Toma la palabra

Consejo General de la Abogacía de España (CGAE)

  • Según el CGAE, la regulación de estos centros no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros pendientes de expulsión, especialmente en lo referido a la asistencia letrada

  • La Abogacía considera “inadmisible” que la situación jurídica sea más restrictiva para los internados en CIES que en centros penitenciarios
  • El Gobierno español impide la entrada al Defensor del Pueblo catalán al CIE  de Barcelona

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y la defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, han inaugurado esta mañana la segunda jornada del ciclo “Crisis y Derechos Humanos” que ha organizado la Fundación del CGAE en colaboración con LA LEY.

En esta jornada, que ha contado con la participación de portavoces y representantes de los partidos políticos, se ha presentado el informe elaborado por la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía ‘Centros de Internamiento de Extranjeros en España: régimen vigente y propuestas de futuro’.

El CGAE considera que el derecho español no se ajusta por completo al de la Unión Europea en materia de extranjería y por tanto el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) deberá adecuar el ordenamiento interno al derecho de la UE. A juicio del CGAE, la regulación de los CIE no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros sometidos a un proceso de expulsión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada, que actualmente carece de una regulación completa y sistemática. El CGAE considera que es “inadmisible” que la ley no detalle el estatuto jurídico de los extranjeros pendientes de repatriación y por lo tanto éstos se encuentren en una situación jurídica más restrictiva de sus derechos que la de los internos en Instituciones Penitenciarias, cuando los internados en los CIE solo tienen temporalmente restringida la libertad deambulatoria.

Carlos Carnicer y María Luisa Cava de Llano

Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, con el que la Abogacía quiere contribuir a resolver la actual situación de “limbo” o “páramo” jurídico en el que se encuentran estos centros y que las sucesivas reformas legales no han paliado.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El CGAE, en la línea de defensa de los Derechos Humanos que siempre ha asumido, ha mostrado una honda preocupación por las situaciones de vulneración de esos derechos que se producen tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.

Una de las situaciones especialmente difícil se produce en relación con los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros, ya que – como ha sido denunciado reiteradamente tanto por el CGAE como por otras instituciones-la arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional vulneran los derechos de las personas en ellos internadas.

En el informe se reitera la necesidad de clarificar la finalidad y la naturaleza administrativa de estos centros, así como la necesidad de elaborar un registro riguroso y fiable de las personas internadas y de su situación jurídica.

En este sentido, cabe destacar que de las 16.590 personas internadas, y por tanto privadas de libertad con finalidad de expulsión, en el año 2009 (últimos datos oficiales disponibles) solo 8.935 fueron expulsadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la finalidad de estos centros debe ser exclusivamente la de llevar a cabo la repatriación, casi un 50% de los internamientos que se produjeron no habría tenido, en rigor jurídico, un fundamento legal.

La adaptación a la normativa europea permitiría que la medida de internamiento – una medida que debe ser adoptada excepcionalmente, ya que implica una privación de libertad- sea revisada periódicamente, y que si hubiera algún impedimento para hacer efectiva la expulsión, se procediera a la inmediata salida del CIE, previa adopción de otras medidas cautelares alternativas, en su caso.

PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA

El CGAE considera que el plazo de 60 días actualmente vigente es excesivo y que debería volverse a la situación anterior a la reforma del 2009 que especificaba un periodo máximo de 40 días, periodo equivalente a los supuestos de extradición. En Francia, por ejemplo, ese periodo se ha establecido en 45 días.

Otra de las propuestas recogidas en el informe del CGAE es que las actuaciones administrativas estén sometidas a un exhaustivo control judicial que tutele los derechos de los internados, ya que la actual regulación carece de cauces que incardinen la denuncia por los extranjeros recluidos en los CIES de las posibles vulneraciones de sus derechos y su posterior revisión judicial.

Asimismo deben regularse los procedimientos para que los internados puedan ejercer todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, como el derecho a la integridad física y a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, derecho a la asistencia jurídica en su idioma (derecho al intérprete); secreto de las comunicaciones y derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita.

El CGAE ha enviado este informe el Defensor del Pueblo, a los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y al Ministerio del Interior para que tengan en cuenta sus sugerencias en la elaboración de las futuras normas legales.

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El síndic de greuges, Rafael Ribó, y otros miembros de su equipo, en calidad también de Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura (ACPT), han visto denegada su entrada esta mañana en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. La delegada del Gobierno español en Cataluña, María de los Llanos de Luna y la Comisaría General de Extranjería, a quienes se había comunicado previamente la visita, les han denegado el acceso.

