Por Humans Rights Watch

• Hombres armados disparan contra automóvil de destacado periodista de investigación

Colombia debería asegurar que las pesquisas sobre el atentado contra un destacado periodista de investigación indaguen exhaustivamente sobre los motivos que podrían estar vinculados con su trabajo e identifiquen a todas las partes responsables, señaló hoy Human Rights Watch. En la noche del 1 de mayo de 2013, hombres armados dispararon contra el automóvil que era conducido por Ricardo Calderón, un editor de la revista Semana, cuando este se detuvo en la vía que conduce de Ibagué a Bogotá. Si bien cinco balas impactaron el vehículo, Calderón logró escapar ileso.

Ricardo Calderón (Revista Semana)

En los últimos años, Calderón ha tenido un rol clave en la denuncia de escándalos de magnitud vinculados con los derechos humanos en el país, como los extravagantes privilegios de los cuales gozaban internos en el centro de reclusión militar de Tolemaida. En abril, junto con un grupo de periodistas de Semana, Calderón reveló que a dos años de que se destapara el escándalo sobre Tolemaida, militares allí detenidos que habían sido condenados por atrocidades continuaban gozando de privilegios, incluida la posibilidad de salir del centro de detención libremente.

“Los importantes reportajes investigativos publicados en la revista Semana por Calderón han sido claves para la vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían investigar sin demora a los responsables de este grave atentado a la libertad de expresión, y llevarlos ante la justicia”. Leer más

Miembros del Parlamento Europeo 

Bruselas,  19 de Diciembre del 2012

Señor Juan Manuel Santos Calderón,

Presidente de la República

Palacio de Nariño

Bogotá – Colombia

Excelentísimo Señor Presidente :

Hemos sido informados por diversas organizaciones de derechos humanos que hace más de dos meses, unos paramilitares detenidos, que operaron en la zona de la hacienda Bellacruz (Cesar) bajo las ordenes del Carlos Arturo Marulanda, ex-embajador de Colombia ante la Unión europea, Bélgica y Luxemburgo, y su familiares, fueron interrogados por un juez. En esta ocasión confirmaron la responsabilidad de la familia mencionada, y revelaron que existía en esta finca una fosa común donde reposarían más de 200 cuerpos.

Queremos expresarle, Señor Presidente, nuestra honda preocupación por que no se haya efectuado todavía la investigaciones relativas a esta fosa común y la necesaria exhumación, -lo cual compromete la perennidad de las pruebas-.Tememos por la seguridad de los lideres de la organización campesina ASOCOL, que obran por la restitución de las tierras de las cuales fueron despojados por la violencia después de que las instituciones del Estado fallara a su favor, hace más de quince años.  Su dirigente Fredy Rodriguez y varios de sus compañeros han sido últimamente el blanco de reiteradas amenazas de muerte.

Paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AP)

Estamos, Sr Presidente, ante un conflicto social que opone partes muy desiguales, y nos parece que requiere acción urgente de su Gobierno para hacer respetar la ley y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones.  Por un lado hay campesinos sin defensa, que han perdido más de 40 de los suyos para defender su propiedad, tan solo en este predio. Del otro lado, está una poderosa familia, con historial criminal (de crímenes ocurridos bajo su responsabilidad. Esta familia está asociada ahora al magnate financiero brasilero Germán Efromovich, dueño de Avianca, y recientemente candidato a comprar la aerolínea TAP del Portugal. Germán Efromovish silenciosamente compró a la familia Marulanda grandes extensiones de tierras de la Nación de la hacienda Bellacruz, sin respetar procesos legales, violando la ley y los derechos de los campesinos despojados. Sabemos además que Germán . Efromovich se  asoció  en la empresa Doce Vista Estate con personas de la región que utilizaron y siguen utilizando grupos paramilitares.

El cuadro se empeora ahora, por el resurgimiento en la zona de un grupo paramilitar  autodenominado “Ejército Anti-restitución”, que según bien lo indica su nombre, esta al servicio de las familias y empresas que han utilizado la violencia para despojar a campesinos de sus tierras.

Recientemente estos grupos han impedido a los campesinos y a algunos funcionarios efectuar las diligencias legales, sin que la fuerza pública interviniera para defender a campesinos y funcionarios.

Por la situación tan especial que ocurre en esta región, por la desigualdad entre los actores y la obstinación de los mas poderosos en no cumplir la ley, por lo emblemático que representa la resolución de este conflicto social que seguimos de cerca desde Europa, le solicitamos atentamente, Sr. Presidente, instruir a su administración para que :

- se proteja efectivamente a los lideres de ASOCOL y sus asesores,

- se exija a la fuerza pública y a la justicia el desmantelamiento de los grupos paramilitares de la región y sus estructuras políticas y económicas,

- se efectúen con el apoyo de elementos idóneos de la fuerza pública, las diligencias para proceder a la entrega de los predios mal habidos, y se desmantelen a los grupos paramilitares y sus estructuras políticas y económicas,

- se persiga judicialmente a los responsables directos e indirectos de los asesinatos, los desplazamientos y otras violaciones de los derechos humanos, ahora que la justicia dispone de testimonios de los paramilitares que confirman quienes son los responsables de los hechos.

