Toma la palabra

Por Reporteros Sin Fronteras

El 10 de noviembre de 2014 el periodista Oscar Castaño Valencia fue agredido y amenazado por hombres armados cuando realizaba una investigación sobre prostitución infantil en la que estarían implicadas bandas de delincuentes (combos), en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Desde hace tres meses el periodista Oscar Castaño Valencia, director del programa “Oriéntese” del canal Cosmovisión, realiza una investigación sobre prostitución infantil en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, actividad en la que estarían involucrados grupos criminales conocidos como ‘combos’. El 10 de noviembre pasado tenía una cita para entrevistar a una de sus fuentes, en la que fue atacado por tres hombres armados y encapuchados, quienes lo amordazaron, lo amenazaron y lo golpearon. Asimismo, obligaron al periodista a escribir una nota en la que confesara que había ido a violar a una menor. Los agresores también lo forzaron a grabar una ‘confesión’, luego lo liberaron, advirtiéndole: “Lo que está en juego sapo hijueputa es su vida”.

Tras sufrir esta agresión Oscar Castaño Valencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Nación, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, y pidió al Estado medidas de protección. El periodista ya había sido amenazado antes, cuando era presidente del Sindicato de la Universidad Nacional de Colombia, lo que lo obligó a exiliarse en 1987 durante nueve años. En 2011 de nuevo sufrió intimidaciones debido a un documental que realizó sobre conflictos relacionados con la explotación minera. El periodista expresó que actualmente está muy preocupado por sus familiares más cercanos.

Reporteros sin Fronteras exhorta a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a ofrecer lo antes posible una protección efectiva al periodista Oscar Castaño Valencia y a su familia”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Imperativamente, el gobierno debe garantizar que las agresiones a periodistas no permanezcan impunes”, añadió.

Los combos, grupos de delincuentes que actúan con gran violencia, son bien conocidos por la Gaula, unidad policíaca colombiana dedicada a los casos de secuestro y extorsión. La Gaula había descendido a la zona donde fue agredido Oscar Castaño Valencia días antes del ataque. Colombia experimenta una recrudescencia de las amenazas a periodistas desde el inicio del año. La Defensoría del Pueblo, organismo nacional que tiene el objetivo de promover el respeto de los derechos humanos, indicó que en 2014 registró el doble de denuncias de periodistas amenazados que el año pasado. Colombia sigue siendo el segundo país más mortífero para los periodistas en América Latina.

Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.


Un nuevo informe de Oxfam describe cómo la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo logró concentrar aún más tierra en Colombia. – See more at: http://www.oxfam.org/es/crece/pressroom/pressrelease/2013-09-27/divide-y-comprar%C3%A1s-la-nueva-forma-de-concentrar-baldios-en-colombia-cargill#sthash.PP4YncwL.dpuf

Intermón Oxfam

Informe completo

  • La agencia internacional Oxfam llama al gobierno colombiano a esclarecer la legalidad de las transacciones realizadas por Cargill – la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo –entre 2010 y 2012, adquiriendo más de 52,000 hectáreas de tierra en la región de la Altillanura, Colombia, a través de 36 sociedades creadas para este fin.

Desplazados en Colombia (AP)

En un nuevo informe  Oxfam detalla como Cargill habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario.

El reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la tasa de concentración de tierra es de las más altas del mundo y la segunda de América Latina, sólo después de Paraguay. Esta inequidad en el acceso a la tierra va íntimamente ligada a la pobreza rural y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno que ha asolado el país durante más de medio siglo.

La agricultura a pequeña escala es clave

El gobierno sostiene que sólo grandes empresas son capaces de desarrollar el potencial productivo de la Altillanura, y por ello pretende establecer estímulos y reformas legales que allanen el camino a la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, la pequeña economía campesina ha demostrado que puede ser tan o más eficiente, especialmente cuando se mide su aporte a la seguridad alimentaria, el empleo y la reducción de la pobreza.

De acuerdo con Aida Pesquera, directora de país de Oxfam en Colombia; “La inversión pública en agricultura a pequeña escala que garantiza la tenencia de tierras de los pequeños productores de alimentos es sin duda necesaria en Colombia. La inversión privada también es útil pero debe respetar los derechos y la legislación existentes relativa al uso del suelo, e incluir evaluaciones completas de los impactos sociales y ambientales a nivel local y nacional”.

“La concentración de grandes extensiones de tierra en las zonas que han sido destinadas por la ley a la agricultura familiar”, continúa Pesquera “agrava la desigualdad social, el conflicto y empeora los problemas existentes de concentración de tierra en el país “.

Una Reforma Rural Integral pendiente

Este informe llega en un momento histórico para las cuestiones agrarias en Colombia en términos políticos, económicos y sociales: el paro agrario nacional, que comenzó en agosto de 2013 y que movilizó a la sociedad civil en general, no tiene precedentes recientes en el país y revela la importancia del desarrollo rural en Colombia; la nueva Ley de Desarrollo Rural en discusión; y las diversas iniciativas legislativas que tratan de regular la compra masiva de tierras por parte de extranjeros.

Como si esto no fuera bastante, la Reforma Rural Integral es el elemento clave en la agenda de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana. El gobierno colombiano ha demostrado su voluntad de avanzar hacia una reforma rural integral y una política agraria que fortalezca la economía de los pequeños productores.

“El caso de la inversión de Cargill en la Altillanura” concluye Pesquera “pondrá a prueba la coherencia de las políticas de un gobierno acorralado entre protestas nacionales sobre cuestiones agrarias y un compromiso público con una distribución más democrática de la tierra”.

Más info


Human Rights Watch

Víctimas enfrentan represalias por reclamar sus tierras.  Numerosos desplazados internos colombianos han sido víctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.

El informe de 203 páginas, titulado: “El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.

“El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”.

Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y continúan en poder de estos.

Durante un año y medio, Human Rights Watch realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.

Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

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A través de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información, se observó que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patrón mucho más amplio. En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.

Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

“Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras”, comentó Vivanco. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”.

También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a las personas que obligaron en un primer momento a los reclamantes a desplazarse y se apropiaron de sus tierras.

  • De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.
  • En enero, esta unidad de la Fiscalía había conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos proporcionados por el gobierno.

Debido a la falta de justicia por los desplazamientos forzados y despojos, los actores más interesados en conservar el control de las tierras que obtuvieron ilegalmente no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden fácilmente frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares, y esto también implica una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes de tierras. Dichos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) luego de que estas participaran en un proceso de desmovilización con graves falencias implementado por el gobierno anterior. Hasta el momento, los grupos sucesores del paramilitarismo han sido los autores de gran parte de los ataques y las amenazas contra reclamantes de tierras.

Asimismo, algunos terceros que se apropiaron de las tierras luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios (a veces en connivencia con paramilitares), al igual que el grupo guerrillero de izquierda denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes y líderes que intentaron recuperar su propiedad.

El programa de protección gubernamental, pionero en la región, ha otorgado medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, puesto que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes, expresó Human Rights Watch.

Las limitaciones del programa de protección gubernamental se tornan evidentes si se toma en cuenta que, a menudo, debe reubicar a reclamantes amenazados debido a que las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el lugar donde viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y líderes de restitución de tierras en nuevas zonas a causa de graves amenazas contra estos.

Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución, encargada de implementar la Ley de Víctimas, había logrado que se dictaran sentencias de restitución en el 1 por ciento de las más de 43.000 solicitudes de restitución recibidas. Hasta julio, solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados, si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas.

Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente, aseveró Human Rights Watch. Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera más directa.

La Fiscalía debería trabajar en colaboración con las autoridades que intervienen en la restitución de tierras para perseguir enérgicamente los delitos cometidos contra reclamantes en las zonas donde hay procesos de restitución en curso. Deberían coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitirá a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistemáticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras.

El gobierno colombiano debería además redoblar los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones, comentó Human Rights Watch.

“En Colombia, intentar recuperar tu tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas prácticamente nunca tienen que rendir cuentas por sus actos”, observó Vivanco. “El problema no se solucionará con chalecos antibalas y escoltas. Sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”.

Los casos documentados por Human Rights Watch sobre amenazas y ataques contra reclamantes y líderes de restitución incluyen:

  • Abusos reiterados —incluidas amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de una decena de miembros del capítulo en Urabá de Tierra y Vida, una asociación de población desplazada que promueve la restitución de tierras. Uno de esos casos es el del líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez Martínez, quien retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, Antioquia, en noviembre de 2009. Denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento, y fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvió el predio de Váldez al ganadero. Hasta el momento no hay imputados en relación con el asesinato de Váldez, y los familiares que persistieron en su intento por recuperar la tierra en Totumo siguieron recibiendo amenazas.
  • En 2012 y 2013, las sucesivas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, un comité municipal creado para permitir la participación de víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas, obligó a seis de estas personas a abandonar el pueblo, al menos momentáneamente.
  • Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de población desplazada de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 3 semanas en marzo y abril de 2013. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el homicidio.
  • Diversos líderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC. Por ejemplo, Germán Bernal y otros líderes desplazados indicaron que durante encuentros obligatorios mantenidos por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados regresaran a sus hogares y declararon a sus líderes como “objetivos militares”.
  • Varios residentes y líderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido numerosos abusos, incluido el secuestro y homicidio de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años en marzo de 2012. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías locales, frente a las operaciones de los miembros del grupo sucesor de paramilitares señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.
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El peligroso “derecho al retorno” de los campesinos colombianos a sus tierras

12.08.2013 ·  · Alejandro Zapico

A quince horas de Bogotá se está desarrollando la prueba definitiva de eficacia de una de las leyes más cuestionadas y publicitadas del gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas y restitución de tierras. La comunidad de Pitalito, diecisiete familias que fueron obligadas a abandonar sus casas, cultivos y forma de vida, han retornado a sus tierras sin esperar que un juez les diera autorización. Han ejecutado su derecho al, como se llama, retorno voluntario exponiéndose a pecho descubierto.

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Por Humans Rights Watch

  • Hombres armados disparan contra automóvil de destacado periodista de investigación

Colombia debería asegurar que las pesquisas sobre el atentado contra un destacado periodista de investigación indaguen exhaustivamente sobre los motivos que podrían estar vinculados con su trabajo e identifiquen a todas las partes responsables, señaló hoy Human Rights Watch. En la noche del 1 de mayo de 2013, hombres armados dispararon contra el automóvil que era conducido por Ricardo Calderón, un editor de la revista Semana, cuando este se detuvo en la vía que conduce de Ibagué a Bogotá. Si bien cinco balas impactaron el vehículo, Calderón logró escapar ileso.

Ricardo Calderón (Revista Semana)

En los últimos años, Calderón ha tenido un rol clave en la denuncia de escándalos de magnitud vinculados con los derechos humanos en el país, como los extravagantes privilegios de los cuales gozaban internos en el centro de reclusión militar de Tolemaida. En abril, junto con un grupo de periodistas de Semana, Calderón reveló que a dos años de que se destapara el escándalo sobre Tolemaida, militares allí detenidos que habían sido condenados por atrocidades continuaban gozando de privilegios, incluida la posibilidad de salir del centro de detención libremente.

“Los importantes reportajes investigativos publicados en la revista Semana por Calderón han sido claves para la vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían investigar sin demora a los responsables de este grave atentado a la libertad de expresión, y llevarlos ante la justicia”. Leer más


Miembros del Parlamento Europeo 

Bruselas,  19 de Diciembre del 2012

 

Señor Juan Manuel Santos Calderón,

Presidente de la República

Palacio de Nariño

Bogotá – Colombia

 

Excelentísimo Señor Presidente :

Hemos sido informados por diversas organizaciones de derechos humanos que hace más de dos meses, unos paramilitares detenidos, que operaron en la zona de la hacienda Bellacruz (Cesar) bajo las ordenes del Carlos Arturo Marulanda, ex-embajador de Colombia ante la Unión europea, Bélgica y Luxemburgo, y su familiares, fueron interrogados por un juez. En esta ocasión confirmaron la responsabilidad de la familia mencionada, y revelaron que existía en esta finca una fosa común donde reposarían más de 200 cuerpos.

Queremos expresarle, Señor Presidente, nuestra honda preocupación por que no se haya efectuado todavía la investigaciones relativas a esta fosa común y la necesaria exhumación, -lo cual compromete la perennidad de las pruebas-.Tememos por la seguridad de los lideres de la organización campesina ASOCOL, que obran por la restitución de las tierras de las cuales fueron despojados por la violencia después de que las instituciones del Estado fallara a su favor, hace más de quince años.  Su dirigente Fredy Rodriguez y varios de sus compañeros han sido últimamente el blanco de reiteradas amenazas de muerte.

Paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AP)

Estamos, Sr Presidente, ante un conflicto social que opone partes muy desiguales, y nos parece que requiere acción urgente de su Gobierno para hacer respetar la ley y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones.  Por un lado hay campesinos sin defensa, que han perdido más de 40 de los suyos para defender su propiedad, tan solo en este predio. Del otro lado, está una poderosa familia, con historial criminal (de crímenes ocurridos bajo su responsabilidad. Esta familia está asociada ahora al magnate financiero brasilero Germán Efromovich, dueño de Avianca, y recientemente candidato a comprar la aerolínea TAP del Portugal. Germán Efromovish silenciosamente compró a la familia Marulanda grandes extensiones de tierras de la Nación de la hacienda Bellacruz, sin respetar procesos legales, violando la ley y los derechos de los campesinos despojados. Sabemos además que Germán . Efromovich se  asoció  en la empresa Doce Vista Estate con personas de la región que utilizaron y siguen utilizando grupos paramilitares.

El cuadro se empeora ahora, por el resurgimiento en la zona de un grupo paramilitar  autodenominado “Ejército Anti-restitución”, que según bien lo indica su nombre, esta al servicio de las familias y empresas que han utilizado la violencia para despojar a campesinos de sus tierras.

Recientemente estos grupos han impedido a los campesinos y a algunos funcionarios efectuar las diligencias legales, sin que la fuerza pública interviniera para defender a campesinos y funcionarios.

Por la situación tan especial que ocurre en esta región, por la desigualdad entre los actores y la obstinación de los mas poderosos en no cumplir la ley, por lo emblemático que representa la resolución de este conflicto social que seguimos de cerca desde Europa, le solicitamos atentamente, Sr. Presidente, instruir a su administración para que :

- se proteja efectivamente a los lideres de ASOCOL y sus asesores,

- se exija a la fuerza pública y a la justicia el desmantelamiento de los grupos paramilitares de la región y sus estructuras políticas y económicas,

- se efectúen con el apoyo de elementos idóneos de la fuerza pública, las diligencias para proceder a la entrega de los predios mal habidos, y se desmantelen a los grupos paramilitares y sus estructuras políticas y económicas,

- se persiga judicialmente a los responsables directos e indirectos de los asesinatos, los desplazamientos y otras violaciones de los derechos humanos, ahora que la justicia dispone de testimonios de los paramilitares que confirman quienes son los responsables de los hechos.

De su más alta consideración,

1. Barbara Lochbihler, Presidente de la Sub-comisión de Derechos Humanos

2. Gabi Zimmer, Presidente del grupo GUE/NGL

3. Daniel Cohn-Bendit, Co-presidente del grupo de los Verdes-ALE

4. Thijs Berman

5. Lother Bisky

6. José Bové

7. Nikos Chountis

8. Vicente Garcés

9. Sven Giegold

10. Ana Gomes

11. Catherine Grèze

12. Satu Hassi

13. Martin Hauslink

14. Yannick Jadot

15. Ska Keller

16. Jürgen Klute

17. Sabine Lösing

18. Ulrike Lunacek

19. David Martin

20. Marisa Matias

21. Ana Miranda

22. Paul Murphy

23. Younous Omarjee

24. Raúl Romeva i Rueda

25. Helmut Scholz

26. Alda Sousa

27. Søren Søndergaard

28. Bart Staes

29. Rui Tavares

30. Keith Taylor

31. Inês Zuber

 


Por Oficina Internacional de los Derechos Humanos
Acción Colombia (OIDHACO)

Bebés de refugiados colombianos en Ecuador (AP)

Colombia es el 7° país en el mundo en términos de origen de refugiados (ACNUR), y el país con mayor número de personas desplazadas en su propio territorio: 5.5 millones, según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 3.9 millones según las cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; dos cifras que suponen un verdadero drama. Colombia se sitúa por delante de Sudán (5.2 millones según la ONG IDCM), Afganistán e Irak en número de desplazados, pero este drama no ha merecido ni alertas internacionales ni el cubrimiento de la prensa mundial.

El silencio de la comunidad internacional consigue que, en lugar de disminuir la cifra de víctimas, aumente cada año. Tan solo en 2011, según Codhes, hubo cerca de 260.000 nuevos desplazados. En Colombia cada día, 710 personas se convierten en desplazadas. Y como lo ha destacado la Corte Constitucional colombiana (Auto 092 de abril de 2008), existe un vínculo directo entre el desplazamiento y la violencia sexual; las mujeres desplazadas sufren de un impacto desproporcionado del conflicto armado. En el 2010 En Colombia se registraron 16.916 casos de violencia sexual, 2 cada hora, según la organización SISMA Mujer.

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OIDHACO

  • En las últimas semanas, activistas han sido asesinados y desparecidos; trece asesinados en los últimos tres meses
  • Llama a la UE a tomar el ejemplo del Reino Unido que en su último informe anual sobre derechos humanos, hace pública su preocupación por los defensores en Colombia

En las últimas semanas las desapariciones forzadas, el asesinato de sindicalistas, líderes reclamantes de tierras, y defensores de DDHH, así como las amenazas que sin cesar reciben organizaciones y activistas, son altamente preocupantes.  En los primeros tres meses del 2012, trece personas defensoras de los DDHH han sido asesinadas; una cada semana. “Estos asesinatos demuestran que no hay garantías para la labor de defensa de los DDHH en Colombia.  La UE, a través de Catherine Ashton, debe exigir al gobierno colombiano protección para los activistas y el respeto a las movilizaciones sociales que piden la paz”, declara Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco.

El pasado siete de mayo llegó una amenaza del grupo paramilitar “Bloque Capital” en contra de numerosas organizaciones colombianas. En ella anuncian su voluntad de eliminar el movimiento social de la “Marcha Patriótica”, una iniciativa ciudadana que llama a la búsqueda de la paz y una solución política al conflicto armado que padece Colombia. Acusan a las organizaciones de sublevar a “las comunidades para que reclamen sus supuestos derechos; reclamen tierras”,  así como de oponerse “al muy merecido fuero militar de nuestros héroes de la patria”. Leer más


Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

  • Presentación en Bogotá del informe anual 2011 “Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisible”, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
  • Casi 5,5 millones de desplazados, aproximadamente un 12 % de la población colombiana habría sido obligada a dejar su hogar por la violencia y el conflicto armado.

Desplazados en Colombia (AP Photo)

De acuerdo dicho informe, durante 2011, aproximadamente 259.146 personas (alrededor de 70.039 familias) fueron desplazadas en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, un promedio de 846 personas por día llegaron desplazadas a 805 municipios de los 32 departamentos del país.

