Toma la palabra

Por CIEs NO (Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros)

Las “deportaciones express” son una práctica CADA día más común, que se realizan PARA llenar a última hora los macrovuelos de la vergüenza

Ayer por la noche el Juzgado de INSTRUCCIÓN número tres de Tarragona confirmaba la suspensión de la expulsión de Modou. Modou había sido detenido en la tarde anterior por el mero hecho de encontrarse en situación irregular y con una orden de expulsión de septiembre de 2013. Estuvo a punto de ser separado de su família: una hija que hoy cumple quince días de vida y su esposa, que ya disponía de permiso de residencia.

La paralización in extremis de la deportación de Modou ha sido posible gracias a las medidas cautelarísimas presentadas en la tarde de ayer por sus abogados y el trabajo de apoyo de toda una red de ACTIVISTAS que se han implicado en el caso. A la paralización de la deportación de Modou se suma la de Baidy -también de Senegal y que tenía que viajar con el mismo VUELO de deportación- al que no se le había permitido ni siquiera reconocer en el REGISTRO Civil a su hija, nacida dos días antes de su detención.

Las “deportaciones express” son una práctica muy poco conocida pero cada día más común, que va muy relacionada a los macrovuelos de deportación. La policia nacional, cuando tiene conocimiento de la existencia de un macrovuelo, inicia las actuaciones de persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino. En caso de que no haya ya suficientes internos en los CIE para llenar el VUELOacuden a otro TIPO de medidas, más sofisticadas y menos visibles que las redadas por perfil étnico. Modou, por ejemplo, estaba llamado a firmar periódicamente en la comisaría por encontrarse en situación irregular. En esta ocasión, la policia nacional de Reus, aprovechó el momento de la firma para -sin previo aviso- detenerlo e intentar deportarlo en el el macrovuelo.

Las “deportaciones express”, por la rapidez en la que se producen, no contemplan unas garantías mínimas para desarrollar el debido derecho de defensa ante una orden de expulsión, que hay que recordar, es de carácter ADMINISTRATIVO. En un máximo de 72 horas, un ciudadano puede pasar de estar junto a su família, a ser deportado forzosamente a miles de kilometros de distancia. 72 horas que en la mayoría de ocasiones no son suficiente para poder recoger toda la DOCUMENTACIÓN que demuestre el arraigo de la persona, ponerla a disposición de un abogado y presentar un escrito de urgencia que permita al Juez revocar la orden de expulsión antes de que se ejecute.

Hoy, mientras celebramos que se han paralizado estas deportaciones no podemos dejar de preguntarnos, ¿de cuántos Modou no tenemos noticia? ¿cuántas personas anónimas, invisibles para la opinión pública, serán expulsadas a la fuerza hoy de FORMA totalmente injusta -y seguramente ilegal- en el macrovuelo destino Dakar?

La Campaña Estatal por el CIERRE de los CIES exige al Gobierno:

-      Que paralice de manera inmediata la deportación de Modou, así como de aquellas personas que se encuentre en la misma situación que él.

-      Que dejen de realizarse vuelos masivos de deportación que generan indefensión en las personas así como promueven el aumento de las redadas bajo perfil racial en nuestras ciudades y pueblos.

-      Que la sociedad civil y los grupos políticos asuman un debate imprescindible en materia de inmigración que nos conduzca de manera irreversible a garantizar los derechos de la población migrante y de las minorías étnicas.


Documento contra la criminalización de inmigrantes sin papeles
  • La reforma del Código Penal castiga con cárcel a quien les ayude a permanecer en España
  • Organizaciones sociales exigen que el ayuntamiento se oponga a esta medida
Diversas organizaciones sociales valencianas, que forman parte de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y de la Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, han presentado esta mañana un escrito en el Ayuntamiento de Valencia exigiendo que no se criminalice la ayuda humanitaria a las personas extranjeras que carecen de documentación. Esta iniciativa forma parte de la campaña Salvemos la hospitalidad, que se está desarrollando en todo el Estado español para impedir que en la reforma prevista del Código Penal se castigue con penas de hasta dos años de cárcel a cualquiera que ayude a transitar o a permanecer en España a personas que no tienen permiso de residencia. En el anteproyecto de reforma propuesto por el ministro Alberto Ruiz Gallardón no se distingue entre quienes están cometiendo el delito de tráfico de seres humanos y quienes son solidarios con esas personas o simplemente les alquilan una habitación o les sirven una comida; todos corren el riesgo de ser condenados. El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado que haya una mayor precisión en la nueva regulación.

En el documento, las entidades Psicólogos Sin Fronteras, Cedsala, Cáritas, Grupo de Acción Comunitaria, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales, HOAC, Ca Revolta, Comunidades Cristianas Populares, Valencia Acoge, ACOEC, Jarit y la Asociación de Vecinos de Nazaret piden a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que en el próximo pleno municipal se apruebe una moción en la que todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento manifiesten su rechazo “ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes”. Consecuentemente, se reclama que la corporación municipal inste al Gobierno español para que en la modificación del Código Penal se castigue “exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas”, excluyendo “expresamente” las actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria con las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En caso de que se mantuviera la reforma presentada, no sólo podrían ser perseguidas las personas y organizaciones que colaboran con población migrante sino que hasta las propias actividades desarrolladas desde los servicios sociales del ayuntamiento con personas sin papeles podrían ser constitutivas de delito.

 

  •  Pdf de la Moción tipo para las entidades sociales

 


Por el Comité Europeo para la prevención de la tortura
y de las penas o tratos inhumanos degradantes (CPT)
LISTA DE LAS RECOMENDACIONES,
COMENTARIOS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DEL CPT
Cooperación entre el CPT y las autoridades de España
Comentarios

El Comité confía en que las autoridades de España adopten ahora las medidas necesarias para garantizar que en futuras visitas se facilite a las delegaciones del CPT el acceso inmediato a la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil, Jefatura, en la calle Guzmán el Bueno, en Madrid (párrafo 5).

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Detención en regimen de incomunicación

Recomendaciones

Que las autoridades españolas lleven a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados por miembros de la Guardia Civil cuando custodien e interroguen a personas arrestadas como presuntos participantes en uno o más de los delitos a los que hace referencia el Artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El CPT desea recibir en el plazo de tres meses un informe completo de las acciones emprendidas para aplicar esta recomendación (párrafo 15).

Cuando haya personas que denuncien malos tratos por parte de oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el fiscal/juez deberá registrar las denuncias por escrito, ordenar de inmediato un examen médico forense (en los casos en los que no se haya proporcionado automáticamente un examen médico forense) y adoptar las medidas necesarias para garantizar que las alegaciones se investigan adecuadamente (párrafo 16)

Que se adopten medidas para garantizar que se aplican tres salvaguardias específicas en relación con todas las personas detenidas en régimen de incomunicación, esto es: la notificación a la familia en relación con el hecho de la detención y el paradero de la persona detenida; la posibilidad de ser visitada por un médico de su elección junto con el médico forense designado por el juez de instrucción; vigilancia por vídeo 24 horas y grabación de las áreas de detención (párrafos 18 y 23)

Que las personas sujetas a las disposiciones del artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) sean sistemáticamente llevadas físicamente ante el juez competente antes de que se adopte una decisión sobre la prolongación del período de custodia más allá de las 72 horas. En caso necesario, debería enmendarse la legislación relevante (párrafo 20)

Que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que se permita a las personas detenidas en régimen de incomunicación consultar con un abogado en privado, desde el momento de su detención y después si fuera necesario.

La legislación española obliga a un juez al que se le exponen alegaciones de malos tratos a abrir una investigación preliminar o a diferir el caso a otro tribunal competente (párrafo 29).

Peticiones de información

Comentarios de las autoridades españolas sobre los hechos comprobados de que los jueces no estaban haciendo un examen riguroso de la necesidad de la detención en régimen de incomunicación (párrafo 19).

Custodia ordinaria

Recomendaciones

Que las autoridades españolas se mantengan alerta en sus esfuerzos por luchar contra los malos tratos por parte de oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En particular, es preciso recordar a estos oficiales que no debe utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria cuando se lleve a cabo una detención y que, una vez que las personas detenidas estén bajo control, no debe existir justificación alguna para golpearlas (párrafo 33).

Que se saquen todos los objetos no autorizados de las dependencias en las que se retiene o se interroga a las personas detenidas (párrafo 34).

Que se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos a los que se hace referencia en el parágrafo 36 en relación con el derecho a la notificación de la custodia (parágrafo 36).

Que se adopten las medidas oportunas, si es necesario previa consulta al Colegio de Abogados, para garantizar que abogados de oficio acuden a las comisarías inmediatamente (párrafo 37).

Que el derecho a un médico de libre elección aparezca reflejado adecuadamente en la legislación (párrafo 38).

Que se recuerde a los oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que deben informar a las personas detenidas de sus derechos en un idioma que puedan comprender. Además, deben emitirse instrucciones para que las personas detenidas den fe por escrito de que han sido informadas de sus derechos (párrafo 39).

Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que se cumplimentan diligentemente todos los registros de custodia (párrafo 40).

Que se instale un timbre en las celdas de las comisarías de la Guardia Civil de Tres Cantos y Las Rozas, en Madrid (párrafo 42).

Que se mejore la ventilación y se instale un timbre en las celdas de las comisarías de la Policía Nacional en Moratalaz y Puente de Vallecas, en Madrid, y en el Puerto Santa María (párrafo 43)

Que se tomen sin más demora medidas para mejorar las condiciones de la detención en los Cuarteles Generales de Distrito de la Policía Nacional en Barcelona (párrafo 43).

Que se hagan preparativos para ofrecer a las personas detenidas durante más de 24 horas la posibilidad de hacer ejercicio al aire libre a diario (párrafo 45).

Comentarios

Debería garantizarse a las personas que desempeñan una función de control el derecho a un acceso adecuado a sistemas informatizados de los registros de custodia (párrafo41).

Las celdas de las comisarías de la Guardia Civil de Tres Cantos y Las Rozas, en Madrid carecían de luz natural (párrafo 42).

Sería preferible que las celdas de las comisarías de la Policía Nacional de Moratalaz y Puente de Vallecas, en Madrid, y del Puerto de Santa María tuvieran un acceso mejor a la luz natural (párrafo 43).

Las celdas destinadas a la detención ordinaria en el Cuartel General de la Policía Vasca (Ertzaintza) en Arkaute no tenían luz natural (párrafo 44).

Establecimientos penitenciarios

Observaciones preliminares

Recomendaciones

Que las autoridades españolas continúen desarrollando políticas diseñadas para acabar con el hacinamiento en las prisiones, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los principios establecidos en las Recomendaciones R (99) 22 y R (2003) 22 así como otras  Recomendaciones pertinentes del Comité de Ministros del Consejo de Europa (párrafo 47).

Peticiones de información

Sobre el horario para el traslado de internos de Nanclares de la Oca a la prisión de Araba/Álava, en Iruña de Oca (párrafo 47).

Malos tratos

Recomendaciones

Que las autoridades españolas transmitan de nuevo un mensaje claro a todos los funcionarios de prisiones de que cualquier forma de maltrato, incluido al abuso verbal, es inadmisible y será objeto de sanciones severas. Deberán adoptarse medidas específicas para garantizar que el personal de la prisión Puerto III no abusa de su autoridad en el ejercicio de sus funciones. Además, debería iniciarse una investigación sobre el caso al que se hace referencia en el párrafo 49.i) del informe (párrafo 50).

Deberán adoptarse medidas para garantizar que se proporciona a los funcionarios de prisiones la formación adecuada en técnicas reconocidas de control y coerción (párrafo 50).

Condiciones de la detención

Recomendaciones

Que las autoridades españolas continúen esforzándose para proporcionar a los reclusos una serie de actividades con sentido (párrafo 53).

Que se hagan esfuerzos para evitar colocar a dos internos en celdas diseñadas para una persona. Esto es particularmente importante en la Prisión Madrid IV, dadas las medidas reducidas de las celdas. Además, en las celdas en las que haya más de un interno, la partición que divide el aseo deberá llegar hasta el techo (párrafo 54).

Peticiones de información

Comentarios de las autoridades españolas sobre los hechos constatados por delegación consistentes en que el régimen en los módulos para reclusos “conflictivos” y el ambiente en general en esos módulos era de decaimiento y que llevarlos a ese módulo era percibido como una medida de castigo (párrafo 52)

Sobre el funcionamiento de los “módulos de respeto”, teniendo en cuenta las observaciones del parágrafo 57 (párrafo 57).

Medios coercitivos

Recomendaciones

Que se recuerde al personal de las prisiones que no utilice las esposas para sujetar a los reclusos a la cama (párrafo 59);

Que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para revisar completamente la medida de la inmovilización, teniendo en cuenta las observaciones contenidas en los parágrafos 60 a 62 (párrafo 62).

Reclusos detenidos en módulos especiales

Recomendaciones

Que las celdas de los módulos especiales en la Prisión Madrid IV (Módulo 15) tengan un acceso mejor a la luz natural y dispongan de calefacción (párrafo 64);

Que las autoridades españolas aumenten sus esfuerzos para desarrollar un régimen consentido para los internos que se encuentren en módulos especiales (párrafo 65);

Que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que los internos vulnerables que se encuentren en módulos especiales reciban la atención y el tratamiento adecuados y que los reclusos con trastornos mentales sean trasladados a una dependencia médica adecuada (párrafo 66).

Comentarios

Debido a sus limitadas dimensiones (6m²), las celdas de los módulos especiales de la Prisión Madrid IV (Módulo 15) no resultan muy adecuadas para períodos prolongados de detención sujeta a un régimen por el cual el interno puede ser encerrado en la celda durante 21 horas o más al día (párrafo 64).

Peticiones de información

Las razones por las cuales los dos internos de la Prisión Puerto III a los que se hace referencia en el parágrafo 65 hacían ejercicio al aire libre por separado y no se les permitía relacionarse con otros internos (párrafo 65).

Sobre la aplicación práctica en los módulos especiales de las nuevas medidas introducidas por las modificaciones más recientes al Reglamento Penitenciario (Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo 2011) (párrafo 68).

Comentarios de las autoridades españolas sobre los hechos constatados por la delegación, en varios casos, de que trasladar a un interno a un módulo especial parecía estar en contradicción con la política declarada de trasladar a un interno a una celda especial únicamente debido a su comportamiento y, una vez en la misma, trabajar para integrar progresivamente a los internos en
cuestión en el régimen ordinario (párrafo 68).

Atención sanitaria

Recomendaciones

Que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para aumentar la presencia de un psiquiatra en las prisiones visitadas, en particular en la Prisión Puerto III (párrafo 70).

Comentarios

El Comité confía en que las nuevas instrucciones emitidas por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias el 31 de mayo 2011 relativas al registro de lesiones será aplicada de manera eficaz (párrafo 71).

Peticiones de información

Los resultados de la investigación del Fiscal del Estado de Cádiz, así como las conclusiones del informe de la autopsia, en relación con un interno de la Prisión Puerto III que falleció el 25 de febrero de 2010 (párrafo 72).

Otras cuestiones

Recomendaciones

Que se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar que ningún interno es mantenido continuamente en régimen de incomunicación como castigo durante más de 14 días. Si el interno ha sido sancionado a permanecer incomunicado por un plazo superior a 14 días en relación con dos o más delitos, deberá existir un intervalo de varios días en el estado de incomunicación durante 14 días (párrafo 75).

Que las autoridades españolas permitan por norma que todas las visitas tengan lugar a la vista de todos, y que las visitas en cabinas cerradas se limiten sólo a aquellos casos en los cuales esté justificado por razones de seguridad (párrafo 76);

Que las autoridades españolas garanticen que se anima a los jueces de instrucción a visitar todas las dependencias de la prisión cuando ejerzan sus funciones y entren en contacto tanto con los internos como con el personal de la prisión (párrafo 77).

Comentarios

El CPT considera que sería preferible reducir al máximo posible el período de incomunicación como castigo por una falta de disciplina determinada (párrafo 75).

Ciudadanos extranjeros detenidos de conformidad con la Ley de Extranjería

Observaciones preliminares

Recomendaciones

Que las autoridades españolas revisen las condiciones materiales y el régimen en los Centros de Aluche y Zona Franca y, en caso necesario, en otros Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), para garantizar que proporcionan un entorno menos restrictivo (párrafo 80).

