Toma la palabra

Por Médicos del Mundo

Con motivo del Día Internacional de la Salud, que se celebra hoy 7 de abril, desde Médicos del Mundo hacemos público el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”.

Este informe muestra que las medidas que han tenido que adoptar las comunidades autónomas para ejecutar el Real Decreto-ley 16/2012 son muy heterogéneas y estándescoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios del Estado.

El documento analiza detalladamente los mecanismos ideados por cada región para lidiar con las dificultades de aplicación de la reforma sanitaria. Unas medidas que no son más que “parches” que intentan paliar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado la legislación.

Esta reforma estructural del sistema sanitario se justificó en términos de austeridad. Sin embargo, dos años después, la sociedad española desconoce el ahorro supuestamente producido.

Durante los dos años transcurridos desde su aprobación, diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables.

Un “menú” variado e incompleto

  • 10 comunidades autónomas han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos.
  • 8 de ellas en forma de “programa complementario” para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos y dos reconociendo el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente (Andalucía y Asturias).
  • Entre el resto de comunidades se han definido condiciones de acceso a la atención médica -sin emitir tarjeta sanitaria- en determinados supuestos y con criterios diferentes entre unas y otras.

Como resultado, encontramos un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria que varía considerablemente de unas regiones a otras. Leer más


Prepara una tesis, conferencias y divulgación de libros al considerarlo un agravio respecto a los casos de Argentina, donde sus responsables fueron condenados hasta a 50 años de cárcel.

Fotos por Mónica Hernández: Conferencia en el Gilbert Hall de la Universidad de Georgia, Athens (EEUU)

 Por Alhulia Editorial

El Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia (EEUU) ha decidido difundir entre la comunidad universitaria estadounidense el drama y la injusticia del robo de bebés en España, que viven miles de familias desde hace décadas. Además de conferencias y publicaciones, prepara una tesis específica en la que se considera que, por unos robos de niños cuantitativamente mucho menores, el ex dictador general Videla y otros militares fueron condenados a 50 años de cárcel en Argentina, mientras en España ni siquiera se ha procesado a ningún responsable.

 Primero el centro universitario estadounidense organizó, en octubre pasado, una conferencia del periodista y escritor José Luís Gordillo, cuya novela Yo te quiero, editada por Alhulia en 2012, se basa parcialmente en estos hechos, que posteriormente el autor ha investigado profundamente en su vertiente de actualidad para el medio online Periodismo Humano, centrándose en los casos y tramas de rapto y venta de niños en nuestro país entre 1940 y 1990

Posteriormente ésta y otras obras referidas al robo de bebés en España se pusieron además a disposición de toda la comunidad universitaria estadounidense, al incluirlas en el catálogo de bibliotecas universitarias de ese país. Y en la actualidad el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia prepara una tesis doctoral, a cargo de uno de sus integrantes, Manuel Pinto, y bajo la supervisión de su directora, Dra. Stacey Casado, sobre los niños robados en España en relación también con la memoria histórica y la literatura en lengua hispana que en nuestros días se está inspirando en estos hechos.

La tesis hará referencia a éste y otros libros editados los últimos años en nuestro país y también incluirá gran parte de los contenidos históricos y periodísticos expuestos en el campus de la Universidad, en la ciudad de Athens, durante la conferencia del pasado 11 de octubre. Presentado a su vez por Mónica Hernández, reportera de Televisión Española, José Luís Gordillo estimó que hasta 1990 fueron robados en nuestro país al menos 36.000 niños, a tenor de las primeras investigaciones judiciales al respecto, denuncias de particulares y casos constatados por las asociaciones de víctimas.

El periodista José Luis Gordillo durante una conferencia en Universidad de Georgia EEUU

Fueron sustraídos a sus progenitores bien por motivaciones políticas, como represión del régimen franquista a familias republicanas, o bien puramente económicas, para ser vendidos a sus padres adoptivos no sólo en España, sino en otros países de Europa y América. Sin embargo, las asociaciones de víctimas se quejan del archivo masivo de sus denuncias que hacen gran parte de los juzgados de toda España, a pesar de la doctrina general en contra de la prescripción del delito de detención forzosa, la labor en muchas ocasiones “obstruccionista” de la Policía, la inoperancia de la oficina de atención a las víctimas creada por el Gobierno y que los pocos casos de reencuentro de familiares que se está produciendo únicamente gracias a las redes sociales.

