Toma la palabra

Un nuevo informe de Oxfam describe cómo la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo logró concentrar aún más tierra en Colombia. – See more at: http://www.oxfam.org/es/crece/pressroom/pressrelease/2013-09-27/divide-y-comprar%C3%A1s-la-nueva-forma-de-concentrar-baldios-en-colombia-cargill#sthash.PP4YncwL.dpuf

Intermón Oxfam

Informe completo

  • La agencia internacional Oxfam llama al gobierno colombiano a esclarecer la legalidad de las transacciones realizadas por Cargill – la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo –entre 2010 y 2012, adquiriendo más de 52,000 hectáreas de tierra en la región de la Altillanura, Colombia, a través de 36 sociedades creadas para este fin.

Desplazados en Colombia (AP)

En un nuevo informe  Oxfam detalla como Cargill habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario.

El reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la tasa de concentración de tierra es de las más altas del mundo y la segunda de América Latina, sólo después de Paraguay. Esta inequidad en el acceso a la tierra va íntimamente ligada a la pobreza rural y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno que ha asolado el país durante más de medio siglo.

La agricultura a pequeña escala es clave

El gobierno sostiene que sólo grandes empresas son capaces de desarrollar el potencial productivo de la Altillanura, y por ello pretende establecer estímulos y reformas legales que allanen el camino a la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, la pequeña economía campesina ha demostrado que puede ser tan o más eficiente, especialmente cuando se mide su aporte a la seguridad alimentaria, el empleo y la reducción de la pobreza.

De acuerdo con Aida Pesquera, directora de país de Oxfam en Colombia; “La inversión pública en agricultura a pequeña escala que garantiza la tenencia de tierras de los pequeños productores de alimentos es sin duda necesaria en Colombia. La inversión privada también es útil pero debe respetar los derechos y la legislación existentes relativa al uso del suelo, e incluir evaluaciones completas de los impactos sociales y ambientales a nivel local y nacional”.

“La concentración de grandes extensiones de tierra en las zonas que han sido destinadas por la ley a la agricultura familiar”, continúa Pesquera “agrava la desigualdad social, el conflicto y empeora los problemas existentes de concentración de tierra en el país “.

Una Reforma Rural Integral pendiente

Este informe llega en un momento histórico para las cuestiones agrarias en Colombia en términos políticos, económicos y sociales: el paro agrario nacional, que comenzó en agosto de 2013 y que movilizó a la sociedad civil en general, no tiene precedentes recientes en el país y revela la importancia del desarrollo rural en Colombia; la nueva Ley de Desarrollo Rural en discusión; y las diversas iniciativas legislativas que tratan de regular la compra masiva de tierras por parte de extranjeros.

Como si esto no fuera bastante, la Reforma Rural Integral es el elemento clave en la agenda de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana. El gobierno colombiano ha demostrado su voluntad de avanzar hacia una reforma rural integral y una política agraria que fortalezca la economía de los pequeños productores.

“El caso de la inversión de Cargill en la Altillanura” concluye Pesquera “pondrá a prueba la coherencia de las políticas de un gobierno acorralado entre protestas nacionales sobre cuestiones agrarias y un compromiso público con una distribución más democrática de la tierra”.

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Human Rights Watch

Víctimas enfrentan represalias por reclamar sus tierras.  Numerosos desplazados internos colombianos han sido víctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.

El informe de 203 páginas, titulado: “El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.

“El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”.

Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y continúan en poder de estos.

Durante un año y medio, Human Rights Watch realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.

Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

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A través de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información, se observó que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patrón mucho más amplio. En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.

Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

“Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras”, comentó Vivanco. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”.

También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a las personas que obligaron en un primer momento a los reclamantes a desplazarse y se apropiaron de sus tierras.

  • De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.
  • En enero, esta unidad de la Fiscalía había conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos proporcionados por el gobierno.

Debido a la falta de justicia por los desplazamientos forzados y despojos, los actores más interesados en conservar el control de las tierras que obtuvieron ilegalmente no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden fácilmente frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares, y esto también implica una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes de tierras. Dichos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) luego de que estas participaran en un proceso de desmovilización con graves falencias implementado por el gobierno anterior. Hasta el momento, los grupos sucesores del paramilitarismo han sido los autores de gran parte de los ataques y las amenazas contra reclamantes de tierras.

