Toma la palabra

Por Human Rights Watch

  • Una potente arma convencional mata al menos a 12 estudiantes en Raqqa

El Gobierno sirio lanzó un ataque aéreo utilizando bombas de combustibles que hicieron impacto en las cercanías de una escuela de secundaria en la ciudad de Raqqa, controlada por la oposición, y mataron a por lo menos 14 civiles, el 29 de septiembre de 2013,  dijo hoy Human Rights Watch. Al menos 12 de los asesinados eran estudiantes que asistían a su primer día del curso escolar.

Un residente de Raqqa que visitó la escuela inmediatamente después del ataque dijo a Human Rights Watch que había visto 14 cadáveres, algunos de ellos sin extremidades. Un médico del Hospital Nacional de Raqqa dijo que contabilizó a por lo menos 12 cuerpos, la mayoría de ellos de estudiantes, y que el hospital había tratado a 25 heridos.

Las heridas y las quemaduras provocadas por la explosión que se observan en los vídeos y las fotografías de las víctimas, en combinación con las posiciones de los cuerpos y las escasas heridas de metralla, indican que se usaron explosivos de aire-combustible (FAE), también conocidas como “bombas de vacío”, señaló Human Rights Watch. Los explosivos de aire-combustible, que son más potentes que las municiones convencionales altamente explosivas, provocan fuertes daños sobre un área extensa y tienden por lo tanto a impactar de manera indiscriminada sobre zonas pobladas.

“Mientras el mundo intenta controlar las armas químicas de Siria, las fuerzas gubernamentales están matando a civiles con otras armas extremadamente potentes”, dijo Priyanka Motaparthy, investigadora sobre los derechos del niño en Oriente Medio para Human Rights Watch. “Ni siquiera los estudiantes que asisten a su primer día de escuela están a salvo”.

Las bombas explosivas de aire-combustible no son un arma incendiaria ni química. No obstante, teniendo en cuenta la extensión de sus efectos, las convierten en armas altamente indiscriminadas, Human Rights Watch cree que los explosivos de aire-combustible no deberían emplearse nunca en zonas pobladas.

Otros dos residentes de Raqqa, un abogado y un activista de la oposición, dijeron a Human Rights Watch que un caza del Gobierno arrojó las bombas que hicieron impacto en el patio de la Escuela de Secundaria Ibn Tufail alrededor de las 8:05 de la mañana. Señalaron que no había personas armadas en el interior o las cercanías de la escuela, ni había oficinas administrativas o cuarteles de la oposición en la zona. Antes de que comenzara el curso escolar, la escuela había albergado a unos cuantos centenares de personas internamente desplazadas de la zona de Aleppo.

En los vídeos y las fotos del lugar se observan dos cráteres a una distancia de 10 a 14 metros entre ellos en la esquina sudeste del patio, cerca de la entrada principal. Ambos cráteres tienen un diámetro de dos a tres metros y una profundidad de 30 a 60 centímetros, coherente con la onda expansiva de un FAE, que no explota al impactar con el suelo.

En las imágenes de satélite tomadas el 26 de septiembre se ve que la escuela está rodeada de campos y unas cuantas casas pequeñas, y no se observa ninguna muestra visible de estructuras o actividades militares. Según Human Rights Watch, esto aumenta la probabilidad de que el Gobierno hubiera fijado como objetivo la propia escuela.

Raqqa, a unos 160 kilómetros al este de Aleppo, ha sufrido bombardeos frecuentes del Gobierno desde que las tropas de la oposición tomaron la ciudad en marzo. Diversos grupos armados de la oposición tomaron el control de la ciudad al principio, pero recientemente la organización del Estado Islámico de Irak y Sham, vinculada a Al Qaeda, ha aumentado gradualmente su control.

Human Rights Watch visitó Raqqa en abril, pero sus investigadores no han podido regresar por motivos de seguridad.
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Juan de Dios Ramírez-Heredia. Abogado. Presidente de Unión Romani

Desgraciadamente el Gobierno francés está haciendo lo mismo que anteriormente han hecho otros: Tratar de pescar votos en los caladeros tradicionales que han sido y siguen siendo feudo de la extrema derecha o de aquellos grupos menos tolerantes que han hecho de su confesión nacionalista el credo superior ante el que se deben rendir todas las ideologías. 

Así, decir a los franceses que los miembros de otras culturas minorías ponen en peligro la identidad “superior” de la cultura francesa es tanto como llamar a  rebato a las huestes de Le Pen y a quienes creen que la “grandeur” pasa por la separación, o la expulsión, de todos aquellos que pudieran ser un peligro de contaminación. Elministro del interior frances, hijo de padres españoles, ha dicho que la integración de los gitanos en Francia es sumamente difícil “porque sus modos de vida son extremadamente distintos de los nuestros y chocan con nuestra cultura”.