La tesis de la Universidad estadounidense incluirá apelará además a que las más reciente interpretaciones de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un crimen contra la humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código Penal, y por tanto jamás prescribirían. Así, por ejemplo, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias considera que este delito contra la humanidad “de inicio fue político” y “después aprovecharon el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para seguir con el negocio”. A su juicio, “con finalidad económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad política”, porque “lo determinante es que sea hecho desde el Estado con sistematicidad y posición de indefensión de la víctima”, requisitos que se darían en esta tragedia colectiva.

En la conferencia se mostró cómo una de las asociaciones de afectados, Colectivo Sin Identidad, ha presentado una denuncia sobre estos hechos en la ONU. ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” debido al “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990. En la denuncia se explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.

El otro foco de interés de la tesis universitaria es la repercusión de esta tragedia colectiva en la literatura y la cultura en general de nuestro país. Así, por ejemplo, en la novela Yo te quiero, el centro de la historia es el robo de bebés en España durante los años setenta, lo cual a su vez se interconecta con la crisis económica que venimos sufriendo, sus verdaderos causantes, la importante penetración del crimen organizado en nuestro país y la corrupción que ha calado en gran parte de la clase política.


Patricia de la Riva

Psicóloga y estudiante del máster de Políticas Públicas y Bienestar de la Universidad de Oviedo

Me llamo Patricia de la Riva y soy becaria del Ministerio de Educación y Cultura por necesidad desde hace casi 7 años. Decidí estudiar psicología por lo que no tuve más remedio que mudarme desde Cóbreces (Cantabria) a Oviedo. Pertenezco a una familia monoparental y la renta nunca alcanzó el umbral 1, el nivel más bajo dentro de los requisitos de renta. Por esta razón nunca tuve problemas para que me concedieran la beca y siempre me daban la cuantía máxima, incluyendo movilidad y residencia. Gracias a estas ayudas pude terminar mi carrera ya que de otro modo me habría sido imposible.

El Ministro Wert en TVE

El problema empieza cuando decido hacer en 2012 un máster también en la Universidad de Oviedo, cuando la crisis empieza a agravarse y la lluvia de recortes no parece amainar, los presupuestos para becas se reducen y los requisitos no hacen mas que endurecerse. No sólo la situación económica del país en general empeora, sino que también la familiar al tener mi madre un accidente laboral y tener que estar de baja. El dinero que entra en casa es muy escaso y los esfuerzos para que pueda estudiar muy grandes.

Y si las cosas estaban mal, empeoran el primer año de máster al llevarnos la primera sorpresa: la cuantía de la beca se reduce a 1180 euros cuando normalmente me daban en torno a 6000 para poder hacerme cargo del piso, la comida, las facturas, el material escolar y el transporte durante todo el curso. Descubro que mi máster, al estar dividido en dos años, cada curso no llega al mínimo exigido de 60 créditos para beca completa y que se considera por tanto beca parcial o semipresencial por lo que solo me corresponde la parte de transporte y material escolar. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para que el dinero nos llegara, recortando hasta de la comida. Pero ahí no acaban las sorpresas.

Este verano, el ministro de educación Wert decide llevar a cabo una reforma en el sistema de becas que, según él, beneficiaría a los que mejores notas sacaran y más necesidad económica tuvieran. Ahora las becas se dividen en varios componentes: la beca de matrícula, la variable mínima en base a la nota media del expediente y la renta familiar, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a residencia y la cuantía variable en función de la renta familiar y el rendimiento académico. A pesar de estos cambios, pedí la beca igual que todos los años puesto que tenía confianza en que la cuantía no fuera muy diferente a la del año anterior ya que nuestra renta familiar es muy baja y mis notas altas.

Fue ayer cuando descubrí lo ilusa que fui al llegarme la notificación de la concesión de la beca para este curso, que inicié en septiembre, y comprobar que me daban la irrisoria cuantía de 60 euros, 60 vergonzosos euros. Resulta que para las matrículas parciales sólo corresponde la variable mínima, no teniéndose en cuante si residen fuera del domicilio familiar, ni la renta familiar, ni el transporte, ni el material escolar… No se tiene en cuenta absolutamente nada. Al resto de mis compañeros del máster les ha ocurrido lo mismo. Da igual cómo de similar o diferente sea su situación: todos hemos recibido la misma cuantía. Esto es, cuanto menos, indignante.

El Minisiterio de Educación y Cultura en general y Wert en particular dejan así claro que el interés por los estudiantes españoles es nulo. Su supuesta intención de beneficiar a los más necesitados y premiar el rendimiento se ha quedado en nada. Otra mentira más de nuestros políticos. El sistema de becas se ha convertido en un utensilio en manos de estos personajes sirviendo únicamente para recortar y perdiendo su capacidad para igualar oportunidades de los mas necesitados. En este país no se apuesta por la educación de los jóvenes y lo único que están consiguiendo es que muchos estudiantes se queden fuera del sistema, favoreciendo la cada vez mayor fuga de cerebros.

Encontrarme con esta situación ha sido para mí la gota que colma el vaso. Mi indignación y mi impotencia ante estas injusticias han conseguido facilitar el que tome una decisión que ya venía considerando desde hace tiempo: emigrar. Quizás cuando vea que España apuesta por sus ciudadanos y ciudadanas, por los derechos sociales, por la sanidad, por la educación, quizás entonces me plantee volver.


Juan de Dios Ramírez-Heredia

Abogado Fundación Roma

Un joven gitano (que para el caso da igual que hubiera sido un gadchó)ha sido injustamente multado por el Ayuntamiento de Madrid con la cantidad de 600 euros. Sabiendo que le asiste la razón acude a nosotros para que le defendamos. Una vez advertido de las consecuencias de su recurso, desiste de ejercitar sus derechos, aún a sabiendas de que el Ayuntamiento madrileño ha vulnerado varias leyes, porque aunque no tiene dinero, cree que al final, si desestiman su recurso, aún tendría que pagar mucho más.

 

La ley del 2012 eleva significativamente las cuantías de las tasas en lo que a la parte fija se refiere. Por ejemplo, en una demanda civil, la porción fija pasa a ser de 300 euros; en lo contencioso-administrativo, de 350; la parte fija de las tasas por los recursos de apelación y casación se establecen igualmente en 800 y 1200 euros, respectivamente.

                      

 

La Ley de Tasas Judiciales es un atentado contra los más pobres. Supone la consagración de los abusos de los más fuertes contra los más desvalidos. Y pone de manifiesto el abuso y la impunidad con que los poderes públicos, es decir, el gobierno, puede hacer lo que le de la gana porque los más pobres no podrán acceder a la justicia cuando sean atacados precisamente por los agentes gubernamentales.

 

Hay razones para demostrar que estamos ante el mayor atentado que jamás, en democracia, se haya podido cometer contra el principio sagrado que garantiza una JUSTICIA IGUAL PARA TODOS. Leer más


Informe de Amnistía Internacional

SILVIA GRACIELA VELÁZQUEZ

“Al quitarme la tarjeta sanitaria, no puedo seguir los tratamientos (…) muchas noches comienzo a asfixiarme y no puedo dormir”.