Asimismo, algunos terceros que se apropiaron de las tierras luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios (a veces en connivencia con paramilitares), al igual que el grupo guerrillero de izquierda denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes y líderes que intentaron recuperar su propiedad.

El programa de protección gubernamental, pionero en la región, ha otorgado medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, puesto que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes, expresó Human Rights Watch.

Las limitaciones del programa de protección gubernamental se tornan evidentes si se toma en cuenta que, a menudo, debe reubicar a reclamantes amenazados debido a que las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el lugar donde viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y líderes de restitución de tierras en nuevas zonas a causa de graves amenazas contra estos.

Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución, encargada de implementar la Ley de Víctimas, había logrado que se dictaran sentencias de restitución en el 1 por ciento de las más de 43.000 solicitudes de restitución recibidas. Hasta julio, solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados, si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas.

Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente, aseveró Human Rights Watch. Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera más directa.

La Fiscalía debería trabajar en colaboración con las autoridades que intervienen en la restitución de tierras para perseguir enérgicamente los delitos cometidos contra reclamantes en las zonas donde hay procesos de restitución en curso. Deberían coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitirá a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistemáticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras.

El gobierno colombiano debería además redoblar los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones, comentó Human Rights Watch.

“En Colombia, intentar recuperar tu tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas prácticamente nunca tienen que rendir cuentas por sus actos”, observó Vivanco. “El problema no se solucionará con chalecos antibalas y escoltas. Sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”.

Los casos documentados por Human Rights Watch sobre amenazas y ataques contra reclamantes y líderes de restitución incluyen:

  • Abusos reiterados —incluidas amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de una decena de miembros del capítulo en Urabá de Tierra y Vida, una asociación de población desplazada que promueve la restitución de tierras. Uno de esos casos es el del líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez Martínez, quien retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, Antioquia, en noviembre de 2009. Denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento, y fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvió el predio de Váldez al ganadero. Hasta el momento no hay imputados en relación con el asesinato de Váldez, y los familiares que persistieron en su intento por recuperar la tierra en Totumo siguieron recibiendo amenazas.
  • En 2012 y 2013, las sucesivas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, un comité municipal creado para permitir la participación de víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas, obligó a seis de estas personas a abandonar el pueblo, al menos momentáneamente.
  • Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de población desplazada de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 3 semanas en marzo y abril de 2013. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el homicidio.
  • Diversos líderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC. Por ejemplo, Germán Bernal y otros líderes desplazados indicaron que durante encuentros obligatorios mantenidos por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados regresaran a sus hogares y declararon a sus líderes como “objetivos militares”.
  • Varios residentes y líderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido numerosos abusos, incluido el secuestro y homicidio de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años en marzo de 2012. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías locales, frente a las operaciones de los miembros del grupo sucesor de paramilitares señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.
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El peligroso “derecho al retorno” de los campesinos colombianos a sus tierras

12.08.2013 ·  · Alejandro Zapico

A quince horas de Bogotá se está desarrollando la prueba definitiva de eficacia de una de las leyes más cuestionadas y publicitadas del gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas y restitución de tierras. La comunidad de Pitalito, diecisiete familias que fueron obligadas a abandonar sus casas, cultivos y forma de vida, han retornado a sus tierras sin esperar que un juez les diera autorización. Han ejecutado su derecho al, como se llama, retorno voluntario exponiéndose a pecho descubierto.

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Por Oficina Internacional de los Derechos Humanos
Acción Colombia (OIDHACO)

Bebés de refugiados colombianos en Ecuador (AP)

Colombia es el 7° país en el mundo en términos de origen de refugiados (ACNUR), y el país con mayor número de personas desplazadas en su propio territorio: 5.5 millones, según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 3.9 millones según las cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; dos cifras que suponen un verdadero drama. Colombia se sitúa por delante de Sudán (5.2 millones según la ONG IDCM), Afganistán e Irak en número de desplazados, pero este drama no ha merecido ni alertas internacionales ni el cubrimiento de la prensa mundial.