Comentarios

El CPT confía en que las observaciones formuladas en el informe de la visita serán tenidas en cuenta a la hora de finalizar las Normas sobre el Funcionamiento Interno de los CIEs (párrafo 78).

Peticiones de información

Una copia de las Normas sobre el Funcionamiento Interno de los CIEs una vez que estén aprobadas (párrafo 78).

Malos tratos

Recomendaciones

Que las autoridades españolas garanticen que se inicie una investigación pronta y eficaz cuando existan razones de peso para creer que pueden haber existido malos tratos por parte de la Policía (párrafo 82).

Que se recuerde a todos los oficiales de policía destinados en las Centros de Aluche y Zona Franca, así como a otros oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que se haya podido llamar para intervenir en dichos centros, que cualquier forma de maltrato a los detenidos, ya sea físico o verbal, es inadmisible y será objeto de sanciones severas (párrafo 82).

Que con el fin de luchar contra el maltrato, las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que la práctica en todos los CIEs está de acuerdo con el requisito establecido en el párrafo 83 (párrafo 83).

Que las autoridades españolas acaben con la práctica de llamar a los detenidos por su número de detención; el personal de los CIEs debería dirigirse a los internos por sus nombres (párrafo 84).

Que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que el personal de escolta recibe la formación adecuada y que las operaciones de deportación son cuidadosamente documentadas. Además, los ciudadanos que hayan sido objeto de una operación de deportación abortada deberían ser sometidos a un examen médico tan pronto como regresen a la situación de detención (párrafo 85).

Peticiones de información

Las razones por las cuales no se ha llevado a cabo una investigación eficaz sobre los acontecimientos del 22 de mayo de 2011 en el Centro de Aluche (párrafo 82).

El resultado de las investigación sobre el caso de un ciudadano boliviano que alegó haber recibido malos tratos por parte de oficiales de policía durante su deportación el 22 de junio de 2011 a Santa Cruz (párrafo 85).

Condiciones de la detención

Recomendaciones

Que se reduzcan los índices de ocupación permitida en las celdas del Centro de Aluche para garantizar un mínimo de 4m² de espacio habitable por detenido. Además, todas las celdas deberían estar equipadas con una mesa y algunas sillas, así como con un lavabo (párrafo 86).

Que las autoridades españolas:

  • revisen la provisión de comida en los centros de Aluche y Zona Franca de modo que se adapte a las diferencias culturales de la población interna;
  • que garanticen que los detenidos disponen de productos suficientes para mantener su higiene personal así como la de las celdas en las que se encuentran detenidos;
  • que garanticen que los detenidos tienen acceso inmediato a un aseo en todo momento, incluso por la noche (párrafo 88)

Que las autoridades españolas introduzcan una serie de actividades con sentido para las personas detenidas en centros para ciudadanos extranjeros. Cuanto más largo sea el período de detención, tanto más amplio debería ser el abanico de actividades que se les ofrecen (párrafo 89).

Comentarios

Se invita a las autoridades españolas a equipar las celdas del centro de Zona Franca con una mesa y algunas sillas (párrafo 87).

Atención sanitaria

Recomendaciones

Que se aumente la presencia de personal de enfermería durante el día en el centro de Aluche, y que se vigile el nivel de los recursos sanitarios en el centro de Zona Franca teniendo en cuenta el número de población reclusa (párrafo 90).

Que se adopten medidas en ambos centros para garantizar que se proporciona a los detenidos acceso a un odontólogo y a un ginecólogo si lo necesitan (párrafo 90).

Que todos los reconocimientos médicos se realicen fuera de la vista judicial del caso y, salvo que el médico en cuestión solicite lo contrario en un caso en particular, fuera de la vista de personal que no sea sanitario (párrafo 91).

Que se adopten medidas para proporcionar asistencia psicológica y psiquiátrica a la población interna en los CIEs (párrafo 92).

Petición de información

Comentarios de las autoridades españolas sobre las alegaciones recibidas del uso depresión al personal médico por parte de oficiales de la policía para que no proporcionen el tratamiento adecuado a las personas detenidas (párrafo 91).

Otras cuestiones

Recomendaciones

Que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que se cumplen los requisitos para el personal que trabaja en los CIE’s, conforme aparecen descritos en el párrafo 93 (párrafo 93).

Que las autoridades españolas revisen su enfoque de las disposiciones para las visitas en los CIEs; en particular, las salas de visitas deberían ser remodeladas para permitir a los detenidos reunirse abiertamente con los familiares y amigos que los visitan, y el entorno debería estar adecuado para los niños (incluida una zona de juego para niños). Además, el tiempo de visita debería aumentarse a una hora a la semana como mínimo (párrafo 94).

Deberían adoptarse las medidas necesarias para establecer un sistema adecuado de registro de todos los incidentes en los que se recurra al uso de la fuerza y a la incomunicación provisional, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el párrafo 95 (párrafo 95).

Deberían aplicarse las mismas salvaguardias en los CIEs que en los centros penitenciarios cuando se recurra a medios de coerción en los CIEs (párrafo 96).

Que las autoridades españolas mejoren el sistema interno de quejas en todos los CIEs, garantizando que se mantiene un registro adecuado de todas y cada una de las quejas y que los detenidos reciben, en un plazo razonable, una respuesta razonada a sus quejas (párrafo 97).

Peticiones de información

Una copia de la legislación sobre inspecciones, una vez que haya sido aprobada (párrafo 98).