Algunos creíamos que con Françoise Hollande en la presidencia del Gobierno las cosas cambiarían, pero ya vemos que no ha sido así. Y mientras Sarkozy se frota las manos de alegría, el gobierno francés ya ha deportado en los seis primeros meses de este año a más de 10.000 gitanos, mujeres niños y ancianos. Esta es una cifra record han afirmado los representantes de Amnistía Internacional. Cifra que ni siquiera fue superada por el denostado Sarkozy.

Pero Manuel Valls es como el rayo que no cesa. Y a él debe gustarle porque ya es el ministro más popular de Francia. En los tiempos que corren los racistas de siempre se deben sentir muy reconfortados cuando el ministro francés asocia a la minoría gitana con la delincuencia y la mendicidad. Cosa intolerable, incluso para algunos compañeros suyos ministros como él. El ministro de Industria. Arnaud Montebourg, consideró que las declaraciones de Valls fueron “excesivas” y que debían ser “corregidas”. Pero el titular de Interior respondió a su colega de gabinete que “no hay nada que corregir” y que sus declaraciones “sólo molestan a los que no conocen el asunto”. Lo mismo que dicen en España algunos que  luego escriben en los periódicos o hablan por las emisoras de radio.

Y después de decir esto debió mirar en el zurrón electoral de su partido para comprobar que habían entrado unos cuantos miles de votos más, los mismos que había perdido el Frente Nacional de Le Pen que es el verdadero y genuino lider del racismo en Europa desde la finalización de La II Guerra Mundial.

Hoy sufrimos por nuestros hermanos rumanos y búlgaros y nos desesperanzamos cuando vemos que ni con unos ni con otros tienen nuestros males remedio. A los gobernantes de la derecha conservadora de Sarkozy le ganamos la batalla porque logramos que todo el mundo se les echara encima criticando aquellas deportaciones. La Iglesia, las Instituciones Internacionales, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el mundo de la cultura hizo piña con nosotros y la cosa no fue a más. Luego el señor Sarkozy perdió las elecciones. No podía ser de otra forma cuando quienes votaban eran los herederos de la revolución de 1789 que hizo posible la instauración en el mundo civilizado de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Pero ahora la decepción nos la está causando François Hollande. Creíamos que con él las cosas cambiarían. El lo prometió durante su campaña electoral dando así una muestra inequívoca de valentía y coherencia con los principios que supuestamente su partido debería defender. Pero ha tenido la desgracia de cruzarse en su camino con Manuel Valls quien, siguiendo los pasos de Sarkozy que fue ministro del Interior antes que presidente del Gobierno, seguramente querrá seguir la misma carrera política y desbancar a Hollande del Palacio del Eliseo para colocarse él.

Viviane Reding, la comisaria europea de Justicia, lo ha manifestado con absoluta claridad: “Existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos. Y no son gitanos, son individuos. Solo una decisión de la justicia puede permitir su evacuación si han hecho algo que va contra las leyes del Estado”.

Sarkozy perdió las elecciones y Hollande las perderá también si no rectifica. Salvo que todos nos hayamos vuelto locos y pretendamos convivir en un mundo salvaje donde el Estado de Derecho desaparezca, donde no se respeten las leyes, donde se gobierne a golpe de manifestaciones más o menos multitudinarias y donde las sentencias de los tribunales que no sean de nuestro agrado no se cumplan. Y por desgracia, cuando suceden estas cosas, cuando se impone la fuerza de la masa frente a la fragilidad de las leyes, los que salen perdiendo siempre son los mismos: los más pobres, los más débiles, los más indefensos.


Rosa Fernández  García

Presidenta de la Asociación de familiaresn de la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión de Villabona (Asturias) 

La Asociación de Familiares y Amigos de la UTE, ante las declaraciones efectuadas por el Delegado del Gobierno y el Director del Centro Penitenciario de Villabona el día 25 en el acto de celebración de la festividad de la Merced, manifestamos:
- Nuestro total rechazo a estas declaraciones porque no responden a la verdad y por su carácter injurioso. El Director reincide una vez más, de forma obsesiva, en sus ataques, hacia una de las personas que ha hecho posible la existencia de la UTE. Hay que recordarle que en diciembre del año pasado, aprovechando la felicitación de Navidad a toda la plantilla de Villabona, le dedicó, a este profesional, todo un manifiesto lleno de injurias, que colocó en el tablón de anuncios del Centro y en cada uno de los módulos durante 49 días, del que tuvo que retractarse en Acto de Conciliación y pagar una indemnización. En cuanto a la actuación del Delegado del Gobierno, muestra una total ignorancia de lo que es la UTE y habla de oídas, y nos confirma lo que ya sabíamos que estaba detrás apoyando las acciones del director.

- La UTE y sus profesionales llevan sufriendo el acoso y derribo desde hace casi dos años, tiempo en el que se ha ido desmontando o impidiendo el normal funcionamiento de aquellas partes fundamentales de su estructura que la hacía eficaz y eficiente, y la realidad hoy día es, que lo que se mantiene es a base de la resistencia que están ofreciendo los profesionales e internos que no están dispuestos a arrojar la toalla después de más de 20 años dejándose la piel. Resistencia a pesar de todo el juego sucio que viene desplegando la Dirección a base de amenazas, represalias y todo tipo de actos de desestabilización de la UTE, estos últimos a cargo del Subdirector de tratamiento que no tiene ningún escrúpulo, entre otras acciones, en reunir al grupo de internos referentes de la UTE para hablar mal de la persona, que como ya hemos dicho, ha hecho posible con un grupo de compañeros la existencia de la UTE. Hoy las UTEs están más cerca de convertirse en módulos normales pues ya está apareciendo de manera normalizada la droga y la violencia. Leer más


Un nuevo informe de Oxfam describe cómo la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo logró concentrar aún más tierra en Colombia. – See more at: http://www.oxfam.org/es/crece/pressroom/pressrelease/2013-09-27/divide-y-comprar%C3%A1s-la-nueva-forma-de-concentrar-baldios-en-colombia-cargill#sthash.PP4YncwL.dpuf

Intermón Oxfam

Informe completo

  • La agencia internacional Oxfam llama al gobierno colombiano a esclarecer la legalidad de las transacciones realizadas por Cargill – la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo –entre 2010 y 2012, adquiriendo más de 52,000 hectáreas de tierra en la región de la Altillanura, Colombia, a través de 36 sociedades creadas para este fin.

Desplazados en Colombia (AP)

En un nuevo informe  Oxfam detalla como Cargill habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario.

El reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la tasa de concentración de tierra es de las más altas del mundo y la segunda de América Latina, sólo después de Paraguay. Esta inequidad en el acceso a la tierra va íntimamente ligada a la pobreza rural y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno que ha asolado el país durante más de medio siglo.

La agricultura a pequeña escala es clave

El gobierno sostiene que sólo grandes empresas son capaces de desarrollar el potencial productivo de la Altillanura, y por ello pretende establecer estímulos y reformas legales que allanen el camino a la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, la pequeña economía campesina ha demostrado que puede ser tan o más eficiente, especialmente cuando se mide su aporte a la seguridad alimentaria, el empleo y la reducción de la pobreza.

De acuerdo con Aida Pesquera, directora de país de Oxfam en Colombia; “La inversión pública en agricultura a pequeña escala que garantiza la tenencia de tierras de los pequeños productores de alimentos es sin duda necesaria en Colombia. La inversión privada también es útil pero debe respetar los derechos y la legislación existentes relativa al uso del suelo, e incluir evaluaciones completas de los impactos sociales y ambientales a nivel local y nacional”.

“La concentración de grandes extensiones de tierra en las zonas que han sido destinadas por la ley a la agricultura familiar”, continúa Pesquera “agrava la desigualdad social, el conflicto y empeora los problemas existentes de concentración de tierra en el país “.

Una Reforma Rural Integral pendiente

Este informe llega en un momento histórico para las cuestiones agrarias en Colombia en términos políticos, económicos y sociales: el paro agrario nacional, que comenzó en agosto de 2013 y que movilizó a la sociedad civil en general, no tiene precedentes recientes en el país y revela la importancia del desarrollo rural en Colombia; la nueva Ley de Desarrollo Rural en discusión; y las diversas iniciativas legislativas que tratan de regular la compra masiva de tierras por parte de extranjeros.

Como si esto no fuera bastante, la Reforma Rural Integral es el elemento clave en la agenda de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana. El gobierno colombiano ha demostrado su voluntad de avanzar hacia una reforma rural integral y una política agraria que fortalezca la economía de los pequeños productores.

“El caso de la inversión de Cargill en la Altillanura” concluye Pesquera “pondrá a prueba la coherencia de las políticas de un gobierno acorralado entre protestas nacionales sobre cuestiones agrarias y un compromiso público con una distribución más democrática de la tierra”.

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La guerra civil en Siria alcanza ahora su tercer año. Cerca de 7.000 niños y niñas han muerte durante el conflicto, más de dos millones de niños dentro de Siria han tenido que dejar sus hogares y otro millón de más ha huido a paises vecinos. Muchos están traumatizados, hambrientos, en necesidad urgente de refugio y protección. Los niños y las niñas son, una vez más, las víctimas inocentes de la guerra.

Save the Children está trabajando dentro de Siria y en los países vecinos para asegurar que los niños y las niñas tienen acceso a la comida, los medicamentos y la protección que necesitan.

El video ha sido montado por el aclamado director de cine Beeban Kidron.Las fotografías son cortesía de: Rodrigo Abd, Louai Abo Al-Jod, Odd Andersen, Manu Brabo, Narciso Contreras, Dimitar Dilkoff, Diaa El Din, Getty Images, Hedinn Halldorsson, Mohammad Hannon, Jonathan Hyams, Daniel Leal-Olivas, Miguel Medina, Aris Messinis, Muhammed Muheisen, Tauseef Mustafa, Scott Peterson, Cesare Quinto, Thomas Rassloff, REX Features, Alessio Romenzi, Sam Tarling, Vedat Xhymshiti, Achilleas Zavaliss.


Junta de Andalucía

Aprobada  la Ley de Función Social de la Vivienda. La norma amplía la cobertura de la expropiación temporal de uso de los inmuebles a avalistas y autónomos y refuerza la protección de los inquilinos

El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de la Función Social de la Vivienda para reforzar la lucha contra los desahucios y hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma, que se estima entre 700.000 y un millón de inmuebles. La norma, que pretende abaratar el acceso a la vivienda y evitar desahucios de personas en situación especialmente vulnerable, amplía el Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda, aprobado en abril de este año por el Consejo de Gobierno.

Imagen del vídeo de Jaime Alekos: “Así desahucia el Ayuntamiento de Madrid. 26 Sept. 2013

Gracias a las aportaciones recibidas durante la tramitación parlamentaria, el documento incluye como principal novedad la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación temporal de uso de la vivienda con el fin de evitar el desahucio. Así, se podrán beneficiar de esta figura los avalistas que se encuentren en un proceso de ejecución hipotecaria por ofrecer su propia vivienda habitual como garantía o aval ante la concesión de un préstamo por la entidad financiera. También lo harán los autónomos cuyo inmueble habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al ejercicio de su actividad profesional; así como quienes hayan formalizado las denominadas ‘hipotecas puente’, dirigidas a quienes cambian de casa.

Por otro lado, el documento refuerza la protección de los inquilinos desalojados de sus inmuebles por impago de las rentas, ofreciendo, en el marco del próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes, medidas para dar una respuesta habitacional adecuada a sus circunstancias económicas.

El Decreto Ley fijaba una serie de requisitos para aplicar la medida de la expropiación temporal, como que el afectado tuviera en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo fuera el pago de la casa; que el desalojo pudiera generar una situación de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones económicas de las personas hubieran sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo.

Además de la expropiación temporal de uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario, la Ley aprobada por el Parlamento andaluz recoge también las medidas incluidas en el Decreto Ley encaminadas a incentivar el arrendamiento de viviendas desocupadas por parte de propietarios particulares y a sancionar a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al alquiler su ‘stock’ residencial.

En el primer caso, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler existentes y en el segundo se crea un nuevo régimen disciplinario, con un sistema de sanciones leves, graves y muy graves. Se consideran infracciones muy graves no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros. En este apartado destacan, igualmente, las multas de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus inmuebles protegidos. La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta de Andalucía y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda.


Juan de Dios Ramírez-Heredia

Abogado Fundación Roma

Un joven gitano (que para el caso da igual que hubiera sido un gadchó)ha sido injustamente multado por el Ayuntamiento de Madrid con la cantidad de 600 euros. Sabiendo que le asiste la razón acude a nosotros para que le defendamos. Una vez advertido de las consecuencias de su recurso, desiste de ejercitar sus derechos, aún a sabiendas de que el Ayuntamiento madrileño ha vulnerado varias leyes, porque aunque no tiene dinero, cree que al final, si desestiman su recurso, aún tendría que pagar mucho más.

 

La ley del 2012 eleva significativamente las cuantías de las tasas en lo que a la parte fija se refiere. Por ejemplo, en una demanda civil, la porción fija pasa a ser de 300 euros; en lo contencioso-administrativo, de 350; la parte fija de las tasas por los recursos de apelación y casación se establecen igualmente en 800 y 1200 euros, respectivamente.

                      

 

La Ley de Tasas Judiciales es un atentado contra los más pobres. Supone la consagración de los abusos de los más fuertes contra los más desvalidos. Y pone de manifiesto el abuso y la impunidad con que los poderes públicos, es decir, el gobierno, puede hacer lo que le de la gana porque los más pobres no podrán acceder a la justicia cuando sean atacados precisamente por los agentes gubernamentales.

 

Hay razones para demostrar que estamos ante el mayor atentado que jamás, en democracia, se haya podido cometer contra el principio sagrado que garantiza una JUSTICIA IGUAL PARA TODOS. Leer más


Human Rights Watch

Víctimas enfrentan represalias por reclamar sus tierras.  Numerosos desplazados internos colombianos han sido víctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.

El informe de 203 páginas, titulado: “El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.

“El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”.

Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y continúan en poder de estos.

Durante un año y medio, Human Rights Watch realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.

Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

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A través de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información, se observó que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patrón mucho más amplio. En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.

Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

“Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras”, comentó Vivanco. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”.

También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a las personas que obligaron en un primer momento a los reclamantes a desplazarse y se apropiaron de sus tierras.

  • De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.
  • En enero, esta unidad de la Fiscalía había conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos proporcionados por el gobierno.

Debido a la falta de justicia por los desplazamientos forzados y despojos, los actores más interesados en conservar el control de las tierras que obtuvieron ilegalmente no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden fácilmente frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares, y esto también implica una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes de tierras. Dichos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) luego de que estas participaran en un proceso de desmovilización con graves falencias implementado por el gobierno anterior. Hasta el momento, los grupos sucesores del paramilitarismo han sido los autores de gran parte de los ataques y las amenazas contra reclamantes de tierras.

Asimismo, algunos terceros que se apropiaron de las tierras luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios (a veces en connivencia con paramilitares), al igual que el grupo guerrillero de izquierda denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes y líderes que intentaron recuperar su propiedad.

El programa de protección gubernamental, pionero en la región, ha otorgado medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, puesto que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes, expresó Human Rights Watch.

Las limitaciones del programa de protección gubernamental se tornan evidentes si se toma en cuenta que, a menudo, debe reubicar a reclamantes amenazados debido a que las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el lugar donde viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y líderes de restitución de tierras en nuevas zonas a causa de graves amenazas contra estos.

Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución, encargada de implementar la Ley de Víctimas, había logrado que se dictaran sentencias de restitución en el 1 por ciento de las más de 43.000 solicitudes de restitución recibidas. Hasta julio, solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados, si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas.

Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente, aseveró Human Rights Watch. Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera más directa.

La Fiscalía debería trabajar en colaboración con las autoridades que intervienen en la restitución de tierras para perseguir enérgicamente los delitos cometidos contra reclamantes en las zonas donde hay procesos de restitución en curso. Deberían coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitirá a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistemáticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras.

El gobierno colombiano debería además redoblar los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones, comentó Human Rights Watch.

“En Colombia, intentar recuperar tu tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas prácticamente nunca tienen que rendir cuentas por sus actos”, observó Vivanco. “El problema no se solucionará con chalecos antibalas y escoltas. Sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”.

Los casos documentados por Human Rights Watch sobre amenazas y ataques contra reclamantes y líderes de restitución incluyen:

  • Abusos reiterados —incluidas amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de una decena de miembros del capítulo en Urabá de Tierra y Vida, una asociación de población desplazada que promueve la restitución de tierras. Uno de esos casos es el del líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez Martínez, quien retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, Antioquia, en noviembre de 2009. Denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento, y fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvió el predio de Váldez al ganadero. Hasta el momento no hay imputados en relación con el asesinato de Váldez, y los familiares que persistieron en su intento por recuperar la tierra en Totumo siguieron recibiendo amenazas.
  • En 2012 y 2013, las sucesivas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, un comité municipal creado para permitir la participación de víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas, obligó a seis de estas personas a abandonar el pueblo, al menos momentáneamente.
  • Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de población desplazada de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 3 semanas en marzo y abril de 2013. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el homicidio.
  • Diversos líderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC. Por ejemplo, Germán Bernal y otros líderes desplazados indicaron que durante encuentros obligatorios mantenidos por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados regresaran a sus hogares y declararon a sus líderes como “objetivos militares”.
  • Varios residentes y líderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido numerosos abusos, incluido el secuestro y homicidio de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años en marzo de 2012. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías locales, frente a las operaciones de los miembros del grupo sucesor de paramilitares señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.
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El peligroso “derecho al retorno” de los campesinos colombianos a sus tierras

12.08.2013 ·  · Alejandro Zapico

A quince horas de Bogotá se está desarrollando la prueba definitiva de eficacia de una de las leyes más cuestionadas y publicitadas del gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas y restitución de tierras. La comunidad de Pitalito, diecisiete familias que fueron obligadas a abandonar sus casas, cultivos y forma de vida, han retornado a sus tierras sin esperar que un juez les diera autorización. Han ejecutado su derecho al, como se llama, retorno voluntario exponiéndose a pecho descubierto.

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Ruta contra el racismo y la represión

Actualización 6 Septiembre

Protesta frente Juzgados de Oviedo

Ayer viernes medio centenar de personas convocadas por la Ruta contra el racismo y la represión nos movilizamos en Oviedo contra las detenciones de inmigrantes en las propias dependencias de la Oficina de Extranjería, cuando acuden a presentar papeles para su regularización.

Tras leer y repartir un comunicado en los juzgados -el lugar donde jueces como Luengos han decretado en las últimas semanas el internamiento y la deportación de personas que habían sido detenidas del modo antes citado-, acudimos a la propia Oficina de Extranjería.

Defensores de los inmigrantes protestan dentro de las oficinas de Extranjería de Oviedo lugar donde se detiene a inmigrantes al ir a regularizarse y se les deporta.

Una parte de la gente entró en la planta baja a corear consignas contra la política migratoria -¡Cárceles, redadas, CIEs y fronteras, así se construye la riqueza europea!-, mientras otra parte permanecía en la calle con una pancarta y respondiendo a preguntas de algunos medios de comunicación.

Enseguida apareció un contundente despliegue policial, que procedió a la identificación de muchas de las personas que estaban dentro de Extranjería. A pesar de ello, se logró permanecer un buen rato en el edificio, prolongando las protestas y repartiendo panfletos entre quienes trabajan allí y quienes acuden a hacer trámites diversos.

A la salida de esta acción, nos encontramos con la noticia de que uno de los inmigrantes víctima de estas detenciones en Asturies, acaba de ser deportado a Senegal desde el CIE de Aluche (Madrid). Por ello aprovechamos este momento para reiterar nuestra denuncia de las actuaciones policiales -dirigidas por el Delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo- así como de la complicidad de jueces que, lejos de garantizar los derechos de todas las personas, forman parte del perverso y miserable engranaje que hace posible los internamientos y las deportaciones.

5 de Septiembre

Hace ya varios años que diversos colectivos sociales fundamos la Ruta contra el racismo y la represión para denunciar el hostigamiento policial y judicial sufrido por la población inmigrante. El escaso número de inmigrantes que ha recibido Asturies en estos inicios del siglo XXI –nunca más de 50.000 personas, menos del 5% de la población-, contrasta con las reiteradas redadas racistas de la policía, con las numerosas detenciones y confinamientos en los calabozos, y con las decisiones judiciales que decretan el encierro de inmigrantes residentes en Asturies en Centros de Internamiento para Extranjeros y aprueban su expulsión del país en macabros vuelos de deportación.

A lo largo de este verano, la Brigada de Extranjería, siguiendo las órdenes de la Delegación de Gobierno, dirigida por Gabino de Lorenzo, ex-alcalde de Oviedo por el PP, ha elevado aún más su persecución a la población inmigrante en Asturies. Su nuevo “método” es la detención de inmigrantes en el momento en que acuden a regularizar su situación a las oficinas de Extranjería. Así han sido detenidas, por no tener “papeles”, al menos cinco personas en las últimas semanas, y deportadas o confinadas -con la complicidad necesaria de los jueces- en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid, una cloaca del Estado peor que cualquier cárcel. El pasado sábado 24 de agosto, por ejemplo, el juez Luengos decidió el internamiento de un chico senegalés y de otro pakistaní. Este mismo juez ya había decretado en el mes de julio la deportación de otros dos inmigrantes detenidos también al ir a regularizar su situación. Ambos fueron expulsados pocos días después de una decisión judicial que les sitúa en un absoluto desamparo, pues es posible que su permiso de residencia sea aprobado mientras ellos se encuentran ya fuera del territorio del Estado al haber sido expulsados.

Es urgente responder a esta intensificación de la represión, que incluso pasa por encima de las propias leyes avaladas por este supuesto estado de derecho. No podemos quedarnos en silencio mientras la Delegación de Gobierno, la policía y los jueces cometen estos actos. Menos aún ahora que vemos que la frontera también se puede ver desde el otro lado, con tanta gente que tiene que emigrar de Asturies y del Estado español para buscarse la vida.

Por todo ello convocamos una concentración el viernes 6 Septiembre, 11h, frente al Juzgado de Guardia en Llamaquique, Oviedo donde se están decretando los internamientos y las expulsiones.


Rafael Lara. Miembro del Área de Inmigración. 

En la noche del pasado 23 de julio se produjeron dos asaltos simultáneos de varios centenares de inmigrantes subsaharianos en la valla de Melilla. 120 de ellos lograron pasar y 20 tuvieron que ser atendidos por lesiones de diversa consideración en el hospital. Corría el rumor que, tras la visita del rey y las conversaciones mantenidas, el gobierno de Marruecos iba a comenzar una política de mano dura hacia los subsaharianos en su territorio. Efectivamente el tema estuvo en la mesa de discusiones entre los ministros que acompañaron al Rey en esta visita que se realizó el 16 de julio y cuyos resultados han quedado camuflados por el escándalo de la amnistía de Mohamed VI a un pederasta.

El día 24 y el 25 se repitieron los intentos de salto a la valla. En el tránsito entre ambos días unos 40 inmigrantes lograron pasar las vallas de un total de 125 que lo intentaron. Posteriormente fue encontrado por la guardia Civil el cadáver de un inmigrante de unos 30 años que no lo consiguió. Las escenas de 2005 volvieron rápido a la mente de muchos.

