Toma la palabra

  por  Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261 desahucios en su primer año de funcionamiento. Así lo ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento, donde ha hecho balance de los primeros 12 meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. “El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas”, ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. “Son familias que antes de firmar, quieren saber, porque saben que el conocimiento las empodera. Las oficinas les han proporcionado información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda”, ha señalado Cortés.

La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. “Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio”, ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4% del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del Programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además, la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del ‘banco malo’. “Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo”, ha remarcado.

Herramienta “paliativa”

“Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares”, ha afirmado Cortés, que ha añadido: “Pero triunfalismo, ninguno. Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán si no se legisla a su favor. La situación de alerta persiste”.

Cortés ha explicado que “la herramienta verdadera y profundamente transformadora” de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. “Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso ‘stock’ de vivienda vacía existente en Andalucía”, ha señalado la consejera.

Bloque institucional

Un total de 229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi). “El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía”, ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. “La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda”, ha concluido Cortés.


Por Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos

El juzgado declara nula la sanción impuesta por la Delegación de Gobierno de Madrid a participante en las Brigadas de Observación de los Derechos Humanos por infringir el principio de presunción de inocencia.

@BrigadasDDHH

En diciembre del 2010, agentes de policía identificaron a las personas que participaban en una brigada, cuando observaban y documentaban una redada racista. Dichas personas fueron multadas por su labor. Estas sanciones violan los derechos de libertad de expresión, asociación y tutela judicial efectiva (presunción de inocencia y utilización de medios de prueba), por lo que se decidió demandar a la Delegación de Gobierno de Madrid por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid estima en parte la demanda y declara NULA la sanción por infracción del principio de presunción de inocencia. No obstante, BVODH recurrimos la sentencia por considerar que no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba.

A. Libertad de asociación: la sentencia ignora que se castiga la actividad de denuncia de las redadas racistas que BVODH realiza, al sancionar a varias brigadistas en esa y en otras ocasiones, y por basarse en un informe policial que atribuía determinadas conductas al colectivo (falsamente). Afirma que las redadas racistas son legales pese a que la sentencia del TC del 2001 ha sido superada con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales. Leer más


Por la Red Española contra la Trata

  • El informe presentado por el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres humanos (Greta) relativo a la implementación del Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Seres Humanos recomienda al Estado Español mejorar sus políticas de prevención de este delito

En el marco del Día Europeo de Lucha contra la Trata de Personas, celebrado el 18 de octubre, la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) recuerda al Estado Español que aún sigue sin cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de las víctimas y la lucha contra este delito y demanda una Ley Integral contra la Trata.

Las ONG miembro de la entidad afirman que, pese a los avances en esta materia, las medidas impulsadas en España en los últimos años se han centrado exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual, sin embargo la trata puede tener otros fines como la explotación laboral, o asumir otras formas como la servidumbre, la mendicidad, los matrimonios forzosos o la extracción de órganos. Por esta razón, el Informe del Greta evidencia, la necesidad de que el Estado haga mayores esfuerzos para afrontar la trata con cualquier fin de Explotación, incluyendo la adopción de un Plan Integral que cubra también la trata con fines de explotación laboral.

Las entidades sociales recuerdan que la última reforma del Código Penal recogió la definición internacional de trata en todas sus formas y dimensiones, “pero ni los planes, ni el resto del ordenamiento, ni los recursos destinados a otras formas de trata son coherentes con esta definición ni con las obligaciones internacionales”, ha destacado Martina Kaplun, coordinadora general de la Fundación Cruz Blanca, entidad miembro de la Red. Leer más


Frank Conde, Vicedirector de Comunicación

 Amnistía Internacional Paraguay

Más de 20 años de lucha por parte de la comunidad indígena paraguaya Sawhoyamaxa por recuperar sus tierras ancestrales en el Chaco paraguayo está llegando a un momento decisivo. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de expropiación de sus tierras ancestrales, poniendo la pelota en la cancha de los legisladores paraguayos, quiénes ahora tienen la oportunidad de garantizar los derechos de este pueblo indígena. No hay excusas. Tienen el poder para hacer cumplir con los derechos de esta comunidad, y cumplir con los derechos humanos es responsabilidad de los tres poderes del Estado. Cumplir con los derechos humanos es restituir estas tierras ancestrales a sus legítimos dueños.

DECLARACIÓN PÚBLICA – SOLIDARIDAD CON LA COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA DEL PUEBLO ENXET

La comunidad Sawhoyamaxa, perteneciente al pueblo Enxet, estuvo por más de dos décadas viviendo en condiciones deplorables al costado de la carretera. Negados el acceso a sus tierras, cuales les brinda una independencia por sus posibilidades de caza, pesca y recolección de frutas, comenzaron a luchar por obtenerlas, recurriendo a todas las vías propuestas por un Estado de derecho. Sin embargo, el Estado paraguayo no tuvo la voluntad de proteger los derechos humanos de esta comunidad.

Por lo tanto los Sawhoyamaxa llevaron su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para obtener justicia fuera de Paraguay. La Corte IDH dictaminó su sentencia, igual que lo hizo en el caso de la comunidad Yakye Axa y posteriormente en el caso de Xámok Kásek, exigiendo que el Estado paraguayo les restituyera las tierras ancestrales e invirtiera en el desarrollo de estas comunidades. La sentencia para los Sawhoyamaxa, fue emitida en 2006 y sigue sin cumplirse, igual que en el caso de las otras dos comunidades.

La comunidad Indígena Sawhoyamaxa con el apoyo de Amnistía Internacional y la organización Tierraviva quién ha proporcionado la defensa legal a estas comunidades, han lanzado una campaña a favor de estas tres comunidades, llamado “Hacer Visible lo Invisible”. El objetivo principal es restituir las tierras a las comunidades quiénes ocuparon estas tierras desde tiempos inmemorables, pero también quiere poner los focos sobre las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas del Paraguay, que como en tantos lados queda en el olvido. Las organizaciones acompañan a la comunidad posicionando la situación a los medios de comunicación, sensibilizando a la gente y presionando a los gobernantes a que cumplan con su deber de hacer respetar los derechos humanos.

Actualmente, un propietario privado que se dedica al ganado tiene el título de la propiedad de las tierras. Por lo mismo, algunos quieren indicar que existe un conflicto en materia de derechos humanos en caso de expropiarse las tierras. Esto es incorrecto. El derecho a la propiedad privada, igual que los derechos de los pueblos indígenas están amparados ante tratados internacionales de derechos humanos. El Estado es quién tiene que hacer el equilibro donde por un lado tenemos un empresario, que en caso de una expropiación sería indemnizado y por el otro lado tenemos toda una comunidad que vive en la extrema pobreza donde sus derechos más básicos no son cubiertos. La acción correcta es evidente – la restitución de las tierras ancestrales.

El Estado tuvo dos oportunidades para hacer cumplir con los derechos de la comunidad Sawhoyamaxa. Primero el Poder Ejecutivo podía negociar la compra de las tierras, alternativa que se intentó, pero no se logró por la tasación excesiva del propietario, según el Poder Ejecutivo. La segunda alternativa es la expropiación. No hay otra. El Poder Ejecutivo ya ha presentado un proyecto de ley y sólo queda que el Congreso Nacional apruebe. Ahora la ley se debate en tres comisiones del Senado, sin embargo no hay límites de tiempo ni calendario para su aprobación.

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Mientras tanto, la comunidad sigue viviendo en una pequeña parte de sus tierras, donde las vacas del propietario actual caminan entre ellos suponiendo un peligro, sobre todo para los más pequeños. El Estado no está proporcionando agua ni alimentación con la debida regularidad, como obliga la sentencia de la Corte IDH. La situación en la que viven es sumamente precaria. La comunidad necesita estas tierras para sobrevivir, ya que sin ellas no pueden mantener sus formas tradicionales de supervivencia, lo cual depende de la casa de animales o pesca, recolección de frutas y demás. Necesitan acceso a aquellos recursos naturales. Si no su cultura y sus vidas están en riesgo de extinción.

El Poder legislativo, como autoridad estatal, tiene en estos momentos un rol crucial que llevar adelante en el reconocimiento de los derechos a esta comunidad y en el cumplimiento con las obligaciones internacionales de Paraguay. De prevalecer la situación actual de la comunidad, el Estado seguiría violando los derechos de los Sawhoyamaxa. No es el momento de discursos sin compromisos tangibles, ni es el momento de poner excusas. Es el momento de mostrar a los ciudadanos indígenas, a los paraguayos y al resto de la ciudadanía internacional que en Paraguay los derechos humanos se van a respetar.


