eqchís impulsan para alcanzar justicia ante el despojo continuado de sus tierras ancestrales, en las cuales han trabajado y vivido por generaciones. Además, con estas acciones se evidencia el contubernio entre empresas transnacionales e instituciones del Estado en el despojo de la tierra a los campesinos.

Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las once mujeres víctimas de violación sexual, con Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich y con German Chub. Sus luchas son parte de nuestras propias luchas por la dignidad y la libertad de las mujeres, así como el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio.