Por Human Rights Watch

Cientos de miles de mujeres y niñas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola de Estados Unidos se enfrentan a un alto riesgo de violencia y acoso sexual en su lugar de trabajo debido a que algunas autoridades y empleadores en este país no adoptan medidas para protegerlas adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Si bien el actual proyecto legislativo del Senado estadounidense que prorroga la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) contribuiría en parte a resolver este problema y debería promulgarse, aún queda mucho más por hacer, expresó Human Rights Watch.

El informe de 95 páginas, “Cultivar el temor: La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas inmigrantes frente a la violencia y el acoso sexual en Estados Unidos”, describe casos de violación sexual, acoso, manoseo sin consentimiento, exhibicionismo y uso de lenguaje vulgar u obsceno por parte de supervisores, empleadores y otras personas con cargos de poder. La mayoría de los trabajadores agrícolas entrevistados señalaron que ellos u otros trabajadores que conocían habían recibido este tipo de trato. Y casi todos afirmaron que no habían denunciado estos ni otros abusos por temor a represalias. Quienes habían interpuesto demandas por acoso sexual o denunciado una agresión sexual a la policía lo habían hecho a instancias y con la asistencia de defensores de víctimas o abogados, y afrontando numerosos obstáculos.

“La violación sexual, el manoseo y el lenguaje obsceno por parte de supervisores abusivos no deberían sumarse a las difíciles condiciones laborales que ya toleran los trabajadores agrícolas inmigrantes mientras producen los alimentos que consume el país”, aseveró Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “En vez de que se valore su aportación, los inmigrantes que trabajan en la agricultura están sujetos a un sistema inmigratorio disfuncional y leyes laborales que los excluyen de garantías básicas que a otros trabajadores raramente se niegan”.
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Kerry Kennedy

Activista estadounidense de los Derechos Humanos

Un policía le toma las huellas dactilares a Rosa Parks, después de ser arrestada por no haber cedido su asiento a una persona blanca (AP)

Recientemente, me reuní con algunos de los héroes modernos de nuestra nación para remememorar el señero movimiento por los derechos civiles en Alabama. Nadie ha hecho más en los últimos treinta años para combatir el odio racial en Estados Unidos que Morris Dees mediante el Southern Poverty Law Center. Al frente de esa organización, Morris fue un pionero en la estrategia de enjuiciar a grupos racistas por daños y perjuicios de tal monto que frecuentemente los llevaban a la bancarrota. La reacción fue tan feroz que 30 personas fueron condenadas a prisión por complots para asesinarlo, escribe Kerry Kennedy, Presidenta del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.

Fotografía de la ficha policial de Rosa Parks (AP)

Con Morris visité el Capitolio de Alabama, donde, como Fiscal General de Estados Unidos, mi padre, Robert Kennedy, fue hace 48 años para exigir al gobernador George Wallace que cumpliera con la Constitución y pusiera fin a la segregación racial. El día de la reunión Wallace había quitado la bandera estadounidense del Capitolio e izado en su lugar la de la Confederación.

Visitamos el Rosa Parks Museum, donde hay una reconstrucción de la escena del 1 de diciembre de 1955, cuando el chofer blanco de un ómnibus de la ciudad de Selma exigió a la señora Parks, una afroestadounidense, que cediera su asiento a un blanco. Ella se negó y fue encarcelada. Días después, se formó la Montgomery Improvement Association, que designó presidente a Martin Luther King. Sucesivamente, el 90% de los integrantes de la comunidad negra inició el boicot al transporte público, que duró 13 meses hasta que entró en vigor la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la segregación racial en el transporte público.

El pasado 8 de abril se celebraron elecciones presidenciales boicoteadas por la oposición en este pequeño país del Cuerno de África, contagiado por las movilizaciones populares contra los regímenes autócratas del Magreb y Oriente Medio, y que a la vez forma parte de los principales ejes de la lucha contra el terrorismo de EEUU. En consecuencia, la contundente victoria del presidente Ismail Omar Guelleh para gobernar un tercer mandato no fue ninguna sorpresa.

