• En un mismo día, 15 de Mayo, fueron detenidas dos personas y se identificaron de forma intimidatoria a activistas que participaban en sendas protestas en Avenida de Andalucía y la Ciudad de la Justicia.
• Los colectivos malagueños denuncian un aumento de la presión policial sobre los actos de protesta, consideran absolutamente desproporcionada la actuación policial en La Palma-Palmilla y exigen la puesta en libertad sin cargos de los dos activistas detenidos.

Dos detenidos en La Palmilla por denunciar “La estafa del agua” de EMASA.

En el día de hoy, 15 de Mayo de 2013, han sido detenidos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado vecinos de Málaga que colaborando con colectivos sociales denunciaban la precariedad y estafa que sufren los ciudadanos malagueños por parte de la Empresa Municipal del Agua y sus subcontratas. Tras celebrar numerosas reuniones con EMASA y miembros del Ayuntamiento de Málaga para intentar encontrar una solución sin obtener resultado alguno, decenas de vecinos afectados decidieron realizar un encierro simbólico en el edificio de Servicios Sociales de la Palma Palmilla para denunciar con su acto, la inoperancia por parte de la Administración para parar “La Estafa del Agua”.

Sin existir ninguna agresividad por parte de los vecinos que allí se han concentrado, como las imágenes de la prensa presente demuestran, la Policía Nacional intervino de forma desproporcionada y rechazando la oferta de dialogo por parte de los vecinos, irrumpió de forma violenta llevándose detenidos a dos personas que participaban pacíficamente en la concentración.

Exigimos la inmediata liberación sin cargo alguno y acabar con la identificación y en su caso multa de los ciudadanos que realizan protestas sociales, pues son un intento más por criminalizar la protesta social por parte de las autoridades que actúan en connivencia con las Estafas que sufrimos lxs ciudadanxs.

Casi una veintena de identificados e intimidados por exigir que se rescaten personas antes que bancos.

Además, esta misma mañana, en un intento mas de restringir derechos fundamentales, han sido identifi-ados sin justificacion alguna y sin explicacion del motivo, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Plan de Rescate Ciudadano cuando se trasladaban para efectuar protestas ante tres oficinas bancarias donde se pedía: Ante Ibercaja en solidaridad con vecinos de la Corrala La Utopía de Sevilla para que retome las negociaciones para un alquiler social en el edificio donde están realojados, ante Caixa Galicia para que admita la dación en pago a los vecinos de Málaga que así se lo han solicitado y ante Bankinter para que negocie de igual modo un alquiler social con los vecinos de la Corrala Buenaventura que habitan un edificio de su propiedad en el barrio de la Trinidad de Málaga.

Identificados y amenaza de multa en los juzgados por ejercer la solidaridad.

También a ultima hora de la mañana, han sido identificados con intención de ser multados vecinos de Málaga que ante los juzgados protestaban contra la criminalización y en apoyo a las personas que han sido acusados de usurpación por haber sido identificados por la Guardia Civil en Pizarra, cuando sembraban y rehabilitaban tierras que el Conde del Guadalhorce había arrebatado al Pueblo, cercándolas hace décadas y que forman parte de una realenga, siendo todas ellas de dominio publico.

Las distintas organizaciones y colectivos sociales que nos oponemos a la gestión de la crisis por parte del gobierno no vamos a cesar en nuestra labor y actuaremos de forma conjunta frente a la represión y la criminalización de la protesta social.

El aumento de la presión policial, las multas, identificaciones y detenciones, responde a una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior y las subdelegaciones de Gobierno para intentar acallar las protestas y el actual proceso de movilización social que cuenta con un gran respaldo ciudadano. No permitiremos que se continúen atropellando nuestros derechos democráticos a la manifestación y la protesta pacífica.

Este comunicado está apoyado por:

STOP DESAHUCIOS

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga

CGT-Málaga (Confederación General de Trabajadores)

CNT-Málaga (Confederación Nacional de Trabajadores)

DRY (Democracia Real Ya)

Frente Cívico de Málaga

Marea Verde de Málaga

Primavera Andaluza

Equo

Partido Humanista

La trata de seres humanos con fines de explotación es una cruel realidad que suscita la preocupación de las personas que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, de los organismos internacionales y, más recientemente, de los gobiernos. Este fenómeno invisible y oculto hace que las víctimas de trata, mayoritariamente mujeres y niñas, se encuentren en situación de esclavitud y de grave vulnerabilidad.

España es uno de los principales países de tránsito y/o destino para las víctimas de trata aunque, debido a la complejidad del fenómeno, es muy difícil conocer con exactitud la magnitud de esta grave violación de derechos humanos. El hecho de que no existan cifras fiables sobre el número de víctimas hace que sea muy difícil dimensionar de una manera real el problema. La clandestinidad e invisibilidad que rodean a la trata también dificultan la garantía de una protección real y efectiva a las víctimas.

A pesar de esto, desde el año 2009 se han producido importantes cambios legislativos relativos a la lucha contra la trata de personas en España, tales como la adopción del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual; la introducción del artículo 59 bis en la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, que regula, entre otros derechos, el periodo de restablecimiento y reflexión para las víctimas; la tipificación del delito de trata de forma autónoma e independiente de otros delitos en el Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 5/2010; o la firma del Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos por representantes de varios Ministerios.

Sin embargo, es significativa la demora con la que las autoridades españolas han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico algunas de estas previsiones. Así, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo, principal instrumento internacional en la lucha contra la trata que data del año 2000, entró en vigor en España en 2003 y las medidas contenidas en el mismo no produjeron ninguna modificación legislativa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en 2009 por incumplir sus obligaciones respecto de la trasposición e incorporación al derecho interno de la Directiva 2004/81/CE del Consejo, relativa a la expedición de un permiso de residencia a víctimas de la trata que cooperen con las autoridades competentes. El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia en mayo de 2005, entró en vigor en España en agosto de 2009.

Ha transcurrido algo más de dos años desde la entrada en vigor de la última modificación del Código Penal, que introdujo el artículo 177 bis, dedicado a tipificar el delito de trata de seres humanos como el cometido por aquella o aquellas personas que “sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes: la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad; la explotación sexual, incluida la pornografía y, la extracción de sus órganos corporales.”

Dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona, de 26 de diciembre de 2012 y 26 de noviembre de 2012, respectivamente, son las primeras en España que aplican el nuevo delito de trata de seres humanos del Código Penal. Pese a que aún no se trata de sentencias firmes puesto que contra las mismas cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, su importancia es reseñable dado que encuentran culpables a los imputados y crean una antes inexistente jurisprudencia relativa a la trata. Recientemente se les ha unido, con fecha 6 de febrero de 2013, una nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En la primera de ellas se condena a un grupo organizado que se encargó de la captación de dos mujeres en Paraguay y de su traslado bajo engaño a Madrid, donde las forzaron a ejercer la prostitución. La segunda sentencia condena a los tratantes de una joven búlgara a la que, aprovechando su situación de necesidad y la de su familia, convencieron para que viajase a Barcelona a trabajar en la hostelería, cuando el verdadero propósito era obligarla a ejercer la prostitución en la vía pública. La última, condenaba a una pareja rumana por tratar a una menor de edad, también de Rumanía, en Barcelona. A las tres mujeres se les había quitado la documentación y se las sometía a constantes vejaciones, coacciones y abusos sexuales para que siguiesen ejerciendo y entregando el dinero que ganaban íntegramente a sus tratantes.

La sentencia que más se extiende analizando el fenómeno de la trata es la de la Audiencia de Barcelona de 26 de diciembre de 2013. Si bien de su lectura se extrae aún una cierta confusión en los términos –probablemente por su novedad ante los tribunales de este país– y un excesivo “paternalismo” para con las víctimas, muchos puntos de la misma son destacables. En el cuerpo de la sentencia se parte de la definición del Protocolo de Palermo para entender este delito como una violación flagrante de los derechos humanos y una forma moderna de esclavitud. A continuación los jueces y las juezas examinan los elementos del artículo 177 bis. Así, establecen que el bien jurídico protegido de este delito es la dignidad y la libertad de las víctimas y que se trata de un delito de medios determinados. Es decir, que para que se produzca el delito se requiere que éste se produzca mediante violencia (fuerza física aplicada a la persona para inutilizar su capacidad de decisión y libertad de movimiento), intimidación (anunciar un mal inmediato, grave y real que impide que la víctima pueda actuar diferente a cómo impone el tratante) , engaño (crear una idea equivocada mediante una manipulación de la realidad) u otras situaciones de superioridad del tratante respecto de la víctima.

Cabe destacar también que esta sentencia pone de relieve uno de los problemas que las organizaciones especializadas en la trata de seres humanos hemos venido denunciando: la necesidad de modernizar y actualizar –o, a poder ser, rehacer– la desfasada Ley de Protección de Testigos y Peritos en las causas criminales para garantizar la seguridad de quienes colaboran en el desmantelamiento de las redes de trata de seres humanos.

En Women´s Link hacemos un seguimiento activo de estas decisiones y nos dedicamos a analizar su contenido y a monitorear la aplicación de una perspectiva de derechos humanos y de género en las mismas. Si bien es un importante avance que ya se haya comenzado a juzgar a los criminales que explotan a personas en nuestro país, aún es necesaria una reflexión conjunta entre organizaciones sociales, la Fiscalía y las autoridades judiciales, policiales y administrativas para garantizar la aplicación efectiva del marco normativo, centrándonos en la defensa de los derechos de las víctimas de trata de seres humanos. Además, conviene recordar que el pasado 6 de abril de 2013, venció el plazo otorgado por la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para transponer su contenido, sin que se hayan dado en España pasos para hacerlo.

Prensa comunitaria

Eran las tres de la tarde cuando entré a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Estaba llenísima de gente, eran cientos de personas, ni siquiera puedo decir cuántas. Había luchadoras sociales de toda la vida, también jóvenes, muchas de ellas provenientes de diferentes puntos del país; había presencia de comunicadores sociales, periodistas tanto nacionales como prensa extranjera; también hubo familiares de militares que vociferaban mensajes de odio. Había tanta tensión que hasta se podía oler y tocar.

Al entrar en la sala, me encontré con amigas, con quienes nos hemos acompañado y coincidido en esta lucha que es la vida y es de toda la vida; entonces me sentí más tranquila, segura de que todo esto es mucho más fácil si caminamos juntas.

Como comunicadora, grabadora y cámara en mano caminé y bajé hacia donde se ubicarían las juezas y el juez, hacia el lugar en donde se reafirmaría lo que los pueblos hemos dicho hasta el cansancio: que sí hubo Genocidio. Por eso decidí no separarme de ese lugar: quise escuchar a un metro de distancia, documentar, registrar con mi cámara, con mis emociones y con mi memoria ese momento.

Hoy en mi país hay miles de personas amenazadas por la presencia patriarcal, autoritaria y violenta de empresas y ejército; decenas de personas presas y perseguidas políticas, existe represión y militarización Hablo de los hechos ocurridos el 9 de mayo en Barillas y San Mateo Ixtatán, el estado de sitio en cuatro municipios del país, las comunidades desplazadas como la del Centro Campesino en Petén y decenas de personas asesinadas como Daniel Pedro por decidirse a defender la vida, el agua y el territorio, que amenazan empresas nacionales y trasnacionales con el apoyo del gobierno.

Desataron una campaña de terror, chantaje, manipulación y criminalización misógina y racista, hacia  las mujeres como la Jueza Jazmín Barrios, las valientes mujeres ixiles que denunciaron las atrocidades cometidas en su contra como la violencia sexual, las feministas, defensoras de derechos humanos y de los pueblos indígenas, mujeres indígenas, mujeres de izquierdas, periodistas de Guatemala y de otros países -estas últimas señaladas de financiar y promover el juicio por genocidio.

Por los testimonios de las mujeres ixiles y peritas que analizaron los crímenes en contra de ellas y otras miles que no pudieron expresarse en este juicio, quedó clara la amenaza que han significado las mujeres para quienes han ostentado el poder y la intención de someternos hasta el exterminio.

Una mujer que piensa y habla siempre ha sido una amenaza. En este caso la sienten desde sus estructuras de poder más profundas, por lo tanto este juicio podemos considerarlo también un avance en la lucha contra el patriarcado.

Foto de las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos

La organización internacional Open Society Justice Initiative acoge con satisfacción la iniciativa de la Defensora del Pueblo española encaminada a eliminar la utilización de perfiles étnicos y raciales por la Policía Nacional en los controles de identidad supuestamente aleatorios.

Las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, dirigidas a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, representan el esfuerzo más comprehensivo que se haya realizado hasta la fecha para abordar el problema de la utilización de perfiles étnicos. De aceptarse e implementarse debidamente dichas recomendaciones, permitirían afrontar e identificar adecuadamente el problema reformando la práctica y la cultura policial. Estas medidas incluyen:

• El establecimiento de “formularios de identificación” a ser cumplimentados por los agentes cada vez que sometan a una persona a un control de identidad, en los que se incluyan sus rasgos étnicos y raciales y/o su nacionalidad “de acuerdo con los principios de consentimiento informado y confidencialidad”.
• La elaboración de un “Manual de procedimiento sobre el uso de los formularios de identificación” dirigido a los agentes de la Policía Nacional.
• El establecimiento de “un sistema estadístico de recopilación y seguimiento de los datos desglosados por raza, etnia y/o nacionalidad”, a fin de evaluar –y de este modo paliar- el sesgo discriminatorio de las actuaciones policiales.
• La formación específica a los agentes “en materia de diversidad cultural y capacitación sobre la forma de llevar a cabo controles de identidad con arreglo al principio de igualdad y la prohibición de discriminación”.
• La constitución de “un mecanismo de reclamaciones encargado de recibir quejas individuales de personas objeto de identificación sobre posibles discriminaciones por parte de funcionarios de la policía”.

En 2012 el Ministerio del Interior contestó a una recomendación anterior de la Defensora del Pueblo emitiendo la Circular 2/2012 que prohibía “el establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”.

Estas recomendaciones más específicas ahora emitidas por la Defensora del Pueblo reflejan el fracaso de esta circular, al no responder debidamente a las demandas de los colectivos afectados.

En efecto, en diciembre de 2012 el colectivo madrileño Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos afirmó haber recibido 255 avisos de controles discriminatorios en dicha ciudad y en los seis meses posteriores a la aprobación de la mencionada circular. Mutuma Ruteere, el Relator Especial sobre racismo, discriminación racial y xenofobia, también instó a las autoridades españolas a adoptar más medidas para luchar contra la utilización de perfiles étnicos por parte de la policía después de su visita a España en enero de este año.

Open Society Justice Initiative cree que la adopción de estas medidas por la Policía Nacional constituiría un importante paso adelante para poner fin a las actuaciones discriminatorias basadas en criterios étnicos y raciales. Estas medidas ya han sido adoptadas en otros países, así como en la policía local de Fuenlabrada (Madrid), y han demostrado tener un impacto positivo en la prevención de las identificaciones discriminatorias.

James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative ha manifestado que “la experiencia en distintos países europeos nos ha demostrado que cuando se toman medidas efectivas para reducir el sesgo discriminatorio en las actuaciones policiales, aumentan considerablemente tanto la efectividad de los controles, la calidad de las relaciones de los agentes con los distintos colectivos sociales, así como el grado de legitimidad de las instituciones policiales.”

En 2009, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a España a tomar medidas para erradicar la utilización de perfiles étnicos por parte de la policía, después de resolver la demanda de Rosalind Williams, una ciudadana española de origen afro-americano que, estando de viaje con su familia, fue seleccionada para un control de identidad por un agente de la policía que buscaba a sin papeles.

Open Society Justice Initiative, parte integrante de Open Society Foundations, utiliza la ley para proteger y capacitar a las personas en el mundo. El trabajo de Justice Initiative dirigido a eliminar la discriminación incluye actividades tales como la investigación, el litigio y la capacitación para poner fin a la utilización de perfiles raciales por parte de la policía en Estados Unidos y Europa.

Documento de la Defensora del Pueblo

• Las ONG temen que el interés del Gobierno español en vender armas relaje los criterios de derechos humanos

Desde el inicio de la presente legislatura, las ONG de la coalición “Armas Bajo Control” han alertado del posible impacto de la crisis económica en los controles en las exportaciones de armas. Existe una clara tensión entre las limitaciones y restricciones que la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, establece sobre el comercio exterior de material de defensa, y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior para apoyar a la industria militar española, ante la bajada de ventas a nivel interno debido a los recortes en nuevas adquisiciones, principalmente debido a la deuda histórica acumulada por el Gobierno con diversas empresas españolas de material de defensa. Como resultado de ello, se incrementa el riesgo de que material de defensa español termine siendo objeto de operaciones en las que existe un riesgo de que sean utilizadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos.

La intensa agenda internacional del Sr. D. Pedro Morenés, Ministro de Defensa, así como algunas declaraciones que ha emitido; las negociaciones en marcha con Arabia Saudí para vender carros de combate; o incluso la adopción de regulaciones exigidas para ciertas operaciones preocupantes, han ido incrementando estos temores.

En unas declaraciones públicas en 2010, ante la posible venta de carros de combate a Arabia Saudí, país que no cumple los mínimos en derechos humanos, el Ministro afirmó que “en Arabia Saudí hay una evolución desde su idiosincrasia.” Recientemente el Ministro de Defensa, ha apostado claramente por la promoción de la capacidad exportadora de la industria de defensa.

Por otro lado, la aprobación de la Ley de medidas de liberalización para impulsar la exportación de dicho material (Ley 12/2012, de 26 de diciembre), que regula los acuerdos gobierno a gobierno, refleja el interés por incrementar las ventas de armas y abre interrogantes sobre su impacto en los procesos existentes de control en las exportaciones.

Amnistía Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau), Greenpeace e Intermón Oxfam manifiestan su temor por esta situación el día que presentan el informe que analiza las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material durante el primer semestre del 2012, elaborado con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

En breve se conocerán los datos de todo el año 2012 y se podrá analizar la evolución de las exportaciones españolas de material de defensa de forma global en este contexto de crisis económica.

Pero ya con estas cifras semestrales, las organizaciones recuerdan al Gobierno que la crisis económica no puede servir de excusa para dejar de cumplir escrupulosamente la Ley sobre Comercio de Armas de 2007, que establece en su artículo 8 que no se autorizarán exportaciones de armas cuando “puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Persisten las operaciones preocupantes

Durante el primer semestre de 2012, se mantuvo la tendencia denunciada por las ONG en informes anteriores de exportar material de defensa a países donde existe un alto riesgo de que se utilice para cometer o facilitar violaciones de los derechos humanos. En concreto el informe concluye que el Gobierno realizó operaciones que pueden calificarse de preocupantes por el tipo de material o por el riesgo en su utilización a un total de nueve países: Colombia, Estados Unidos, Ghana, Israel, México, Pakistán, Arabia Saudí, Bahréin y Egipto.

En el caso de los tres países del Norte de África y Oriente Próximo, las ONG reiteran su preocupación por el hecho de que se siguieran realizando exportaciones a pesar del alto riesgo de que el material se use para cometer y facilitar graves violaciones de derechos humanos en la zona. En esta línea, merece especial atención la negociación en marcha con Arabia Saudí para la venta de carros de combate. Las ONG insisten en que esta operación debería estar condicionada al establecimiento de salvaguardias y de sistemas de rendición de cuentas para evitar que el material exportado pueda ser usado para vulnerar los derechos humanos.

Asimismo, el informe menciona otra lista de operaciones que las organizaciones no consideran en principio especialmente preocupantes, pero sobre las cuales se requeriría mayor información para determinar el riesgo real de su realización.

Por todo ello, las ONG reiteran su demanda de un mayor control y transparencia para que se den a conocer los criterios que está utilizando la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) para aplicar la Ley.

Denegaciones justificadas pero insuficientes

Las ONG valoran positivamente que el Gobierno haya aplicado en algunos casos el criterio preventivo que contempla la Ley para denegar autorizaciones al existir dudas sobre el destinatario o uso final de los productos.

Durante el primer semestre de 2012, se denegaron tres exportaciones de material de defensa, una a Libia y dos a Bahréin en aplicación de los criterios de la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea. En material policial, armas de caza y tiro deportivo se produjeron tres denegaciones: a Canadá, Guinea Ecuatorial y Kosovo. Y en los productos y tecnologías de doble uso se denegó un acuerdo previo con China y dos licencias de exportación, una a India y una a Togo. También se renovaron dos denegaciones a Irán, tres a Yemen y otra a Jordania.

El Tratado sobre Comercio de Armas: una muy buena noticia que incrementará los controles

El Tratado sobre Comercio de Armas, aprobado el 2 de abril en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un paso histórico para reforzar el control de la venta de armas entre países. Las ONG felicitan al Gobierno español por el papel activo y favorable de la delegación española y le piden que sea uno de los primeros 50 Estados en firmarlo y ratificarlo y que lleve a cabo las modificaciones legales necesarias para adaptar la legislación española al Tratado.

Recomendaciones de las ONG

Ante los resultados del informe sobre las exportaciones españolas realizadas el primer semestre de 2012, las ONG de Armas Bajo Control han presentado al Gobierno y al Congreso de los Diputados una serie de recomendaciones específicas entre las cuales se pide reforzar el control de las operaciones que por sus características pudieran resultar preocupantes para los derechos humanos.

Esto implica actuar en cuatro niveles:

1. Cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente, especialmente del Artículo 8, no autorizando exportaciones de armas cuando “puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”
2. Mejorar la aplicación de los criterios utilizados por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso para autorizar o denegar una exportación
3. Realizar un seguimiento del material en el país de destino para asegurarse que no es utilizado para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos
4. Avanzar en la transparencia de la información sobre las transferencias realizadas

Informe completo

Para más información:

Carmen López (Amnistía Internacional): 91 310 12 77 / 630 74 68 02

Lourdes Vergés (Fundació per la Pau): 93 302 51 29

Laura Pérez (Greenpeace): 626 99 82 48

María Herranz (Intermón Oxfam): 91 204 67 20 / 615 35 94 01

Director del programa de Human Rights Watch de refugiados

Una multitud de inmigrantes protesta en favor de la reforma migratoria en Washington, DC, el 10 de abril de 2013. (© 2013 Reuters)

• Desde 1996, EEUU impide obtener el permiso de trabajo a las personas solicitantes de asilo mientras que el proceso se encuentre en curso.
• El plazo de 150 días estipulado desde que se presenta la solicitud de asilo puede ser demorado según factores poco claros.
• En 2011 la interrupción del transcurso de este plazo afectó a 262.025 personas, lo que equivalía al 92 por ciento de todos los casos pendientes.

“La finalidad del permiso de trabajo no es que puedas hacerte rico, sino que puedas subsistir”, dijo un ciudadano egipcio que escapó de su país y solicitó asilo en Estados Unidos luego de que un grupo extremista lo golpeara e intentara secuestrar a su esposa e hija. Tras huir de la persecución en su propio país de origen, las personas que piden asilo, como este hombre en Nueva Jersey, se enfrentan a una nueva modalidad de maltrato en Estados Unidos: el gobierno de ese país no les permite trabajar mientras se encuentra en curso un proceso de asilo que muchas veces resulta simplemente interminable.

A causa de ello, las personas vulnerables que llegan a este país albergando una última esperanza a menudo terminan en situación de indigencia.

Sin duda, ha llegado el momento de implementar una reforma en materia inmigratoria, y gran parte de la nueva legislación propuesta y el discurso público han puesto énfasis en las oportunidades laborales. Sin embargo, hasta el momento el debate no ha tratado la difícil situación de las personas que solicitan asilo y a quienes se les prohíbe asegurar su propia subsistencia.

