Toma la palabra

Eduardo Raya, padre robado.

Presidente de la Asociación Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D)

Respetamos este auto, aunque no lo compartimos en absoluto, y ello por varios motivos incomprensibles:

1º. ­Afirma que no se han probado ni tan siquiera indiciariamente los hechos denunciados.

No se comprende que existan en las actuaciones nueve informes del propio hospital, cinco que dicen que la recién nacida que les entregaron tenía una grave enfermedad infecciosa transmitida en el parto de madre a hija, y otros cuatro que dicen que todos los estudios microbiológicos realizados a los distintos espegímenes de la madre eran negativos, o sea, que la madre no estaba enferma, lo que supone que aquella recién nacida no era su hija y, sin embargo, tan terrible y escandalosa contradicción de estos informes públicos no haya sido vista ni por el Juzgado de Instrucción, ni por la propia Audiencia Provincial, sorprendiendo que encuentren tanta contradicción en los informes privados. Estos nueve informes junto con los cuatro de ADN, los dos de Anatomía y el de Genética, suman un total de 16 informes que nos avalan.

Eduardo Raya y Gloria Rodríguez

2º.- Manifiesta que la investigación se ha centrado en los análisis de dos tipos de muestras biológicas supuestamente procedentes del cuerpo de la menor fallecida.

Si dice supuestamente, ¿dónde está y quién garantiza la cadena de custodia por parte del hospital en los restos en parafina?, restos en los que, por cierto, se recogía material genético cuya extracción los padres nunca autorizaron, pero esto parece ser que carece de importancia. Además, como siempre manifestaron los médicos que se extrajo lo justo para enviar a EEUU y al Clinic de Barcelona, ¿cómo aparecen ahora tantos bloques y cortes histológicos y no produce la más mínima extrañeza en el órgano judicial? ¿Cuál es el motivo por el que no se cuestiona la cadena de custodia de estos restos, garantizada precisamente, por la persona que hizo la biopsia extrayendo material genético sobre el que no estaba autorizada y que tantos informes en contra tiene? Sencillamente sorprendente.

3º.- La Audiencia se acoge ahora al instituto de la prescripción.

Pues bien, si como manifiesta la Sala, tan claro tiene que estos delitos han prescrito, ¿por qué no lo dijo antes, hace dos años, cuando los autos entraron en este Tribunal por primera vez, máxime cuando llega incluso a declarar que resulta inútil el mantenimiento de una investigación judicial que a nada conduce desde la perspectiva de la función encomendada a los Tribunales de Justicia?. ¿Por qué ahora precisamente invoca la prescripción, cuando aparecen nuevos informes, uno de los cuales, por cierto, de laboratorio acreditado, viene a decir que el hígado en parafina tiene once marcadores excluyentes, siendo tres de ellos exclusiones de primer grado, lo que excluye a los denunciantes como padres y a lo que omite toda referencia? ¿Por qué toma como dogma de fe el informe de Toxicología, cuando lo ha emitido en base a solo ocho marcadores, lo que es inadmisible? ¿Por qué no invocó la prescripción entonces, hace dos años, y habría evitado crear unas falsas expectativas o esperanzas en los denunciantes, alargando innecesariamente su calvario todo este tiempo? ¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE ESTE NUEVO DAÑO MORAL CAUSADO A UNA FAMILIA POR ESTOS DOS AÑOS MAS DE SUFRIMIENTO? Otro tanto de lo mismo ocurre con la acreditación de los laboratorios que ahora saca a relucir la Audiencia. ¿Por qué tampoco lo dijo entonces? ¿Por qué se nos niega incomprensiblemente nuestro derecho de contradicción de prueba? Sinceramente no hay manera de entenderlo ni desde la lógica humana, ni desde la lógica jurídica.

4º.- Manifiesta no tener conocimiento de pronunciamiento del Supremo sobre este tema.