El 18 de febrero diversos partidos de la oposición, grupos de defensa de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil lograron reunir a unos 30.000 manifestantes en el centro de la capital, una de las concentraciones más numerosas llevadas a cabo en este diminuto país del Cuerno de África, pero con mucha menos repercusión mediática que sus vecinos magrebíes. La Policía dispersó con brutalidad a los manifestantes, evitando que instalasen un campamento de protesta en el centro de la ciudad, a imagen y semejanza de la egipcia plaza Tahrir, y llevó a cabo la detención de 300 líderes de la oposición y de la sociedad civil. Según fuentes opositoras, se produjeron dos víctimas mortales y decenas resultaron heridas cuando la Policía lanzó disparos y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Desde entonces, una presencia constante y masiva de la Policía en la ciudad, y las noticias sobre torturas y detenciones, moneda corriente por estos lares, han frenado la organización de nuevas protestas contra el Gobierno. Sin embargo, los líderes de la oposición decidieron boicotear el proceso electoral del 8 de abril al no presentar sus candidaturas, además de anunciar que continuarían las movilizaciones. La oposición, agrupada en torno a la coalición Union pour l’Alternance Démocratique (UAD), está permitida desde 2002, aunque boicoteó las elecciones de 2005 y 2008 por la ausencia de libertad de expresión y las presiones gubernamentales. Incluso una pequeña insurgencia, el Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie (FRUD), surgido de la comunidad afar, mayoritaria y marginada en el país, se ha reactivado y ha amenazado con llevar a cabo acciones bélicas para derrocar al Gobierno.

Protesta de la oposición al gobierno el 18 de febrero. El grupo de seguimiento de lecciones estadounidense Democracia Internacional denunció en marzo que el gobierno de Djibouti había expulsado un grupo de la oposición un mes antes de las elecciones (AP)

Djibouti, creado artificialmente por el colonialismo, accede a la independencia de Francia en 1977. Basado en razones estratégicas, el Estado depende de su puerto como principal recurso a través del cual Etiopía canaliza gran parte de su comercio exterior, y tras la guerra fronteriza que enfrentó a Etiopía con Eritrea entre 1998 y el 2000, se incrementó aún más esta dependencia. Su situación es también estratégica para el control del tráfico marítimo en el mar Rojo, y su proximidad a Somalia es un acicate para el establecimiento de misiones militares para controlar desde Djibouti las acciones de piratería en las aguas somalíes, en incremento constante desde el año 2008 y que la comunidad internacional se ve incapaz de frenar a pesar de la cantidad de recursos dedicados a ello. Centenares de barcos han sido secuestrados (y muchos de ellos liberados tras el pago de cifras astronómicas), algunos de ellos pesqueros que faenaban de forma ilegal en aguas somalíes, incluidos españoles, ante la mirada atónita de una de las operaciones militares más importantes de la actualidad. Aproximadamente una treintena de embarcaciones de guerra de unos 20 Estados patrullan las costas de Somalia y la parte noroccidental del océano Índico con el objetivo de frenar los ataques de las milicias somalíes. La operación, compuesta por la EUNAVFOR (cuya fuerza está comandada por un español desde diciembre), la OTAN y la Combined Task Force 151 (liderada por la V flota estadounidense) a la que se suman barcos de otros Estados como Japón, Rusia, China, India o Arabia Saudita, calificada de fracaso por sus propios miembros, tiene una de sus bases principales en Djibouti, por lo que pagan importantes sumas de dinero que a la postre, sirven para mantener en el poder al Gobierno autoritario que lidera Ismail Omar Guelleh desde 1999. Así, aunque este país no dispone de petróleo como sus vecinos del norte, ha sabido aprovechar su situación estratégica para conseguir que Francia, EEUU y desde el año 2010, Japón, alquilen bases militares por 40 y 50 millones de dólares al año. En el último caso, la base militar japonesa supone su primera misión en el extranjero desde la II Guerra Mundial. A estas cifras, además de la ayuda al desarrollo que recibe y los depósitos bancarios de los secuestros cometidos en las aguas somalíes, según numerosas fuentes, se une el hecho de que una séptima parte de su población, de un total de 800.000 habitantes, sufre una grave crisis humanitaria.

