Toma la palabra

Por Comision Legal Sol

Este mes hemos podido asistir al penúltimo episodio de impunidad policial como consecuencia de la falta de investigación efectiva por parte un Juez, esta vez, de la titular del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid.

Los Hechos denunciados

El pasado 29 de Marzo, en el marco de una manifestación, fueron agredidos de manera totalmente gratuita cuatro reporteros gráficos por el mero hecho de estar desempeñando su trabajo, grabando una intervención policial en la que se detuvo a una persona.

Anteriormente, los reporteros denuncian que fueron continuas las coacciones durante toda la noche por parte de los funcionarios de Policía de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP).

Los reporteros denunciaron las referidas agresiones, que además, quedaron grabadas por los propios reporteros y sus compañeros. Tal y como se puede ver en las imágenes, los funcionarios de policía no portaban su nº profesional ni su nº de operativo de manera visible, incumpliendo la regulación al respecto.

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VÍDEO Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención 30.03.2014 ·  · (Madrid)  

La gratuidad de las referidas agresiones, perfectamente constatable en las imágenes, motivó incluso que la Representante sobre Libertad de Medios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Dunja Mijatović, emitiese una nota de prensa , en la que manifestó:

su profunda preocupación a propósito de los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado 29 de marzo

Paralelamente, un informe elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC), titulado ‘Retrocesos en materia de libertad de expresión en España’, documenta y pone de manifiesto el aumento de agresiones a periodistas por parte de la policía.

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La arrogante respuesta de la Policía

Frente a esta denuncia, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid acordó oficiar a la propia 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP) para que “procedan a practicar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados interesando se identifiquen a los agentes que intervinieron en las lesiones denunciadas“, para lo cual se remitió la denuncia interpuesta junto con las grabaciones adjuntas a la misma.

El Inspector Jefe de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP), en una muestra de arrogancia, insulto a la inteligencia y desprecio a las obligaciones que su cargo le confiere, contestó al referido requerimiento afirmando que

2014-10-14 11:31

A pesar de ello, se adjuntaba el atestado de la detención que estaban grabando los reporteros en el momento de ser agredidos, atestado en el que constan hasta cuatro agentes identificados, y que se corresponden con los que aparecen en las imágenes grabadas.

La falta de investigación judicial efectiva

Con esta contestación, con la que al menos se adjunta un atestado en el que consta el nº profesional de cuatro funcionarios de Policía que indiciariamente pudieron ser los autores de las agresiones a los reporteros, la Jueza, sin practicar ninguna diligencia de investigación más, ha acordado el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LAS ACTUACIONES, ya que aunque “de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, sin bien no existen motivos suficientes para atribuir se perpetración a persona alguna determinada

Desde la Comisión Legal queremos poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos y esta decisión judicial, que hemos recurrido ante la Audiencia provincial.

Nuevamente, nos encontramos ante la realidad de las diferentes investigaciones judiciales que se llevan a cabo dependiendo de quien son las personas denunciadas, y sobretodo, si llevan o no uniforme de Policía.

Esta falta absoluta de voluntad de investigar este tipo de hechos por parte de Jueces y representantes del Ministerio Fiscal no sólo permite que los abusos policiales queden impunes, sino que perpetúa que se produzcan, provocando una absoluta y comprensible falta de confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.

Nuestro país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones por falta de investigación de las denuncias de malos tratos cuando el presunto agresor es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin que esto se haya traducido en ningún tipo de medida a nivel interno. Debemos recordar que un Estado que no investiga y castiga las agresiones y coacciones a reporteros gráficos por parte de funcionarios de Policía no puede considerarse ni democrático ni de Derecho.

 

Más información en Periodismo Humano:

Secuencia 02 (1)

Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención

30.03.2014 ·  · (Madrid) VÍDEO

La convocatoria, organizada en Madrid por la Coordinadora 25S, reunió a alrededor de 200 personas en la Plaza de Neptuno. La Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios), con un dispositivo de más de 100 agentes, identificó a la mayoría de asistentes. Una vez en Atocha, los antidisturbios detuvieron a un manifestante, golpeando a siete periodistas gráficos que documentaban la intervención.

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Policía antidisturbios retiene e identifica a un periodista, tras agredirle en el cuello (ver marcas en la piel) mientras filmaba una protesta contra la monarquía. (AP Photo/Andres Kudacki)<br /><br /><br /><br />
Riot police stop and frisk a camera man with marks on his skin after they grabbed him by the neck while he was filming during protest against the Monarchy near the parliament in Madrid, Spain, Wednesday, June 11, 2014. (AP Photo/Andres Kudacki)

Policías agreden a periodista de Periodismo Humano

12.06.2014 ·  · Texto · VÍDEO : Jaime Alekos

La policía ha impedido una manifestación por la abolición de la monarquía y por un proceso constituyente frente al Congreso, mientras en el interior se aprobaba la ley de abdicación del rey Juan Carlos. Jaime Alekos, periodista de Periodismo Humano, fue agredido y herido en el cuello por un policía, además de ser amenazado e insultado.

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Foto-de-Benito-Ordo%C3%B1ez-de-La-Voz-de-Galicia-

Recortes a la libertad de información en España

21.05.2012 · 

Testimonios  y evidencias sobre los impedimentos y agresiones policiales a los periodistas durante los desalojos y actos del 15M en Madrid, entre el 12 y el 16 de Mayo de 2012.

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 Por Centro de Medios Independientes – Guatemala
Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala ( CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos. En esa acción, fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.
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Vídeo tomado durante el desalojo de Alta Verapaz. En él es posible escuchar los disparos realizados por la PNC .

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos.2

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Concentración de la comunidad de Monte Olivo afuera de la Escuela que días antes fue ocupada por PNC y Ejército. Foto Gustavo Illescas.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas, asimismo se le acosó durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) y se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine, de la documental “La Propuesta Impuesta”. Además, durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno.Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley4843 presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques; y manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público; y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Sin estas garantías es imposible una democracia real.

 


Por Médicos del Mundo

Con motivo del Día Internacional de la Salud, que se celebra hoy 7 de abril, desde Médicos del Mundo hacemos público el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”.

Este informe muestra que las medidas que han tenido que adoptar las comunidades autónomas para ejecutar el Real Decreto-ley 16/2012 son muy heterogéneas y estándescoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios del Estado.

El documento analiza detalladamente los mecanismos ideados por cada región para lidiar con las dificultades de aplicación de la reforma sanitaria. Unas medidas que no son más que “parches” que intentan paliar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado la legislación.

Esta reforma estructural del sistema sanitario se justificó en términos de austeridad. Sin embargo, dos años después, la sociedad española desconoce el ahorro supuestamente producido.

Durante los dos años transcurridos desde su aprobación, diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables.

Un “menú” variado e incompleto

  • 10 comunidades autónomas han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos.
  • 8 de ellas en forma de “programa complementario” para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos y dos reconociendo el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente (Andalucía y Asturias).
  • Entre el resto de comunidades se han definido condiciones de acceso a la atención médica -sin emitir tarjeta sanitaria- en determinados supuestos y con criterios diferentes entre unas y otras.

Como resultado, encontramos un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria que varía considerablemente de unas regiones a otras. Leer más


Patricia de la Riva

Psicóloga y estudiante del máster de Políticas Públicas y Bienestar de la Universidad de Oviedo

Me llamo Patricia de la Riva y soy becaria del Ministerio de Educación y Cultura por necesidad desde hace casi 7 años. Decidí estudiar psicología por lo que no tuve más remedio que mudarme desde Cóbreces (Cantabria) a Oviedo. Pertenezco a una familia monoparental y la renta nunca alcanzó el umbral 1, el nivel más bajo dentro de los requisitos de renta. Por esta razón nunca tuve problemas para que me concedieran la beca y siempre me daban la cuantía máxima, incluyendo movilidad y residencia. Gracias a estas ayudas pude terminar mi carrera ya que de otro modo me habría sido imposible.

El Ministro Wert en TVE

El problema empieza cuando decido hacer en 2012 un máster también en la Universidad de Oviedo, cuando la crisis empieza a agravarse y la lluvia de recortes no parece amainar, los presupuestos para becas se reducen y los requisitos no hacen mas que endurecerse. No sólo la situación económica del país en general empeora, sino que también la familiar al tener mi madre un accidente laboral y tener que estar de baja. El dinero que entra en casa es muy escaso y los esfuerzos para que pueda estudiar muy grandes.

Y si las cosas estaban mal, empeoran el primer año de máster al llevarnos la primera sorpresa: la cuantía de la beca se reduce a 1180 euros cuando normalmente me daban en torno a 6000 para poder hacerme cargo del piso, la comida, las facturas, el material escolar y el transporte durante todo el curso. Descubro que mi máster, al estar dividido en dos años, cada curso no llega al mínimo exigido de 60 créditos para beca completa y que se considera por tanto beca parcial o semipresencial por lo que solo me corresponde la parte de transporte y material escolar. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para que el dinero nos llegara, recortando hasta de la comida. Pero ahí no acaban las sorpresas.

Este verano, el ministro de educación Wert decide llevar a cabo una reforma en el sistema de becas que, según él, beneficiaría a los que mejores notas sacaran y más necesidad económica tuvieran. Ahora las becas se dividen en varios componentes: la beca de matrícula, la variable mínima en base a la nota media del expediente y la renta familiar, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a residencia y la cuantía variable en función de la renta familiar y el rendimiento académico. A pesar de estos cambios, pedí la beca igual que todos los años puesto que tenía confianza en que la cuantía no fuera muy diferente a la del año anterior ya que nuestra renta familiar es muy baja y mis notas altas.

Fue ayer cuando descubrí lo ilusa que fui al llegarme la notificación de la concesión de la beca para este curso, que inicié en septiembre, y comprobar que me daban la irrisoria cuantía de 60 euros, 60 vergonzosos euros. Resulta que para las matrículas parciales sólo corresponde la variable mínima, no teniéndose en cuante si residen fuera del domicilio familiar, ni la renta familiar, ni el transporte, ni el material escolar… No se tiene en cuenta absolutamente nada. Al resto de mis compañeros del máster les ha ocurrido lo mismo. Da igual cómo de similar o diferente sea su situación: todos hemos recibido la misma cuantía. Esto es, cuanto menos, indignante.

El Minisiterio de Educación y Cultura en general y Wert en particular dejan así claro que el interés por los estudiantes españoles es nulo. Su supuesta intención de beneficiar a los más necesitados y premiar el rendimiento se ha quedado en nada. Otra mentira más de nuestros políticos. El sistema de becas se ha convertido en un utensilio en manos de estos personajes sirviendo únicamente para recortar y perdiendo su capacidad para igualar oportunidades de los mas necesitados. En este país no se apuesta por la educación de los jóvenes y lo único que están consiguiendo es que muchos estudiantes se queden fuera del sistema, favoreciendo la cada vez mayor fuga de cerebros.

Encontrarme con esta situación ha sido para mí la gota que colma el vaso. Mi indignación y mi impotencia ante estas injusticias han conseguido facilitar el que tome una decisión que ya venía considerando desde hace tiempo: emigrar. Quizás cuando vea que España apuesta por sus ciudadanos y ciudadanas, por los derechos sociales, por la sanidad, por la educación, quizás entonces me plantee volver.


  por  Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261 desahucios en su primer año de funcionamiento. Así lo ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento, donde ha hecho balance de los primeros 12 meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. “El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas”, ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. “Son familias que antes de firmar, quieren saber, porque saben que el conocimiento las empodera. Las oficinas les han proporcionado información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda”, ha señalado Cortés.

La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. “Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio”, ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4% del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del Programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además, la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del ‘banco malo’. “Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo”, ha remarcado.

Herramienta “paliativa”

“Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares”, ha afirmado Cortés, que ha añadido: “Pero triunfalismo, ninguno. Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán si no se legisla a su favor. La situación de alerta persiste”.