Silvia Graciela Velázquez Clavería tiene 52 años, es uruguaya. Llegó sola a España en 2003 para ayudar a su hija, que había llegado unos meses antes. Su marido, en España desde 2004 al igual que su hijo, tiene permiso de residencia, pero ella no. Trabajó informalmente hasta 2009 cuando, por serios problemas de salud de su hija, un juez otorgó a Silvia y a su marido la tutela de su nieta.
Desde hace unos 7 años, Silvia padece de EPOC grave (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), un trastorno pulmonar cuyo síntoma principal es la disminución de la capacidad respiratoria y que se caracteriza por ser progresiva y, en general, no reversible. Además, sufre depresión.
Silvia nos resumió con claridad su situación: “Antes del Real Decreto me hacía controles cada 2, 3, 6 meses. Ahora nada. Los tratamientos son muy caros y sin la tarjeta sanitaria no puedo hacerlos. No tengo forma de saber cómo avanza mi EPOC”.
Y continuó: “En enero (de 2013) fui a urgencias al hospital porque no podía respirar. La médica me dijo que tenía que hacerme muchas analíticas y me pidió que fuera a ventanilla para pedir turno con mi médico de cabecera; fui a ventanilla y ahí me dijeron que no tenía derecho a médico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crónica”.
Además, en esa ocasión, el hospital emitió un “compromiso de pago” a su nombre, a pesar de tratarse de asistencia en urgencias –y cuya gratuidad está estipulada en la normativa vigente–: “No lo quise firmar, pero me dijeron que llegaría la factura a casa. Aún no llegó nada”.
Silvia también nos contó los serios problemas que tiene para acceder a los medicamentos: “Antes pagaba el 40%, hoy tengo que pagar todo. La última vez que fui a la farmacia gasté 227 €; yo no podía pagar eso, pero me ayudó mi hijo” (…). No tengo recursos para comprar toda la medicación que necesito. De golpe dejé de tomar los medicamentos para la depresión, con lo peligroso que es eso”.
Cuando le preguntamos si creía en la posibilidad de cambio, ella nos respondió: “Espero que sí. Creo que mi enfermedad ha ido avanzando, pero no lo sé. Necesito hacerme analíticas. Esto tiene que cambiar”.
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Auditoría ciudadana

El Grupo Auditoría Ciudadana de la Deuda Badalona, perteneciente a Badalona Indignada y a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), junto con el grupo municipal de ICV-EUiA en Badalona presentaron ayer en pleno del Ayuntamiento de Badalona una moción “para declarar la ilegitimidad de una parte de la deuda del Ayuntamiento”. Con los votos favorables de ICV, PSC y CiU, y la abstención del PP, el pleno del ayuntamiento aprobó la moción, convirtiéndose así en la primera institución del Estado que declara ilegítima una parte de la deuda.

El grupo Auditoría Ciudadana de la Deuda Badalona intervino en el pleno “para denunciar la perversión del mecanismo de la deuda, señalar la estafa que supone una deuda ilegítima adquirida de espaldas a la ciudadanía”. Según este grupo vinculado a Badalona Indignada (15M) y la PACD, una de las principales perversiones es la que resulta de la financiación por parte del BCE al sector financiero a un 1% de interés mientras que las instituciones públicas se acaban endeudándose con este mismo sector financiero a intereses que van entre el 5 y el 14%. Leer más

Open Society Justice Initiative

La organización Open Society Justice Initiative insta al Estado español a responder de manera positiva a un reciente informe de Naciones Unidas que documenta que el uso de perfiles étnicos por parte de los agentes de la policía a la hora de realizar controles de identidad es “un problema persistente y generalizado”.

Un dictamen del Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, advirtió que el uso de perfiles étnicos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles tiene “un impacto significativo y adverso en las relaciones entre la policía y la comunidad y en el disfrute de los derechos de las personas” objeto de estas prácticas.

El informe, que ha sido remitido recientemente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras la visita del Sr. Ruteere a España en enero, establece que “el problema de los controles de identidad policiales dirigidos a determinados grupos étnicos, incluyendo minorías, personas gitanas y migrantes, especialmente de África, Asia y Sudamérica, sigue siendo un desafío”. Leer más


Por Intermón Oxfam

  • Hoy es fundamental preservar una AECID eficaz, activa e independiente de posiciones e intereses políticos y recuperar su capacidad financiera desde el próximo año 2014

El pasado viernes 7 de junio apareció en el diario ABC la noticia del próximo cambio de destino del actual  Director General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), D. Juan López-Dóriga. Una noticia que sorprendió al sector de la cooperación –ONGDs, académicos, expertos, sector privado,- por ser el Sr. López-Dóriga un profesional de la cooperación de larga trayectoria, muy respetado y que ha desempeñado cargos de alta dirección en la Cooperación Española bajo varios Gobiernos de diferente signo político desde hace dos décadas. Su próxima sustitución y la potencial reorganización a que dé lugar la misma, supone un factor adicional de inquietud para la Cooperación Española en relación con la  capacidad y autonomía de la Agencia que cumple 25 años de trabajo comprometido y solidario, con el impulso de un gran equipo de personas en España y en sus sedes en países en desarrollo.