En 1980, el Congreso reformó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) para adecuar la normativa estadounidense a las obligaciones asumidas por el país a través de tratados de derecho internacional sobre refugiados. A partir de ese momento, se autorizó a quienes pedían asilo a trabajar si demostraban que su solicitud no era carente de sustento. No obstante, preocupado ante el gran volumen de casos pendientes y su percepción de que el sistema de asilo estaba siendo objeto de abuso, en 1996 el Congreso sancionó varias medidas destinadas a restringir esta posibilidad, incluidas normas más rigurosas sobre trabajo.

El Congreso impidió que quienes solicitan asilo pudieran trabajar legalmente durante los 150 días posteriores a que presentaran su solicitud —más 30 días adicionales para procesar el pedido— a menos que se les otorgara el asilo antes de transcurrido ese lapso. El transcurso de este plazo puede detenerse en cualquier momento si el gobierno determina que el solicitante ha demorado el procedimiento. Sin embargo, en la práctica, no resulta claro qué factores detienen o reinician exactamente la contabilización del período.

Y el problema ya ha afectado a casi todas las personas que piden asilo. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (Executive Office of Immigration Review), en 2011 la interrupción del transcurso de este plazo afectó a 262.025 personas, lo que equivalía al 92 por ciento de todos los casos pendientes. Una vez que el conteo se detiene, también se interrumpe la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo, lo cual impide que muchas de las personas que han pedido asilo puedan procurarse medios de sustento durante meses o incluso años.

El acuerdo alcanzado este mes en una causa sobre una demanda colectiva aborda parcialmente este problema al exigir que los jueces fundamenten de manera más transparente los motivos para suspender el transcurso del plazo. No obstante, el Congreso debería analizar una cuestión subyacente: el derecho fundamental de quienes piden asilo a procurarse por sí mismos medios de sustento o recibirlos del gobierno, mientras su solicitud no haya sido resuelta.

Sin comida ni casa, algunas de estas personas terminan viviendo en centros de acogida o directamente en la calle, a menos que alguien se apiade de ellas. La mayoría no reúne las condiciones para recibir servicios sociales o beneficios de salud, por lo que se ven obligadas a depender de la ayuda de familiares, amistades o instituciones de beneficencia, hasta que los recursos y la paciencia se agoten. Para muchas personas que piden asilo y están acostumbradas a la independencia económica, tener que depender de la ayuda de otros puede ser una experiencia particularmente traumática. Algunos terminan buscando trabajo aun sin tener permiso, lo cual los expone a explotación laboral, y en ciertos casos incluso sexual.

La prohibición sobre permiso de trabajo también puede incidir directamente en la posibilidad de una persona de interponer una solicitud de asilo. En Estados Unidos, quienes piden asilo no tienen derecho a solicitar un asesor letrado designado por el tribunal. Dado que no se les permite trabajar, muchos no están en condiciones de contratar a un abogado. Como resultado, es común que tengan que atravesar por sí solos este proceso intrincado y participar sin representación letrada en un proceso de justicia inmigratoria de tipo acusatorio, en el cual se enfrentan a un fiscal.

A diferencia de Estados Unidos, algunos países industrializados, entre ellos Canadá, autorizan a trabajar a quienes piden asilo. Otros, como los estados miembros de la Unión Europea, enfrentan obstáculos similares al empleo, pero prevén en cambio modalidades de asistencia social y económica mientras la solicitud se encuentra pendiente de resolución, así como la asignación de abogados con fondos gubernamentales para quienes no estén en condiciones de solventar este costo.

Si bien el proyecto inmigratorio del Senado intenta revertir algunas de las restricciones más graves impuestas por la ley de 1996 a quienes piden asilo (como eliminar el plazo de un año desde el ingreso al país para interponer pedidos de asilo), la cuestión de los permisos de trabajo llamativamente no se trata en el proyecto. Si la reforma inmigratoria verdaderamente intenta reflejar los valores estadounidenses, debería además incorporar mejoras al sistema de asilo, para que no sólo proteja a los refugiados sino que también defienda valores como la cultura del trabajo, el estado de derecho y la autosuficiencia. El proyecto debería restablecer al estándar que primó hasta 1996, que autorizaba a trabajar a quienes presentaran pedidos de asilo que no fueran infundados.

Las personas que piden asilo en este país lo hacen para encontrar seguridad. Sin embargo, en muchos casos permanecen igualmente en una situación de inseguridad, al no poder acceder a la posibilidad de subsistir por sus propios medios. Quienes solicitan asilo no esperan compasión. Por el contrario, piden simplemente una oportunidad de asegurar su propio sustento y el de sus familias, y contribuir a esta sociedad de manera genuina y productiva. Y nosotros deberíamos permitir que puedan lograrlo.

Bill Frelick es director del Programa sobre Refugiados de Human Rights Watch. El estudiante de derecho Brian Jacek entrevistó a personas que presentaron solicitudes de asilo como parte de la Clínica sobre Derechos de Inmigrantes/Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Seton Hall University.

Esta mañana se ha interpuesto en los Juzgados de Gran Vía 19, cuarenta demandas contencioso-administrativas contra otras tantas Resoluciones de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid que acordaban sancionar a personas por el mero hecho de acudir a movilizaciones sociales; a estas demandas hay que añadir las 19, correspondientes a otros procedimientos, presentadas hasta la fecha. Hemos de recordar que desde hace dos años se ha sancionado nada menos que a 1000 personas por ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos.

]]> http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2013/05/14/presentadas-cuarenta-demandas-contra-las-sanciones-indiscriminadas-de-delegacion-de-gobierno-a-manifestantes-del-15m/feed/ 0 http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2013/05/08/contra-la-criminalizacion-de-inmigrantes-sin-papeles/ http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2013/05/08/contra-la-criminalizacion-de-inmigrantes-sin-papeles/#comments Wed, 08 May 2013 09:40:20 +0000 periodismohumano http://tomalapalabra.periodismohumano.com/?p=2383 Documento contra la criminalización de inmigrantes sin papeles

• La reforma del Código Penal castiga con cárcel a quien les ayude a permanecer en España
  
• Organizaciones sociales exigen que el ayuntamiento se oponga a esta medida
  

Diversas organizaciones sociales valencianas, que forman parte de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y de la Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, han presentado esta mañana un escrito en el Ayuntamiento de Valencia exigiendo que no se criminalice la ayuda humanitaria a las personas extranjeras que carecen de documentación. Esta iniciativa forma parte de la campaña Salvemos la hospitalidad, que se está desarrollando en todo el Estado español para impedir que en la reforma prevista del Código Penal se castigue con penas de hasta dos años de cárcel a cualquiera que ayude a transitar o a permanecer en España a personas que no tienen permiso de residencia. En el anteproyecto de reforma propuesto por el ministro Alberto Ruiz Gallardón no se distingue entre quienes están cometiendo el delito de tráfico de seres humanos y quienes son solidarios con esas personas o simplemente les alquilan una habitación o les sirven una comida; todos corren el riesgo de ser condenados. El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado que haya una mayor precisión en la nueva regulación.

En el documento, las entidades Psicólogos Sin Fronteras, Cedsala, Cáritas, Grupo de Acción Comunitaria, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales, HOAC, Ca Revolta, Comunidades Cristianas Populares, Valencia Acoge, ACOEC, Jarit y la Asociación de Vecinos de Nazaret piden a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que en el próximo pleno municipal se apruebe una moción en la que todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento manifiesten su rechazo “ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes”. Consecuentemente, se reclama que la corporación municipal inste al Gobierno español para que en la modificación del Código Penal se castigue “exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas”, excluyendo “expresamente” las actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria con las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En caso de que se mantuviera la reforma presentada, no sólo podrían ser perseguidas las personas y organizaciones que colaboran con población migrante sino que hasta las propias actividades desarrolladas desde los servicios sociales del ayuntamiento con personas sin papeles podrían ser constitutivas de delito.

•  Pdf de la Moción tipo para las entidades sociales

• La alimentación forzada agrava los detrimentos de la detención indefinida
  
•  A más de cuatro años de anunciar el cierre de la prisión de Guantánamo, 166 personas aún permanecen en esta prisión, y solamente unas pocas han sido acusadas

Protesta ante el Congreso de los Estados Unidos de Amnistía Internacional por el cierre de Guantánamo (AP)

El presidente de Estados Unidos Barack Obama debería actuar sin demora para dar cumplimiento al compromiso, nuevamente reiterado, de erradicar la detención sin juicio por tiempo indefinido en la prisión militar estadounidense de Bahía de Guantánamo, señala Human Rights Watch.

En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca el 30 de abril de 2013, Obama expresó que la prisión de Guantánamo “debe ser cerrada” y se comprometió a revisar las medidas administrativas y a conseguir que el Congreso vuelva a trabajar en esta cuestión. El Presidente expresó estos comentarios luego de que trascendiera que más de 100 presos en Guantánamo iniciaron una huelga de hambre, y que muchos de ellos estarían siendo alimentados forzadamente por militares.

“El llamado del presidente Obama para poner fin a la detención indefinida en Guantánamo es una reacción alentadora tras su largo silencio sobre el tema”, indicó Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “Si bien culpó al Congreso por los problemas en Guantánamo, hay varias medidas que pudo haber adoptado para erradicar la detención por tiempo indeterminado y todavía está en condiciones de hacerlo”.

Cuando Obama asumió la presidencia por primera vez en 2009, prometió que cerraría la cárcel de Bahía de Guantánamo en el lapso de un año. A más de cuatro años de este anuncio, 166 personas aún permanecen en esta prisión, y solamente unas pocas han sido acusadas.