Cortés ha explicado que “la herramienta verdadera y profundamente transformadora” de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. “Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso ‘stock’ de vivienda vacía existente en Andalucía”, ha señalado la consejera.

Bloque institucional

Un total de 229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi). “El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía”, ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. “La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda”, ha concluido Cortés.


Por Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos

El juzgado declara nula la sanción impuesta por la Delegación de Gobierno de Madrid a participante en las Brigadas de Observación de los Derechos Humanos por infringir el principio de presunción de inocencia.

@BrigadasDDHH

En diciembre del 2010, agentes de policía identificaron a las personas que participaban en una brigada, cuando observaban y documentaban una redada racista. Dichas personas fueron multadas por su labor. Estas sanciones violan los derechos de libertad de expresión, asociación y tutela judicial efectiva (presunción de inocencia y utilización de medios de prueba), por lo que se decidió demandar a la Delegación de Gobierno de Madrid por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid estima en parte la demanda y declara NULA la sanción por infracción del principio de presunción de inocencia. No obstante, BVODH recurrimos la sentencia por considerar que no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba.

A. Libertad de asociación: la sentencia ignora que se castiga la actividad de denuncia de las redadas racistas que BVODH realiza, al sancionar a varias brigadistas en esa y en otras ocasiones, y por basarse en un informe policial que atribuía determinadas conductas al colectivo (falsamente). Afirma que las redadas racistas son legales pese a que la sentencia del TC del 2001 ha sido superada con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales. Leer más


Por la Red Española contra la Trata

  • El informe presentado por el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres humanos (Greta) relativo a la implementación del Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Seres Humanos recomienda al Estado Español mejorar sus políticas de prevención de este delito

En el marco del Día Europeo de Lucha contra la Trata de Personas, celebrado el 18 de octubre, la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) recuerda al Estado Español que aún sigue sin cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de las víctimas y la lucha contra este delito y demanda una Ley Integral contra la Trata.

Las ONG miembro de la entidad afirman que, pese a los avances en esta materia, las medidas impulsadas en España en los últimos años se han centrado exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual, sin embargo la trata puede tener otros fines como la explotación laboral, o asumir otras formas como la servidumbre, la mendicidad, los matrimonios forzosos o la extracción de órganos. Por esta razón, el Informe del Greta evidencia, la necesidad de que el Estado haga mayores esfuerzos para afrontar la trata con cualquier fin de Explotación, incluyendo la adopción de un Plan Integral que cubra también la trata con fines de explotación laboral.

Las entidades sociales recuerdan que la última reforma del Código Penal recogió la definición internacional de trata en todas sus formas y dimensiones, “pero ni los planes, ni el resto del ordenamiento, ni los recursos destinados a otras formas de trata son coherentes con esta definición ni con las obligaciones internacionales”, ha destacado Martina Kaplun, coordinadora general de la Fundación Cruz Blanca, entidad miembro de la Red. Leer más


Por Human Rights Watch

  • Una potente arma convencional mata al menos a 12 estudiantes en Raqqa

El Gobierno sirio lanzó un ataque aéreo utilizando bombas de combustibles que hicieron impacto en las cercanías de una escuela de secundaria en la ciudad de Raqqa, controlada por la oposición, y mataron a por lo menos 14 civiles, el 29 de septiembre de 2013,  dijo hoy Human Rights Watch. Al menos 12 de los asesinados eran estudiantes que asistían a su primer día del curso escolar.

Un residente de Raqqa que visitó la escuela inmediatamente después del ataque dijo a Human Rights Watch que había visto 14 cadáveres, algunos de ellos sin extremidades. Un médico del Hospital Nacional de Raqqa dijo que contabilizó a por lo menos 12 cuerpos, la mayoría de ellos de estudiantes, y que el hospital había tratado a 25 heridos.

