Toma la palabra

  Amnistía Internacional Paraguay

El jueves 15 de agosto Horacio Cartes asume la Presidencia de la República del Paraguay. Amnistía Internacional da la bienvenida al nuevo presidente y le recuerda que toma el liderazgo de un país con grandes retos en materia de derechos humanos. La organización, por lo tanto, recomienda que las nuevas autoridades aseguren que los derechos humanos formen parte central de las políticas de Estado. El nuevo gobierno de Horacio Cartes goza de la oportunidad de realmente proponer y crear cambios sustanciales para los ciudadanos del país.

Paraguay sigue sufriendo las consecuencias del régimen militar que lo gobernó desde 1954 hasta 1989. Ésta fue caracterizada por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras lesiones graves y una feroz discriminación de los Pueblos Indígenas. El año 1992 marcó un nuevo comienzo con la introducción de la democracia y la adopción de la Constitución que otorga una protección amplia de derechos humanos.

A pesar de que existen avances en derechos humanos en Paraguay, los gobernantes de esta joven democracia, no han aprovechado el potencial de sus mandatos para realmente asegurar la protección de estos derechos. El Estado paraguayo ha ratificado los principales instrumentos de derechos humanos, sin embargo estos siguen siendo violados impunemente. Sobre todo es así para personas en situación de vulnerabilidad, como los Pueblos Indígenas o las mujeres. Horacio Cartes y las autoridades electas asumen ahora la responsabilidad de promocionar y proteger los derechos humanos para que todas y todos puedan gozar de ellos y vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.

Amnistía Internacional desconoce el acercamiento hacía los derechos humanos de Horacio Cartes y su nuevo gobierno. La campaña electoral del presidente electo no produjo indicaciones claras en este aspecto y apenas mencionó los derechos humanos. La organización considera que los derechos humanos deben formar parte central del programa político del nuevo gobierno. En particular, Amnistía Internacional exige que las nuevas autoridades prioricen y aborden eficazmente las siguientes cuatro áreas de trabajo:

  • Respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Paraguay es el único estado de la región que enfrenta tres sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos de tres comunidades indígenas (Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xámok Kásek) a sus tierras ancestrales. Las nuevas autoridades deben abordar con carácter de urgencia el pleno cumplimiento con estas decisiones internacionales. Sin sus tierras ancestrales los pueblos indígenas no pueden realizar sus actividades tradicionales, esenciales para su supervivencia. Asimismo, las autoridades deben desarrollar mecanismos transparentes y eficientes para dar solución a las demandas de tierras ancestrales de los pueblos indígenas en Paraguay.

  • Independencia e imparcialidad de la administración de justicia en el marco de las demandas de tierras de grupos campesinos/as y de comunidades indígenas.

En ocasiones, las demandas generan conflictos que terminan en violencia. En el caso de las 17 muertes (6 policías y 11 campesinos) en Curuguaty en junio de 2012, Amnistía Internacional urge a las nuevas autoridades que se aseguren investigaciones imparciales e independientes para resolver todas las muertes y procesos judiciales con plenas garantías.

  • Compromiso con el pleno respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas.

Esto implica pleno acceso a los servicios de salud y provisión de información sobre dichos derechos para toda la población sin discriminación.

  • La pronta ratificación de todos los tratados internacionales de derechos humanos y su adecuación a la legislación interna.

Se debe seguir avanzando en la adhesión del Estado a normas internacionales, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite la presentación de quejas internacionales en Naciones Unidas por violaciones de estos derechos. Es también imperativo la inmediata adecuación de normas nacionales a las obligaciones internacionales, como la adopción e implementación de una ley contra la discriminación que esté en línea con los estándares internacionales de derechos humanos e incluya una provisión de prevención y sanción de discriminación basada en todos los motivos que requiere el derecho internacional.

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Amnistía Internacional Paraguay aprovechó la campaña electoral para movilizar a la ciudadanía a favor de los derechos humanos. La organización lanzó la campaña “VOTA POR VOS, VOTA POR LOS DERECHOS HUMANOS. Miles de personas se sumaron para exigir que las autoridades electas pongan los derechos humanos en el centro de su programa político y que hagan prioritario los temas señalados en este artículo. Las cartas firmadas por estas personas serán entregadas a las autoridades el lunes 19 de agosto, en la que la organización solicitará una audiencia con el Presidente Horacio Cartes y con los presidentes de ambas cámaras del congreso. Las nuevas autoridades tienen así la oportunidad de mostrar su compromiso con los derechos humanos.


Por Redacción Prensa Comunitaria

Intento de nuevas capturas en Barillas

En horas de la mañana personas particulares, aparentemente miembros de la Policía Nacional Civil a bordo de vehículos particulares, detuvieron a dos personas que pertenecen Sociedad Civil de Barillas, que han sido parte del grupo que han defendido los derechos humanos, el territorio y el agua de Barillas, Mynor López y Manuel Molina López.

La población en el centro de Barillas al darse cuenta de que un grupo de personas vestidas de particular capturaban estas dos personas y los introducían a vehículos particulares, principalmente familiares reaccionaron frente a la esta acción. La Policía Nacional Civil -PNC en Barillas contaba ya con equipo antidisturbios, se presume que fueron movilizados agentes de las fuerzas especiales de la PNC quienes ante la movilización de las personas en el centro de Barillas, comenzaron a hacer uso de las armas, lanzando gas lacrimógeno en contra de la población en Barillas.

El saldo de la intervención de la PNC en Barillas es de varias personas con serios daños respiratorios tras la inhalación de este tipo de gas, y otras personas que registraron varias heridas. Dos mujeres tuvieron que ser internadas en un hospital por mostrar un cuadro serio de intoxicación por el gas lacrimógeno,  en horas más tarde fueron dadas de alta. Además la acción policial afectó a cientos de niños y nicas de la escuela de párvulos cercana, por intoxicación, quedando herida una madre de familia.
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Campaña Armas Bajo Control

  • Las ONG temen que el interés del Gobierno español en vender armas relaje los criterios de derechos humanos

Desde el inicio de la presente legislatura, las ONG de la coalición “Armas Bajo Control” han alertado del posible impacto de la crisis económica en los controles en las exportaciones de armas. Existe una clara tensión entre las limitaciones y restricciones que la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, establece sobre el comercio exterior de material de defensa, y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior para apoyar a la industria militar española, ante la bajada de ventas a nivel interno debido a los recortes en nuevas adquisiciones, principalmente debido a la deuda histórica acumulada por el Gobierno con diversas empresas españolas de material de defensa. Como resultado de ello, se incrementa el riesgo de que material de defensa español termine siendo objeto de operaciones en las que existe un riesgo de que sean utilizadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos.

La intensa agenda internacional del Sr. D. Pedro Morenés, Ministro de Defensa, así como algunas declaraciones que ha emitido; las negociaciones en marcha con Arabia Saudí para vender carros de combate; o incluso la adopción de regulaciones exigidas para ciertas operaciones preocupantes, han ido incrementando estos temores.

En unas declaraciones públicas en 2010, ante la posible venta de carros de combate a Arabia Saudí, país que no cumple los mínimos en derechos humanos, el Ministro afirmó que “en Arabia Saudí hay una evolución desde su idiosincrasia.” Recientemente el Ministro de Defensa, ha apostado claramente por la promoción de la capacidad exportadora de la industria de defensa.

Por otro lado, la aprobación de la Ley de medidas de liberalización para impulsar la exportación de dicho material (Ley 12/2012, de 26 de diciembre), que regula los acuerdos gobierno a gobierno, refleja el interés por incrementar las ventas de armas y abre interrogantes sobre su impacto en los procesos existentes de control en las exportaciones.

Amnistía Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau), Greenpeace e Intermón Oxfam manifiestan su temor por esta situación el día que presentan el informe que analiza las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material durante el primer semestre del 2012, elaborado con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Leer más


Documento contra la criminalización de inmigrantes sin papeles
  • La reforma del Código Penal castiga con cárcel a quien les ayude a permanecer en España
  • Organizaciones sociales exigen que el ayuntamiento se oponga a esta medida
Diversas organizaciones sociales valencianas, que forman parte de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y de la Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, han presentado esta mañana un escrito en el Ayuntamiento de Valencia exigiendo que no se criminalice la ayuda humanitaria a las personas extranjeras que carecen de documentación. Esta iniciativa forma parte de la campaña Salvemos la hospitalidad, que se está desarrollando en todo el Estado español para impedir que en la reforma prevista del Código Penal se castigue con penas de hasta dos años de cárcel a cualquiera que ayude a transitar o a permanecer en España a personas que no tienen permiso de residencia. En el anteproyecto de reforma propuesto por el ministro Alberto Ruiz Gallardón no se distingue entre quienes están cometiendo el delito de tráfico de seres humanos y quienes son solidarios con esas personas o simplemente les alquilan una habitación o les sirven una comida; todos corren el riesgo de ser condenados. El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado que haya una mayor precisión en la nueva regulación.

En el documento, las entidades Psicólogos Sin Fronteras, Cedsala, Cáritas, Grupo de Acción Comunitaria, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales, HOAC, Ca Revolta, Comunidades Cristianas Populares, Valencia Acoge, ACOEC, Jarit y la Asociación de Vecinos de Nazaret piden a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que en el próximo pleno municipal se apruebe una moción en la que todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento manifiesten su rechazo “ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes”. Consecuentemente, se reclama que la corporación municipal inste al Gobierno español para que en la modificación del Código Penal se castigue “exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas”, excluyendo “expresamente” las actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria con las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En caso de que se mantuviera la reforma presentada, no sólo podrían ser perseguidas las personas y organizaciones que colaboran con población migrante sino que hasta las propias actividades desarrolladas desde los servicios sociales del ayuntamiento con personas sin papeles podrían ser constitutivas de delito.

 

  •  Pdf de la Moción tipo para las entidades sociales

 


Por  Helpage International
  • Las jornadas buscan sumar los esfuerzos de diversas organizaciones españolas para formar una Plataforma Nacional que influya en temas de mayores.
  • La exposición fotográfica “La Mirada de los Mayores” recoge fotografías de desplazados mayores colombianos
  • En Colombia los mayores de 60 años representan el 10,1% de la población internamente desplazada



La Fundación HelpAge International España ha presentado hoy, dentro del Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional las jornadas “Los Derechos Humanos son un Derecho de Todos: No a la Discriminación por Edad”.

Este evento continúa con el trabajo de HelpAge International España para apoyar los derechos de las personas mayores a nivel nacional que comenzó con el lanzamiento del informe conjunto realizado con UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas) “Envejecer en el Siglo XXI: Una celebración y un desafío” el pasado octubre en Madrid y cuyo objetivo es conseguir apoyo político europeo para una Convención por los Derechos de las Personas Mayores.

HelpAge International lleva luchando por una Convención Internacional desde 2007 a través de diversas campañas internacionales, especialmente ADA (Adultos Mayores Demandan Acción) con presencia en más de 60 países. Leer más


Por Human Rights Watch
  • Se requieren acciones urgentes para impedir el uso de armas completamente autónomas.
  • “Los robots de combate supondrían dar un paso que transgrede los límites morales y legales”, indicó Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch.

La sociedad civil encabezará una iniciativa para que los países prohíban las armas completamente autónomas, señaló hoy Human Rights Watch durante el lanzamiento de la Campaña contra los Robots de Combate, de alcance global. Estas potenciales armas del futuro, en ocasiones llamadas “robots de combate”, están equipadas para seleccionar y atacar objetivos sin ningún tipo de intervención humana.