 

Por Samuel – Quilombosfera

Los lamentos que nuestros gobiernos y las autoridades europeas están expresando por las muertes de más de un centenar de personas de origen africano (Eritrea, Somalia, Ghana) cerca de la isla de Lampedusa constituyen un insulto que se añade al desprecio sistemático por la dignidad humana que representan las políticas migratorias europeas. Por no hablar del coro fascista habitual. Los seres humanos (no bestias, no mercancías) que viajaron “irregularmente” pagaron entre 1.200 y 2.000 euros por la barcaza que debía conducirles a la diminuta isla de Lampedusa, que ni siquiera era su destino final. Es decir, que podían haberse pagado un billete de avión de haber procedido del país adecuado.

La causa fundamental de esta tragedia no son, sin embargo, los traficantes de personas, que son a su vez otra consecuencia. La causa principal la expuso en abril con palabras diplomáticas el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau:

el incremento de reglas cada vez más complejas y restrictivas sobre las condiciones de entrada, y las cada vez más estrictas políticas de gestión de fronteras (…) se han visto acompañadas por requisitos de entrada a la zona Schengen cada vez más estrictos. Antes de Schengen había requisitos de entrada relativamente flexibles o programas específicos de trabajadores invitados que permitían a migrantes de baja cualificación viajar a los Estados miembros de la Unión Europea en busca de oportunidades, y luego podían ajustar su estatus administrativo en consecuencia. En la actualidad, sin embargo, tales oportunidades son muy limitadas pues el sistema Schengen exige a la mayoría de los migrantes no europeos de baja cualificación, especialmente aquellos provenientes de países del Sur global, la obtención de un visado para poder entrar en la Unión Europea para buscar trabajo. Esto ha creado una realidad en la que los migrantes de países no europeos, y en particular aquellos procedentes de países en desarrollo sin programas de facilitación de visados con la UE, se ven imposibilitados cada vez más para poder entrar en la UE de manera legal con el fin de buscar trabajo en persona.”

Asimismo, Crépeau observaba “una proliferación de regímenes de detención en Estados miembro fronterizos con apoyo de la UE” destinado a quienes solo dejan la alternativa de entrar de manera no legal, ya sean personas con derechos reconocidos a la protección (asilo) o migrantes.

Digámoslo una vez más sin rodeos: el objetivo no declarado de dichas políticas no es otro que el de consolidar sistemas dinámicos de segregación que permitan controlar y canalizar los movimientos de las personas para fijarlas en un trabajo servil. Contrariamente a lo que afirma sin rubor la comisaria europea de Interior Cecilia Malmström, el tráfico de personas y la servidumbre por deudas son en realidad una consecuencia lógica de las arbitrarias restricciones migratorias y de los controles fronterizos. La institucionalización y normalización del racismo -puestas de momento en práctica, desde los gobiernos, por liberales, conservadores y socialdemócratas, no por frentes nacionales ni por auroras doradas-, y las divisiones sociales que resultan del mismo, también. No obstante, habrá que reconocer a la comisaria que son los Estados los que se reservan las principales competencias en materia migratoria, en tanto que reafirmación de una soberanía ilusoria.

Existen, de acuerdo con el derecho vigente en la Unión Europea, unas 20 categorías diferentes de nacionales de terceros países, cada uno con derechos diferentes que varían según los vínculos que tienen con los Estados miembros de la UE o que resultan de su necesidad para una protección especial.” Es lo que admite el Manual de Derecho Europeo relacionado con el asilo, las fronteras y la inmigración, que publicó este año la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA, por sus siglas en inglés). Una maraña legislativa que combina la legislación nacional y comunitaria, y diversos instrumentos internacionales que clasifican a los seres humanos en diferentes categorías, en función del grado de movilidad que le reconocen o no los Estados. Es decir, en un territorio dado no todas ellas -y me refiero especialmente a quienes residen, viven y trabajan en el mismo durante un cierto tiempo- gozarán de los mismos derechos políticos, sociales y económicos y ello en gran parte por la forma en que se ha accedido al mismo. Tal es la función de la frontera y del visado como plácet del soberano: no evitar la circulación, que los humanos practican sin permiso desde hace millones de años, sino consagrar un multiforme régimen discriminatorio que favorezca el encauzamiento de una parte no desdeñable de la población en movimiento hacia determinadas actividades económicas con un grado elevado de explotación, vulnerabilidad y servidumbre. Esto va mucho más allá del drama de los cementerios marinos, pues la mayoría de las personas migrantes en situación irregular no entran en Schengen por vía marítima.