Imagen de la valla de Ceuta (foto APDHA)

Imagen de la valla de Ceuta desde el lado español (foto APDHA)

A las 5 y media de la mañana hubo una aproximación a las vallas de unas 300 personas que ni siquiera pudieron intentarlo ante el importante despliegue de las fuerzas marroquíes y españolas. Otro inmigrante muerto apareció en el lado marroquí de la valla.
No se crea que saltar la valla es un deporte. Es una acción de riego, sólo compensada por la esperanza de que la masividad de la misma, permita a algunos conseguirlo. Se trata de dos vallas separadas varios metros, de seis metros de altura, coronadas por alambre de espino y precedidas por la temible Sirga tridimensional. Muchos resultan heridos, algunos pierden la vida como se ve, bien en el intento o por resultado de la acción policial .

Inmediatamente se desató la rumoreada y anunciada represión sobre los inmigrantes subsaharianos en Marruecos. No era algo nuevo, porque la represión es una constante y hechos como estos ocurridos desde finales de julio, en pleno Ramadán, se vienen sucediendo desde hace tiempo en Marruecos. Ya a comienzos de julio, las Fuerzas Auxiliares marroquíes arrasaban con todo lo que encontraban a su paso en las laderas del monte Gurugú. Según los testimonios recogidos por las ONGs pudieron morir varias personas en esta operación.

Inmigrante herido (Foto MSF)Pero partir del 25 de julio se desata una ola represiva como hacía tiempo no se veía en Marruecos que alcanza a ciudades como Tánger (fuentes hablan de 300 personas detenidas tan solo en el barrio de Boukhalef), Ksar El kebir, Alhucemas, Taourit, Nador, e incluso Rabat.

La violencia desatada sobre los detenidos, niños y mujeres embarazadas también, fue considerable. Muchos fueron deportados y abandonados en el desierto de Argelia en la zona de Oujda, otros acabaron en prisión… Decenas de heridos tuvieron que ser hospitalizados y entre ellos otra persona muerta, en el hospital de Nador.

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Inmigrante herido (Foto Diario Digital Norte de África

Según denunciábamos la Red Migreurop, este acoso da lugar a escenas humillantes, incluso inhumanas, y a nadie le preocupa. En Tánger, una madre senegalesa con su hijo de dos años fue violentada en plena calle por las fuerzas del orden para ser conducida, casi desnuda, en un camión policial a su expulsión a la frontera de Marruecos con Argelia. Cerca de Nador, una refugiada ha sido obligada a abandonar a su bebé de siete meses en el bosque; otra tuvo que abandonar allí a uno de sus gemelos, de tres años.

Un profesor congoleño en Rabat, Alex Toussaint, fue detenido durante una redada en Tánger y empujado el día 24 desde una furgoneta policial en marcha; seis días después muere como resultado de la caída. Por su parte, la Red Chabacka denunciaba como Tina Melón, una joven de 16 años de Costa de Marfil, fue detenida el 1 de agosto en la Medina de Tánger llevada a un lugar del extrarradio en el que fue brutalmente violada por cinco policías.

Este clima de acoso, violencia y persecución policial se suma al crecimiento de las actitudes racistas en una parte de la población alentada por medios de comunicación y las propias autoridades marroquíes. Como muestra un botón: un inmigrante senegalés, fue muerto a puñaladas en un autobús por un marroquí que pretendía que los asientos eran para los marroquíes.

Imagen de Afrik on Line

Imagen de Afrik on Line

Creemos que es toda una estrategia perfectamente planificada. Se trata de la subcontratación de la “gestión de las migraciones” a un país que viola gravemente los derechos humanos y que ni quiere ni dispone de recursos para una gestión respetuosa con ellos. Sale más barato la represión indiscriminada y las deportaciones. No es que la UE mire hacia otro lado, es que conoce perfectamente la situación y es corresponsable de esta política xenófoba y racista.

Es un acoso continuo, diario. Acoso racista, acoso policial. Es violencia y represión. Y de vez en cuando, para cumplir más cabalmente sus compromisos con España y la UE, el Estado marroquí se tensa como impelido por un resorte y pone todo su empeño en machacar, deportar y violentar a las personas negras en Marruecos.

Una situación que se torna de auténtico terror, que impulsa los asaltos a la valla y la salida atropellada de centenares de personas, que se lanzan desesperadas a frágiles balsas de juguete para travesar los más de 14 km. que separan Europa de Marruecos en el Estrecho.

Fuente Salvamento Marítimo

Fuente Salvamento Marítimo

El incremento de balsas de juguete, pateras, polizones, entradas en Ceuta y Melilla a través de la valla… ha sido muy importante en estos primeros ocho meses del año. Según datos proporcionados a la SER, la Cruz Roja atendió algo más de 1.000 personas en la zona del Estrecho, en torno a 600 en Ceuta y alrededor de 500 entre Granada y Almería.

De forma muy mayoritaria las personas atendidas han sido subsaharianas (1.600) seguidas de argelinos (400) y marroquíes (182, de ellos 68 menores). De entre las personas subsaharianas destacaban las de origen maliense (203).

