Toma la palabra

Por Human Rights Watch

  • Deben reformarse las políticas antidrogas para reducir la violencia y los abusos

Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra derechos humanos fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch. A fin de disuadir el consumo nocivo de drogas, los gobiernos deberían aplicar, en cambio, políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal. El enfoque principal de la 43.º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará en Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de junio de 2013, serán las políticas sobre control de drogas en América.

Los gobiernos deberían además adoptar medidas destinadas a reducir las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas, observó Human Rights Watch. Uno de estos pasos debería ser reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley y evaluar alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas.

“La ‘guerra contra las drogas’ ha tenido efectos nefastos en las Américas, que incluyen desde matanzas perpetradas por despiadadas organizaciones de narcotráfico hasta abusos aberrantes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que las combaten”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos deberían definir nuevas políticas que disminuyan los daños provocados por el consumo de drogas y, a la vez, reviertan la violencia y los abusos que han caracterizado las actuales políticas”.

Consumo personal de drogas
Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de estas personas, indicó Human Rights Watch. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación.

Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad. Los gobiernos pueden recurrir a muchas alternativas que no tengan carácter penal para reducir el perjuicio sufrido por quienes consumen drogas, como por ejemplo ofrecer tratamiento en casos de abuso de sustancias nocivas y brindar asistencia social.
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Human Rights Watch

Cientos de miles de personas identificadas como individuos que usan drogas en China y todo el Sudeste Asiático están internadas sin el debido proceso en centros en los que pueden ser sometidas a formas de tortura y violencia física y sexual denominadas “tratamiento”, Human Rights Watch señaló en un documento informativo publicado hoy. Los donantes internacionales y los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han apoyado y financiado centros de detención para personas que usan drogas que niegan sistemáticamente a los internos el derecho a un tratamiento eficaz para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la dependencia a las drogas, y han ignorado el trabajo forzoso y el maltrato.

Un interno se pone unos guantes para trabajar en un centro de Vietnam (HRW)

El documento de 23 páginas, “Torture in the Name of Treatment: Human Rights Abuses in Vietnam, China, Cambodia, and Lao PDR” (“Tortura denominada tratamiento: Abusos contra los derechos humanos en Vietnam, China, Camboya y la República Democrática Popular Lao”), resume la investigación con personas que estuvieron detenidas en Vietnam, China, Camboya y la República Democrática Popular Lao. Más de 350,000 personas identificadas como individuos que usan drogas están detenidas para ofrecerles “tratamiento” en estos países durante períodos de hasta cinco años. En muchos centros, las personas que usan drogas están internadas junto con personas sin hogar, con discapacidad psicológica y niños de la calle, y son obligadas a realizar ejercicios militares, repetir consignas y realizar trabajos “terapéuticos”. Leer más