Estas son las veinte categorías (en inglés) que FRA ha identificado:
Categories

La gama de posibilidades es amplia, y una misma persona puede pasar por una o varias de estas situaciones, sin garantías de progreso social. Arriba están quienes gozan de más libertad de movimiento, los denominados ciudadanos comunitarios, son los que a su vez gozan de más derechos (incluso políticos) y libertades en el denominado espacio Schengen, que tampoco es completamente liso. Y dentro de éstos, empresarios y trabajadores asalariados, pues en las primeras comunidades europeas la libertad de movimiento y residencia se reservó exclusivamente a los sujetos de la relación salarial fordista. La jurisprudencia y el concepto de ciudadanía europea que consagró más tarde el Tratado de Maastricht ha venido suavizando algo este vínculo tan estrecho entre movimiento, residencia, sistema salarial y derechos cívicos, pero sin superar nunca el filtro de la nacionalidad. Europeo es antes que nada el nacional de un Estado europeo.

Y abajo del todo, los que ven su libertad de movimiento más restringida y son “vulnerabilizados” (más que vulnerables), los nacionales de determinados estados no europeos que no han querido someterse a las arbitrarias y abusivas políticas de visado: son los llamados irregulares o ilegales, o aquellas personas con derecho a una protección (refugiados, asilados políticos) cuando no se ve reconocida (lo que se produce cada vez con más frecuencia). Ellos pueden ser humillados, perseguidos, amenazados, identificados, abusados, detenidos, expulsados, según su procedencia y, para qué engañarnos, el color de su piel. El impacto de todo ello no se resuelve con las sucesivas regularizaciones o con la adquisición de nacionalidad, como se ha comprobado en Francia: la estigmatización y la discriminación permanecen en el tejido social aún cuando los migrantes o sus familiares y descendientes obtienen o transmiten la nueva nacionalidad.

Este sistema segregacionista (que se articula en torno a visados, permisos de trabajo y residencia), y que tanto debe al régimen de pases (visados internos) que se desarrolló durante el apartheid sudafricano, no es exclusivo de Europa. Hoy constituye una tendencia dominante, aún en países tradicionalmente receptores de inmigrantes internacionales, como Estados Unidos o Australia. Las variantes más extremas, en cuanto a la discriminación y la ulterior servidumbre (política o laboral), se encuentran en países donde la población considerada “extranjera” son mayoría: en el área Israel/Palestina(incluyendo por tanto los territorios ocupados) y en los países del Golfo Pérsico, como Baréin o Qatar, de los que nos separa una cuestión de grado.

Si no se reconoce y se denuncia esto, es decir, el papel que cumple el segregacionismo y el apartheid en la configuración de los mercados laborales nacionales, quienes manifiestan su compasión desde el segmento más favorecido -un estatus por otro lado cada vez más fragmentado y precarizado- seguirán vertiendo lágrimas de cocodrilo o indignándose de boquilla. Y semejante hipocresía continuará siendo un blanco fácil para la derecha, que bajo la denuncia mezquina del “buenismo” critican que no se lleve hasta sus consecuencias más liberticidas la lógica perversa del sistema.

Los migrantes que no disfrutan de la consideración de “expatriado” no necesitan por tanto nuestra compasión ni nosotros su agradecimiento. Lo que unos y otros necesitamos es una sociedad más democrática y justa para todos. Lo cual pasa necesariamente por exigir libertad de movimiento en igualdad y por un nuevo abolicionismo: el que conduzca al fin de la segregación.


Por Confederación FEAFES

Ha llegado el momento de romper nuestras cadenas. Que la sombra de la crisis no apague nuestro grito de libertad, esperanza y plenitud.

Desde FEAFES lanzamos el lema “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos”.

Queremos reivindicar, así, un salto cualitativo en la sociedad, para que comparta con nosotros valores positivos como el trabajo, la familia, la responsabilidad o la participación.

Miembros del Comité de Personas con Enfermedad Mental

También pedimos que se acojan los valores que desde FEAFES se han promocionado a través de 30 años de lucha, y a los cuales no estamos dispuestos a renunciar, como son el coraje, el entusiasmo, la solidaridad, la capacidad para permanecer de pie, o la imaginación. Y sobre todo, la conciencia de que, ante todo, somos personas de pleno derecho: ciudadanos. Pensamos que la sociedad necesita de la aportación de todos para que llegue a su mayoría de edad, y para que la diversidad sea signo de riqueza.

Son tiempos difíciles, pero para FEAFES existen alternativas para mantener, sino mejorar, una atención de calidad mediante una detección precoz, la continuidad en los tratamientos y el apoyo a la autonomía. Esto reduce el gasto a medio plazo de las administraciones públicas. Advertimos, asimismo, que recortar en programas de acompañamiento e integración provoca un grave problema, no solo de atención, sino que conlleva un aumento del gasto farmacéutico y de los ingresos hospitalarios.

Hacemos nuestro, así, el pensamiento de que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Son encrucijadas que nos invitan a reflexionar, y a buscar nuevos modelos de sociedad, a plantearnos nuestras relaciones con aquello que nos rodea, a cambiar la mirada sobre los recursos materiales y personales, y a revisar los valores que han de llevarnos a la realización y al bienestar que merece todo ser humano.

Por tanto, es un buen momento para sacudirnos complejos y etiquetas, que sencillamente no son ciertos. Caminemos hacia una sensibilidad nueva. Desde una visión más global y con una mente receptiva podemos construir entre todos una gran obra social y humana.

El valor de nuestros derechos es incalculable, por ello creemos legítimo proponer soluciones como:

  • Planes individualizados de atención
  • Desarrollo y mantenimiento de los Equipos de Intervención Familiar
  • Apoyo domiciliario, es decir, disponer de los equipos de salud mental en el ámbito comunitario. Pues se favorece la adherencia al tratamiento.
  • Y la creación de equipos multidisciplinares, compuestos por diferentes perfiles profesionales que atienda a las personas con enfermedad mental y sus familias.

Pedimos aquí la adhesión de los profesionales de la psiquiatría, por su capacidad para crear estados de influencia y credibilidad; capacidad de la que las personas usuarias de los servicios de salud mental aún carecemos. Tenemos la ardua tarea de convencer a la sociedad de lo que creemos justo, así que, cuantas más personas estemos genuinamente implicadas en este camino, más fácil nos será recorrerlo, y conducirlo hacia ese final que FEAFES se propuso desde el inicio de su andadura: el bienestar, y el disfrute de los derechos que la propia Convención de la ONU sobre la discapacidad otorga.

Además, la integración de las personas con enfermedad mental pasa por una mejor coordinación socio-sanitaria, así como por la actitud de una sociedad más abierta y comprensiva frente a los problemas de salud mental.

Con los derechos ocurre igual que con el amor, que es verdad universal y a todos debe llegar. Y en nuestras manos está el trabajar día a día, paso a paso, por conseguirlos. Porque hay cosas que no tienen precio.

 

*Manifiesto de la Confederación FEAFES con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, redactado por el Comité de Personas con Enfermedad Mental de esta organización.


Por Human Rights Watch

  • Una potente arma convencional mata al menos a 12 estudiantes en Raqqa

El Gobierno sirio lanzó un ataque aéreo utilizando bombas de combustibles que hicieron impacto en las cercanías de una escuela de secundaria en la ciudad de Raqqa, controlada por la oposición, y mataron a por lo menos 14 civiles, el 29 de septiembre de 2013,  dijo hoy Human Rights Watch. Al menos 12 de los asesinados eran estudiantes que asistían a su primer día del curso escolar.

Un residente de Raqqa que visitó la escuela inmediatamente después del ataque dijo a Human Rights Watch que había visto 14 cadáveres, algunos de ellos sin extremidades. Un médico del Hospital Nacional de Raqqa dijo que contabilizó a por lo menos 12 cuerpos, la mayoría de ellos de estudiantes, y que el hospital había tratado a 25 heridos.

Las heridas y las quemaduras provocadas por la explosión que se observan en los vídeos y las fotografías de las víctimas, en combinación con las posiciones de los cuerpos y las escasas heridas de metralla, indican que se usaron explosivos de aire-combustible (FAE), también conocidas como “bombas de vacío”, señaló Human Rights Watch. Los explosivos de aire-combustible, que son más potentes que las municiones convencionales altamente explosivas, provocan fuertes daños sobre un área extensa y tienden por lo tanto a impactar de manera indiscriminada sobre zonas pobladas.

“Mientras el mundo intenta controlar las armas químicas de Siria, las fuerzas gubernamentales están matando a civiles con otras armas extremadamente potentes”, dijo Priyanka Motaparthy, investigadora sobre los derechos del niño en Oriente Medio para Human Rights Watch. “Ni siquiera los estudiantes que asisten a su primer día de escuela están a salvo”.

Las bombas explosivas de aire-combustible no son un arma incendiaria ni química. No obstante, teniendo en cuenta la extensión de sus efectos, las convierten en armas altamente indiscriminadas, Human Rights Watch cree que los explosivos de aire-combustible no deberían emplearse nunca en zonas pobladas.

Otros dos residentes de Raqqa, un abogado y un activista de la oposición, dijeron a Human Rights Watch que un caza del Gobierno arrojó las bombas que hicieron impacto en el patio de la Escuela de Secundaria Ibn Tufail alrededor de las 8:05 de la mañana. Señalaron que no había personas armadas en el interior o las cercanías de la escuela, ni había oficinas administrativas o cuarteles de la oposición en la zona. Antes de que comenzara el curso escolar, la escuela había albergado a unos cuantos centenares de personas internamente desplazadas de la zona de Aleppo.

En los vídeos y las fotos del lugar se observan dos cráteres a una distancia de 10 a 14 metros entre ellos en la esquina sudeste del patio, cerca de la entrada principal. Ambos cráteres tienen un diámetro de dos a tres metros y una profundidad de 30 a 60 centímetros, coherente con la onda expansiva de un FAE, que no explota al impactar con el suelo.

En las imágenes de satélite tomadas el 26 de septiembre se ve que la escuela está rodeada de campos y unas cuantas casas pequeñas, y no se observa ninguna muestra visible de estructuras o actividades militares. Según Human Rights Watch, esto aumenta la probabilidad de que el Gobierno hubiera fijado como objetivo la propia escuela.

Raqqa, a unos 160 kilómetros al este de Aleppo, ha sufrido bombardeos frecuentes del Gobierno desde que las tropas de la oposición tomaron la ciudad en marzo. Diversos grupos armados de la oposición tomaron el control de la ciudad al principio, pero recientemente la organización del Estado Islámico de Irak y Sham, vinculada a Al Qaeda, ha aumentado gradualmente su control.

Human Rights Watch visitó Raqqa en abril, pero sus investigadores no han podido regresar por motivos de seguridad.
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Juan de Dios Ramírez-Heredia. Abogado. Presidente de Unión Romani

Desgraciadamente el Gobierno francés está haciendo lo mismo que anteriormente han hecho otros: Tratar de pescar votos en los caladeros tradicionales que han sido y siguen siendo feudo de la extrema derecha o de aquellos grupos menos tolerantes que han hecho de su confesión nacionalista el credo superior ante el que se deben rendir todas las ideologías. 

Así, decir a los franceses que los miembros de otras culturas minorías ponen en peligro la identidad “superior” de la cultura francesa es tanto como llamar a  rebato a las huestes de Le Pen y a quienes creen que la “grandeur” pasa por la separación, o la expulsión, de todos aquellos que pudieran ser un peligro de contaminación. Elministro del interior frances, hijo de padres españoles, ha dicho que la integración de los gitanos en Francia es sumamente difícil “porque sus modos de vida son extremadamente distintos de los nuestros y chocan con nuestra cultura”.

Algunos creíamos que con Françoise Hollande en la presidencia del Gobierno las cosas cambiarían, pero ya vemos que no ha sido así. Y mientras Sarkozy se frota las manos de alegría, el gobierno francés ya ha deportado en los seis primeros meses de este año a más de 10.000 gitanos, mujeres niños y ancianos. Esta es una cifra record han afirmado los representantes de Amnistía Internacional. Cifra que ni siquiera fue superada por el denostado Sarkozy.