“No debe permitirse la fabricación de robots armados con capacidad letal que puedan identificar y matar personas sin ninguna intervención humana”, indicó Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch. “Es indispensable que un humano esté siempre ‘al tanto’ cuando se tomen decisiones en el campo de batalla. Los robots de combate supondrían dar un paso que transgrede los límites morales y legales, y deberían ser rechazados como una posibilidad irreconciliable con la conciencia pública”.

Human Rights Watch ha sido el coordinador inicial de la Campaña contra los Robots de Combate (Campaign to Stop Killer Robots), una nueva coalición internacional integrada por organizaciones no gubernamentales que exige la prohibición absoluta y preventiva de las armas completamente autónomas. Esta prohibición debería acordarse a través de un tratado internacional, así como de leyes nacionales y otras medidas.

Durante la última década, el uso progresivo de vehículos armados no tripulados o teledirigidos (drones) ha modificado radicalmente los métodos de combate, y ha generado nuevos desafíos humanitarios y jurídicos. En la actualidad, los vertiginosos cambios tecnológicos han permitido que Estados Unidos y otros países cuyas fuerzas militares cuentan con equipamiento de última generación, entre ellos China, Israel, Rusia y el Reino Unido, implementen sistemas que podrían dotar de mayor autonomía a la maquinaria utilizada en combates. Si uno o más países deciden utilizar armas completamente autónomas, otros podrán sentirse obligados a cesar su política de moderación y dar comienzo así a una carrera armamentista para la incorporación de robots de combate.


“Numerosas fuerzas militares trabajan actualmente para incrementar aún más la autonomía de su armamento, y es necesario actuar ahora para trazar un límite claro respecto de las armas completamente autónomas”, observó Goose. “Estas armas llevan demasiado lejos los adelantos tecnológicos, por lo que se requiere en forma urgente adoptar una prohibición, antes de que la inversión realizada, los avances tecnológicos y las nuevas doctrinas militares hagan que sea imposible poner freno a esta tendencia”.

El relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Profesor Christof Heyns, presentará su informe sobre robots con capacidad letal autónoma durante la segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comenzará en Ginebra el 27 de mayo de 2013. Se prevé que el informe presentará recomendaciones a los gobiernos para que adopten medidas vinculadas con las armas completamente autónomas. Leer más


Por Pablo A. Sáinz
Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino
  • La denuncia sobre redadas realizadas por IU deja al descubierto la incongruencia en las cifras

Los nuevos datos revelados por Izquierda Unida respecto a la continuidad de las redadas policiales dejan al descubierto la sospechosa forma que tiene el Ministerio de Interior de dar a conocer información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en torno a la situación de las personas migrantes, una opacidad que desde diferentes sectores sociales se vislumbra como la base para ocultar la impunidad en que a veces se traducen esas prácticas.

Que las identificaciones tienen un claro componente racial parece a priori no ser noticia, atendiendo no solo las estadísticas, sino a las denuncias ciudadanas, el informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos y, sobre todo, la propia percepción social. Pero el desmembramiento de las estadísticas es lo que suele dificultar poder hacer una evaluación más certera de una situación que siempre es tratada desde las esferas gubernamentales como un problema (con las cotas de criminalización añadidas en discursos, legislación y prácticas) y no como una realidad social. Más de 5 millones de personas migrantes en nuestro país hacen necesario un tratamiento cercano a esta realidad, y no a la permanente “sospecha” que se intenta instalar sobre ellas.

Entonces, parece imprescindible que la sociedad y las propias fuerzas políticas toda vez que reciben estas informaciones hagan el complejo ejercicio de cuestionar sus intenciones, verdades y mentiras que puedan descubrir u ocultar. Aquí, apenas un comienzo:

.- La pregunta parlamentaria que el grupo de Izquierda Plural realizó a través del diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, nace motivada de conocer si las prácticas policiales han cambiado a partir de la sanción de la circular 2/2012 sancionada el mayo del pasado año como supuesta respuesta a la condena social contra las llamadas redadas racistas, hasta allí negadas y que fueron reconocidas implícitamente en el texto de la misma. No advierte el legislador al esperar un cambio de mayor calado, que aquella circular en lo dispositivo, que es lo que realmente importa, no se ordenó prohibir las redadas y, sin embargo, sí se creó un viso de legalidad para justificar la identificación de “personas que infundan sospechas”, criterio de una laxitud que intenta proteger cualquier identificación, ya que no es motivo para hacerla una acción sospechosa, sino la propia persona física más allá de sus actos. Aquí una evaluación crítica de la misma realizada por un equipo jurídico, que puede servir de orientación. Leer más


Oidhaco, Oficina Internacional de Derechos humanos-Acción Colombia

Desplazados forzosos volviendo a sus tierras (María Libertad Márquez)

Se cumplen 300 días del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Tras los ocho años de Álvaro Uribe, muy negativos para los avances sociales y nefastos para los derechos humanos, con la asunción al poder del nuevo presidente colombiano se ha creado una sensación general de mejora.

Sin embargo, tras las buenas formas del discurso público, en la realidad nada ha cambiado. Por tanto, Oidhaco -Oficina Internacional de Derechos humanos-Acción Colombia-, le solicita a la Unión Europea que exija resultados en derechos humanos a Bogotá. “La UE no puede seguir callando ante las violaciones en esta materia en Colombia”, argumenta Vincent Vallies, su portavoz en Bruselas.

No es posible que allí la impunidad ronde el 97% en las violaciones a los DDHH, denuncia Oidhaco: “No se puede hablar de cambio cuando, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial para investigar y juzgar los crímenes, no encuentra el suficiente apoyo del Estado ni en recursos ni en protección a sus jueces”, advierte  Vallies. “Sólo a manera de ilustración, en Arauca, provincia al noreste del país, en octubre de 2010, un miembro del ejército violó a dos niñas, asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos. Hasta ahora no se sabe de ninguna investigación rigurosa; a cambio, la juez que investigaba el caso fue asesinada también”. “La UE”, expone el portavoz, “debe exigir al Estado colombiano que luche públicamente y con recursos y apoyos contra la impunidad”.

Durante la administración Santos han sido asesinados 15 líderes que representan a sus comunidades en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas, a través de la violencia. Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por miembros de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, que en muchos casos corren riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse entre otras cosas a megaproyectos de explotación en sus territorios; sólo en 2010 fueron asesinados 122.

La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado sino que se ha incrementado. “Y ahora parece adquirir mayor crueldad contra las mujeres”, destaca Vallies. “Nos preocupa cómo cada vez crecen las agresiones contra las mujeres sindicalistas. La tercera parte de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en último año fueron en contra de mujeres, según ha denunciado la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]”.

Intermón-Oxfam, denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. “Santos y el Estado colombiano deben hablar públicamente de ello y crear mecanismos de protección, además de llevar a los responsables ante la justicia”, dice el portavoz de Oidhaco.

La organización, por último, pide al presidente Santos “una verdadera voluntad política para erradicar la impunidad, proteger a los defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianos, así como a los sindicalistas y todas las víctimas del conflicto armado, entre ellas a las mujeres que son unas de las grandes ignoradas tanto por el Estado como por el gobierno”.


Por Gabriela Keseberg Dávalos

Responsable de comunicación de International Crisis Group

Prácticamente nada se lee en los medios españoles sobre Uzbekistán, país lejano tanto geográfica como culturalmente. Sin embargo, los recientes acercamientos entre España y esta antigua república soviética merecen ser analizados, en especial porque Uzbekistán es uno de los países más cruentos del mundo en cuanto a violaciones de derechos humanos.