La base militar de EEUU, Camp Lemonnier, abierta a principios de 2001 sobre los restos de una antigua base francesa, adquirió un mayor protagonismo a raíz de los atentados del 11-S, convirtiéndose en la sede de la Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA) del U.S. Africa Command (AFRICOM). Es decir, EEUU dispone en Djibouti de su base de operaciones en África, desde donde lleva a cabo actividades de cooperación militar y lanza operaciones de lucha contra el terrorismo – Enduring Freedom – en el continente, y cuyos componentes navales, las coaliciones multinacionales navales Combined Task Force 150 y la 151, vigilan las aguas del océano Índico, el mar Arábigo y dan apoyo a las operaciones que se llevan a cabo en Iraq, en el marco de la Operation Iraqi Freedom. Así, este pequeño país, del tamaño de la Comunidad Valenciana, ha conseguido comprar el silencio de la comunidad internacional gracias a su situación estratégica frente a las violaciones de los derechos humanos que comete su Gobierno, por lo que la política de doble rasero de Occidente se pone aquí más que nunca de manifiesto. Mientras Occidente mira hacia Libia, está en manos de la población de Djibouti poner contra las cuerdas a su Gobierno y a la cínica geopolítica de la comunidad internacional.

El intérprete del ejército estadounidense, Mohamed Said, entrena al equipo de reacción rápida del Ejército de Djibouti en febrero de 2011 (U.S. Army /Flirck)

Emilia Arias Domínguez

Ayuda en Acción

Las mujeres de La Patrona son un colectivo que apoya a los y las migrantes a su paso por México. En el Día de la Mujer Rural, Ayuda en Acción quiere homenajear a este grupo de mujeres.

Norma dando una bolsa de alimentos al paso del tren (Mariana Pelaez/ AeA)

Hace 15 años las hermanas Clementina y Bernarda Romero vieron pasar el tren de camino a casa después de hacer la compra. Desde los vagones un grupo de personas migrantes, que viajaban encaramados al tren, les pidieron comida y su primera reacción fue lanzar las bolsas llenas de comida que llevaban para sus familias.

Ese mismo día vieron que era necesario hacer algo al respecto y decidieron organizarse hasta llegar a la labor que desempeñan hoy. La Patrona es un grupo de 15 mujeres que vive en un pueblo que lleva el mismo nombre que su grupo, en el estado mexicano de Veracruz.

(Mariana Pelaez/ AeA)

Su principal tarea es apoyar a los migrantes centroamericanos/as y mexicanos/as en su tránsito por México. Muchos de estos migrantes son mujeres y menores que se exponen en la trayectoria a diferentes tipos de abusos e incluso a la muerte, según la Organización Internacional para las Migraciones. Desde México son deportados cada año 15.000 menores y desde Estados Unidos son decenas de miles.

Clementina cuenta que “han abusado de muchas maneras de esas personas de los trenes, les apoyamos porque como ser humano es nuestra responsabilidad y sabemos que tienen hambre, sed y frío. Antes no sabíamos nada de los problemas que tienen en sus países pero ahora conocemos mucho de Honduras, de Nicaragua…” concluye Clementina.

El trabajo de La Patrona es fundamentalmente proveerles de alimentos a su paso por el pueblo en tren de camino a la búsqueda de una vida mejor en Estados Unidos. Además, les apoyan con hospedajes específicos, ropa e información sobre albergues en diversos puntos del país.

Norma, lideresa del grupo, asegura que le mueve “el hecho de pensar que quien va en el tren puede ser mi hijo, algún familiar o yo misma. Este proyecto ha cambiado mi vida en todo porque ahora conozco los problemas que tiene la gente que pasa, que van al norte por que quieren mejores condiciones de vida. No pasa un día sin que preparemos comida y salgamos a las vías del tren”.

Ayuda en Acción apoya a La Patrona para consolidar y fortalecer el trabajo de estas mujeres, facilitar y ofrecer los medios para que lleven a cabo propuesta de intervención y asegurar la financiación de las actividades que permitan mejorar las condiciones de vida de sus integrantes así como de las personas que suben a los trenes en busca de mejores condiciones de vida.

Esta iniciativa habla por sí misma del rol de las mujeres de ámbitos rurales en los países del Sur. En México el tiempo total que dedican las mujeres a trabajar semanalmente es de 76’3 horas mientras que en el caso de los hombres las horas bajan a 58’4 horas de trabajo en total. Este hecho no se traduce en mejores salarios y, además de cobrar menos, las mujeres cumplen dobles jornadas y aportan un valor añadido a sus comunidades impulsando proyectos como La Patrona.

La Patrona no estaba constituida como organización ni asociación y por eso no recibía ninguna ayuda ni subvención pública y eran ellas mismas quienes realizaban los pagos para desarrollar su tarea.

Desde nuestra Organización se detectó la necesidad de instalar una ducha para que los y las migrantes pudieran ducharse en La Patrona. Por otro lado, se ha comenzado a trabajar para mejorar la comunicación de La Patrona con otros centros o albergues.

Ayuda en Acción está reformando su cocina para que puedan mejorar y aumentar su su producción de pan y pizzas y así abastecer a los migrantes, a sus familias o vender los alimentos y garantizar la renovación de fondos. Estas mejoras van acompañadas de un proyecto de cultivo de hortalizas y otro de elaboración de abono orgánico.

El trabajo diario que realizan las mujeres de La Patrona no sólo no es reconocido sino que el hecho de que sean mujeres las convierte en diana de abusos e injusticias en su entorno. El apoyo de Ayuda en Acción está contribuyendo a su empoderamiento y su valoración dentro de sus propias comunidades.

(Mariana Pelaez/ AeA)

El apoyo de Ayuda en Acción a La Patrona ha aumentado la cantidad de comida repartida diariamente al paso del tren y hemos conseguido que ya no inviertan sus propios recursos para seguir con su trabajo. Además, ahora cuentan con un espacio más grande para desempeñar este trabajo y consiguen beneficios inmediatos y directos que revierten en su economía.

La idea a medio plazo es fomentar el liderazgo entre las mujeres y los más jóvenes que participan para la continuación del proyecto. A largo plazo se busca que las mujeres de La Patrona maniobren una autogestión de la cocina una vez que hayan sido empoderadas a través del desarrollo del proyecto. Y por otro lado, al ser partícipes de otras realidades migratorias, las mujeres de La Patrona serán capaces de analizar su propia realidad migratoria.

Las mujeres de La Patrona son uno de los muchos ejemplos de mujeres rurales que en todo el mundo trabajan de la mano de organizaciones como la nuestra por mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidades, demostrando un compromiso que va más allá de sus fronteras.

Las mujeres como motor de desarrollo

De los 6.000 millones de personas que habitamos el planeta, 1.600 son mujeres rurales, es decir, más de un cuarto de la población total del mundo. Las mujeres producen un promedio de más de la mitad de la comida que se produce: más del 80% en Africa, el 60% en Asia y entre el 30% y el 40% en Latinoamérica y los países de Occidente. Sin embargo, sólo poseen el 2% de la tierra y reciben sólo el 1% de todo el crédito agrícola. El 5% de las explotaciones agrícolas están en manos de mujeres y desde 1970 hasta hoy se ha doblado el número de mujeres rurales viviendo en situación de pobreza.

Bajando la comida para repartirla (Mariana Pelaez/ AeA)

Las mujeres son motor de desarrollo en África, Asia y América Latina y prueba de ello son las historias como esta que queremos recordar en el Día de la Mujer Rural. Ayuda en Acción (AeA) trabaja por el desarrollo de las comunidades con el género como un elemento transversal en todos los proyectos de desarrollo y con la mujer como protagonista: en la dinamización de las economías locales, el fomento de la participación política, la alfabetización, la satisfacción de necesidades básicas, en la promoción de la salud… No es posible hablar de estos programas sin el trabajo, entusiasmo y lucha de las mujeres rurales, protagonistas y creadoras.

Análisis de Javier Darío Restrepo

Periodista y director del Consultorio ético de la FNPI

Cuando en noviembre de 2009 el gobierno de Colombia dio a conocer el tratado de bases militares con Estados Unidos, hubo sorpresa y rechazo, como cuando uno descubre cláusulas leoninas en un contrato firmado a ciegas. Sólo que en este caso no había contrato ni firma conocidos por el pueblo colombiano.

La oposición alegó el artículo 173 de la Constitución, según el cual es atribución del Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el país.

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) sostenía que, por ser un “acuerdo simplificado” emanado de un tratado anterior, no requería autorización parlamentaria. Pero el ex magistrado y líder opositor Carlos Gaviria argumentó que no podía considerarse “corolario de un tratado marco”.

Como dijo el analista Hernando Gómez Buendía, el tratado “no es parte del programa de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, sino el comienzo de la ayuda militar de Colombia a Estados Unidos”.

En su fallo del martes 17, la Corte Constitucional “constató que no se está ante un acuerdo simplificado sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad”, por lo que debió ser “sometido a la aprobación del Congreso (…) y revisado posteriormente por la Corte Constitucional”.

Por este motivo, lo declaró inconstitucional y lo dejó sin efecto, si bien la Corte no negó la posibilidad de que el gobierno lo remita al parlamento.

El tribunal listó algunos de los compromisos involucrados contraídos por el tratado: “autorización para acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero; facultad de libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales; autorización para el uso y porte de armas en el territorio nacional por personal extranjero”.