El silencio de la comunidad internacional consigue que, en lugar de disminuir la cifra de víctimas, aumente cada año. Tan solo en 2011, según Codhes, hubo cerca de 260.000 nuevos desplazados. En Colombia cada día, 710 personas se convierten en desplazadas. Y como lo ha destacado la Corte Constitucional colombiana (Auto 092 de abril de 2008), existe un vínculo directo entre el desplazamiento y la violencia sexual; las mujeres desplazadas sufren de un impacto desproporcionado del conflicto armado. En el 2010 En Colombia se registraron 16.916 casos de violencia sexual, 2 cada hora, según la organización SISMA Mujer.

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Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

  • Presentación en Bogotá del informe anual 2011 “Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisible”, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
  • Casi 5,5 millones de desplazados, aproximadamente un 12 % de la población colombiana habría sido obligada a dejar su hogar por la violencia y el conflicto armado.

Desplazados en Colombia (AP Photo)

De acuerdo dicho informe, durante 2011, aproximadamente 259.146 personas (alrededor de 70.039 familias) fueron desplazadas en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, un promedio de 846 personas por día llegaron desplazadas a 805 municipios de los 32 departamentos del país.

Los cinco departamentos con mayor número de personas que llegaron desplazadas fueron Antioquia con 64.043 desplazados;  Nariño con 28.694; Cauca con 19.549; Valle del Cauca con 17.489 y Córdoba con 10.561. Por su  parte, los cinco municipios receptores con mayor número personas desplazadas fueron: Bogotá con 41.246;  Medellín con 29.560; Tumaco con 15.296; Turbo con 8.935 y Cali con 7.750. Leer más


Por Olga Gayón

Periodista

El pasado 7 de junio Ana Fabricia Córdoba se subió al autobús que la llevaría hasta su casa en la comuna nororiental de Medellín, lugar de favelas o invasiones, como se denominan en Colombia las laderas de las ciudades habitadas por miles de personas que ni siquiera cuentan para las estadísticas de la pobreza. Eran las diez y media de una mañana soleada. Ana Fabricia, de 51 años y negra como la tierra que hubo de abandonar hace años, tomó asiento;  instantes después, un hombre que se subió con ella en la misma parada le pegó un tiro en la cabeza que hizo estallar la ventana en mil pedazos. Acto seguido se apeó del autobús sin problemas.

El chófer dice que sólo se percató cuando oyó ruido de cristales rotos porque la bala que atravesó el cráneo de Ana Fabricia salió desde el frío hierro con silenciador. Mientras, el cuerpo de esta líder de desplazados de la provincia de Antioquia, yacía inerte, dejando yerma su causa,  como el territorio que ella abonó sin descanso para que germinara por fin una semilla, al menos una, de la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

A Ana Fabricia la mataron por no callar, por no querer resignarse a su suerte de desplazada ni a esa indigencia a que la sometió el Estado colombiano, por no acoplarse indignamente a la mentira que su verdad desnudó, aquella que pregona que en Colombia sus buenas gentes ya no corren peligro porque un gran salvador, instalado ocho años en el poder, trajo consigo las bondades de un país sin conflicto armado.

Los abuelos y padres de Ana Fabricia huyeron de la violencia política de Colombia de los años sesenta del siglo XX. Abandonaron sus tierras en la provincia de Santander, al noreste de Colombia, para asentarse en la provincia del Chocó, al noroeste, la más olvidada y pobre del país, pero que entonces era generosa en biodiversidad y con grandes tierras sin propietario conocido. Paraíso que no tardaría en convertirse en un verdadero infierno cuando los criminales se percataron de su inexplotada riqueza.

Allí le tocaría ver cómo mataban a parte de su familia. Luego, en la década del noventa,  una noche en la que las llamas asaltaron el descanso que en el campo trae consigo la oscuridad, Ana Fabricia salió despavorida de su tierra, con sus cinco hijos, porque los paramilitares de extrema derecha le asesinaron a su esposo y le dejaron claro que si a la mañana siguiente había algún indicio de vida humana en su parcela, el plomo se encargaría de borrarla.

Así, con la sangre de su esposo esparcida por su tierra, fue despojada de  su historia, de sus cultivos y animales, que inmediatamente engordaron la codicia de esos verdugos que únicamente hablan el lenguaje de la muerte. Viuda, desharrapada y hambrienta, llegó a un municipio del Urabá, provincia de Antioquia, de donde en 2001 le tocó huir otra noche hacia Medellín, la gran ciudad, porque los asesinos de la extrema derecha en connivencia con el ejército, algunos políticos y una que otra multinacional, amenazaron con matar a sus hijos al negarse a  venderles la tierra que años atrás ellos mismo la habían obligado a abandonarla: “No está en venta”, dijo con voz firme. “No, porque es la tierra de mis hijos”.

En Medellín también tuvo que desplazarse al menos nueve veces, tugurio, tras tugurio. Y en los últimos meses se desplazaba cada noche de casa en casa para proteger a su familia porque lo usual, lo normal, es que maten a los amenazados en sus casas mientras duermen. Allí también los victimarios le desaparecieron forzosamente a un hijo y le violaron a una hija. En 2010 la policía, según sus denuncias, torturó y asesinó a otro de sus hijos: “Conozco a los asesinos de mi hijo; son policías del barrio de La Cruz”, lugar de uno de sus últimos domicilios. “A mí también me van a matar, pero yo no puedo callar porque lo que quiero es justicia; no tengo miedo…  ¿Qué es lo que hecho? ¿Por qué persiguen así a una mujer indefensa?”, decía hace unos meses ante las cámaras de una televisión local.

El 7 de junio de 2011 los asesinos cumplieron su sentencia. Ana Fabricia fue silenciada para siempre porque su verdad desmentía la aparente seguridad que trajo a Colombia el ex presidente Álvaro Uribe.  Sus tres hijos que quedaron vivos ya han denunciado que tras el crimen de su madre, recibieron amenazas de muerte: “si no cierran la boca como ahora la tiene su mamá; si no se callan ya saben quiénes serán los próximos”, dijo una voz al otro lado de la línea telefónica. Iguales amenazas han tenido que escuchar sus compañeras de lucha que con el alma desgarrada y bajo el anonimato, han declarado a los medios que no sólo han asesinado a Ana Fabricia: “nos han arrebatado la alegría que tras tanto dolor, ella y sólo ella, nos transmitía para animarnos a no callar tanta injusticia”.

La historia de Ana Fabricia, viuda, víctima de muchas violencias y abandonada, perseguida y repudiada por políticos y autoridades colombianas, es la misma de sus abuelos y padres, la de su primer esposo y la de sus hijos; también  la  de 5.2 millones de desplazados que en 25 años ha dejado la guerra en Colombia: generaciones completas de víctimas que son revictimizadas y vueltas a victimizar, desprotegidas por un Estado que le gusta presumir de ser la democracia más antigua de América Latina pero que tras la propaganda internacional esconde las más aterradoras cifras y realidades de todo el subcontinente.

La mentira en Colombia se ha instalado en el imaginario colectivo y también, gracias a  la nada despreciable ayuda de miles de millones de euros, la han sembrado en el imaginario mundial. Esa mentira que oculta la verdad tras las amables palabras del actual presidente Juan Manuel Santos, esa misma mentira que pone un manto a la evidencia, tras las altisonantes cifras económicas y de aparente seguridad del pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez; ésa mentira y no otra, es la que ha asesinado a Ana Fabricia.

Porque esta mujer de 51 años, con sus mejillas húmedas por las lágrimas y con su piel negra, orgullosamente negra y curtida por el dolor, tuvo el coraje que le hace falta a los que allí matan sin piedad: gritar muy alto, empleando su valor como altavoz,  que todos los asesinos de cuatro generaciones de su familia son antiguos y nuevos narcoterratenientes que, escondidos en los llamados grupos paramilitares, comparten manteles con miembros de la policía, de las fuerzas militares, de los servicios secretos, de partidos políticos, de representantes de grades  empresas locales e internacionales, de bandas de narcotraficantes y de altos miembros del Estado. Y denunciar esa verdad en Colombia es asegurar prematuramente tu propio funeral.

“Para conseguir nuestros derechos se nos van a caer miles de hombres en el camino; tenemos que ser fuertes. Seguiremos en la esclavitud si no ponemos de nosotros mismos”, decía ella en todas las reuniones a las que asistía como líder de los barrios de invasión de Medellín, atestados de miles de desterrados, negros, indígenas, mestizos y blancos.”A mí me van a matar, pero tranquilos, no tengan miedo, sigan luchando”. A través de su organización Latepaz, congregó a los que fueron callados con las más despiadadas violencias y que encontraron refugio en el purgatorio de esa Medellín de las comunas, atiborrada de casas de cartón, madera, lata y uno que otro ladrillo. Allí las mujeres,  que en Colombia representan el 60% de los 5.2 millones de desplazados, se han unido para que no les desparezcan o maten a sus hijos y para que el Estado les devuelva sus tierras arrancadas a punta de fuego, machete y motosierra, armas que han empleado los paramilitares en connivencia con la fuerza pública,  para desmembrar en vida los cuerpos de hombres, mujeres y niños.

Esta miembro de la Ruta Pacífica de Mujeres, en sus encuentros con autoridades de la ciudad, de la provincia, del Gobierno nacional y de organismos internacionales como la ONU, denunció la sentencia de muerte que planea sobre la vida de los desplazados y sus familias. Con su fuerte voz, desenmascaró a un país que convirtió a millones de campesinos en un ejército de mendigos desparramados por toda Colombia, cuando en sus parcelas vivían dignamente de pequeños cultivos y de la cría de animales. “Lo más doloroso de este destierro es que las madres sin empleo, sin con qué garantizar la salud de sus hijos, ni siquiera la escuela ni tan solo la comida del día, se ven obligadas a madrugar a las cuatro de la mañana para ir la central de abastos [gran comercializadora de alimentos para toda la ciudad de Medellín] a implorar que les regalen una yuca, una papa  o un plátano, que les sobre o que vayan a tirar a la basura,  para poder hacer una sopa para sus hijos”.

Ana Fabricia es la verdad que con valor se opone a la cobarde mentira colombiana. Esta mujer de 51 años, a quien el Estado despreció, abandonó e incluso llevó a la cárcel con un montaje judicial que la acusó de pertenecer a las FARC y que quedó en evidencia cuando no encontraron ni una sola prueba, representa lo que Colombia tapa: una realidad de la que son víctimas al menos el 11% de sus 48 millones de habitantes,  a quienes los poderosos les robaron siete millones de hectáreas, empleando métodos feroces que ni siquiera ha conocido Europa en sus peores épocas, y otros que copió literalmente del más grande genocidio que ha conocido la humanidad: los hornos crematorios.

La mentira de Colombia llevó a valorar la vida de Ana Fabricia en 0 céntimos y a estimar su muerte en 50.000 euros, recompensa que ofreció la policía para quienes proporcionen información fiable sobre  sus asesinos; la misma institución que, según las denuncias de Ana Fabricia, asesinó en 2010 a uno de sus hijos. Los hijos que le sobreviven, y varias ONG de derechos humanos, entre ellas el GIDH –Grupo Interdisciplinario por los DDHH- con sede en Medellín, hacen responsable de su asesinato, directamente al Estado.

Si su país la hubiese respetado, como tampoco lo ha hecho con las millones de víctimas que ignora, con mucho menos de 50.000 euros ofrecidos generosamente tras su muerte, hubiese evitado el asesinato, ya no de ella sino de al menos diez de sus parientes, cuya sangre  tiñe de rojo la historia de Colombia y dignifica la lucha de esta mujer negra, primero huérfana por la violencia, luego viuda, después desterrada, desamparada y olvidada que, para mayor dolor, tuvo que enterrar a uno de sus hijos y dar por desparecido a otro; vamos, la realidad colombiana, en toda su esencia. Ana Fabricia está muerta y su descendencia que todavía no le han matado, completamente huérfana: una chica de 28 años, un chaval de 19 y una adolescente de 13 que, como millones de jóvenes en Colombia, desde antes de nacer, han sido condenados a no tener futuro.

En Colombia, según la mentira que se pasea por el mundo y que es recibida con honores por los Jefes de Estado y de Gobierno, durante ocho años no hubo conflicto armado y por tanto no hubo víctimas. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe, gran terrateniente, dictaminó que los cinco millones de desplazados ni eran eso ni refugiados internos; eran migrantes. Ana Fabricia durante esos años gritó muy fuerte para que les devolvieran la dignidad a los desplazados “porque no hay que pedir perdón por existir” a los paramilitares de extrema derecha que desde 2002 tomaron posesión en las comunas de Medellín, donde ella habitaba y que, en connivencia con la policía “humillan, vejan, torturan, desparecen y asesinan”, sobre todo a los jóvenes, incluidas las adolescentes; esa era su principal denuncia.