La cooperación española ha pasado de ser un donante situado en un nivel acorde con su dimensión económica en el mundo, aportando un 0,46% de nuestra riqueza a la cooperación internacional en el año 2009, a bajar al furgón de cola, con un 0,15% en 2012, devolviéndonos a niveles de ayuda de hace más de 20 años. Si nuestra renta ha disminuido un 4% durante los años de la crisis, la política de cooperación ha caído en ese mismo período más de un 70%, en una desproporción incomprensible.

La comunidad de donantes, con países también en situación de estancamiento o crisis económica, ha reducido en promedio su cooperación tan solo un 4%. Un dato que ofrece una mala imagen de España en el exterior, como incumplidora no ya de una obligación moral, sino de diferentes compromisos internacionales que se adoptan conjuntamente por muchos países confiando los unos en los otros. Además se ha degradado nuestra imagen: lo que se ve desde fuera es que con la llegada de la crisis, España abandona a los últimos: las víctimas de hambrunas, conflictos y crisis humanitarias. La acción humanitaria de la AECID cayó un 90% hasta un presupuesto anual de 22 millones de euros, menor que el presupuesto humanitario anual de varias ONGD españolas.

Especialmente grave es este caso,  la AECID. La Agencia Española ha sufrido una caída durísima:  ha pasado de un presupuesto anual de 926M€ en 2010, a uno de 264M€ en 2013.Un recorte difícil de encajar para cualquier institución pública o privada que ve devastadas sus capacidades en un tiempo record. En consecuencia se están cerrando programas y proyectos en varios países, rompiendo compromisos adquiridos con Gobiernos y organismos internacionales, y dejando en la mínima expresión la acción humanitaria. Millones de personas se están viendo afectadas cada día por estos profundos recortes.

La tasa a las transacciones financieras, que España deberá aprobar en 2014, como ha comprometido ante la UE, debe ser una fuente fundamental de recursos adicionales para la cooperación, permitiendo una recuperación de esa actividad desde el mismo ejercicio 2014. Los ingresos esperados deben incluirse en el próximo presupuesto y el destino de sus recursos debe ser la atención a las víctimas de la crisis dentro de España, y en el exterior a través de políticas de cooperación y acción humanitaria.

LA AGENCIA QUE QUEREMOS

En esta nueva fase que abre el cambio en la dirección de la AECID, consideramos que es fundamental garantizar para la misma:

  • Un presupuesto en franca recuperación desde el mínimo histórico en que se encuentra en la actualidad
  • Una orientación sectorial y de sus instrumentos inequívoca hacia el impacto sobre la reducción de la pobreza.
  • Un equipo profesional y comprometido motivado por un proyecto claro y con suficiente estabilidad como para impulsarlo.
  • Una renovada apuesta por el trabajo con diferentes sectores, en particular con las ONGD de desarrollo, manteniendo su papel estratégico y fortaleciendo los  instrumentos de colaboración y financiación plurianuales.
  • Una Agencia abierta a nuevas modalidades de cooperación –triangular, Sur-Sur- y que dé un salto de calidad en lo referido a la evaluación y aplicación del aprendizaje de los programas que ejecuta. Transparente en sus procesos de toma de decisiones y en la socialización de los resultados de sus actuaciones.
  • Una renovada apuesta por la educación para el desarrollo, la sensibilización y la información a la ciudadanía sobre las actuaciones e impactos de la ayuda.