(c) Síndic

El Síndic tienen, entre otras funciones, la de supervisar los centros donde hay personas privadas de libertad. Anteriormente el Síndic había visitado el CIE de la Verneda. Desde el año 2010 ha recibido varias quejas de personas internas en el CIE de la Zona Franca y ha abierto tres actuaciones de oficio. Dos actuaciones con motivo de la muerte de dos internos, la última en el mes de enero de 2012, y una tercera a raíz de la huelga de hambre de un grupo de internos para denunciar las condiciones del centro.

El Síndic, en aplicación del Artículo 56 de la Ley del Síndic, ha solicitado la colaboración de la Delegación del Gobierno de España en Cataluña para obtener información y completar estas actuaciones de oficio. La Delegación del Gobierno no ha facilitado información alguna al Síndic y ha incumplido el citado artículo de la Ley del Síndic.

Rafael Ribó reafirma la necesidad de normalizar, de acuerdo con la legislación vigente, las funciones del Síndic también en el CIE de la Zona Franca tanto por un principio de eficiencia en las labores de supervisión, como de transparencia.

La Ley del Síndic también atribuye a la institución, en virtud del Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por España, la condición de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el carácter de organismo independiente. Algunas de las funciones del Síndic como ACPT son visitar periódicamente los espacios en que se encuentren personas privadas de libertad y hacer recomendaciones a las autoridades competentes.


Pueblos Unidos

Pincha sobre la imagen para descargar el pdf del informe

Por segundo año consecutivo, la ONG jesuita Pueblos Unidos ha presentado su Informe Anual sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) [pdf] con el que busca poner de manifiesto y mejorar la terrible realidad que se vive en los CIE de España y, más concretamente, en el de Aluche (Madrid).

Durante el año 2011 Pueblos Unidos ha mantenido un equipo de personas voluntarias dedicadas a apoyar, diariamente y de manera estable, a las personas internadas en el CIE de Madrid lo que ha permitido visitar a lo largo de todo el año a 248 internos, realizando un total de 1.049 visitas. Este número supone algo más del 7% del total de las personas internadas, que en lo que llevamos de año 2011 asciende a un total de 3.432.

Fruto de este trabajo constante, silencioso y abnegado, es el presente informe, que se divide en dos secciones:

1-¿Qué ocurre tras las rejas? que analiza con detalle las condiciones de vida en el CIE de Aluche y las principales quejas manifestadas por los propios internos.

2-¿Quién está tras las rejas? que presenta “Doce miradas sobre doce vidas rotas”, testimonios recogidos por diversos profesionales: los escritores jesuitas Pedro Miguel Lamet y Norberto Alcover; los periodistas de radio Minerva Oso (RNE), Nicolás Castellano (SER) y Noelia Vizcarra (RAI); los periodistas de prensa escrita Daniel Ayllón (Público), Pedro Simón y Olga R. Sanmartín (El Mundo); y los escritores de medios especializados Lydia Molina (Peridismo Humano), Fran Otero (Vida Nueva), África González (Mundo Negro) y José Luis Palacios (Noticias Obreras).

El informe constata la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a la gestión del CIE, detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos. Algunos de los principales puntos que se desarrollan en el documento presentado esta mañana son:

-De las 248 personas visitadas, se han detectado 173 situaciones de particular vulnerabilidad, como por ejemplo: personas enfermas o con menores a su cargo, mujeres embarazadas, internos que no entienden el idioma y no comprenden su situación jurídica ni qué hacen allí.

-En torno al 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días; siendo el 53% de las personas internadas finalmente expulsadas. Por tanto, en palabras del jesuita director de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza: “Para el 60% de los que están entre 40-60 días finalmente no se ejecuta su expulsión. Eso significa que el sistema, además de inhumano, es ineficaz, porque no cumple el objetivo para el que estaba pensado; si la policía y el gobierno saben que no va a poder expulsar a una persona, no deberían internar a esa persona. Esto solo genera más sufrimiento y más miedo”.

-A lo largo del año, Pueblos Unidos ha presentado 24 quejas ante distintos órganos de control de los CIE, lo que supone, como media, una situación susceptible de sospecha, cada 15 días. Las agresiones denunciadas se centran sobre todo en los traslados y las estancias en Barajas de los internos cuando se les intenta expulsar del país.

-Dos años después de la publicación de la Ley de Extranjería (LOEX) aún NO SE HA PUBLICADO EL REGLAMENTO sobre los CIE que se constata con la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a su gestión detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos.

-Desde la experiencia de Pueblos Unidos el CIE de Madrid recoge personas de distintos puntos  de la península y eso dificulta mucho a esos internos las visitas y la comunicación con su entorno.

-A los internos no se les explica bien por qué están ahí. La arbitrariedad en la gestión del internamiento genera muchas situaciones de sufrimiento innecesario.

-Hay problemas de higiene y alimentación. El acceso a los baños está restringido por las noches: tienen que orinar en los lavabos de los módulos donde duermen seis u ocho personas en literas o hacerlo en una botella. Antes  tenían que llamar a gritos si querían algo por las noches, ahora, por lo menos, hay un interfono pero la policía no acude. En palabras de Cristina Manzanedo, abogado de Pueblos Unidos:  “Si el CIE no es una cárcel, ¿por qué se gestiona como si lo fuera? En la cárcel eres una persona; en el CIE eres un número”.

-La gestión de los CIE depende del Ministerio del Interior y se centra en aspectos de control y seguridad y no en las condiciones de vida de los internos.

-Hay falta de formación en el cuerpo nacional de policía del centro; quejas por trato vejatorio y racista a los internos y a sus familiares. En el CIE hay miedo a la policía y a otros internos, porque están mezclados los detenidos solo por situación irregular con gente con condenas penales.

-En el CIE no se dan los castigos personales sino que los castigos son generalizados; cuando hay problemas se llama a los antidisturbios; se registran las habitaciones; hay restricciones a la comunicación con la calle.  Se les retira le móvil nada más entrar y si no sabes de memoria los números de teléfono estás perdido. Se producen numerosos conflictos para acceder a las cabinas telefónicas…

-Las visitas se hacen a través de un locutorio con mampara y teléfono lo que da una sensación carcelaria.

La rueda de prensa concluyó con el testimonio de Marius Tonnang, un camerunés que estuvo 53 días internado en el CIE de Aluche. Como él mismo explicó: “Llevaba 6 años en este país cuando me internaron, yo no mato, no robo”. Y explicó algunos de los padecimientos dentro del centro: “El abogado de oficio no te deja su teléfono, el médico solo sabe de paracetamol e ibuprofeno, la gente sufre, llora…estamos mezclados con gente que está mal de la cabeza, nos tratan como animales; los policías te insultan”.

Con el trabajo recogido en el presente informe, Pueblos Unidos quiere contribuir a que mejoren las condiciones de privación de libertad y la tutela efectiva de los derechos de las personas internadas. Y piden que su experiencia y la de otras entidades sociales se tome en cuenta de cara a la nueva legislatura, de modo que pueda haber una interlocución más fluida con el Ministerio de Interior, especialmente de cara a la elaboración de un Reglamento de CIE que garantice los derechos de los internos.


por Migreurop

La organización euroafricana reclama el cierre de estos centros y, entre tanto, exige una ley orgánica que regule su funcionamiento.

En varias ciudades se manifiestan este fin de semana contra los CIE .

Una niña llora a puerta del Centro de Internamiento de Aluche, donde está encerrado su padre, a quien las autoridades policiales han asignado el número 2286 / Juan Medina

“Personas privadas del derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a la integridad moral y a la propia dignidad”, esta es la principal conclusión del Informe CIE, Derechos Vulnerados que ha sido presentado esta mañana en la sede de Málaga Acoge de la capital malagueña por la red euroafricana Migreurop con motivo de la Semana por los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante, que se celebra el próximo domingo 18 de diciembre. El informe es fruto del trabajo realizado durante el año por la organización dentro de la iniciativa Migreurop España y que ha contado con la visita a cuatro centros, concretamente a los de Málaga, Algeciras, Madrid y Barcelona.

Las conclusiones del documento evidencian que las personas que se encuentran internadas en los CIE deberían estar en centros especiales sin carácter penitenciario y tener mejores condiciones que los presos, ya que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa como es no tener la documentación en regla. No obstante, aseguran, “la realidad es que estas personas estánencerradas en verdaderas cárceles con condiciones muy inferiores a las que tienen en los centros penitenciarios y se encuentran privadas de derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a intérprete, a la integridad moral, a la confidencialidad, y en algunos casos, como en el del CIE de Algeciras, al derecho a la dignidad con la práctica del desnudo integral previo al ingreso en el centro”.

Las organizaciones miembro de Migreurop recuerdan que los internos tienen únicamente restringido por ley su derecho ambulatorio, por lo que consideran “inaceptable” que se les prive del resto. Por ello, Migreurop reclama el cierre de estos centros, muchos de los cuales -centros de Málaga y Algeciras- no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Mientras tanto se produce el cierre, apuntan, “es prioritaria la aprobación de una ley orgánica que regule el funcionamiento de los CIE, para que no se produzcan más atropellos a los derechos de las personas”, regulación que ha sido respaldada ya por más de 40.000 firmas y 400 entidades en una reciente campaña.