Organismos encargados de velar por el cumplimiento del orden en Cataluña

Malos tratos e investigaciones eficaces

Recomendaciones

Que las autoridades catalanas garanticen que les llega a todos los funcionarios que velan por el cumplimiento del orden a todos los niveles un mensaje de tolerancia cero respecto a los malos tratos a las personas detenidas (párrafo 102).

Que se adoptan medidas para garantizar que todos los oficiales de los Mossos d’Esquadra llevan visible en todo momento algún tipo de medio de identidad cuando estén de servicio (párrafo 106).

Comentarios

El enfoque adoptado por la Oficina de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra al realizar la investigación en el caso examinado por la delegación no cumplía los criterios de una investigación eficaz (párrafo 103).

Como mínimo, aquellos oficiales que estén siendo investigados por un acto de malos tratos denunciados deberían, mientras se investiga el caso, desempeñar funciones que no supongan un contacto directo con el público o con personas detenidas (párrafo 104).

Peticiones de información

El resultado de los casos criminales en curso relativos a los oficiales de los Mossos d’Esquadra a los que se hace referencia en el párrafo 103 (párrafo 104).

El contenido y el estado actual del Código de Ética de los Mossos d’Esquadra (párrafo 105).

El resultado de la investigación interna realizada por el Departamento del Interior de la Generalidad de Cataluña relativa a la operación del 27 de mayo de 2011 en la Plaza de Cataluña y si se han adoptado medidas para aplicar las recomendaciones hechas por el Defensor del Pueblo (párrafo 106).

Los comentarios de las autoridades catalanas sobre las observaciones del párrafo 107 relativas al uso de armas de proyectiles y si se lleva a cabo una valoración posterior al incidente cada vez que se sacan y emplean estas armas (párrafo 107).

Salvaguardias contra los malos tratos

Recomendaciones

Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que todas las personas que ejerzan el derecho a la notificación de su custodia sean informadas a continuación de si ha sido posible comunicarse con un familiar cercano con una tercera persona de su elección (párrafo 109).

Que las autoridades catalanas adopten las medidas necesarias para garantizar que las peticiones de las personas detenidas detener acceso a un abogado son atendidas sin dilación en todos los casos y que todas las personas en cuestión disfrutan del derecho a consultar en privado con su abogado (párrafo 110).

Que se adopten medidas para mejorar el acceso de las personas que se encuentran bajo custodia policial a un médico, teniendo en cuenta las observaciones del párrafo 111 (párrafo 111).

Que se adopten medidas para garantizar que todos los reconocimientos médicos se realizan fuera de la vista judicial y, salvo que el médico en cuestión solicite expresamente lo contrario, fuera de la vista de los funcionarios de la policía (párrafo 112).

Que se adopten medidas para garantizar que se facilita a las personas detenidas una copia de la hoja informativa en un idioma que puedan comprender (párrafo 113).

Peticiones de información

Confirmación de que las personas privadas de su libertad por la policía tienen, en la práctica, el derecho de acceso a un abogado de su elección; si un persona detenida solicita el acceso a un abogado determinado, se debería contactar con el Colegio de Abogados sólo en el caso de que no fuera posible ponerse en contacto con dicho abogado (párrafo 110).

Condiciones de la detención

Recomendaciones

Que las autoridades catalanas adopten las medidas necesarias para remediar las deficiencias observadas en las dependencias de los Mossos d’Esquadra, descritas en los párrafos 114 a 116 (párrafos 116);

Que las autoridades catalanas establezcan estándares para las dependencias de la policía para las detenciones, teniendo en cuenta los criterios del Comité; en particular, las áreas de detención en las comisarías de policía modernas deberían tener luz natural y una ventilación adecuada, y estar equipadas con un patio de ejercicio (párrafo 116).

Establecimientos penitenciarios en Cataluña

Observaciones preliminares

Comentarios

El CPT anima a las autoridades catalanas a adoptar un enfoque multidisciplinar para acabar con la superpoblación en las prisiones (párrafo 117).

Peticiones de información

Información actualizada sobre las medidas adoptadas para acabar con la superpoblación en las prisiones (párrafo 117).

Malos tratos

Recomendaciones

Que las autoridades catalanas transmitan un mensaje claro a todos los oficiales de custodia de que cualquier forma de maltrato, incluido el abuso verbal, no es admisible y será objeto de severas sanciones. Más concretamente, los funcionarios de prisiones deberían ser plenamente conscientes de que no debería utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria para controlar a reclusos violentos o reincidentes y de que una vez que los reclusos estén bajo control no habrá justificación alguna para golpearlos. En este contexto, las autoridades deberían garantizar que se proporciona a todos los funcionarios de prisiones formación en técnicas reconocidas de control y coerción (párrafo 122).

Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que todos los reconocimientos médicos se desarrollan de conformidad con los requisitos que aconseja el Comité (párrafo 123).

Peticiones de información

El resultado de la investigación del caso de malos tratos alegados por un interno en el módulo de régimen especial (DERT) en la Prisión de Lledoners (párrafo 121).

Medios coercitivos

Recomendaciones

Que las autoridades catalanas adopten las medidas necesarias para garantizar que todos los principios y salvaguardias mínimas establecidos en el párrafo 128 se aplican en todos los establecimientos penitenciarios que recurren al castigo (párrafo 128).

Que se acabe con la práctica actual de administrar medicación a la fuerza a los reclusos sometidos a castigo. Sólo en aquellos casos extremadamente raros en los cuales esté seriamente comprometida la salud del prisionero en cuestión debería administrarse medicación en contra de la voluntad de la persona y, en esos casos, la medida deberá formar parte de una política de coerción amplia, cuidadosamente desarrollada, que incorpore las salvaguardias necesarias. El recluso deberá, en todos los casos, ser informado del propósito y los efectos de la medicación (párrafo 129).