Hoy es fundamental preservar una AECID eficaz, activa e independiente de posiciones e intereses políticos y recuperar su capacidad financiera desde el próximo año 2014. La Agencia necesita además un cuerpo directivo –desde la dirección de la propia Agencia, a su equipo de dirección o quienes dirigen sus oficinas y programas en diferentes países- formado por personas comprometidas con la cooperación, con probada experiencia y capacidad en ese campo, independientemente de su pertenencia o no a cualquier cuerpo de la administración. Nadie debe ser excluido, y tampoco nadie debe tener un derecho adquirido si no concurren capacidad, experiencia y mérito para ejercer responsabilidades de dirección en un ámbito tan específico y especializado como es la cooperación para el desarrollo.


Por Lourdes Reyzábal

Presidenta de la Fundación Raíces

Según constatamos en Fundación Raíces de forma reiterada, la Administración cuestiona por sistema los pasaportes y documentos que acreditan la edad de los menores africanos nos acompañados cuando lo que está en juego es su obligación de incluirlos en el sistema de protección y tutela.

Hoy, y desde hace varios años, algunos menores inmigrantes no acompañados, que son susceptibles de ser tutelados, no están accediendo al sistema de protección por un procedimiento de determinación de la edad que se está aplicando sin las garantías jurídicas necesarias. Eso se produce en la Comunidad de Madrid, pero también en otras CCAA, entre ellas, Cataluña (en concreto, en Barcelona).

 Se están realizando las pruebas de determinación de la edad a los menores indocumentados al llegar a nuestro país sin cumplir con las garantías jurídicas necesarias y aplicando criterios arbitrarios según la CCAA, según, incluso, la persona que lo realice. (La Ley de Extranjería establece que los menores no acompañados indocumentados podrán ser sometidos a pruebas de determinación de la edad exclusivamente en caso en que su minoría de edad no parezca clara. Es decir, que si es evidente que el chico es menor, según la ley no se les tendría que estar sometiendo a las pruebas). Leer más