Durante su intervención, las organizaciones destacaron otras cuestiones no menos relevantes como el escaso o nulo control judicial de estos centros, las notables deficiencias en sistemas de evacuación y prevención de incendios, la designación de los internos por un número en lugar de por su nombre y apellidos y la ausencia de cámaras en parte de las instalaciones, que impiden fiscalizar la actuación de los funcionarios y prevenir actividades ilegales, denunciadas en numerosas ocasiones por las personas que han pasado por estas instalaciones.

Ante las evidencias que plantea el informe, las organizaciones solicitan que se prohíba la detención de personas en lugares que no tengan la consideración legal de CIE, como en el caso de Tarifa, el acceso regular de las organizaciones sociales para fiscalizar su funcionamiento, la comunicación con el exterior a través de teléfonos públicos y móviles de su propiedad, una asistencia médica y social independiente, visitas en condiciones de dignidad e intimidad, mecanismos para prever malos tratos y transparencia y control de estos centros por parte de la autoridad judicial.

Informe ‘CIE, Derechos Vulnerados

Resumen Ejecutivo Informe  ‘CIE, Derechos Vulnerados’

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Sábado 17/Domingo 18, Diciembre, 2011

Manifestaciones frente a los CIE en

Madrid,

Valencia y

Málaga.

(Añadir otras convocatorias en comentarios)


Manifiesto de ACSUR, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Campaña “CIE’s No” (Valencia), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convivir Sin Racismo, Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino, Fundación Acción Pro Derechos Humanos, Grupo Inmigrapenal, Médicos del Mundo, Migreurop, Mugak, Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes (Málaga), Pueblos Unidos, Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (Universidad de Barcelona), Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid).

Una niña protesta frente a un CIE por el internamiento de su padre, el interno nº2286 (c) Juan Medina)

Las organizaciones sociales, entidades y ciudadanos abajo firmantes pedimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), espacios contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por España, y mostramos nuestra preocupación por el oscurantismo con que el Gobierno español está elaborando el Reglamento que regulará el funcionamiento de estos Centros. Margina así a la sociedad civil en el tratamiento de uno de los puntos más cuestionados y represivos de la política migratoria: la privación de libertad a personas que no han podido obtener o renovar el permiso de residencia.

Son meses esperando conocer el borrador de este reglamento que está elaborando el Ministerio de Interior ‐pese a que la última modificación de la LOEX, de 11 de diciembre de 2009 dispuso que se aprobaría en el plazo de 6 meses‐, sin que haya sido posible saber sus líneas básicas ni mucho menos poder intervenir mínimamente para que se garanticen en él la totalidad de los Derechos de las personas que son internadas en los CIE. Esta ausencia de diálogo sólo puede presagiar la imposición de una norma restrictiva y limitadora de derechos que dé continuidad a la actual inseguridad jurídica propiciada por la imposición unilateral y arbitraria de las normas de cada centro.

Las denuncias documentadas sobre el funcionamiento de los CIE, formuladas en los últimos años por el movimiento asociativo que trabaja a pie de calle, así como por entidades europeas, comisiones del Parlamento Europeo e instituciones españolas como el Defensor del Pueblo, y equivalentes autonómicos, o la propia Fiscalía General del Estado, no pueden obviarse en el próximo Reglamento. Por ello, pedimos una interlocución oficial que permita al movimiento asociativo y al resto de entidades implicadas, una participación real en el debate en torno al futuro Reglamento.

La sociedad civil no puede ser excluida del proceso de elaboración del Reglamento que regulará el funcionamiento de estos espacios donde miles de personas permanecen detenidas por no tener su situación administrativa regularizada. Son nuestras vecinas y vecinos, parte importante de una sociedad en la que no cesaremos en nuestro empeño de que sean respetados los Derechos de las personas, independientemente del lugar donde hayamos nacido.

Es necesaria, entonces, la implicación de todos los estamentos de nuestra sociedad para conseguir dicha interlocución. El pronunciamiento de las entidades sociales, de las que se mueven en el ámbito jurídico, en el mundo universitario, en el campo de la salud pública, de la enseñanza, etc. puede favorecer que Interior apruebe un Reglamento que garantice y desarrolle los derechos básicos de las personas encerradas en los CIE.

Insistimos en que el único derecho limitado por el ordenamiento jurídico a dichas personas es el de la libertad ambulatoria. Por ello, el Reglamento ha de garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos: a la integridad física y psicológica, a la salud, a la asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, al conocimiento y ejercicio de sus derechos, a unas instalaciones en condiciones.

Y en tanto los tiempos conduzcan a un cierre de estos centros, se ha de acabar con el oscurantismo sobre su funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los internos e internas, el acceso de las entidades sociales y proporcionando información pública y estadísticas precisas sobre las personas que pasan por los CIES, su situación jurídica, la duración del encierro y la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad.