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Human Rights Watch

Cientos de miles de personas identificadas como individuos que usan drogas en China y todo el Sudeste Asiático están internadas sin el debido proceso en centros en los que pueden ser sometidas a formas de tortura y violencia física y sexual denominadas “tratamiento”, Human Rights Watch señaló en un documento informativo publicado hoy. Los donantes internacionales y los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han apoyado y financiado centros de detención para personas que usan drogas que niegan sistemáticamente a los internos el derecho a un tratamiento eficaz para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la dependencia a las drogas, y han ignorado el trabajo forzoso y el maltrato.

Un interno se pone unos guantes para trabajar en un centro de Vietnam (HRW)

El documento de 23 páginas, “Torture in the Name of Treatment: Human Rights Abuses in Vietnam, China, Cambodia, and Lao PDR” (“Tortura denominada tratamiento: Abusos contra los derechos humanos en Vietnam, China, Camboya y la República Democrática Popular Lao”), resume la investigación con personas que estuvieron detenidas en Vietnam, China, Camboya y la República Democrática Popular Lao. Más de 350,000 personas identificadas como individuos que usan drogas están detenidas para ofrecerles “tratamiento” en estos países durante períodos de hasta cinco años. En muchos centros, las personas que usan drogas están internadas junto con personas sin hogar, con discapacidad psicológica y niños de la calle, y son obligadas a realizar ejercicios militares, repetir consignas y realizar trabajos “terapéuticos”. Leer más


Human Rights Watch

  • La práctica extendida del matrimonio infantil pone en peligro el acceso de las niñas yemeníes a la educación, perjudica su salud y las mantiene como ciudadanas de segunda clase, señala Human Rights Watch en un informe.
  • Yemen debe fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, para asegurar que las niñas y mujeres que desempeñaron un papel importante en el movimiento de protesta en Yemen también contribuyan al futuro de este país.

Tres niñas de 11, 12 y 13 años camino de ser casadas con tres hermanos en una zona rural a las afueras de Hajjah en 2011 ( Stephanie Sinclair/VII / HRW)

El informe de 54 páginas, “‘How Come You Allow Little Girls to Get Married?’: Child Marriage in Yemen” (eng), (“‘¿Cómo es que permiten que las niñas pequeñas pueden casarse?’: El matrimonio infantil en Yemen”), documenta los daños permanentes que sufren las niñas que son obligadas a casarse jóvenes. Niñas y mujeres yemeníes relataron a Human Rights Watch sus experiencias tras ser obligadas por sus familias a contraer matrimonio y cómo luego no tuvieron ningún control sobre el tener hijos o el mejor momento para ello, ni otros aspectos importantes de sus vidas. Dijeron que al haberse casado jóvenes, habían interrumpido sus estudios y algunas afirmaron haber sido víctimas de violación y violencia doméstica por parte de su marido. No hay una edad mínima en Yemen para que las niñas puedan casarse. Muchas son forzadas a contraer matrimonio y algunas apenas tienen 8 años.

“La crisis política de Yemen ha dejado temas como el matrimonio infantil al final de la lista de prioridades políticas”, dijo Nadya Khalife , investigadora de derechos de la mujer en Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. “Pero ahora es el momento de avanzar en esta cuestión, fijando la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, para asegurar que las niñas y mujeres que desempeñaron un papel importante en el movimiento de protesta en Yemen también contribuyan al futuro de este país”.

En los últimos meses, los manifestantes han pedido una serie de reformas, incluyendo medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. La prohibición del matrimonio infantil – una de las principales causas de discriminación y abuso contra las niñas y las mujeres – debería ser una prioridad para la reforma, señaló Human Rights Watch.

Datos del Gobierno de Yemen y las Naciones Unidas muestran que aproximadamente el 14% de las niñas en Yemen se casan antes de los 15 años de edad, y el 52% lo hacen antes de los 18. En algunas zonas rurales, hay niñas de apenas 8 años que están casadas. Las niñas a veces son obligadas a casarse con hombres mucho mayores. Los niños rara vez son obligados a contraer matrimonio.

El informe está basado en una investigación de campo en la capital de Yemen, Sanaa, llevada a cabo entre agosto y septiembre de 2010, e incluye entrevistas con más de 30 niñas y mujeres que se casaron cuando todavía eran niñas, miembros de organizaciones no gubernamentales y representantes de los ministerios de Salud y Educación.

Magda T., cuyo nombre ha sido cambiado para su protección, dijo a Human Rights Watch: “Cuando llegué a sexto grado, dejé la escuela para casarme. Ahora, cuando veo a mi hija, me pregunto, ‘¿Quién le va a enseñar?’ Porque yo no puedo. Entendí [el valor de la educación] muy tarde”.

Una joven de 16 años contó a Human Rights Watch que su padre insistía en que se casara: “Yo quería ir a la universidad y estudiar para abogada, pero ya no puedo porque ahora voy a tener un bebé”.

Human Rights Watch entrevistó a varias niñas que contaron que fueron obligadas a casarse jóvenes y a varias que tuvieron que dejar forzosamente la escuela tan pronto como alcanzaron la pubertad. Un estudio de Yemen descubrió que muchos padres en las zonas rurales sacan a las niñas de la escuela a los 9 años para que ayuden en la casa, cuiden de sus hermanos menores y a veces para que se casen. Casi todas las niñas y las mujeres entrevistadas dijeron que una vez que se casaron no pudieron continuar o completar sus estudios, y muchas de ellas tuvieron hijos poco después de contraer matrimonio.

Las investigaciones realizadas por organizaciones de derechos del niño y otras como Save the Children, han revelado que las niñas con estudios limitados y escaso poder de decisión en sus matrimonios tienen pocas posibilidades de controlar el número y espaciamiento del nacimiento de sus hijos. Esto incrementa el riesgo de sufrir problemas de salud reproductiva.

Las niñas y las mujeres entrevistadas también dijeron que estaban a menudo expuestas a la violencia de género, incluyendo el abuso doméstico y la violencia sexual. Algunas niñas y mujeres contaron a Human Rights Watch que sus maridos, suegros y otros miembros de la familia de sus esposos, las habían atacado verbal o físicamente. Las niñas y mujeres casadas de Yemen suelen vivir con la familia extendida del marido.

Tawakkol Karman, la activista yemení que recibirá el Nobel de la Paz en Oslo el 10 de diciembre de 2011, junto con dos mujeres de Liberia líderes por su trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres, ha criticado el fracaso del Gobierno yemení para prohibir el matrimonio infantil. En un artículo de opinión publicado en 2010, Karman escribió: “Hay un gran espacio en nuestro patrimonio de la ley islámica para llegar a un consenso para la adopción de 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio”.

El futuro gobierno de Yemen tiene una verdadera oportunidad para demostrar su compromiso con la equidad de género y la protección de los derechos de todos sus ciudadanos al abordar el tema, señaló Human Rights Watch. El Gobierno debería tomar medidas legislativas para fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años y promover la concienciación pública de los daños que causa el matrimonio infantil. El Gobierno de Yemen y los donantes internacionales también deberían impulsar el acceso de las niñas y mujeres a la educación, la información y servicios de salud reproductiva y la protección contra la violencia doméstica.

“Los donantes internacionales invierten millones de dólares en reformas educativas y sanitarias en Yemen”, dijo Khalife. “Sin una prohibición al matrimonio infantil, ningún monto de ayuda internacional impedirá que las niñas se vean obligadas a dejar la escuela ni las protegerá de los riesgos a la salud que causa el matrimonio infantil”.

En realidad, el Gobierno de Yemen ha retrocedido a la hora de abordar el problema, señaló Human Rights Watch. Alegando motivos religiosos, el Parlamento yemení abolió en 1999 una ley que establecía una edad mínima legal para que los niños y las niñas contrajeran matrimonio, que entonces era de 15 años. En 2009, la mayoría en el Parlamento votó a favor de fijar en 17 años la edad mínima. Sin embargo, un grupo de legisladores argumentaron que el restablecimiento de una edad mínima iría en contra de la Sharia (ley islámica), y recurrió a un procedimiento parlamentario para bloquear el proyecto de ley indefinidamente.

Muchos otros países en Medio Oriente y Norte de África reconocen la Sharia como una fuente de derecho, pero casi todos han establecido una edad mínima para contraer matrimonio, tanto para niños como para niñas; muchos fijaron el mínimo en 18 años o más, conforme a las normas y tratados internacionales que definen al niño como una persona menor de 18 años. Los órganos de vigilancia de Naciones Unidas que supervisan el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) recomiendan un mínimo de 18 años para casarse.

Yemen forma parte de una serie de tratados y convenios internacionales que prohíben explícitamente el matrimonio infantil y comprometen a sus miembros para que tomen medidas con el fin de eliminar esta práctica. Estos incluyen la CDN, la CEDAW, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

“Las niñas no deben ser forzadas a ser esposas y madres”, dijo Khalife. “En un momento en que Yemen atraviesa una transformación política, los líderes deben aprovechar la oportunidad para corregir una injusticia que hace un daño enorme y colocar al país en un nuevo rumbo hacia la justicia social, incluida la equidad para las mujeres y las niñas.”

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Por Gabriela Keseberg Dávalos

Responsable de comunicación de International Crisis Group

Prácticamente nada se lee en los medios españoles sobre Uzbekistán, país lejano tanto geográfica como culturalmente. Sin embargo, los recientes acercamientos entre España y esta antigua república soviética merecen ser analizados, en especial porque Uzbekistán es uno de los países más cruentos del mundo en cuanto a violaciones de derechos humanos.

Algunos datos para comenzar: el presidente, Islam Karimov, ha estado en el poder desde 1991. En las cárceles de su país se encuentran miles de reos políticos y sus familias son acosadas y perseguidas. Son muchos los encarcelados también por razones religiosas con la excusa de ser militantes islámicos y/o terroristas. Y hace exactamente cinco años, el 13 de mayo del 2005, el gobierno de Karimov apagó violentamente una protesta pacífica, matando no a cientos, sino a miles de personas, en la llamada masacre de Andizhán. Hasta hoy, siguen sin esclarecerse los hechos y los testigos son acallados, encarcelados o ya están muertos. Para conocer más detalles sobre las increíbles fechorías del gobierno basta echarle una mirada a cualquier informe sobre el estado de los derechos humanos en Uzbekistán para que a uno le dé infarto. Es sabido, por ejemplo, que algunos prisioneros son hervidos vivos, mujeres embarazadas son violadas y torturadas, y niños ejecutados a sangre fría. La creatividad en cuanto a métodos de tortura parece inagotable. Actualmente, nada menos que la hija de Karimov y posible heredera del poder, Gulnara Karímova, es la nueva embajadora de Uzbekistán en Madrid.

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos recibe las acreditaciones de la embajadora de Uzbekistán, Goulnara Karimova

Asia Central, en general, es cada vez más importante para Occidente por dos razones: primero, por su posición geoestratégica para bases militares de la coalición que llevan y traen suministros desde y hacia Afganistán (los alemanes tienen una base aérea en Termes-Uzbekistán y los rusos y americanos una en Kirguistán) y, segundo, por los recursos económicos, como el gas, el petróleo y los minerales.

Pero eso no justifica que países de Occidente hagan la vista gorda en lo que se refiere a las violaciones de derechos humanos. Como país democrático y actual Presidente de turno de la Unión Europea, España debería analizar si a la larga realmente quiere hacer negocios y tener relaciones con un gobierno que aparte de lo ya mencionado, persigue a sus opositores y a periodistas independientes hasta más allá de las propias fronteras, y que cada año fuerza a más de dos millones de niños a trabajar gratis en la cosecha de algodón y a perder clases en la escuela. Últimamente además, los médicos son obligados a esterilizar a mujeres (sin informarlas, claro) después de que den a luz a su primer hijo, para frenar la explosión demográfica del país. En resumen, quien es enemigo del gobierno de Karimov, y por lo visto es muy fácil caer en esta categoría, pocas veces vive para contarlo o vive realmente mal. Choca entonces enterarse que incluso está prevista una visita oficial de los Reyes de España a Uzbekistán en la segunda mitad del año, después de la presidencia española de la UE. Tal visita acredita al gobierno de Karimov y al mismo tiempo merma el trabajo de los defensores de derechos humanos tanto dentro como fuera de Asia Central.

El papel de la prensa española es clave: debe sacar a la luz lo que sucede en Uzbekistán antes de que más empresarios y políticos españoles emprendan negocios y relaciones con este régimen totalitario. La opinión pública tiene derecho a ser informada sobre lo que acontece en Asia Central y sobre el tipo de gobiernos con los que España está tratando.