De su más alta consideración,

1. Barbara Lochbihler, Presidente de la Sub-comisión de Derechos Humanos

2. Gabi Zimmer, Presidente del grupo GUE/NGL

3. Daniel Cohn-Bendit, Co-presidente del grupo de los Verdes-ALE

4. Thijs Berman

5. Lother Bisky

6. José Bové

7. Nikos Chountis

8. Vicente Garcés

9. Sven Giegold

10. Ana Gomes

11. Catherine Grèze

12. Satu Hassi

13. Martin Hauslink

14. Yannick Jadot

15. Ska Keller

16. Jürgen Klute

17. Sabine Lösing

18. Ulrike Lunacek

19. David Martin

20. Marisa Matias

21. Ana Miranda

22. Paul Murphy

23. Younous Omarjee

24. Raúl Romeva i Rueda

25. Helmut Scholz

26. Alda Sousa

27. Søren Søndergaard

28. Bart Staes

29. Rui Tavares

30. Keith Taylor

31. Inês Zuber

Por Oficina Internacional de los Derechos Humanos
Acción Colombia (OIDHACO)

Bebés de refugiados colombianos en Ecuador (AP)

Colombia es el 7° país en el mundo en términos de origen de refugiados (ACNUR), y el país con mayor número de personas desplazadas en su propio territorio: 5.5 millones, según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 3.9 millones según las cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; dos cifras que suponen un verdadero drama. Colombia se sitúa por delante de Sudán (5.2 millones según la ONG IDCM), Afganistán e Irak en número de desplazados, pero este drama no ha merecido ni alertas internacionales ni el cubrimiento de la prensa mundial.

El silencio de la comunidad internacional consigue que, en lugar de disminuir la cifra de víctimas, aumente cada año. Tan solo en 2011, según Codhes, hubo cerca de 260.000 nuevos desplazados. En Colombia cada día, 710 personas se convierten en desplazadas. Y como lo ha destacado la Corte Constitucional colombiana (Auto 092 de abril de 2008), existe un vínculo directo entre el desplazamiento y la violencia sexual; las mujeres desplazadas sufren de un impacto desproporcionado del conflicto armado. En el 2010 En Colombia se registraron 16.916 casos de violencia sexual, 2 cada hora, según la organización SISMA Mujer.

Leer más

OIDHACO

• En las últimas semanas, activistas han sido asesinados y desparecidos; trece asesinados en los últimos tres meses
• Llama a la UE a tomar el ejemplo del Reino Unido que en su último informe anual sobre derechos humanos, hace pública su preocupación por los defensores en Colombia

En las últimas semanas las desapariciones forzadas, el asesinato de sindicalistas, líderes reclamantes de tierras, y defensores de DDHH, así como las amenazas que sin cesar reciben organizaciones y activistas, son altamente preocupantes.  En los primeros tres meses del 2012, trece personas defensoras de los DDHH han sido asesinadas; una cada semana. “Estos asesinatos demuestran que no hay garantías para la labor de defensa de los DDHH en Colombia.  La UE, a través de Catherine Ashton, debe exigir al gobierno colombiano protección para los activistas y el respeto a las movilizaciones sociales que piden la paz”, declara Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco.

El pasado siete de mayo llegó una amenaza del grupo paramilitar “Bloque Capital” en contra de numerosas organizaciones colombianas. En ella anuncian su voluntad de eliminar el movimiento social de la “Marcha Patriótica”, una iniciativa ciudadana que llama a la búsqueda de la paz y una solución política al conflicto armado que padece Colombia. Acusan a las organizaciones de sublevar a “las comunidades para que reclamen sus supuestos derechos; reclamen tierras”,  así como de oponerse “al muy merecido fuero militar de nuestros héroes de la patria”. Leer más

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

• Presentación en Bogotá del informe anual 2011 “Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisible”, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

• Casi 5,5 millones de desplazados, aproximadamente un 12 % de la población colombiana habría sido obligada a dejar su hogar por la violencia y el conflicto armado.

Desplazados en Colombia (AP Photo)

De acuerdo dicho informe, durante 2011, aproximadamente 259.146 personas (alrededor de 70.039 familias) fueron desplazadas en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, un promedio de 846 personas por día llegaron desplazadas a 805 municipios de los 32 departamentos del país.

Los cinco departamentos con mayor número de personas que llegaron desplazadas fueron Antioquia con 64.043 desplazados;  Nariño con 28.694; Cauca con 19.549; Valle del Cauca con 17.489 y Córdoba con 10.561. Por su  parte, los cinco municipios receptores con mayor número personas desplazadas fueron: Bogotá con 41.246;  Medellín con 29.560; Tumaco con 15.296; Turbo con 8.935 y Cali con 7.750. Leer más

Por Olga Gayón

Periodista especializada en Derechos Humanos

En el Parlamento Europeo se debate la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre La Unión Europea con Colombia y Perú. Para Karel de Gucht, comisario de Comercio, es un gran acuerdo. Para los vicepresidentes de Colombia y Perú, la oportunidad de integración de sus países en el comercio europeo. Para millones de indígenas, negros y campesinos de los dos países, supone ampliar la capacidad de las multinacionales para acabar con su concepción de la vida basada en la convivencia con el medio ambiente.

La industria europea depende en un 70% de sustancias minerales del subsuelo para la fabricación de múltiples productos de consumo masivo. Una mina de oro mediana, con extracción a cielo abierto, consume en un día la misma agua que una ciudad de 500.000 habitantes. Es decir, que dos minas de oro sin ínfulas de grandeza se zampan al día la misma agua que requiere la capital europea, Bruselas, para subsistir. Así de simple: millones y millones de metros cúbicos de agua por un puñado de oro.

Para la explotación minera a cielo abierto se abren cráteres en las montañas con hasta 200 metros de extensión y 500 metros de profundidad. Por supuesto que se arrasa con todo ser viviente, humanos incluidos. Entonces, la solución es trasladar poblados enteros a lugares en los que es casi seguro que la naturaleza no entregue los productos de la tierra que durante milenios han permitido la subsistencia del hombre. Si se hiciera esto en Los Pirineos, se removerían los cimientos europeos. Pero como es en territorio de nadie, según los gobiernos de los países que lo permiten y los políticos europeos que firman por presión del lobby multinacional, pues adelante y que no haya controles ni fronteras para la explotación de los recursos.

En el Parlamento Europeo se debate la aprobación de los 27 del TLC entre la UE con Colombia y Perú que se votará en septiembre. Gracias a la presión de organizaciones sociales de estos dos países y otras europeas como Oidhaco y Grupo Sur, se ha conseguido que representantes de la sociedad civil, sindicatos, defensores de DDHH, indígenas, negros, mujeres y políticos de partidos opositores peruanos y colombianos, lancen un SOS a la UE para que no apruebe un TLC que a todas luces privilegia a las multinacionales y perjudica a millones de pobladores de Colombia y Perú, aparentemente, los beneficiados.

Campaña colombiana contra el TLC

Tatiana Rodríguez, ambientalista colombiana, representante de CENSAT- Agua Viva, en su intervención de cinco minutos en el PE, lo pudo haber dicho más alto pero no más claro: “Las inversiones en megaproyectos extractivos que se realizarán en territorios que han sido preservados por sus comunidades, serán la gasolina que avivará la llama de conflictos sociales, ambientales, políticos y socioculturales” que ya se encuentran en una fase de no retorno. Acto seguido preguntó a los eurodiputados: “¿Quiere la UE ser responsable de dinamizar conflictos en estos países que sin echar a andar este TLC ya afrontan múltiples conflictos?”.

Rodríguez recordó a los políticos europeos que el Gobierno colombiano argumenta que va a devolver a las víctimas de la guerra, a quienes les robaron las tierras mediante feroces métodos de intimidación, un millón de hectáreas de los casi nueve millones usurpados. “Entretanto”, continuó “a la multinacional europea Anglo Gold Ashanti, “ya le han adjudicado 500.000 hectáreas y serán muchas más porque ya ha solicitado cuatro y medio millones más para hacer explotaciones minerales”.

La representante de las comunidades rurales de Colombia, para respaldar su denuncia de que este TLC arrasará con la biodiversidad de uno de los países del mundo más rico en ella, y que supondrá que miles de personas que habitan territorios ricos en recursos naturales, se conviertan en víctimas, se remitió a las conclusiones del informe de Evaluación de Impacto Ambiental encargado por la Comisión Europea en 2009, con el fin de ver la viabilidad del Acuerdo Comercial. “Una de las más contundentes”, recalcó Rodríguez, “es que causará más pobreza y será incompatible con las maneras tradicionales de cultivo”. Para CENSAT-Agua Viva, que en esta ocasión, ante los eurodiputados ha sido la vocera de comunidades y organizaciones medioambientales colombianas, este TLC entrega los derechos de territorios y poblaciones a multinacionales que amparadas en el paraguas del discurso del progreso y del desarrollo, arrasarán con recursos naturales, biodiversidad y modos de vida del ser humano que hasta ahora no ha entrado en conflictos con la naturaleza. “En este Acuerdo”, subraya, “ni siquiera se contemplan los costos medioambientales en sus cuentas”.

Alejandra Alayza, de la Red Peruana de Globalización, denunció que el texto del TLC, ya aprobado, y que no podrá tener ninguna modificación sino que será votado por la Eurocámara, “no es un acuerdo entre iguales, es un retroceso en la protección de derechos, y no incluye mecanismos de seguimiento”. Recalcó que la cláusula de derechos humanos no puede ser activada por las organizaciones de la sociedad civil, sino únicamente por los gobiernos”. Esta cláusula, que podría emplearse en caso de violaciones a los DDHH por los Estados firmantes, aseguran los opositores, es mera letra. Quienes ya firmaron el Tratado, no tuvieron en cuenta que Colombia es el país donde más se asesinan sindicalistas. Sólo por eso, ese Acuerdo no ha debido firmarse.

Vicent Vallies, portavoz de Oidhaco, red de organizaciones europeas con sede en Bruselas, y que ha acompañado a las organizaciones colombianas que han alertado sobre las consecuencias nefastas para la población y para el medio ambiente cuando este TLC entre en vigor, preguntó a los parlamentarios: “Ni siquiera durante el gobierno de Álvaro Uribe se activaron los mecanismos de control de la UE. ¿Cuál es la legitimidad de estas instituciones en cuanto a la protección de los derechos humanos? ¿Cuál va a ser su interpretación de ‘violación grave’?

Eduardo Estévez, de la Confederación de Sindicatos de Las Américas, que se opone a este TLC, argumentó como sustentación, entre otras cosas, que en el Acuerdo es palpable, “la negación de garantías laborales y el poder inmenso que se le otorga a las trasnacionales”. Como representante de los trabajadores americanos, subrayó que la situación de los sindicalistas colombianos es verdaderamente dramática. “Y este Acuerdo no resuelve la violencia antisindical sufrida allí, donde la impunidad los ha expuesto a la mayor inseguridad sufrida en el mundo”. Estévez también denunció que su puesta en marcha “amenaza el equilibrio del medio ambiente, violenta los derechos de los pueblos originarios y pone en peligro recursos como el agua”. “Y como el Parlamento Europeo no puede introducir cambios a lo ya firmado, nos oponemos a este TLC y pedimos a esta cámara su no ratificación”.

Las diferentes voces europeas y americanas que estuvieron en el debate y que se oponen al Acuerdo, dejaron de manifiesto que la participación de la sociedad civil durante el proceso de estudio y firma, fue banalizada completamente. No se tuvieron en cuenta sus solicitudes y se dejó completamente por fuera a las organizaciones sociales. Igualmente reprochan lo obsoleto de la parte financiera, que se estudió en 2008, cuando todavía la crisis no había llegado a Europa. “No se puede ratificar un TLC con antiguas realidades”, enfatizó Alejandra Alayza, “y es urgente que se incluyan salvaguardas para incluir políticas financieras en el contexto de la crisis”.

En representación de los sindicatos colombianos, Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dejó claro que este Acuerdo “no generará bienestar ni desarrollo para nuestros pueblos”. Además dio a conocer que antes de la firma de los TLC, la población sindicalizada en el país era del 16% de la población activa y ahora está en torno al 4% o 6%. El representante de la Confederación Europea de Sindicatos, Juan Moreno, advirtió que no se consiguió un capítulo de derechos sociales y laborales, “por tanto, nos solidarizamos con las tres centrales colombianas que se oponen a este TLC”.

El eurodiputado laborista Richard Howitt preguntó a sus compañeros de la eurocámara: “sabido por todos que Colombia es el país con mayores asesinatos de sindicalistas y con otros problemas de derechos humanos, ¿por qué ha sido elegido como primero para los TLC de la UE?”. Por su parte, el español Willy Meyer de la agrupación Izquierda Unitaria, expuso que este Acuerdo no tiene en cuenta las asimetrías. “Colombia el tercer país con más desigualdad en el mundo y las multinacionales la aumentarán. Este TLC va en dirección equivocada porque no supera las desigualdades sino que las incrementa; así que la UE no debe ratificarlo”.

Tatiana Rodríguez explicó porqué serán las multinacionales las únicas beneficiarias de este Acuerdo, las poblaciones rurales las víctimas, y la biodiversidad la gran sacrificada. Narró como comunidades enteras se están oponiendo tanto en Perú como en Colombia a la explotación de los recursos naturales que dejan a su paso desastres ambientales y humanos, en los que las multinacionales y los gobiernos locales llevan toda la responsabilidad. En el caso concreto del agua, esbozó, “las industrias sedientas dejan a su paso contaminación y están generando una competencia desigual para el acceso al agua”. “Por eso”, explica, “las movilizaciones sociales contra los megaproyectos con base en el agua, tanto en Perú como en Colombia, ya han comenzado y se avivarán cuando entre en marcha este TLC”.

La ambientalista colombiana denunció ante el PE que la multinacional EMGESA, filial de la española ENDESA y socia de la italiana ENEL, es las causante directa del conflicto social que ya ha empezado en el proyecto conocido como El Quimbo, al sur de Colombia, porque van a desviar el cauce del río más grande del país, el Magdalena, para construir una presa hidroeléctrica de tamaño descomunal. Asimismo, denunció que en Perú, específicamente en las movilizaciones indígenas contra el proyecto conocido como Yanacocha, que será la explotación de oro más grande de Latinoamérica, y las protestas contra El Quimbo en Colombia, las poblaciones seguirán luchando por sus derechos.

Son apenas dos ejemplos de multinacionales que llegan a territorios ancestrales que sus pobladores han cuidado y preservado durante siglos, y a quienes los gobiernos locales han entregado todo el poder al capital trasnacional en contra de los derechos de su gente. Y tanto las autoridades peruanas como colombianas han criminalizado la protesta social y reprimido violentamente a las víctimas de estos megaproyectos. Ya se sabe que tan pronto el TLC entre la UE con Colombia y Perú, ponga su maquinaria en marcha, las multinacionales tendrán la licencia para arrasar, ahora, respaldadas por los 27 países que integran la UE.

OIDHACO

En el Día Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) pide a la UE protección para estos líderes.

Tras la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la muerte, los hostigamientos y las amenazas contra los representantes de las víctimas han aumentado.

• Tan solo en 2011 fueron asesinados 28 reclamantes de tierra.
• “Dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros” – de esa forma son amenazadas las personas que luchan para el derecho al territorio.
• Oidhaco apoya la gran movilización del 6 de marzo tanto en Colombia como en algunos países europeos, entre ellos España, Francia y Bélgica y le pide al gobierno colombiano que tome medidas concretas para proteger a los reclamantes de tierras.

Leer más

Oidhaco

Oficina Internacional Derechos Humanos-Acción Colombia representa una red de más de 30 organizaciones europeas

El viernes 24 de febrero hay convocado un acto de homenaje a Viviana Cuéllar en Barcelona. En la Plaça Sant Felip Neri, Barri Gòtic.

• Se cumple un año de la desaparición de la ambientalista colombiana Sandra Viviana Cuéllar

Desde su llegada al poder el gobierno del presidente Santos ha encontrado todo el respaldo de Bruselas a pesar de que Colombia mantiene uno de los más altos índices de violaciones a los derechos humanos en Occidente. Las cifras de las desapariciones forzadas en lugar de disminuir van en aumento. Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) “a mayo de 2011, el total acumulado de personas desaparecidas incluidas en el Registro Nacional de Desaparecidos sumaba más de 57.200. En el 2010, la OACNUDH registró un aumento significativo de casos de desaparición forzada: casi un 40% en 2010 con respecto a 2009”.

Leer más

Gabriela Keseberg Dávalos

Internacional Crisis Group

• El conflicto armado colombiano se ha trasladado principalmente a las regiones fronterizas del país y es cada vez más visible también en suelo venezolano y ecuatoriano.
• Silke Pfeiffer, directora del proyecto Colombia/Andes de Crisis Group, analiza la situación en las fronteras de Colombia y nos habla sobre lo que se puede hacer para ayudar a las comunidades afectadas.

Ir a descargar

Hablamos del conflicto armado colombiano, un conflicto que ya tiene 47 años. Los enfrentamientos se han trasladado principalmente a las regiones fronterizas del país y son cada vez más visibles también en suelo venezolano y ecuatoriano. Durante los últimos 15 años, las porosas fronteras han expuesto a las comunidades colombianas de estas regiones al conflicto armado. Y esto se agrava por la ausencia generalizada de las instituciones públicas. Todo esto junto ofrece ventajas estratégicas a los grupos armados ilegales y facilita la amplia economía ilícita. Bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, hemos visto una reconstrucción de las relaciones con los países vecinos, Ecuador y Venezuela. También ha habido un cambio en la política de fronteras, que ha elevado las esperanzas y las expectativas con respecto a la difícil situación en las regiones fronterizas.

¿Silke, cuál es la situación un año después de que los presidentes de Colombia, Venezuela y Ecuador hicieran las paces?

Bueno, las nuevas políticas del presidente Santos claramente han llevado a algunos logros, o a logros diplomáticos importantes. Y en cierta medida también algunos logros iniciales de seguridad, en el sentido de que la fuerza pública en ambos lados se está comunicando nuevamente – cosa que en el caso de Venezuela antes no pasaba – y se han firmado algunos acuerdos de cooperación. Sin embargo, desafortunadamente, estos desarrollos no parecen tener mucho impacto en las realidades en las dinámicas de conflictos locales. En el lado colombiano, la violencia en las regiones fronterizas se mantiene por encima del promedio nacional, y en algunas partes, por ejemplo de Arauca, Norte de Santander, Nariño estamos viendo un deterioro de la seguridad. Producto de que las bandas criminales, sucesoras de los paramilitares, están expandiendo sus operaciones y la guerilla se está fortaleciendo. Y como tú lo habías dicho, las dinámicas en las fronteras con Ecuador y Venezuela cada vez más se parecen a la situación en Colombia. Como consecuencia, la situación humanitaria en las zonas fronterizas es muy crítica.

Y ¿puedes contarnos algo sobre lo que les occure a los colombianos que cruzan la frontera ya sea hacia Ecuador o hacia Venezuela en busca de refugio?

Bueno, el desplazamiento transfronterizo continúa y ya tiene muchos años. Ahora la situación en Ecuador es diferente a la de Venezuela. En Venezuela, según estimados de la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), hay unas docientas mil personas con necesidad de protección internacional. Ahora el gobierno de estos ha reconicido como refugiados solamente a menos de tres mil. Con esto, tenemos a miles de personas en una situación prácticamente invisible y vulnerable. El tema ha estado ausente en la agenda bilateral con Venezuela. En contraste, en Ecuador, en los últimos años, se han reconocido a más de cincuenta mil. Pero recientemente, la política de refugiados se ha vuelto más estricta, con lo que el gobierno está exponiendo a mucha gente con necesidad de protección a nuevos riesgos.

Dinos, ¿ qué debe pasar para mejorar la situación en las regiones fronterizas entre, por un lado Colombia y Ecuador, y por el otro lado, Colombia y Venezuela?

Bueno en primer lugar, y considerando que algunas zonas fronterizas son zonas de guerra todavía, es importante que todas las partes del conflicto colombiano observen de manera estricta las normas del Derecho Internacional Humanitario. Para la fuerza pública colombiana, es la única manera de mejorar las relaciones y construir confianza con las poblaciones locales y construir legitimidad. En segundo lugar, es muy importante que haya una respuesta, una mejor respuesta a la situación humanitaria, es decir a las víctimas del conflicto. Estoy hablando de víctimas de violencia sexual, de desplazamiento, de minas, que continúan siendo estigmatizados y hay bastantes problemas de capacidad en las agencias responsables. Finalmente, para fomentar el desarrollo en estas zonas, hay que empezar con la base, que es la construcción de la presencia del Estado, sobre todo de los gobiernos locales. La ausencia del Estado y la debilidad institucional y la corrupción es lo que ha estado socavando la prestación de servicios claves y la legitimidad del Estado. En este sentido, debería ser prioridad de las nuevas autoridades departamentales y municipales revertir esta situación.

Y ¿ qué pasa con la agenda diplomática entre los tres países?

Bueno, los gobiernos en Quito, Caracas y Bogotá deberían realmente aprovechar de esta ventana de oportunidad para construir confianza pero también plataformas sólidas, que son capaces de ofrecer soluciones a problemas conjuntos en las fronteras, y que además tengan la suficiente fuerza para resistir los vaivenes de las relaciones presidenciales que hemos visto en los últimos anos.

Muchas gracias a Silke Pfeiffer, directora del proyecto Colombia/Andes de Crisis Group, por examinar la situación en las fronteras de Colombia y por explicarnos qué es lo que se puede hacer para ayudar a las comunidades afectadas.

Discurso del periodista colombiano Hollman Morris

al recibir el Premio Nuremberg de Derechos Humanos

Morris retoma la frase del grupo Calle 13 como título.

25 de Septiembre 2011.

El que aquí les habla viene de un gran barrio llamado Latinoamérica. Por mis venas corre sangre mestiza: indígena, europea y africana; en los genes de nuestra gente está la memoria de las tragedias, el sufrimiento, los sueños y las esperanzas. Tener memoria latina es saber que un día somos inmigrantes saltando fronteras, visitantes no deseados, prostitutas, exiliados, desaparecidos. Somos conocedores de gobernantes populistas y de crueles dictadores. Pero también está en nuestra tradición la capacidad eterna de resolver problemas e inventar en medio de las crisis.

Toda la gente de mi barrio comparte los mismos problemas y las mismas esperanzas.

Déjenme contarles:

Hoy al sur del continente se levanta un hermoso movimiento de jóvenes universitarios chilenos que protestan por más y mejor educación pública. Su consigna es válida en toda Latinoamérica. En nuestro continente una educación media y el acceso a servicios de salud no son derechos adquiridos sino mercancías que se transan como cualquier otra. Los jóvenes chilenos se opusieron a que les quitaran la poca educación que ya tienen, o que le subieran su costo, y consiguieron detener dicha reforma.

Si giramos al norte y nos vamos a México, vemos un movimiento ciudadano que se levanta en contra de la violencia del narcotráfico, en contra de los señores de la muerte, y en contra de la corrupción del mal gobierno. El México de hoy vive en el terror de la guerra de los narcos, mientras el gobierno responde con más violencia, y aprovecha para perseguir a líderes sociales, y encubrir a los corruptos.

Pero las Caravanas por la Paz que hoy recorren todo el país escuchando los relatos de familiares de víctimas de homicidio y desaparición forzada muestran que esas víctimas no son casos aislados. Insisten en recordar a sus amigos y familiares, recuperar la memoria, y llevar un mensaje de Paz.

A lo largo y ancho del continente los movimientos indígenas nos recuerdan que no todo en este mundo se puede comprar, y que no todo en este mundo tiene un precio. Que las personas no pueden valer por lo que producen y consumen. Nos recuerdan todo el tiempo que en las raíces de nuestros pueblos originarios las relaciones están mediadas por el NOSOTROS y no por el YO.

Hoy, cuando vivimos un nuevo boom de la minería, nuestros pueblos ancestrales nos recuerdan una historia de más de 500 años: la de los CONQUISTADORES DE “EL DORADO”. El Dorado, esa ciudad de oro que nuestros indígenas nombraban y que los conquistadores buscaron con frenesí en tiempos de la Colonia.

En su búsqueda los conquistadores arrasaron territorios, mataron indígenas y transformaron para siempre las relaciones al interior de la comunidad. Hoy ese “Dorado” son los grandes yacimientos de cobre en Chile, de gas en Bolivia, de carbón en Argentina, de oro en Perú y en Colombia, perseguidos por empresas poderosas con el mismo ahínco de hace cinco siglos.

Sin embargo, a diferencia de grandes líderes indios como Atahualpa o la gran Cacica Gaitana, los actuales jefes de nuestras naciones hacen que el camino de la explotación de los recursos por parte de las grandes empresas mineras del mundo sea muy fácil. La locura en la búsqueda del gran Dorado continúa y es el origen de una ola de violaciones de los Derechos Humanos, y causal de más violencia en todo el continente.

Nosotros seguiremos denunciando, pero hay que dar un paso más. No puede ser que grandes empresas sigan operando y aprovechándose de graves conflictos sociales, de la fragilidad de los gobiernos, y de la avaricia y poses de demócratas de algunos mandatarios latinoamericanos. No pueden seguir aprovechándose de esto para acabar con la vida y el medio ambiente de poblaciones, regiones y países.

Una mujer de la región bananera en Colombia, donde la multinacional Chiquita Brand financió a los grupos de extrema derecha e izquierda -apoyo, que termino con el asesinato de miles de campesinos- dice: “aquí no hay mata de plátano que no haya sido abonada con un muerto”. Parafraseándola, tendremos que decir que en Latinoamérica no hay petróleo que no esté manchado de sangre; carbón que no esté envuelto en la contaminación de ciénagas; oro que no haya acabado con la vida y los recursos de comunidades indígenas en ese continente llamado Latinoamérica.

Nuestra lucha aislada, sin embargo, no será suficiente. Al igual que con uno de nuestros mayores flagelos, el narcotráfico, en el campo de la minería es necesario asumir con seriedad el principio de corresponsabilidad. No podemos seguir asumiendo el costo social, ambiental y en vidas humanas de estas luchas, en tanto los países del primer mundo no implementen políticas dirigidas a controlar la demanda por estos productos. Estamos dispuestos a cooperar, pero necesitamos gente indignada en el mundo desarrollado que se pregunte el origen y el cómo de tantos recursos naturales. Estamos cansados de ponerle muertos al desarrollo.

Déjenme terminar este viaje por nuestro continente mencionando otros dos casos preocupantes. En nuestra Guatemala indígena es muy probable que resulte elegido como Presidente un ex militar con un pasado lleno de violaciones a los Derechos Humanos. Mientras tanto, en Honduras son escandalosas las cifras de asesinatos de periodistas y su situación actual es muy preocupante.

Así, a pesar de ciertas mejoras que hemos visto en términos de democracia al comparar nuestra situación actual con la de hace unas décadas –cuando la presencia de gobiernos autoritarios se extendía por toda la región- es aún muy largo el camino que nos falta recorrer en materia de defensa de los Derechos Humanos. Esto debe ser parte fundamental de nuestra agenda.

Ahora permítanme hablar de mi casa en ese barrio: Colombia, país en el cual ni mis abuelos, ni mis padres, ni yo, ni ahora mis hijos, conocemos un solo día de Paz. Por el contrario, el árbol de la guerra ha crecido muy fuerte, echa raíces de odio y da como fruto una barbarie inimaginable que nos atrapa y se fortalece todos los días. Son cuatro millones de desplazados internos, campesinos humildes despojados de sus tierras; cincuenta mil desaparecidos; dos mil sindicalistas asesinados en las últimas décadas; ciento setenta periodistas asesinados en treinta años. Y podría continuar citando cifras.

Siguiendo con las muestras de grandeza y de dignidad de nuestros pueblos, la sociedad civil en Colombia se reúne a hablar de Paz; una postura audaz en medio de un conflicto centenario. Y son precisamente las comunidades que más han sufrido el asesinato, desplazamiento forzado y la desaparición, las que hoy toman la iniciativa para buscar una salida negociada al conflicto; la única salida posible.

Otro gran ejemplo de que en la adversidad, Latinoamérica no se rinde; se levanta y sigue adelante.

En el último capítulo escrito de esta historia en Colombia, tenemos la apuesta por la guerra por parte del anterior gobierno. Una apuesta que algunos dicen que le devolvió la seguridad al país, pero sobre la que otros ponemos el acento en lo que nos costó.

Por ejemplo, la ejecución extrajudicial de más de dos mil jóvenes humildes por parte de las fuerzas militares; detenciones masivas y arbitrarias, y una persecución criminal desde los propios organismos de seguridad del Estado contra todo aquel que pensara diferente. Mi familia y yo fuimos víctimas de esa cacería al igual que más de trescientas personas y sus organizaciones. Como si fuera poco, fue el propio ex presidente quien públicamente nos descalificaba, sabiendo muy bien que esa descalificación pública ponía en riesgo nuestras vidas.

Son muchos pasajes tristes los que deja esa persecución, pero de lo más dañino y enfermizo fue la estigmatización de todo aquel que pronunciara un discurso de Paz. Como consecuencia de esto, buena parte de la sociedad colombiana sigue viendo al defensor de los Derechos Humanos, al activista por la Paz, al periodista independiente, como enemigo de la sociedad, y no como lo que realmente somos: sus aliados.

Por eso hoy desde aquí y con ustedes como testigos, le pido al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos que en un gesto de grandeza para con las víctimas de esa persecución por parte del Estado, convoque a un gran acto público de desagravio. Es necesario que a la sociedad le quede claro que en cualquier país que se diga democrático los defensores de los Derechos Humanos son vitales para su funcionamiento.

Aprovecho también este estrado en el marco de los tribunales de Núremberg que tanto bien le han hecho a la humanidad, para hacer un llamado por que los crímenes organizados desde el Estado durante el gobierno anterior no queden en la impunidad. En el caso del espionaje por parte de la agencia de seguridad del gobierno, las investigaciones han llegado hasta niveles muy altos y sus víctimas no creemos que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez haya sido ajeno a estos hechos.

La realidad es muy dura, pero somos muchos los Colombianos que desde diferentes frentes trabajamos por ver un país digno y en Paz; que no somos ingenuos pensando que la Paz es solo el silencio de los fusiles; sino que pensamos que la Paz consiste en reformas estructurales; en la redistribución de la riqueza del país, de su tierra; en acceso a servicios de salud y educación; e igual acceso a las oportunidades.

Exijo a la guerrilla que cese el flagelo del secuestro, que libere ya a todos los secuestrados y dé señales claras de una férrea voluntad de Paz. En este escenario no estoy solo. Hablo en nombre de muchos que son los destinatarios de esta distinción; los que esperan la justicia desde la soledad de las tumbas de sus seres queridos o aquellos de quienes nunca volvimos a saber; los que gimieron en la tortura y siguen gimiendo en el dolor de sus familiares; los que lo perdieron todo por culpa del terror y del miedo.

Este premio no será para mí de carácter pasivo; por el contrario, lo pongo al servicio de la Paz de Colombia; por la libertad de expresión y por los Derechos Humanos; para que haya más ciudadanos que puedan expresarse desde diferentes puntos de vista. Creemos que ciudadanos mejor informados serán más independientes y más libres. Creemos en la Paz y la libertad de expresión como derechos fundamentales de los hombres y mujeres del mundo.

Quiero agradecerle al alcalde de la ciudad de Núremberg, Ulrich Maly, a la oficina de Derechos Humanos de la ciudad de Núremberg y a su directora Martina Mittenhuber, así como a Doris Gross y a todos los que desde la alcaldía han trabajado y sacado adelante este premio. Agradezco también porque nuevamente han puesto sus ojos en Latinoamérica.

Le agradezco a mi equipo de trabajo en el programa Contravía con quienes estamos convencidos de que la pobreza y el sufrimiento tienen un rostro que la sociedad debe conocer. También estamos convencidos de que la voz de las víctimas tiene que escucharse más fuerte que las voces de los armados y de los poderosos, y también debe ser más fuerte que el ruido de los fusiles. Es la labor del periodismo hacer que la voz de los más débiles y pobres suene más alto.

No puedo dejar de mencionar aquí a las cientos de personas que desde Colombia y el exterior han apoyado nuestro proyecto periodístico, en especial Open Society Institute y su programa Media Program.

Tengo una gratitud infinita por quienes siguen creyendo que en nuestro inmenso barrio, Latinoamérica, no todo se ha perdido. Por nuestros trabajadores, estudiantes, campesinos, e intelectuales, que día a día nos muestran que, tal como dicen nuestros artistas: Latinoamérica es ‘un pueblo sin piernas pero que camina’.

Finalmente, le agradezco a Patricia, mi esposa. También a mis hijos Daniela y Felipe, que a sus cortas edades han tenido que ver y vivir pasajes muy duros, pero que también saben que el trabajo por la gente y la lucha por un mundo mejor tienen sus momentos felices y sus reconocimientos.

El camino aun es largo para dejarles a ellos un mundo que se merezcan. Un mundo más humano. Para eso estamos trabajando.

Voy a terminar mi discurso con una frase que ya hace parte de mi país. “Porque tenemos memoria, seguimos en Contravia”

¡Seguimos!

_____________

Hollman Morris en el 14º Encuentro de Foto y Periodismo de Gijón

EEUU no admite a periodistas dignos de Harvard

20.07.2010 · Patricia Simón · Periodismo Humano

Hollman Morris, el periodista colombiano más reconocido internacionalmente, llega a Gijón en medio de un huracán. Estados Unidos le ha denegado la visa para poder estudiar la beca Nieman de la Universidad Harvard, la más prestigiosa entre la profesión. Leer más