Algunos datos para comenzar: el presidente, Islam Karimov, ha estado en el poder desde 1991. En las cárceles de su país se encuentran miles de reos políticos y sus familias son acosadas y perseguidas. Son muchos los encarcelados también por razones religiosas con la excusa de ser militantes islámicos y/o terroristas. Y hace exactamente cinco años, el 13 de mayo del 2005, el gobierno de Karimov apagó violentamente una protesta pacífica, matando no a cientos, sino a miles de personas, en la llamada masacre de Andizhán. Hasta hoy, siguen sin esclarecerse los hechos y los testigos son acallados, encarcelados o ya están muertos. Para conocer más detalles sobre las increíbles fechorías del gobierno basta echarle una mirada a cualquier informe sobre el estado de los derechos humanos en Uzbekistán para que a uno le dé infarto. Es sabido, por ejemplo, que algunos prisioneros son hervidos vivos, mujeres embarazadas son violadas y torturadas, y niños ejecutados a sangre fría. La creatividad en cuanto a métodos de tortura parece inagotable. Actualmente, nada menos que la hija de Karimov y posible heredera del poder, Gulnara Karímova, es la nueva embajadora de Uzbekistán en Madrid.

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos recibe las acreditaciones de la embajadora de Uzbekistán, Goulnara Karimova

Asia Central, en general, es cada vez más importante para Occidente por dos razones: primero, por su posición geoestratégica para bases militares de la coalición que llevan y traen suministros desde y hacia Afganistán (los alemanes tienen una base aérea en Termes-Uzbekistán y los rusos y americanos una en Kirguistán) y, segundo, por los recursos económicos, como el gas, el petróleo y los minerales.

Pero eso no justifica que países de Occidente hagan la vista gorda en lo que se refiere a las violaciones de derechos humanos. Como país democrático y actual Presidente de turno de la Unión Europea, España debería analizar si a la larga realmente quiere hacer negocios y tener relaciones con un gobierno que aparte de lo ya mencionado, persigue a sus opositores y a periodistas independientes hasta más allá de las propias fronteras, y que cada año fuerza a más de dos millones de niños a trabajar gratis en la cosecha de algodón y a perder clases en la escuela. Últimamente además, los médicos son obligados a esterilizar a mujeres (sin informarlas, claro) después de que den a luz a su primer hijo, para frenar la explosión demográfica del país. En resumen, quien es enemigo del gobierno de Karimov, y por lo visto es muy fácil caer en esta categoría, pocas veces vive para contarlo o vive realmente mal. Choca entonces enterarse que incluso está prevista una visita oficial de los Reyes de España a Uzbekistán en la segunda mitad del año, después de la presidencia española de la UE. Tal visita acredita al gobierno de Karimov y al mismo tiempo merma el trabajo de los defensores de derechos humanos tanto dentro como fuera de Asia Central.

El papel de la prensa española es clave: debe sacar a la luz lo que sucede en Uzbekistán antes de que más empresarios y políticos españoles emprendan negocios y relaciones con este régimen totalitario. La opinión pública tiene derecho a ser informada sobre lo que acontece en Asia Central y sobre el tipo de gobiernos con los que España está tratando.


Análisis de Jerrold Kessel y Pierre Klochendler

Organizaciones sionistas de todo el mundo consideran que el juez judío sudafricano Richard Goldstone debe optar entre la lealtad a los derechos humanos fundamentales o a Israel. Otras han flexibilizado su posición.

El ex magistrado de la Corte Suprema de Sudáfrica continúa defendiendo el informe elaborado por la comisión de las Naciones Unidas que él lideró, encargada de investigar la guerra, llamada Operación Plomo Fundido, que tuvo lugar del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009 en Gaza.

Dicho estudio, presentado en septiembre del año pasado, concluyó que tanto Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) como Israel cometieron crímenes de guerra durante el conflicto. El Informe Goldstone plantea que las fuerzas armadas israelíes pueden haber perpetrado crímenes contra la humanidad. Y a muchos sionistas en todo el mundo les parece de mal gusto que un judío busque colocar a Israel en el banquillo internacional.

En las últimas semanas, las críticas generaron una situación inusual en Sudáfrica, el país natal del juez, con reminiscencias de un juicio salomónico. En el relato bíblico se pedía al rey Salomón que adjudicara el destino de un bebé cuya maternidad reclamaban dos mujeres. Salomón propuso cortar al niño a la mitad. Cuando una de las mujeres dijo que prefería renunciar a su derecho a la maternidad para que el niño siguiera entero, el sabio rey se pronunció a su favor, argumentando que una verdadera madre no accedería a arriesgar el bienestar de su hijo.

Un paralelismo moral puede trazarse en relación al juez Goldstone: organizaciones judías de todo el mundo han planteado el dilema como una opción entre la lealtad a los derechos humanos fundamentales y la lealtad a Israel.

Para Goldstone, sin embargo, el desafío actual también fue desatado por un niño: su propio nieto. El adolescente está por celebrar su bar mitzvá, ceremonia religiosa que tiene lugar cuando un muchacho judío cumple 13 años y tras la cual asume las responsabilidades religiosas de un adulto. Al principio, judíos religiosos y sionistas de Johannesburgo querían prohibirle al juez Goldstone asistir a ese acontecimiento.

La publicación judía estadounidense Forward, que también fue muy crítica con el magistrado, señaló en un editorial que “la demonización y el aislamiento de Richard Goldstone está mal, es ofensiva y, francamente, viola los propios valores judíos que la comunidad pretende defender. Que el hombre ni siquiera pueda asistir a la bar mitzvá de su nieto dice mucho sobre la intolerancia y la ignorancia de quienes intimidan en nombre de Israel”.

Ahora, y sólo después de una disputa importante y muy pública, se le permitirá asistir a la sinagoga.

Goldstone ha revelado que la iniciativa de poner fin a la discusión surgió de Tikkun, una revista judía estadounidense de izquierda. La publicación intercedió ante los elementos de línea dura que integran la comunidad judía sudafricana. El intercambio con Tikkun, y el hecho de que quienes buscaban imponer restricciones a Goldstone flexibilizaran su posición, tuvieron lugar a raíz de la decisión de la revista de concederle su premio anual al comportamiento ético. En palabras del editor de Tikkun, el rabino Michael Lerner, “la comunidad de la paz, tanto en Israel como en todo el mundo, ve al juez Goldstone como alguien que defiende los mejores valores éticos de la comunidad judía“.

Goldstone manifestó por escrito su felicidad por poder asistir a la bar mitzvá de su nieto. Y citó una declaración del South African Jewish Board of Deputies (consejo sudafricano de delegados judíos) en cuanto a que sus asuntos familiares no darían pie a más protestas en su contra. Pero aunque a último momento se haya desistido de imponerle un juicio “salomónico” al magistrado sudafricano, la cuestión de la lealtad dual, entre los valores humanos y morales universales, y un apoyo ciego y acrítico hacia Israel, continúa resonando, particularmente dentro de la influyente comunidad judía estadounidense.

En el gobierno del presidente Barack Obama esto ha comenzado a cambiar, para desconcierto de muchos judíos en Estados Unidos. Han surgido fricciones especialmente porque altos funcionarios de ese país no han temido manifestar que les preocupa que la continuación del conflicto palestino-israelí pueda perjudicar los intereses nacionales estadounidenses.

La preocupación se volvió palpable dentro de un vasto sector de las organizaciones judías. Líderes de las Federaciones Judías de América del Norte revelaron la semana pasada que en mayo realizarán una inusual “visita masiva” a Washington “para transmitir su preocupación por las relaciones entre Estados Unidos e Israel”.

En una carta pública, Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y premio Nobel de la Paz en 1986, dijo que no deseada al gobierno del derechista Benjamín Netanyahu.