Del seguimiento que venimos haciendo la APDHA, también se aprecia un importante repunte de llegadas a Cádiz en estos primeros 8 meses de 2013 frente a idéntico período del año anterior. En total han sido interceptados más de 1.200 inmigrantes por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil, a los que habría que sumar en torno a 100 personas que lo han intentado como polizones, bajos de camión, bajos fondos en coches, cruce irregular, etc…

Un porcentaje más ha logrado pasar sin ser detectados y aún hay otro porcentaje de personas que logran burlar los controles con documentación falsa.

Inmigrantes atendidos por Cruz Roja (Fuente EFE)

Inmigrantes atendidos por Cruz Roja (Fuente EFE)

Por otra parte se ha producido un notable incremento de la actividad de la Gendarmería marroquí durante todos estos meses, como resultado de los acuerdos con España y la Unión Europea. En torno a 700 personas han sido interceptadas por las fuerzas marroquíes en aguas del Estrecho en estos ocho meses (sin incluir sus acciones en torno a las vallas de Ceuta), muchas veces con la colaboración de la Guardia Civil o de Salvamento Marítimo español.

Ciertamente, la mayoría de las personas que han llegado lo han hecho en embarcaciones de las llamadas balsas de juguete. Se trata, como decíamos en nuestro informe correspondiente a 2012, de un método extraordinariamente peligroso, que sorprende que no haya provocado más víctimas (o las ha provocado, pero no hemos llegado a saberlo) pues son pequeñas embarcaciones más pensadas para jugar en la playa que para una travesía como es el Estrecho.

Pero a través de estas embarcaciones los migrantes sortean el papel de los pasadores, e incluso de las mafias. Ciertamente son estafados en muchos comercios, donde habitualmente estas balsas pueden costar unos 100 euros y les cobran entre seis y diez veces más, pero el coste resulta más asumible que pagar el viaje en una Zodiac, al repartirse el gasto entre un grupo bastante superior al que realmente es capaz de soportar la balsa. No obstante, según hemos podido saber, su venta en bazares está siendo cada vez más controlada por la policía marroquí, por presiones del gobierno español.

Naturalmente, en la continuidad o en el incremento de los flujos migratorios por el Estrecho, [que no aumenta más en buena medida gracias a la acción de las fuerzas marroquíes tanto en tierra como en el mar, en la mayoría de los casos con graves vulneraciones de los derechos humanos hacia las personas a las que interceptan], influyen otros factores que se refieren a la situación por la que atraviesa el Sahel o el Norte de África.

Por ejemplo, el conflicto de Libia ha conmocionado a toda la región y, junto a decenas de miles de desplazados, ha provocado movimientos de grupos armados en la árida y difusa frontera que separa Libia, Argelia y Marruecos por el Norte y Mauritania, Malí, Niger y Chad por el Sur. Pocas dudas caben de la influencia de esta enorme conflictividad en el desarrollo de los flujos migratorios que vivimos y viviremos en los próximos años en el norte de África y en todo el África subsahariana.

Argelia por su parte, ha seguido una política de reformas políticas y de concesiones económicas, aparte de la aplicación de importantes medidas de control y seguridad, para frenar los conatos de revueltas similares a la de otros países árabes de la zona. Pero esas políticas no están dando los frutos que demanda la población por lo que decenas de miles de jóvenes tan sólo ven la emigración como salida a una situación sin muchas esperanzas.

El conflicto en Malí, por su parte, ha causado cerca de 350.000 refugiados que han huido del país, mientras que cerca de otros 700.000 son desplazados internos según el embajador de Malí en España [5]. Y entre todos ellos 250.000 niños y niñas. ¿Extraña que entre los inmigrantes llegados a nuestras costas, la segunda nacionalidad sea la de Malí?

Campo de refugiados malienses en Brukina Fasso (Fuente AFP)

Campo de refugiados malienses en Brukina Fasso (Fuente AFP)

Pero Malí era en buena medida el punto de confluencia de las rutas que los migrantes tomaban para llegar a las costas de Marruecos o Argelia. Localidades como Kao, Kidal o Tombuctú, nudos importantes en estas rutas, son hoy mucho más difíciles y peligrosos de transitar. O como Tamnrasset en el sur de Argelia (y relativamente cercano a Ilizi, donde se produjo el ataque terrorista a la planta de gas en Enero pasado) más complicados ahora de practicar

El drama de la inmigración clandestina continúa y no se detiene. Pese a la externalización del control de fronteras hacia gobiernos tan poco respetuosos de los derechos humanos como Marruecos. Pese a las multimillonarias inversiones para implantar todo tipo de sofisticados equipos o para el despliegue de las fuerzas de control de fronteras, desproporcionados para la magnitud de lo que se quiere controlar.

Pero ciertamente, la situación en el Sahel y en el Norte de África y las cruentas violaciones de derechos humanos que se están produciendo en nuestras fronteras, nos hacen temer lo peor en los próximos tiempos.

 

Más información en Periodismo Humano:

(AP Photo/Marcos Moreno)

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