Reclusos sujetos a regímenes especiales

Recomendaciones

Que las autoridades hagan todos los esfuerzos posibles para desarrollar las actividades y apoyo que se ofrecen a los reclusos de primer grado que se encuentran en módulos especiales, en particular los de las prisiones Brians 1 y Modelo, en vista de las observaciones contenidas en el párrafo 134. Si fuera necesario, se enmendarán la normativa en materia penitenciaria con el fin de hacer esto posible (párrafo 134).
Comentarios

Las celdas del módulo especial en el Centro Penitenciario La Modelo estaban en un estado ruinoso y sucias (párrafo 131).

Deberían adoptarse medidas para equipar los patios exteriores de ejercicio en los módulos especiales con una cubierta que los proteja del mal tiempo (párrafo 131).

Debería mejorarse el proceso de entrevistas con los reclusos en todos los módulos de régimen especial (párrafo 135).

Condiciones de la detención

Recomendaciones

Que las autoridades catalanas tomen las medidas necesarias para mejorar radicalmente las condiciones de la detención en la Cárcel La Modelo; la primera medida debe ser la reducción del nivel de hacinamiento (párrafo 136).

Que las autoridades catalanas continúen haciendo esfuerzos para ofrecer actividades con sentido a todos los reclusos. En particular, deberían hacerse mayores esfuerzos en la Modelo para proporcionar a los internos un régimen con sentido (párrafo 137).

Cuestiones relativas al personal

Recomendaciones

Que las autoridades presten más atención a la mejora de las habilidades de comunicación interpersonal de todos los funcionarios de prisiones, a la vista de las observaciones contenidas en el párrafo 138 (párrafo 138).

Comentarios

En la Prisión de Lledoners, la proporción personal-internos que existe en algunos módulos no ayudaba al fomento de un entorno seguro (párrafo 138).

Atención sanitaria

Recomendaciones

Deberían adoptarse medidas para garantizar que cualquier señal de violencia observada cuando se realiza el reconocimiento de un interno al entrar en prisión es debidamente registrada, junto con cualquier declaración relevante por parte del interno y la valoración del médico (concretamente, lo que se refiere al grado de coherencia entre cualquier alegación formulada y las lesiones observadas); esta información debería estar a disposición del recluso y de su abogado. Debería seguirse este mismo enfoque cuando un prisionero sea sometido a un reconocimiento médico después de un episodio violento en la prisión (párrafo 141).

Cuando se registren lesiones que sean coherentes con las alegaciones de malos tratos hechas por el recluso en cuestión (o cuando incluso sin que exista alegación alguna, sean una señal clara de malos tratos), deberían rellenarse sistemáticamente los formularios relevantes y hacérselos llegar
al juez de instrucción (párrafo 141);

Que se anoten claramente en el historial médico de los internos de las prisiones Brians 1, Lledoners y Modelo las razones por las cuales se les ha prescrito una medicación con psicotrópicos (párrafo 142).

Otras cuestiones

Recomendaciones

Que se revise el funcionamiento del sistema disciplinario para garantizar que, en la práctica, los reclusos disfrutan, entre otros, de los siguientes derechos:

  • disponer del tiempo y de la información necesaria para preparar su defensa;
  • comparecer en persona ante la autoridad encargada de tomar las decisiones (por ejemplo, la Comisión Disciplinaria);
  • llamar a testigos de parte de la defensa y realizar un examen cruzado de las pruebas presentadas en su contra;
  • solicitar una reducción de la pena en los casos en los que sea hallado culpable por la Comisión Disciplinaria (párrafo 145);

Que las autoridades catalanas adopten las medidas necesarias para garantizar que el aislamiento disciplinario temporal está de acuerdo con los preceptos establecidos en el párrafo 146 (párrafo 146).

Que se reduzcan radicalmente los plazos para el cumplimiento de las sanciones disciplinarias, con la presunción para todas las sanciones disciplinarias de que se cumplan inmediatamente después de que adquieran firmeza administrativa; será necesario modificar los plazos actuales establecidos en el artículo 258 del Reglamento Penitenciario español (párrafo 147).

Deberán adoptarse de inmediato medidas para garantizar que ningún prisionero es mantenido en régimen de incomunicación de un modo continuado como castigo por un plazo superior a 14 días. Si el prisionero hubiera sido sancionado con el régimen de incomunicación por un total de más de 14 días en relación con dos o más delitos, debería existir un intervalo de varios días en el régimen de incomunicación por un plazo de 14 días (párrafo 149).

Que las autoridades catalanas introduzcan un sistema interno adecuado de quejas para complementar el enfoque existente para las quejas externas, teniendo en cuenta las observaciones recogidas en el párrafo 151 (párrafo 151).

Que se adopten las medidas necesarias para mejorar la capacidad de los jueces de instrucción para salvaguardar eficazmente los derechos de los reclusos (párrafo 152).

Que las autoridades catalanas mejoren el apoyo proporcionado a los ciudadanos extranjeros que entren en el sistema catalán de prisiones, a la vista de las observaciones recogidas en el párrafo 154 (párrafo 154).

Comentarios

No deberían tomarse represalias contra los reclusos que interpongan un recurso contra una sanción disciplinaria (párrafo 145).

La administración de la prisión tiene el deber de investigar adecuadamente todos los incidentes que puedan tener como consecuencia sanciones disciplinarias (párrafo 145).

El CPT considera que sería preferible reducir al máximo posible el periodo de incomunicación como castigo por una falta disciplinaria determinada (párrafo 149).

El CPT confía en que las autoridades catalanas garanticen que el Defensor del Pueblo cuenta con los recursos necesarios para desempeñar la misión de visitar las prisiones (párrafo 153).

Peticiones de información

Las acciones emprendidas para evitar que se repitan casos de mal funcionamiento del sistema disciplinario como el referido en el párrafo 144 (párrafo 145).

Centro Educativo L ́Alzina en Cataluña

Malos tratos

Recomendaciones

Que las autoridades catalanas garanticen que las investigaciones de alegaciones de malos tratos cumplen los criterios de una investigación eficaz (párrafo 157).

Que las autoridades catalanas transmitan un mensaje claro a los guardias de seguridad del Centro Educativo L ́Alzina de que cualquier forma de maltrato, incluido el abuso verbal, es inadmisible y será objeto de severas sanciones (párrafo 157).

Condiciones de la detención

Comentarios

La ventilación en la unidad de Anoia era insuficiente y el aire húmedo (párrafo 158).

Atención sanitaria

Recomendaciones

Deben aumentarse las horas de presencia de un odontólogo en el centro para garantizar que todos los internos que necesiten un tratamiento dental reciben la atención necesaria a su debido tiempo (párrafo 160).

Personal

Recomendaciones

Deberían adoptarse medidas para garantizar que todos los guardias de seguridad son cuidadosamente seleccionados y adecuadamente formados para trabajar con jóvenes (párrafo 161).

Disciplina y uso de medios coercitivos

Recomendaciones

Que las autoridades catalanas revisen la aplicación de procedimientos disciplinarios en el Centro Educativo L ́Alzina y se tomen las medidas necesarias para garantizar que no se impone ninguna sanción disciplinaria sin las pruebas adecuadas (párrafo 163).

Que se tomen de inmediato medidas para garantizar que ningún menor es mantenido de modo continuado en régimen de incomunicación como castigo por un plazo superior a 7 días. Si el menor hubiera sido sancionado a un régimen de incomunicación por un plazo superior a los 7 días en relación con uno o más delitos, debería existir un intervalo de varios días en el régimen de incomuni cación por un plazo de 7 días (párrafo 164).

Que las autoridades catalanas acaben con el uso de la sujeción como medio coercitivo en los centros educativos. Deberían introducirse técnicas alternativas de control y coerción que no causen dolor, teniendo en cuenta las observaciones recogidas en el párrafo 164 (párrafo 164).

Comentarios

El CPT considera que sería preferible reducir al mínimo posible el plazo de incomunicación que se pueda imponer a un menor como castigo por una falta disciplinaria determinada (párrafo 163).

Peticiones de información

El resultado del recurso presentado por el menor en el caso referido en el párrafo 162 (párrafo 162).

Otras cuestiones

Peticiones de información

Los comentarios de las autoridades sobre la falta de confianza de los menores en el sistema de quejas (párrafo 166).


Por Campaña por el Cierre de los CIE

 

Un total de 26 personas recluidas en el CIE de Zapadores (Valencia) manifestaron haber sufrido violencia por parte de algunos policías durante 2012, según se recoge en el informe ¿Cuál es el delito? elaborado por la Campaña por el Cierre de los CIE, la plataforma que integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas que acompañan a las internas e internos del CIE de Zapadores desde hace tres años. Estas denuncias se refieren a insultos, vejaciones, castigos colectivos e incluso malos tratos físicos, como los que denunciaron ocho internos en el juzgado de Valencia por haber sido víctimas de palizas. El informe se ha presentado hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, incluye un prólogo del catedrático de la Universitat de València, Javier de Lucas, y está dedicado a “todas las mujeres y hombres que sufren cada día por culpa de las leyes y políticas racistas e injustas de control de flujos migratorios, y especialmente a todas las víctimas que han sufrido la experiencia del internamiento en un CIE”.

En el informe también se incluyen las denuncias de años anteriores, como la acusación en 2010 de una mujer contra un policía por haber abusado sexualmente de ella en el calabozo de la comisaría de Orihuela donde pasó la noche antes de ingresar en el CIE y las palizas colectivas de finales de 2010 y octubre de 2011 en Zapadores. Además, se explican las agresiones a un ciudadano nigeriano cuando era deportado en junio de 2012. La abogada de la Campaña, Ester Izquierdo, aseguró que casi la totalidad de estas denuncias son sobreseídas porque se expulsa a los denunciantes “no respetando su derecho a la tutela judicial efectiva e impidiendo que se investiguen los malos tratos”.

Los centros de internamiento para extranjeros son instalaciones donde el Estado español encierra a personas a la espera de ser expulsadas por carecer de permiso de residencia aunque no hayan cometido ningún delito. La falta administrativa en la que han incurrido -en contra de su voluntad- es equivalente al impago de una multa de tráfico, pero se les impone una sanción desproporcionada: privación de libertad y de muchos otros derechos fundamentales. Por eso, desde la Campaña se denuncia su existencia para que “resulte abominable para cualquiera tener un CIE en la ciudad”, explicó Ana Fornés, portavoz de la Campaña.

Lesiones denunciadas por un chico argelino abril 2012.JPG Lesiones denunciadas por un chico argelino abril 2012

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Consejo General de la Abogacía de España (CGAE)

  • Según el CGAE, la regulación de estos centros no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros pendientes de expulsión, especialmente en lo referido a la asistencia letrada

  • La Abogacía considera “inadmisible” que la situación jurídica sea más restrictiva para los internados en CIES que en centros penitenciarios
  • El Gobierno español impide la entrada al Defensor del Pueblo catalán al CIE  de Barcelona

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y la defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, han inaugurado esta mañana la segunda jornada del ciclo “Crisis y Derechos Humanos” que ha organizado la Fundación del CGAE en colaboración con LA LEY.

En esta jornada, que ha contado con la participación de portavoces y representantes de los partidos políticos, se ha presentado el informe elaborado por la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía ‘Centros de Internamiento de Extranjeros en España: régimen vigente y propuestas de futuro’.

El CGAE considera que el derecho español no se ajusta por completo al de la Unión Europea en materia de extranjería y por tanto el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) deberá adecuar el ordenamiento interno al derecho de la UE. A juicio del CGAE, la regulación de los CIE no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros sometidos a un proceso de expulsión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada, que actualmente carece de una regulación completa y sistemática. El CGAE considera que es “inadmisible” que la ley no detalle el estatuto jurídico de los extranjeros pendientes de repatriación y por lo tanto éstos se encuentren en una situación jurídica más restrictiva de sus derechos que la de los internos en Instituciones Penitenciarias, cuando los internados en los CIE solo tienen temporalmente restringida la libertad deambulatoria.

Carlos Carnicer y María Luisa Cava de Llano

Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, con el que la Abogacía quiere contribuir a resolver la actual situación de “limbo” o “páramo” jurídico en el que se encuentran estos centros y que las sucesivas reformas legales no han paliado.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El CGAE, en la línea de defensa de los Derechos Humanos que siempre ha asumido, ha mostrado una honda preocupación por las situaciones de vulneración de esos derechos que se producen tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.

Una de las situaciones especialmente difícil se produce en relación con los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros, ya que – como ha sido denunciado reiteradamente tanto por el CGAE como por otras instituciones-la arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional vulneran los derechos de las personas en ellos internadas.

En el informe se reitera la necesidad de clarificar la finalidad y la naturaleza administrativa de estos centros, así como la necesidad de elaborar un registro riguroso y fiable de las personas internadas y de su situación jurídica.

En este sentido, cabe destacar que de las 16.590 personas internadas, y por tanto privadas de libertad con finalidad de expulsión, en el año 2009 (últimos datos oficiales disponibles) solo 8.935 fueron expulsadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la finalidad de estos centros debe ser exclusivamente la de llevar a cabo la repatriación, casi un 50% de los internamientos que se produjeron no habría tenido, en rigor jurídico, un fundamento legal.

La adaptación a la normativa europea permitiría que la medida de internamiento – una medida que debe ser adoptada excepcionalmente, ya que implica una privación de libertad- sea revisada periódicamente, y que si hubiera algún impedimento para hacer efectiva la expulsión, se procediera a la inmediata salida del CIE, previa adopción de otras medidas cautelares alternativas, en su caso.

PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA

El CGAE considera que el plazo de 60 días actualmente vigente es excesivo y que debería volverse a la situación anterior a la reforma del 2009 que especificaba un periodo máximo de 40 días, periodo equivalente a los supuestos de extradición. En Francia, por ejemplo, ese periodo se ha establecido en 45 días.

Otra de las propuestas recogidas en el informe del CGAE es que las actuaciones administrativas estén sometidas a un exhaustivo control judicial que tutele los derechos de los internados, ya que la actual regulación carece de cauces que incardinen la denuncia por los extranjeros recluidos en los CIES de las posibles vulneraciones de sus derechos y su posterior revisión judicial.

Asimismo deben regularse los procedimientos para que los internados puedan ejercer todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, como el derecho a la integridad física y a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, derecho a la asistencia jurídica en su idioma (derecho al intérprete); secreto de las comunicaciones y derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita.

El CGAE ha enviado este informe el Defensor del Pueblo, a los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y al Ministerio del Interior para que tengan en cuenta sus sugerencias en la elaboración de las futuras normas legales.

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El síndic de greuges, Rafael Ribó, y otros miembros de su equipo, en calidad también de Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura (ACPT), han visto denegada su entrada esta mañana en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. La delegada del Gobierno español en Cataluña, María de los Llanos de Luna y la Comisaría General de Extranjería, a quienes se había comunicado previamente la visita, les han denegado el acceso.

(c) Síndic

El Síndic tienen, entre otras funciones, la de supervisar los centros donde hay personas privadas de libertad. Anteriormente el Síndic había visitado el CIE de la Verneda. Desde el año 2010 ha recibido varias quejas de personas internas en el CIE de la Zona Franca y ha abierto tres actuaciones de oficio. Dos actuaciones con motivo de la muerte de dos internos, la última en el mes de enero de 2012, y una tercera a raíz de la huelga de hambre de un grupo de internos para denunciar las condiciones del centro.

El Síndic, en aplicación del Artículo 56 de la Ley del Síndic, ha solicitado la colaboración de la Delegación del Gobierno de España en Cataluña para obtener información y completar estas actuaciones de oficio. La Delegación del Gobierno no ha facilitado información alguna al Síndic y ha incumplido el citado artículo de la Ley del Síndic.

Rafael Ribó reafirma la necesidad de normalizar, de acuerdo con la legislación vigente, las funciones del Síndic también en el CIE de la Zona Franca tanto por un principio de eficiencia en las labores de supervisión, como de transparencia.

La Ley del Síndic también atribuye a la institución, en virtud del Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por España, la condición de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el carácter de organismo independiente. Algunas de las funciones del Síndic como ACPT son visitar periódicamente los espacios en que se encuentren personas privadas de libertad y hacer recomendaciones a las autoridades competentes.