La mentira instalada en Colombia llevó a que miles de asesinos, responsables de crueles matanzas y que echaron de sus tierras a millones de personas, se acogieran a un mentiroso proceso de paz, para pagar, en solo algunos casos, leves penas en cárceles. Y cuando los grandes capos de los grupos de extrema derecha comenzaron a hablar con la verdad, denunciando a altos mandos del ejército, a prestigiosos políticos y a grandes empresas, como sus colaboradores, esa mentira que hoy campa en Colombia a sus anchas, extraditó al menos a 20 de esos hombres a las cárceles de Estados Unidos. Allí la verdad quedó literalmente tras las rejas.

Tal es la mentira, que miles de criminales de esas agrupaciones ahora integran nuevos grupos paramilitares y, gracias a ese don particular de los políticos colombianos por ocultar la verdad, ahora las denominan Bacrim, con el único fin de tapar la estafa monumental que le hicieron al pueblo colombiano y a la comunidad internacional, llamada proceso de paz. Y como la mentira igual que la muerte en Colombia no descansa, las víctimas, que se cuentan por miles, no tienen derecho a ser reconocidas como tales, porque, según la gran mentira, esas bandas son de delincuencia común, por tanto, “son producto del enfrentamiento entre bandas criminales”. No tardarán en decir que Ana Fabricia fue asesinada en un “ajuste de cuentas”.

Y contra esa mentira ella combatió sus últimos años. Porque son los paramilitares y no otros, en muchos casos en connivencia con la fuerza pública, los que están atemorizando y asesinando a los líderes de los procesos de restitución de tierras que han comenzado en Colombia; los mismos asesinos que la silenciaron, los mismos que asesinaron a gran parte de su familia. Con ella, durante los 10 meses de gobierno de Santos, son 16 los líderes que han caído bajo las balas de la  amalgama existente entre escuadrones de la muerte, miembros de la fuerza pública, narcotraficantes, multinacionales, empresarios y políticos colombianos. Esos 16 líderes representan a millones de campesinos que fueron despojados de sus tierras y que ahora deambulan por las grandes y medianas ciudades de Colombia.

A Ana Fabricia la mataron 3 días antes de promulgar casi con pregón de fiesta, la famosa ‘Ley de víctimas y restitución de tierras’. Ley que, por supuesto, no fue consultada a las víctimas. La plataforma Oidhaco – Oficina Internacional de derechos Humanos-Acción Colombia- que agrupa a 32 organizaciones europeas e internacionales,  con sede en Bruselas, fue  muy clara al condenar el hecho. “El asesinato de Ana Fabricia Córdoba, reconocida por su lucha en favor de los desplazados y líder de los procesos de restitución de tierras, es una muestra más de la falta de medidas eficaces de protección para las comunidades y las organizaciones que les acompañan en sus exigencias del derecho al territorio. Esta ley, conocida como ‘Ley de Víctimas’, no contempla medidas eficaces para la protección de las personas que luchan para un regreso en condiciones dignas a sus tierras”.

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, invitado especial el pasado 10 de junio a Bogotá, para la presentación mundial de la famosa ley, también pidió medidas efectivas que garanticen la vida de todas las víctimas y de quienes las representan. Todas las ONG de derechos humanos de Colombia, además de condenar el hecho, se han retirado de la mesa de diálogo con el vicepresidente Angelino Garzón, a raíz del asesinato de Ana Fabricia. Exigen que de una vez por todas, los representantes del gobierno dejen de condenar con golpes de pecho los asesinatos de los defensores de derechos humanos y comiencen ya a proteger sus vidas.

‘La ley de víctimas y de restitución de tierras’ ha ocupado los espacios mediáticos en Colombia durante una semana. Las víctimas, que en mayoría no se sienten representadas en esta ley, temen mucho que esto no pase de ser un gesto de propaganda que lleve a que unos pocos miles recuperen sus tierras para tomarles la foto y que luego, ni haya voluntad política ni dinero para devolverles lo que les fue arrebatado. Y de lo que están seguros, es que no tendrán ni reparación ni verdad ni justicia. Existe mucha desconfianza ante la famosa ley porque podría ser una mentira más que pasará a ser verdad, únicamente en los titulares de la prensa. Contra esta gran mentira de Colombia luchaba Ana Fabricia y por ello entregó su vida. Contra esa mentira seguirán luchando miles, esperando que algún día, alguna generación de víctimas pueda decir que habita un país de verdad porque sus hijos sí nacieron con futuro.