Pero Manuel Valls es como el rayo que no cesa. Y a él debe gustarle porque ya es el ministro más popular de Francia. En los tiempos que corren los racistas de siempre se deben sentir muy reconfortados cuando el ministro francés asocia a la minoría gitana con la delincuencia y la mendicidad. Cosa intolerable, incluso para algunos compañeros suyos ministros como él. El ministro de Industria. Arnaud Montebourg, consideró que las declaraciones de Valls fueron “excesivas” y que debían ser “corregidas”. Pero el titular de Interior respondió a su colega de gabinete que “no hay nada que corregir” y que sus declaraciones “sólo molestan a los que no conocen el asunto”. Lo mismo que dicen en España algunos que  luego escriben en los periódicos o hablan por las emisoras de radio.

Y después de decir esto debió mirar en el zurrón electoral de su partido para comprobar que habían entrado unos cuantos miles de votos más, los mismos que había perdido el Frente Nacional de Le Pen que es el verdadero y genuino lider del racismo en Europa desde la finalización de La II Guerra Mundial.

Hoy sufrimos por nuestros hermanos rumanos y búlgaros y nos desesperanzamos cuando vemos que ni con unos ni con otros tienen nuestros males remedio. A los gobernantes de la derecha conservadora de Sarkozy le ganamos la batalla porque logramos que todo el mundo se les echara encima criticando aquellas deportaciones. La Iglesia, las Instituciones Internacionales, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el mundo de la cultura hizo piña con nosotros y la cosa no fue a más. Luego el señor Sarkozy perdió las elecciones. No podía ser de otra forma cuando quienes votaban eran los herederos de la revolución de 1789 que hizo posible la instauración en el mundo civilizado de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Pero ahora la decepción nos la está causando François Hollande. Creíamos que con él las cosas cambiarían. El lo prometió durante su campaña electoral dando así una muestra inequívoca de valentía y coherencia con los principios que supuestamente su partido debería defender. Pero ha tenido la desgracia de cruzarse en su camino con Manuel Valls quien, siguiendo los pasos de Sarkozy que fue ministro del Interior antes que presidente del Gobierno, seguramente querrá seguir la misma carrera política y desbancar a Hollande del Palacio del Eliseo para colocarse él.

Viviane Reding, la comisaria europea de Justicia, lo ha manifestado con absoluta claridad: “Existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos. Y no son gitanos, son individuos. Solo una decisión de la justicia puede permitir su evacuación si han hecho algo que va contra las leyes del Estado”.

Sarkozy perdió las elecciones y Hollande las perderá también si no rectifica. Salvo que todos nos hayamos vuelto locos y pretendamos convivir en un mundo salvaje donde el Estado de Derecho desaparezca, donde no se respeten las leyes, donde se gobierne a golpe de manifestaciones más o menos multitudinarias y donde las sentencias de los tribunales que no sean de nuestro agrado no se cumplan. Y por desgracia, cuando suceden estas cosas, cuando se impone la fuerza de la masa frente a la fragilidad de las leyes, los que salen perdiendo siempre son los mismos: los más pobres, los más débiles, los más indefensos.


Rosa Fernández  García

Presidenta de la Asociación de familiaresn de la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión de Villabona (Asturias) 

La Asociación de Familiares y Amigos de la UTE, ante las declaraciones efectuadas por el Delegado del Gobierno y el Director del Centro Penitenciario de Villabona el día 25 en el acto de celebración de la festividad de la Merced, manifestamos:
- Nuestro total rechazo a estas declaraciones porque no responden a la verdad y por su carácter injurioso. El Director reincide una vez más, de forma obsesiva, en sus ataques, hacia una de las personas que ha hecho posible la existencia de la UTE. Hay que recordarle que en diciembre del año pasado, aprovechando la felicitación de Navidad a toda la plantilla de Villabona, le dedicó, a este profesional, todo un manifiesto lleno de injurias, que colocó en el tablón de anuncios del Centro y en cada uno de los módulos durante 49 días, del que tuvo que retractarse en Acto de Conciliación y pagar una indemnización. En cuanto a la actuación del Delegado del Gobierno, muestra una total ignorancia de lo que es la UTE y habla de oídas, y nos confirma lo que ya sabíamos que estaba detrás apoyando las acciones del director.