Por Alejandro Peña Pérez

Abogado especialista en Derecho de Extranjería

El pasado viernes (24 de mayo de 2013) se ofrecieron en el Consejo de Ministros algunas pinceladas de lo que será la futura Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, todavía anteproyecto de ley. Uno de los apartados de dicha norma se encuentra destinado a lo que se ha llamado ‘internacionalización de la economía’, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría.
Entre las medidas previstas, se contempla la posibilidad de conceder una Autorización de Residencia al extranjero que se encuentre en alguno de estos supuestos:
a)    Inversores de cuantía económica significativa o de interés general.
b)    Emprendedores de una actividad innovadora y con incidencia directa en la económico y en la creación de empleo.
c)    Profesionales altamente cualificados.
d)    Extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional, por una duración igual a la del traslado.
Dentro de estos supuestos, que pueden calificarse como más o menos legítimos con el fin de incentivar la economía en España, destacan especialmente dos supuestos que se especificaron expresamente por la propia vicepresidenta.
El primero de ellos, prevé la posibilidad de acceder a la residencia legal en España mediante la adquisición de una vivienda. Pero no cualquier tipo de vivienda. El listón se ha puesto muy arriba al señalarse como límite mínimo para acogerse a esta medida el que la vivienda esté valorada en al menos 500.000 Euros. Así es, ni más ni menos que medio millón de euros.
Evidentemente, esta medida no piensa en el extranjero común, ese que después de mucho trabajar y que con sus ahorros (o hipotecándose hasta las trancas) decide adquirir una casita en España. No, no. El Gobierno está pensando en otro tipo de extranjeros con dinero a mansalva que se encargue de reducir el parque inmobiliario que existe en España, empezando por tapar los agujeros de mayor tamaño (Algunos ya identifican al comprador chino y ruso como primer destinatario de esta medida). Luego ya se pensará en cómo se enmienda el resto de inmuebles sobrantes que no llegan a ese importe. Lo mismo también se prevé conceder una Autorización de Residencia al extranjero que en vez de comprar un caserón adquiera dos viviendas de precio medio. Puede ser, ¿no? Ahí queda la idea…
El otro supuesto, residencia legal para el extranjero que adquiera dos millones de deuda pública. 2.000.000 millones, digo bien, con todos sus ceros y sus puntos. Nuevamente surge la idea: ¿en qué tipo de extranjeros de está pensando? La respuesta es sencilla otra vez. No en el extranjero que está a pie de calle, sino en aquellos extranjeros que desayunan con caviar y se bañan con CHANEL Nº 5.
Ambas medidas, después de tantos años de Derecho de Extranjería, resultan exclusivas y excluyentes del sistema migratorio tejido hasta el momento. Medias desesperadas ante situación de desesperación. Medidas que, al fin y al cabo, dinamitan la concepción del Derecho de Extranjería de los últimos 30 años. O en palabras más simples y llanas: el Gobierno acaba de crear un Derecho de Extranjería para ricos al margen del resto del Derecho de Extranjería. Que como no podía ser de otra manera, prevé expresamente “un procedimiento ágil y rápido, ante una única autoridad”.
La semana pasada hablaba en mi anterior artículo sobre las políticas migratorias y la actual Ley de Extranjería, que con los años habíamos pasado de una Ley en la que lo importante eran las personas extranjeras hacia una Ley en la que se concebía la inmigración y el Derecho de Extranjería desde una óptica mercantilista y mercenaria. Con este nuevo giro de tuerca, se da un paso más en la deshumanización de la Ley de Extranjería. Ya no necesitamos trabajadores. Falta el trabajo y sobra la mano de obra. Lo que necesitamos ahora son inversores que compren nuestras casas (vacías) y nuestra deuda pública (esto también nos sobra…).
Cabría preguntarse incluso si existen segundas lecturas en estas medidas. Por ejemplo, ¿Por qué de un planteamiento inicial en el que la residencia se podía obtener mediante la adquisición de una vivienda por un valor en torno a unos 160.000 euros, se ha incrementado hasta los 500.000 euros? ¿Es posible que el querer hacer negocio con la desgracia infinita de tantos desahucios y desahuciados haya sido un límite calculado en estas medidas? Supongo que  querer sacar partida de las viviendas que están perdiendo el pueblo no era buena idea. Mejor subamos el listón y ofrezcamos otro tipo de inmuebles que no caldeen el ambiente más de lo que ya está.
Pero al fin y al cabo, con este tipo de medidas nos dirigimos a una concepción errónea del fenómeno migratorio y de la extranjería en sí. Éste no es el camino más acertado. Cabría calificarlo incluso de absurdo desde el punto de vista del extranjero que pretende adquirir una Autorización de Residencia. Si tenemos en cuenta que para la obtención de un Visado de Residencia (y posterior Autorización de Residencia Temporal) el Derecho de Extranjería requiere demostrar el disponer de unos 2.100 Euros mensuales, es decir, unos 25.000 Euros en cómputo anual, ¿Quién en su sano juicio compraría una vivienda valorada en 500.000 Euros o deuda pública por valor de 2.000.000 para adquirir dicha Autorización de Residencia? ¿25.000 Euros o 500.000 Euros por tu residencia? ¿25.000 Euros o 2.000.000 Euros? ¿Por qué opción optarías tú? No hace falta contestar, ¿verdad?
Todo esto demuestra claramente una cosa: cuando es necesario, o mejor dicho, cuando los intereses económicos y financieros se encuentran con una necesidad, el Derecho de Extranjería se acomoda e incluso se pervierte para buscar una solución adecuada a las necesidades del capital. Con las personas, con los seres humanos, desgraciadamente, y de forma evidente, no ocurre lo mismo. Que fácil le resulta acceder a la residencia legal en España al que tiene dinero, y que cuesta arriba le puede resultar al resto de los mortales.
Esta es la diferencia más evidente entre quien llega a España en un jet privado y quien lo hace en vuelo regular, en una patera, un cayuco o en los bajos de un camión buscando un futuro mejor.
Ante toda esta situación la pregunta planteada como título del artículo de esta semana se me repite una y otra vez en mi cabeza: Residencia por dinero ¿Audacia o prostitución?
Yo ya tengo una respuesta clara, ¿y tú?