Las heridas y las quemaduras provocadas por la explosión que se observan en los vídeos y las fotografías de las víctimas, en combinación con las posiciones de los cuerpos y las escasas heridas de metralla, indican que se usaron explosivos de aire-combustible (FAE), también conocidas como “bombas de vacío”, señaló Human Rights Watch. Los explosivos de aire-combustible, que son más potentes que las municiones convencionales altamente explosivas, provocan fuertes daños sobre un área extensa y tienden por lo tanto a impactar de manera indiscriminada sobre zonas pobladas.

“Mientras el mundo intenta controlar las armas químicas de Siria, las fuerzas gubernamentales están matando a civiles con otras armas extremadamente potentes”, dijo Priyanka Motaparthy, investigadora sobre los derechos del niño en Oriente Medio para Human Rights Watch. “Ni siquiera los estudiantes que asisten a su primer día de escuela están a salvo”.

Las bombas explosivas de aire-combustible no son un arma incendiaria ni química. No obstante, teniendo en cuenta la extensión de sus efectos, las convierten en armas altamente indiscriminadas, Human Rights Watch cree que los explosivos de aire-combustible no deberían emplearse nunca en zonas pobladas.

Otros dos residentes de Raqqa, un abogado y un activista de la oposición, dijeron a Human Rights Watch que un caza del Gobierno arrojó las bombas que hicieron impacto en el patio de la Escuela de Secundaria Ibn Tufail alrededor de las 8:05 de la mañana. Señalaron que no había personas armadas en el interior o las cercanías de la escuela, ni había oficinas administrativas o cuarteles de la oposición en la zona. Antes de que comenzara el curso escolar, la escuela había albergado a unos cuantos centenares de personas internamente desplazadas de la zona de Aleppo.

En los vídeos y las fotos del lugar se observan dos cráteres a una distancia de 10 a 14 metros entre ellos en la esquina sudeste del patio, cerca de la entrada principal. Ambos cráteres tienen un diámetro de dos a tres metros y una profundidad de 30 a 60 centímetros, coherente con la onda expansiva de un FAE, que no explota al impactar con el suelo.

En las imágenes de satélite tomadas el 26 de septiembre se ve que la escuela está rodeada de campos y unas cuantas casas pequeñas, y no se observa ninguna muestra visible de estructuras o actividades militares. Según Human Rights Watch, esto aumenta la probabilidad de que el Gobierno hubiera fijado como objetivo la propia escuela.

Raqqa, a unos 160 kilómetros al este de Aleppo, ha sufrido bombardeos frecuentes del Gobierno desde que las tropas de la oposición tomaron la ciudad en marzo. Diversos grupos armados de la oposición tomaron el control de la ciudad al principio, pero recientemente la organización del Estado Islámico de Irak y Sham, vinculada a Al Qaeda, ha aumentado gradualmente su control.

Human Rights Watch visitó Raqqa en abril, pero sus investigadores no han podido regresar por motivos de seguridad.
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Rosa Fernández  García

Presidenta de la Asociación de familiaresn de la Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión de Villabona (Asturias) 

La Asociación de Familiares y Amigos de la UTE, ante las declaraciones efectuadas por el Delegado del Gobierno y el Director del Centro Penitenciario de Villabona el día 25 en el acto de celebración de la festividad de la Merced, manifestamos:
- Nuestro total rechazo a estas declaraciones porque no responden a la verdad y por su carácter injurioso. El Director reincide una vez más, de forma obsesiva, en sus ataques, hacia una de las personas que ha hecho posible la existencia de la UTE. Hay que recordarle que en diciembre del año pasado, aprovechando la felicitación de Navidad a toda la plantilla de Villabona, le dedicó, a este profesional, todo un manifiesto lleno de injurias, que colocó en el tablón de anuncios del Centro y en cada uno de los módulos durante 49 días, del que tuvo que retractarse en Acto de Conciliación y pagar una indemnización. En cuanto a la actuación del Delegado del Gobierno, muestra una total ignorancia de lo que es la UTE y habla de oídas, y nos confirma lo que ya sabíamos que estaba detrás apoyando las acciones del director.