Obama ha señalado a las restricciones impuestas por el Congreso al traslado de internos desde la prisión de Bahía de Guantánamo como uno de los obstáculos que impiden concretar su cierre, pero él mismo ha promulgado reiteradamente esas restricciones, observó Human Rights Watch. Y las restricciones tampoco representan una prohibición absoluta, sino que exigen al Secretario de Defensa asegurar el cumplimiento de ciertas condiciones en los países adonde sean trasladadas las personas detenidas.

De los presos que están actualmente en Guantánamo, anteriormente el gobierno de Obama identificó a 86 que serían transferidos a su país de origen o a terceros países una vez que se cumplan ciertas condiciones de seguridad. Sin embargo, la mayoría de estos 86 detenidos son originarios de Yemen, y el gobierno de Obama dispuso interrumpir todos los traslados a Yemen después de que, en diciembre de 2009, un hombre que afirmaba tener vínculos con el clérigo de ascendencia yemení Anwar al-Awlaki, nacido en Estados Unidos, intentara detonar un explosivo en un avión que se dirigía a Detroit. La semana pasada, la senadora Dianne Feinstein, quien preside la comisión de inteligencia del Senado y apoyó en un primer momento la prohibición, instó al gobierno de Obama a reconsiderar la suspensión de los traslados a Yemen.

De los demás detenidos, solamente seis están actualmente siendo enjuiciados en el sistema de comisiones militares, que presenta falencias sustanciales, mientras que otros tres están cumpliendo condenas.

A principios del primer mandato de Obama también se dispuso la detención indefinida de otros 46 detenidos que se consideran demasiado peligrosos para ser liberados pero contra quienes, según afirmó el gobierno, no existen suficientes pruebas admisibles, o cuyos actos no constituyeron delitos imputables.

La continuidad de esta situación no coincide con lo declarado por el Presidente el 30 de abril, cuando señaló que “la idea de que permanezcan detenidas para siempre un grupo de personas que no han sido juzgadas resulta contraria a nuestra esencia y a nuestros intereses, y no debe continuar”. Obama no dejó en claro a través de sus comentarios si consideraría justificada la decisión de mantener detenidas a grupos específicos de personas en forma indefinida, ni de qué manera lo haría.

La detención por tiempo indefinido sin que medie una acusación o un proceso judicial viola las normas internacionales de derechos humanos, indicó Human Rights Watch. Todos los detenidos de Guantánamo deberían ser acusados en tribunales federal o liberados. La justicia federal de Estados Unidos ha demostrado hace ya tiempo que está preparada para intervenir eficazmente en casos sobre terrorismo.

Previamente este año, el Departamento de Estado disolvió la oficina del enviado especial responsable de asegurar el cierre de la prisión en Guantánamo.

En las últimas semanas, numerosos internos de Guantánamo se sumaron gradualmente a una huelga de hambre. Varios abogados de los internos, además de algunos militares estadounidenses, han manifestado su profundo desconcierto ante el escaso interés aparentemente demostrado por el gobierno de Obama en lo que concierne a concluir la detención indefinida.

Según versiones de los medios, las autoridades militares enviaron “refuerzos médicos” a la prisión para colaborar con la alimentación de al menos 21 personas que se niegan a ingerir alimentos. Cinco presos habrían sido ya hospitalizados.

Alimentar por la fuerza a presos que participan de manera voluntaria e informada en una huelga de hambre es una medida que contraviene las normas internacionales, indicó Human Rights Watch. La Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre de la Asociación Médica Mundial, que ha sido respaldada por numerosos expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas, señala que los médicos deben respetar la autonomía de estas personas, y que obligarlas a ingerir alimentos a pesar de su negativa informada y voluntaria constituye una medida injustificable. En una carta enviada al Secretario de Defensa Chuck Hagel la semana pasada, el presidente de la Asociación Médica Mundial, el Dr. Jeremy Lazarus, reiteró esta posición al señalar que “la alimentación forzada de detenidos transgrede los valores éticos de la profesión médica”.

“La decisión voluntaria de un detenido de realizar una huelga de hambre puede parecer extrema, y podría incluso tener consecuencias fatales, pero las autoridades están obligadas a respetarla”, comentó Pitter. “Que militares estadounidenses alimenten en forma generalizada y por la fuerza a personas que optan libremente por negarse a ingerir alimentos no hace más que agravar el perjuicio y la injusticia que supone su detención indefinida sin que medie acusación o proceso judicial”.

Cualquier determinación de que una persona en huelga de hambre actúa bajo coacción, por ejemplo, de otros internos, debería ser adoptada por expertos independientes tras analizar cada caso concreto, indicó Human Rights Watch. La política del Ejército estadounidense de alimentar forzadamente a todos los detenidos, se basa únicamente en el argumento de que la alimentación es necesaria “para prevenir la muerte o graves perjuicios”, pero vulnera su derecho a la autonomía, mientras que la modalidad en que este proceso se lleva a cabo podría constituir maltrato, observó Human Rights Watch.

 Para obtener más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre lucha contra el terrorismo.