Además, “extensión de un estatuto personal de inmunidades y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos; y la previsión de cláusulas indeterminadas en relación con la extensión y prórrogas del Acuerdo, las bases militares e instalaciones objeto del acceso y uso por el personal extranjero”.

Bogotá tampoco tuvo en cuenta quejas de países vecinos y de una parte de la opinión pública que veía mal la presencia militar estadounidense en siete bases colombianas.

El fallo, redactado por el magistrado Jorge Iván Palacio, recogió esas voces, argumentos y temores.

Su primer efecto es que fortalece las relaciones de Colombia con la región.

Cuando los países sudamericanos señalaron que el acceso estadounidense a las siete bases era una amenaza, Colombia se convirtió en el país más aislado del continente.

A pesar de los argumentos tranquilizadores del gobierno colombiano, las bases fueron miradas como una plataforma de vigilancia de Estados Unidos.

La promesa de que desde ellas se actuaría solamente “contra el narcotráfico, contra el terrorismo y otras amenazas” no convenció, sobre todo después del ataque colombiano al campamento del guerrillero colombiano Raúl Reyes en Ecuador de marzo de 2008, cuando un avión estadounidense se mantuvo en vuelo sobre la zona.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cree que esa nave y la asesoría prestada a las Fuerzas Armadas colombianas provenían de la base ecuatoriana de Manta sobre el océano Pacífico, cedida a Estados Unidos entre 1999 y 2009.

Los opositores a las bases razonan que si se trata de perseguir al narcotráfico, Estados Unidos ya dispone de las bases de Tres Esquinas y Larandia, en el sudoeste, y Arauca, en el noreste, y de la red de estaciones de radar instaladas después de la salida de los militares estadounidenses que operaban desde Panamá, en 1999.

Los términos del tratado, leídos con lupa por los gobernantes de la región, no tranquilizan. Entre sus objetivos se menciona la lucha contra el terrorismo –cualquier cosa que esta palabra signifique–, y se mantiene la inmunidad de oficiales y militares regulares que operen desde las bases colombianas.

Todos estos hechos, contemplados desde afuera, hacían ver a Colombia como un aliado servil de Estados Unidos en contra de la seguridad regional y de las nuevas políticas exteriores de los países latinoamericanos.

Así como el flanco internacional se despejó con los acuerdos logrados este mes con el gobierno venezolano, que permitieron reanudar las relaciones bilaterales, este fallo podría contribuir a despejar de desconfianzas las relaciones de Bogotá con sus otros vecinos.

El tratado fue un intento del gobierno Uribe de involucrar a Estados Unidos en el conflicto interno con la guerrilla izquierdista. Llamar terroristas a los guerrilleros, cuando el presidente George W. Bush (2001-2009) convocaba al mundo a su guerra contra el terrorismo, fue una de las tácticas para ese objetivo.

En el discurso oficial aparecieron los argumentos para “vender” a Estados Unidos la guerra contra las guerrillas colombianas: son comunistas, son narcotraficantes, han cometido delitos atroces.

La tecnología militar de Estados Unidos inquieta a gobiernos de los que depende la selva amazónica sudamericana, muy rica en recursos naturales y el potencial petrolero de la región. El discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra el tratado está en parte inspirado en el temor por la suerte de la venezolana Faja del Orinico.

La declaratoria de inconstitucionalidad alivia esos temores y se ve como una buena noticia para los gobiernos vecinos.

La base militar de Manta es recordada por los ecuatorianos por los 300 conflictos que generaron los militares estadounidenses en sus relaciones con la población nativa.

Se intentó acallar el temor de que esos conflictos se multiplicaran por siete en Colombia prometiendo no brindar impunidad a los militares.

Pero la realidad es más compleja: Estados Unidos tiene 735 bases en el mundo y cada una de ellas es un foco potencial de conflictos que, si se resolvieran de acuerdo con las instancias judiciales de cada país, harían inane el deber constitucional de las autoridades estadounidenses de proteger a sus ciudadanos.

El humillante sentimiento de ver impunes a los militares estadounidenses, o apenas sometidos a una lejana justicia, podría aventarse con el fallo de la Corte Constitucional.

Pero no hay que apresurarse. El presidente Juan Manuel Santos, coautor del tratado siendo ministro de Defensa del gobierno anterior, podría insistir con la iniciativa de las bases ante el parlamento. Uribe lo haría.