- La UTE y sus profesionales llevan sufriendo el acoso y derribo desde hace casi dos años, tiempo en el que se ha ido desmontando o impidiendo el normal funcionamiento de aquellas partes fundamentales de su estructura que la hacía eficaz y eficiente, y la realidad hoy día es, que lo que se mantiene es a base de la resistencia que están ofreciendo los profesionales e internos que no están dispuestos a arrojar la toalla después de más de 20 años dejándose la piel. Resistencia a pesar de todo el juego sucio que viene desplegando la Dirección a base de amenazas, represalias y todo tipo de actos de desestabilización de la UTE, estos últimos a cargo del Subdirector de tratamiento que no tiene ningún escrúpulo, entre otras acciones, en reunir al grupo de internos referentes de la UTE para hablar mal de la persona, que como ya hemos dicho, ha hecho posible con un grupo de compañeros la existencia de la UTE. Hoy las UTEs están más cerca de convertirse en módulos normales pues ya está apareciendo de manera normalizada la droga y la violencia. Leer más


Un nuevo informe de Oxfam describe cómo la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo logró concentrar aún más tierra en Colombia. – See more at: http://www.oxfam.org/es/crece/pressroom/pressrelease/2013-09-27/divide-y-comprar%C3%A1s-la-nueva-forma-de-concentrar-baldios-en-colombia-cargill#sthash.PP4YncwL.dpuf

Intermón Oxfam

Informe completo

  • La agencia internacional Oxfam llama al gobierno colombiano a esclarecer la legalidad de las transacciones realizadas por Cargill – la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo –entre 2010 y 2012, adquiriendo más de 52,000 hectáreas de tierra en la región de la Altillanura, Colombia, a través de 36 sociedades creadas para este fin.

Desplazados en Colombia (AP)

En un nuevo informe  Oxfam detalla como Cargill habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario.

El reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la tasa de concentración de tierra es de las más altas del mundo y la segunda de América Latina, sólo después de Paraguay. Esta inequidad en el acceso a la tierra va íntimamente ligada a la pobreza rural y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno que ha asolado el país durante más de medio siglo.

La agricultura a pequeña escala es clave

El gobierno sostiene que sólo grandes empresas son capaces de desarrollar el potencial productivo de la Altillanura, y por ello pretende establecer estímulos y reformas legales que allanen el camino a la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, la pequeña economía campesina ha demostrado que puede ser tan o más eficiente, especialmente cuando se mide su aporte a la seguridad alimentaria, el empleo y la reducción de la pobreza.

De acuerdo con Aida Pesquera, directora de país de Oxfam en Colombia; “La inversión pública en agricultura a pequeña escala que garantiza la tenencia de tierras de los pequeños productores de alimentos es sin duda necesaria en Colombia. La inversión privada también es útil pero debe respetar los derechos y la legislación existentes relativa al uso del suelo, e incluir evaluaciones completas de los impactos sociales y ambientales a nivel local y nacional”.

“La concentración de grandes extensiones de tierra en las zonas que han sido destinadas por la ley a la agricultura familiar”, continúa Pesquera “agrava la desigualdad social, el conflicto y empeora los problemas existentes de concentración de tierra en el país “.

Una Reforma Rural Integral pendiente

Este informe llega en un momento histórico para las cuestiones agrarias en Colombia en términos políticos, económicos y sociales: el paro agrario nacional, que comenzó en agosto de 2013 y que movilizó a la sociedad civil en general, no tiene precedentes recientes en el país y revela la importancia del desarrollo rural en Colombia; la nueva Ley de Desarrollo Rural en discusión; y las diversas iniciativas legislativas que tratan de regular la compra masiva de tierras por parte de extranjeros.

Como si esto no fuera bastante, la Reforma Rural Integral es el elemento clave en la agenda de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana. El gobierno colombiano ha demostrado su voluntad de avanzar hacia una reforma rural integral y una política agraria que fortalezca la economía de los pequeños productores.

“El caso de la inversión de Cargill en la Altillanura” concluye Pesquera “pondrá a prueba la coherencia de las políticas de un gobierno acorralado entre protestas nacionales sobre cuestiones agrarias y un compromiso público con una distribución más democrática de la tierra”.

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