Los cinco departamentos con mayor número de personas que llegaron desplazadas fueron Antioquia con 64.043 desplazados;  Nariño con 28.694; Cauca con 19.549; Valle del Cauca con 17.489 y Córdoba con 10.561. Por su  parte, los cinco municipios receptores con mayor número personas desplazadas fueron: Bogotá con 41.246;  Medellín con 29.560; Tumaco con 15.296; Turbo con 8.935 y Cali con 7.750. Leer más


Por Olga Gayón

Periodista especializada en Derechos Humanos


En el Parlamento Europeo se debate la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre La Unión Europea con Colombia y Perú. Para Karel de Gucht, comisario de Comercio, es un gran acuerdo. Para los vicepresidentes de Colombia y Perú, la oportunidad de integración de sus países en el comercio europeo. Para millones de indígenas, negros y campesinos de los dos países, supone ampliar la capacidad de las multinacionales para acabar con su concepción de la vida basada en la convivencia con el medio ambiente.

La industria europea depende en un 70% de sustancias minerales del subsuelo para la fabricación de múltiples productos de consumo masivo. Una mina de oro mediana, con extracción a cielo abierto, consume en un día la misma agua que una ciudad de 500.000 habitantes. Es decir, que dos minas de oro sin ínfulas de grandeza se zampan al día la misma agua que requiere la capital europea, Bruselas, para subsistir. Así de simple: millones y millones de metros cúbicos de agua por un puñado de oro.

Para la explotación minera a cielo abierto se abren cráteres en las montañas con hasta 200 metros de extensión y 500 metros de profundidad. Por supuesto que se arrasa con todo ser viviente, humanos incluidos. Entonces, la solución es trasladar poblados enteros a lugares en los que es casi seguro que la naturaleza no entregue los productos de la tierra que durante milenios han permitido la subsistencia del hombre. Si se hiciera esto en Los Pirineos, se removerían los cimientos europeos. Pero como es en territorio de nadie, según los gobiernos de los países que lo permiten y los políticos europeos que firman por presión del lobby multinacional, pues adelante y que no haya controles ni fronteras para la explotación de los recursos.

En el Parlamento Europeo se debate la aprobación de los 27 del TLC entre la UE con Colombia y Perú que se votará en septiembre. Gracias a la presión de organizaciones sociales de estos dos países y otras europeas como Oidhaco y Grupo Sur, se ha conseguido que representantes de la sociedad civil, sindicatos, defensores de DDHH, indígenas, negros, mujeres y políticos de partidos opositores peruanos y colombianos, lancen un SOS a la UE para que no apruebe un TLC que a todas luces privilegia a las multinacionales y perjudica a millones de pobladores de Colombia y Perú, aparentemente, los beneficiados.

Campaña colombiana contra el TLC

Tatiana Rodríguez, ambientalista colombiana, representante de CENSAT- Agua Viva, en su intervención de cinco minutos en el PE, lo pudo haber dicho más alto pero no más claro: “Las inversiones en megaproyectos extractivos que se realizarán en territorios que han sido preservados por sus comunidades, serán la gasolina que avivará la llama de conflictos sociales, ambientales, políticos y socioculturales” que ya se encuentran en una fase de no retorno. Acto seguido preguntó a los eurodiputados: “¿Quiere la UE ser responsable de dinamizar conflictos en estos países que sin echar a andar este TLC ya afrontan múltiples conflictos?”.

Rodríguez recordó a los políticos europeos que el Gobierno colombiano argumenta que va a devolver a las víctimas de la guerra, a quienes les robaron las tierras mediante feroces métodos de intimidación, un millón de hectáreas de los casi nueve millones usurpados. “Entretanto”, continuó “a la multinacional europea Anglo Gold Ashanti, “ya le han adjudicado 500.000 hectáreas y serán muchas más porque ya ha solicitado cuatro y medio millones más para hacer explotaciones minerales”.