- La UTE y sus profesionales llevan sufriendo el acoso y derribo desde hace casi dos años, tiempo en el que se ha ido desmontando o impidiendo el normal funcionamiento de aquellas partes fundamentales de su estructura que la hacía eficaz y eficiente, y la realidad hoy día es, que lo que se mantiene es a base de la resistencia que están ofreciendo los profesionales e internos que no están dispuestos a arrojar la toalla después de más de 20 años dejándose la piel. Resistencia a pesar de todo el juego sucio que viene desplegando la Dirección a base de amenazas, represalias y todo tipo de actos de desestabilización de la UTE, estos últimos a cargo del Subdirector de tratamiento que no tiene ningún escrúpulo, entre otras acciones, en reunir al grupo de internos referentes de la UTE para hablar mal de la persona, que como ya hemos dicho, ha hecho posible con un grupo de compañeros la existencia de la UTE. Hoy las UTEs están más cerca de convertirse en módulos normales pues ya está apareciendo de manera normalizada la droga y la violencia. Leer más


Un nuevo informe de Oxfam describe cómo la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo logró concentrar aún más tierra en Colombia. – See more at: http://www.oxfam.org/es/crece/pressroom/pressrelease/2013-09-27/divide-y-comprar%C3%A1s-la-nueva-forma-de-concentrar-baldios-en-colombia-cargill#sthash.PP4YncwL.dpuf

Intermón Oxfam

Informe completo

  • La agencia internacional Oxfam llama al gobierno colombiano a esclarecer la legalidad de las transacciones realizadas por Cargill – la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo –entre 2010 y 2012, adquiriendo más de 52,000 hectáreas de tierra en la región de la Altillanura, Colombia, a través de 36 sociedades creadas para este fin.

Desplazados en Colombia (AP)

En un nuevo informe  Oxfam detalla como Cargill habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario.

El reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la tasa de concentración de tierra es de las más altas del mundo y la segunda de América Latina, sólo después de Paraguay. Esta inequidad en el acceso a la tierra va íntimamente ligada a la pobreza rural y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno que ha asolado el país durante más de medio siglo.

La agricultura a pequeña escala es clave

El gobierno sostiene que sólo grandes empresas son capaces de desarrollar el potencial productivo de la Altillanura, y por ello pretende establecer estímulos y reformas legales que allanen el camino a la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, la pequeña economía campesina ha demostrado que puede ser tan o más eficiente, especialmente cuando se mide su aporte a la seguridad alimentaria, el empleo y la reducción de la pobreza.

De acuerdo con Aida Pesquera, directora de país de Oxfam en Colombia; “La inversión pública en agricultura a pequeña escala que garantiza la tenencia de tierras de los pequeños productores de alimentos es sin duda necesaria en Colombia. La inversión privada también es útil pero debe respetar los derechos y la legislación existentes relativa al uso del suelo, e incluir evaluaciones completas de los impactos sociales y ambientales a nivel local y nacional”.

“La concentración de grandes extensiones de tierra en las zonas que han sido destinadas por la ley a la agricultura familiar”, continúa Pesquera “agrava la desigualdad social, el conflicto y empeora los problemas existentes de concentración de tierra en el país “.

Una Reforma Rural Integral pendiente

Este informe llega en un momento histórico para las cuestiones agrarias en Colombia en términos políticos, económicos y sociales: el paro agrario nacional, que comenzó en agosto de 2013 y que movilizó a la sociedad civil en general, no tiene precedentes recientes en el país y revela la importancia del desarrollo rural en Colombia; la nueva Ley de Desarrollo Rural en discusión; y las diversas iniciativas legislativas que tratan de regular la compra masiva de tierras por parte de extranjeros.

Como si esto no fuera bastante, la Reforma Rural Integral es el elemento clave en la agenda de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana. El gobierno colombiano ha demostrado su voluntad de avanzar hacia una reforma rural integral y una política agraria que fortalezca la economía de los pequeños productores.

“El caso de la inversión de Cargill en la Altillanura” concluye Pesquera “pondrá a prueba la coherencia de las políticas de un gobierno acorralado entre protestas nacionales sobre cuestiones agrarias y un compromiso público con una distribución más democrática de la tierra”.

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