Aquí hay que decir que vuelve a sorprendernos que teniendo los jueces la mejor y más actualizada base de datos jurídica no haya encontrado jurisprudencia al respecto, en la que, si bien no habla de “niños robados”, dada su cercana aparición en el tiempo y el hecho de que estos recursos mueren en la Audiencia, sí recogen supuestos en los que el hecho de sustraer un menor a unos padres es considerado detención ilegal. Baste citar para conocimiento de la Sala la STS 788/2003 de 29 de junio; STS 492/2007 de 7 de junio; STS 1036/2010 de 10 de noviembre; STS 1339/2004 de 24 de noviembre; STS de 6 de noviembre de 1980; STS de 11 de diciembre de 1987; STS de 5 de mayo de 1989; etc, etc, etc.

Por otro lado al manifestar la Audiencia que lo denunciado por el Ministerio Público sólo es subsumible en un delito de sustitución de un niño por otro, del artículo 220.3, también existe jurisprudencia al respecto, según la cual estos hechos no han prescrito. Es el caso de la Sentencia 326/20009 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que en un supuesto del artículo 220.3, confirmó la condena al Servicio Canario de Salud a indemnizar con varios cientos de miles de euros, a los treinta años de producirse los hechos, lo que evidencia total y absolutamente la no prescripción del delito. La Jurisprudencia existe, sólo hay que buscarla.

5º.- Según manifiesta, sólo son imprescriptibles los hechos declarados como tales por el Código Penal.

En este punto la Audiencia omite el artículo 607 bis 1 y 2 3º.6º.8º de dicho Código sobre delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben, pues se produce un ataque sistemático y generalizado contra parte de la población civil, y en el que encajan perfectamente los hechos denunciados. Este precepto no fue invocado en la denuncia por ser ésta la primera interpuesta en España, lo que hacía pensar entonces, ser éste un caso único. Por ello sorprende enormemente el reproche tan injusto como incierto que hace al Fiscal Instructor por haber interpuesto la denuncia amparada en dar respuesta a quienes demandan justicia frente a un problema social que acucia y afecta a parte de la ciudadanía, omitiendo que todas y cada una de las miles de denuncias interpuestas en España han sido posteriores a la que nos ocupa.

Para terminar, destacar lo poco positivo que contiene esta resolución y que es importante destacar, ya que al menos nos da la razón en algo.

1º.- Viene a confirmar que tanto la Juez de Instrucción como la propia Fiscalía se equivocaron una vez, al pedir una y acordar otra, el sobreseimiento libre, volviéndose a equivocar por segunda vez, al negarse una a aceptar la reforma y otra al impugnar el recurso. La Audiencia concluye diciendo que no apareciendo debidamente justificada la perpetración del delito denunciado, ni existiendo indicios de criminalidad contra persona determinada, procedería revocar el auto dictado por la juez de instancia, en el sentido de sustituir el sobreseimiento libre decretado por un sobreseimiento provisional. Pero entiende que procede mantener el sobreseimiento libre decretado, no con arreglo al artículo 637.1 de la L.E.Crim. sino por causa de prescripción de los hechos denunciados.

Este criterio fue compartido por la Fiscalía Superior de Andalucía en Decreto de 22 de octubre de 2012, en el que manifestaba no compartir el sobreseimiento libre solicitado y acordado judicialmente, invocando a tal efecto la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en tal sentido.

2º.- Como manifestamos en nuestro recurso de reforma y apelación, cuando el auto del Juzgado manifestaba no pronunciarse sobre los tres nuevos informes aportados por los denunciantes por haberlo hecho ya la Audiencia, faltaba a la verdad procesal.

Para finalizar decir que este cambio radical de criterio, adoptando ahora la prescripción, cuando, si es su criterio, debería haberlo hecho antes y haber evitado un terrible daño a miles de familias, así como el hecho de que haya resuelto el pleno de la Sección primera, deja patente el ánimo de la Audiencia Provincial de Granada de dar carpetazo a la causa “niños robados”.

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