La representante de las comunidades rurales de Colombia, para respaldar su denuncia de que este TLC arrasará con la biodiversidad de uno de los países del mundo más rico en ella, y que supondrá que miles de personas que habitan territorios ricos en recursos naturales, se conviertan en víctimas, se remitió a las conclusiones del informe de Evaluación de Impacto Ambiental encargado por la Comisión Europea en 2009, con el fin de ver la viabilidad del Acuerdo Comercial. “Una de las más contundentes”, recalcó Rodríguez, “es que causará más pobreza y será incompatible con las maneras tradicionales de cultivo”. Para CENSAT-Agua Viva, que en esta ocasión, ante los eurodiputados ha sido la vocera de comunidades y organizaciones medioambientales colombianas, este TLC entrega los derechos de territorios y poblaciones a multinacionales que amparadas en el paraguas del discurso del progreso y del desarrollo, arrasarán con recursos naturales, biodiversidad y modos de vida del ser humano que hasta ahora no ha entrado en conflictos con la naturaleza. “En este Acuerdo”, subraya, “ni siquiera se contemplan los costos medioambientales en sus cuentas”.

Alejandra Alayza, de la Red Peruana de Globalización, denunció que el texto del TLC, ya aprobado, y que no podrá tener ninguna modificación sino que será votado por la Eurocámara, “no es un acuerdo entre iguales, es un retroceso en la protección de derechos, y no incluye mecanismos de seguimiento”. Recalcó que la cláusula de derechos humanos no puede ser activada por las organizaciones de la sociedad civil, sino únicamente por los gobiernos”. Esta cláusula, que podría emplearse en caso de violaciones a los DDHH por los Estados firmantes, aseguran los opositores, es mera letra. Quienes ya firmaron el Tratado, no tuvieron en cuenta que Colombia es el país donde más se asesinan sindicalistas. Sólo por eso, ese Acuerdo no ha debido firmarse.

Vicent Vallies, portavoz de Oidhaco, red de organizaciones europeas con sede en Bruselas, y que ha acompañado a las organizaciones colombianas que han alertado sobre las consecuencias nefastas para la población y para el medio ambiente cuando este TLC entre en vigor, preguntó a los parlamentarios: “Ni siquiera durante el gobierno de Álvaro Uribe se activaron los mecanismos de control de la UE. ¿Cuál es la legitimidad de estas instituciones en cuanto a la protección de los derechos humanos? ¿Cuál va a ser su interpretación de ‘violación grave’?

Eduardo Estévez, de la Confederación de Sindicatos de Las Américas, que se opone a este TLC, argumentó como sustentación, entre otras cosas, que en el Acuerdo es palpable, “la negación de garantías laborales y el poder inmenso que se le otorga a las trasnacionales”. Como representante de los trabajadores americanos, subrayó que la situación de los sindicalistas colombianos es verdaderamente dramática. “Y este Acuerdo no resuelve la violencia antisindical sufrida allí, donde la impunidad los ha expuesto a la mayor inseguridad sufrida en el mundo”. Estévez también denunció que su puesta en marcha “amenaza el equilibrio del medio ambiente, violenta los derechos de los pueblos originarios y pone en peligro recursos como el agua”. “Y como el Parlamento Europeo no puede introducir cambios a lo ya firmado, nos oponemos a este TLC y pedimos a esta cámara su no ratificación”.

Las diferentes voces europeas y americanas que estuvieron en el debate y que se oponen al Acuerdo, dejaron de manifiesto que la participación de la sociedad civil durante el proceso de estudio y firma, fue banalizada completamente. No se tuvieron en cuenta sus solicitudes y se dejó completamente por fuera a las organizaciones sociales. Igualmente reprochan lo obsoleto de la parte financiera, que se estudió en 2008, cuando todavía la crisis no había llegado a Europa. “No se puede ratificar un TLC con antiguas realidades”, enfatizó Alejandra Alayza, “y es urgente que se incluyan salvaguardas para incluir políticas financieras en el contexto de la crisis”.

En representación de los sindicatos colombianos, Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dejó claro que este Acuerdo “no generará bienestar ni desarrollo para nuestros pueblos”. Además dio a conocer que antes de la firma de los TLC, la población sindicalizada en el país era del 16% de la población activa y ahora está en torno al 4% o 6%. El representante de la Confederación Europea de Sindicatos, Juan Moreno, advirtió que no se consiguió un capítulo de derechos sociales y laborales, “por tanto, nos solidarizamos con las tres centrales colombianas que se oponen a este TLC”.

El eurodiputado laborista Richard Howitt preguntó a sus compañeros de la eurocámara: “sabido por todos que Colombia es el país con mayores asesinatos de sindicalistas y con otros problemas de derechos humanos, ¿por qué ha sido elegido como primero para los TLC de la UE?”. Por su parte, el español Willy Meyer de la agrupación Izquierda Unitaria, expuso que este Acuerdo no tiene en cuenta las asimetrías. “Colombia el tercer país con más desigualdad en el mundo y las multinacionales la aumentarán. Este TLC va en dirección equivocada porque no supera las desigualdades sino que las incrementa; así que la UE no debe ratificarlo”.

Tatiana Rodríguez explicó porqué serán las multinacionales las únicas beneficiarias de este Acuerdo, las poblaciones rurales las víctimas, y la biodiversidad la gran sacrificada. Narró como comunidades enteras se están oponiendo tanto en Perú como en Colombia a la explotación de los recursos naturales que dejan a su paso desastres ambientales y humanos, en los que las multinacionales y los gobiernos locales llevan toda la responsabilidad. En el caso concreto del agua, esbozó, “las industrias sedientas dejan a su paso contaminación y están generando una competencia desigual para el acceso al agua”. “Por eso”, explica, “las movilizaciones sociales contra los megaproyectos con base en el agua, tanto en Perú como en Colombia, ya han comenzado y se avivarán cuando entre en marcha este TLC”.

La ambientalista colombiana denunció ante el PE que la multinacional EMGESA, filial de la española ENDESA y socia de la italiana ENEL, es las causante directa del conflicto social que ya ha empezado en el proyecto conocido como El Quimbo, al sur de Colombia, porque van a desviar el cauce del río más grande del país, el Magdalena, para construir una presa hidroeléctrica de tamaño descomunal. Asimismo, denunció que en Perú, específicamente en las movilizaciones indígenas contra el proyecto conocido como Yanacocha, que será la explotación de oro más grande de Latinoamérica, y las protestas contra El Quimbo en Colombia, las poblaciones seguirán luchando por sus derechos.

Son apenas dos ejemplos de multinacionales que llegan a territorios ancestrales que sus pobladores han cuidado y preservado durante siglos, y a quienes los gobiernos locales han entregado todo el poder al capital trasnacional en contra de los derechos de su gente. Y tanto las autoridades peruanas como colombianas han criminalizado la protesta social y reprimido violentamente a las víctimas de estos megaproyectos. Ya se sabe que tan pronto el TLC entre la UE con Colombia y Perú, ponga su maquinaria en marcha, las multinacionales tendrán la licencia para arrasar, ahora, respaldadas por los 27 países que integran la UE.


OIDHACO

En el Día Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) pide a la UE protección para estos líderes.

Tras la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la muerte, los hostigamientos y las amenazas contra los representantes de las víctimas han aumentado.

  • Tan solo en 2011 fueron asesinados 28 reclamantes de tierra.
  • “Dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros” – de esa forma son amenazadas las personas que luchan para el derecho al territorio.
  • Oidhaco apoya la gran movilización del 6 de marzo tanto en Colombia como en algunos países europeos, entre ellos España, Francia y Bélgica y le pide al gobierno colombiano que tome medidas concretas para proteger a los reclamantes de tierras.

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