Toma la palabra

Por Human Rights Watch

La muerte de Adnan Latif destaca el trauma que acarrea la detención indefinida sin juicio

Presos en Guantánamo (HRW)

(Washington DC, 12 de septiembre de 2012) – La muerte de un detenido en la Bahía de Guantánamo el 8 de septiembre de 2012 pone de relieve la necesidad de que el Gobierno de Estados Unidos procese a los detenidos en una corte civil o que los ponga en libertad, Human Rights Watch señaló hoy. La muerte de Adnan Latif, un yemení que presentaba un cuadro grave de estrés emocional y había intentado suicidarse varias veces, pone de manifiesto el sufrimiento de las personas que permanecen largos períodos en detención indefinida sin juicio.

“La muerte de otro preso debería llamar la atención del mundo sobre la continua tragedia de la detención indefinida sin juicio en Guantánamo”, señaló Andrea Prasow, asesora principal de Contraterrorismo de Human Rights Watch. “El gobierno de Barack Obama debería cumplir con su promesa de larga data de cerrar Guantánamo”.

Latif fue detenido por primera vez por las autoridades militares paquistaníes a finales de 2001 y enviado a Guantánamo en enero de 2002. En 2004, Latif declaró ante una comisión evaluadora militar que había ido a Pakistán, y posteriormente a Afganistán, para recibir tratamiento médico por las lesiones que sufrió tras un accidente automovilístico. La junta rechazó su petición para buscar los registros médicos que respaldan su versión. El historial médico, que fue obtenido más tarde por los abogados de Latif y enviado a Human Rights Watch, describía graves lesiones en la cabeza y recomendaba que se sometiera a una operación adicional.
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Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española

de Ayuda al Refugiado (CEAR),Asociación Elin y la Federación SOS Racismo

 

  • No se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, ni se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo. En cambio, han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes.

El dilema planteado por el Gobierno español sobre no ceder al “chantaje de las mafias”, según palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por los derechos de las personas llegadas a nuestro territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta situación. La entrega de 73, de las 83 personas inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de Extranjería y la consiguiente violación de los derechos reconocidos en la mismas.

La legislación obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español, hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte. Entre las diversas garantías que establece la ley se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Más allá de los menores y la madres que no han sido expulsadas y, por tanto, acogidas en Melilla, dada la procedencia subsahariana de la mayoría las personas inmigrantes, las autoridades españolas deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o dónde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos.

En el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes, ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los inmigrantes subsaharianos a través de la frontera con Argelia, dónde son abandonados en mitad del desierto. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sido denunciadas reiteradamente por las palizas y malos tratos que dispensan a las personas inmigrantes. Situación que podría haberse producido esta misma noche según la crónica del diario El País.

Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación. El gobierno español está obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al “efecto llamada”. Una concepción de mano dura contra la inmigración irregular que ocasionó que en los primeros días de estancia en el islote, se retrasara de forma injustificada la asistencia humanitaria que necesitaban.

Por esos motivos, las organizaciones firmantes están valorando la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el asunto.

Las organizaciones firmantes forman parte de Migreurop.


Consejo General de la Abogacía de España (CGAE)

  • Según el CGAE, la regulación de estos centros no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros pendientes de expulsión, especialmente en lo referido a la asistencia letrada

  • La Abogacía considera “inadmisible” que la situación jurídica sea más restrictiva para los internados en CIES que en centros penitenciarios
  • El Gobierno español impide la entrada al Defensor del Pueblo catalán al CIE  de Barcelona

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y la defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, han inaugurado esta mañana la segunda jornada del ciclo “Crisis y Derechos Humanos” que ha organizado la Fundación del CGAE en colaboración con LA LEY.

En esta jornada, que ha contado con la participación de portavoces y representantes de los partidos políticos, se ha presentado el informe elaborado por la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía ‘Centros de Internamiento de Extranjeros en España: régimen vigente y propuestas de futuro’.

El CGAE considera que el derecho español no se ajusta por completo al de la Unión Europea en materia de extranjería y por tanto el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) deberá adecuar el ordenamiento interno al derecho de la UE. A juicio del CGAE, la regulación de los CIE no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros sometidos a un proceso de expulsión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada, que actualmente carece de una regulación completa y sistemática. El CGAE considera que es “inadmisible” que la ley no detalle el estatuto jurídico de los extranjeros pendientes de repatriación y por lo tanto éstos se encuentren en una situación jurídica más restrictiva de sus derechos que la de los internos en Instituciones Penitenciarias, cuando los internados en los CIE solo tienen temporalmente restringida la libertad deambulatoria.

Carlos Carnicer y María Luisa Cava de Llano

Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, con el que la Abogacía quiere contribuir a resolver la actual situación de “limbo” o “páramo” jurídico en el que se encuentran estos centros y que las sucesivas reformas legales no han paliado.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El CGAE, en la línea de defensa de los Derechos Humanos que siempre ha asumido, ha mostrado una honda preocupación por las situaciones de vulneración de esos derechos que se producen tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.

Una de las situaciones especialmente difícil se produce en relación con los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros, ya que – como ha sido denunciado reiteradamente tanto por el CGAE como por otras instituciones-la arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional vulneran los derechos de las personas en ellos internadas.

En el informe se reitera la necesidad de clarificar la finalidad y la naturaleza administrativa de estos centros, así como la necesidad de elaborar un registro riguroso y fiable de las personas internadas y de su situación jurídica.

En este sentido, cabe destacar que de las 16.590 personas internadas, y por tanto privadas de libertad con finalidad de expulsión, en el año 2009 (últimos datos oficiales disponibles) solo 8.935 fueron expulsadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la finalidad de estos centros debe ser exclusivamente la de llevar a cabo la repatriación, casi un 50% de los internamientos que se produjeron no habría tenido, en rigor jurídico, un fundamento legal.

La adaptación a la normativa europea permitiría que la medida de internamiento – una medida que debe ser adoptada excepcionalmente, ya que implica una privación de libertad- sea revisada periódicamente, y que si hubiera algún impedimento para hacer efectiva la expulsión, se procediera a la inmediata salida del CIE, previa adopción de otras medidas cautelares alternativas, en su caso.

PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA

El CGAE considera que el plazo de 60 días actualmente vigente es excesivo y que debería volverse a la situación anterior a la reforma del 2009 que especificaba un periodo máximo de 40 días, periodo equivalente a los supuestos de extradición. En Francia, por ejemplo, ese periodo se ha establecido en 45 días.

Otra de las propuestas recogidas en el informe del CGAE es que las actuaciones administrativas estén sometidas a un exhaustivo control judicial que tutele los derechos de los internados, ya que la actual regulación carece de cauces que incardinen la denuncia por los extranjeros recluidos en los CIES de las posibles vulneraciones de sus derechos y su posterior revisión judicial.

Asimismo deben regularse los procedimientos para que los internados puedan ejercer todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, como el derecho a la integridad física y a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, derecho a la asistencia jurídica en su idioma (derecho al intérprete); secreto de las comunicaciones y derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita.

El CGAE ha enviado este informe el Defensor del Pueblo, a los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y al Ministerio del Interior para que tengan en cuenta sus sugerencias en la elaboración de las futuras normas legales.

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El síndic de greuges, Rafael Ribó, y otros miembros de su equipo, en calidad también de Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura (ACPT), han visto denegada su entrada esta mañana en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. La delegada del Gobierno español en Cataluña, María de los Llanos de Luna y la Comisaría General de Extranjería, a quienes se había comunicado previamente la visita, les han denegado el acceso.

(c) Síndic

El Síndic tienen, entre otras funciones, la de supervisar los centros donde hay personas privadas de libertad. Anteriormente el Síndic había visitado el CIE de la Verneda. Desde el año 2010 ha recibido varias quejas de personas internas en el CIE de la Zona Franca y ha abierto tres actuaciones de oficio. Dos actuaciones con motivo de la muerte de dos internos, la última en el mes de enero de 2012, y una tercera a raíz de la huelga de hambre de un grupo de internos para denunciar las condiciones del centro.

El Síndic, en aplicación del Artículo 56 de la Ley del Síndic, ha solicitado la colaboración de la Delegación del Gobierno de España en Cataluña para obtener información y completar estas actuaciones de oficio. La Delegación del Gobierno no ha facilitado información alguna al Síndic y ha incumplido el citado artículo de la Ley del Síndic.

Rafael Ribó reafirma la necesidad de normalizar, de acuerdo con la legislación vigente, las funciones del Síndic también en el CIE de la Zona Franca tanto por un principio de eficiencia en las labores de supervisión, como de transparencia.

La Ley del Síndic también atribuye a la institución, en virtud del Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por España, la condición de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el carácter de organismo independiente. Algunas de las funciones del Síndic como ACPT son visitar periódicamente los espacios en que se encuentren personas privadas de libertad y hacer recomendaciones a las autoridades competentes.


Coordinadora de ONGD España

Los recortes en materia de cooperación de 1.389 millones anunciados por el Ministro Montoro tras el Consejo de Ministros suponen un golpe brutal al sistema de cooperación internacional y ponen en serio peligro lo conseguido durante décadas de trabajo especializado en los países empobrecidos.

Daña profundamente la imagen de España, al incumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional y, consecuentemente, a la Marca España de la que, según el gobierno, la cooperación al desarrollo forma parte.

Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, el presupuesto de cooperación al desarrollo ha sido con diferencia el más afectado. El recorte sufrido en los Presupuestos Generales del Estado supone una reducción de 47,6%, frente al presupuesto de otros programas de gobierno; situándose de esta forma en niveles de 2005. Tal recorte, muestra la absoluta desproporción de la medida asumida por el gobierno.

Recordamos que la cooperación al desarrollo no es un problema, sino una solución. La crisis es global y global deben ser sus respuestas; la cooperación es una herramienta fundamental para encontrar esas respuestas.

Los Presupuestos Generales del Estado deberían haber reflejado el compromiso del gobierno con el ejercicio de los derechos de todas las personas. En un momento como el actual, los presupuestos debería haber enfrentado con firmeza la desigualdad, tanto a nivel nacional como internacional, orientando la acción del gobierno hacia la consecución de estos derechos.

Reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra la pobreza que mantendremos incluso en circunstancias adversas como las que enfrentamos.


por UNICEF

UNICEF aplaude hoy la condena de la Corte Penal Internacional contra Thomas Lubanga por los crímenes de guerra en los que se reclutaba a niños para su movimiento armado en la República Democrática del Congo (RDC).

Como resultado de la decisión histórica de hoy, Lubanga es el primer jefe militar que se enfrenta a la justicia internacional por la utilización de niños como armas de guerra. ”Esta es una victoria fundamental para la protección de los niños en los conflictos”, dijo AnthonyLake, Director Ejecutivo de UNICEF. ”La condena de Thomas Lubanga por parte de la Corte Penal Internacional envía un mensaje claro a todos los grupos armados que esclavizan y maltratan a los niños: la impunidad no será tolerada.”

Thomas Lubanga Dyilo, ex presidente de las Unión de Patriotas Congoleños, fue declarado culpable de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos como participantes activos en el conflicto de la República Democrática del Congo en 2002 y 2003. Miles de niños, algunos de tan solo siete años, fueron reclutados y utilizados como combatientes, así como porteadores, cocineros y esclavos sexuales, por parte de todos los bandos en conflicto.

Lubanga, 2003 (AP Photo/Karel Prinsloo)

UNICEF incide en que el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos es un crimen de guerra. A menudo son los niños más vulnerables los que sufren explotación -los huérfanos, y niños que han sido separados de sus familias y comunidades a causa de la violencia-. UNICEF ha pedido en repetidas ocasiones el enjuiciamiento de quienes cometeneste delito.

“La explotación de niños por parte de grupos armados va más allá de violar sus derechos,les roba su infancia”, dijo Lake. ”A UNICEF le alienta que el Fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, haya hecho hincapié en la situación de los niños reclutados y utilizados por fuerzas o grupos armados en su enjuiciamiento exitoso”.

Decenas de miles de niños siguen siendo víctimas de estas graves violaciones en al menos 15 conflictos armados en todo el mundo. UNICEF mantendrá sus esfuerzos en el trabajo para rescatar a estos niños y rehabilitarlos.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia viene trabajando intensamente en varios países, entre ellos la República Democrática del Congo, para ayudar a los niños atrapados en conflictos a través de programas de educación y capacitación técnica en las comunidades, y especialmente apoyando a mujeres y niñas. Desde 2005, al menos 35.000 niños han sido liberados o escaparon de las fuerzas armadas o grupos armados en la RDC y han recibido el apoyo de UNICEF y sus aliados para lograr reintegrarse en sus comunidades y familias.


Protestas contra Mubarak en El Cairo, 2011. (AP / Ben Curtis)

por Human Rights Watch. Informe Mundial 2012.

Son muchos los gobiernos democráticos que, en función de sus vínculos con aliados represivos, han mitigado su defensa de los derechos humanos en el marco de las protestas de la Primavera Árabe, señaló Human Rights Watch en su Informe Mundial 2012. Por una cuestión de principios e intereses a largo plazo, los gobiernos deberían expresar su firme apoyo a las personas de Oriente Medio y África del Norte que reclaman sus derechos fundamentales y trabajar para asegurar la transición hacia democracias genuinas.

El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante el apoyo internacional firme y coherente a quienes se manifiestan de manera pacífica y a los críticos del gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los gobiernos populares se mantengan alejados de la intolerancia, el desorden y las represalias que pueden manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla en riesgo, afirmó Human Rights Watch.

“Las personas que impulsan la Primavera Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional para poder ejercer sus derechos y construir democracias genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La lealtad hacia socios autocráticos no debería impedir apoyar a quienes promueven reformas democráticas. También se necesita de la influencia internacional para asegurar que los nuevos gobiernos extiendan el reconocimiento de los derechos humanos y el imperio de la ley a todas las personas, especialmente mujeres y minorías”.

El Informe Mundial 2012 documenta violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que incluyen transgresiones del derecho de guerra en Libia y Afganistán; la difícil situación de los presos políticos en Vietnam y Eritrea; el silenciamiento del disenso en China y Cuba; las restricciones a Internet en Irán y Tailandia; las ejecuciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en India y México; los problemas vinculados con comicios en Rusia y la República Democrática del Congo; el maltrato de migrantes en Europa Occidental; las deficientes políticas de salud materna en Haití y Sudáfrica; la represión de la libertad religiosa en Indonesia y Arabia Saudita; las torturas en Pakistán y Uzbekistán; la discriminación contra personas con discapacidad en Nepal y Perú; y la detención de personas sin ningún tipo de proceso judicial en Malasia y por Estados Unidos.

Un paso positivo ha sido la adopción de un tratado internacional para proteger los derechos de los trabajadores del hogar, expresó Human Rights Watch. Los trabajadores del hogar están particularmente expuestos a abusos, y pese a ello muchos países los excluyen de las protecciones legales y otras garantías. El nuevo tratado garantiza los derechos fundamentales de millones de migrantes que trabajan en casas particulares como empleados del hogar o al cuidado de niños u otras personas.

La política occidental respecto a los países árabes ha sido tradicionalmente de contención, y ha apoyado a diversos autócratas árabes con el fin de garantizar la “estabilidad” en la región, incluso en momentos en que la democracia se consolidaba en otras partes del mundo. Human Rights Watch indicó que entre las razones por las cuales tantos gobiernos democráticos admiten una “excepción árabe” se incluyen el temor al islam político y el terrorismo, la necesidad de asegurar el suministro de petróleo y una política de larga data que depende de las autocracias para la preservación de la paz entre Israel y el mundo árabe, así como para ayudar a contener la migración hacia Europa.

Protestas contra Mubarak en El Cairo, 2011. (AP / Emilio Morenatti)

“Los eventos del año pasado demuestran que el silencio impuesto a las personas que viven bajo regímenes autocráticos no debería haberse confundido con conformismo popular”, señaló Roth. “Es tiempo de poner fin a la ‘excepción árabe’ y reconocer que las personas de la región merecen que se respeten sus derechos y libertades al igual que cualquier otra persona”.

Las repercusiones de la Primavera Árabe se han sentido en todo el mundo, afirmó Human Rights Watch. Los líderes de China, Zimbabue, Corea del Norte, Etiopía, Vietnam y Uzbekistán parecen vivir permanentemente bajo el temor, ahora alimentado por estos antecedentes, de que sus gobiernos autocráticos sean derrocados por el pueblo. Pero incluso democracias como India, Brasil y Sudáfrica se han mostrado renuentes a apoyar el cambio. Al apelar a una visión obsoleta que asocia la promoción de los derechos humanos con el imperialismo e ignorar el apoyo internacional recibido históricamente cuando su propio pueblo reclamó el reconocimiento de tales derechos, a menudo estas democracias no se han expresado en el contexto de las Naciones Unidas a favor de las personas que son objeto de represión.

China y Rusia han adoptado una postura aun más obstruccionista y han vetado medidas del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a ejercer presión sobre Siria para que desista de la matanza de miles de manifestantes. La supuesta razón detrás de esta postura —evitar una intervención militar como ocurrió en Libia— pierde plausibilidad si se tiene en cuenta el contenido moderado de la resolución vetada, que en ningún caso podía interpretarse que autoriza la acción militar.

Human Rights Watch señaló que la comunidad internacional podría tener un rol trascendental en la promoción de democracias que favorezcan el respeto de los derechos humanos en Oriente Medio y África del Norte. En vez de negarse a apoyar la propagación del islam político, como sucedió en algunas ocasiones en el pasado, los gobiernos democráticos deberían reconocer que posiblemente el islam político represente la preferencia de la mayoría, manifestó Human Rights Watch. Sin embargo, la comunidad internacional debería insistir en que los gobiernos islámicos cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con el respeto de los derechos de las mujeres y la libertad religiosa, al igual que cualquier otro gobierno.

Con respecto a Oriente Medio y África del Norte, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron una posición más firme frente a la represión en Libia y Siria, cuyos líderes se consideraban hostiles para Occidente, expresó Human Rights Watch. Pero no actuaron con igual contundencia frente al presidente de Egipto Hosni Mubarak, percibido como un baluarte de la “estabilidad” en la región hasta el momento en que su suerte estuvo prácticamente echada. No se pronunciaron en contra de la inmunidad del presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh por su responsabilidad en la matanza de manifestantes —a pesar de que se sugirió que no habría consecuencias para nuevas muertes—, ya que se le considera un bastión frente a Al Qaeda en la Península Arábiga. Tampoco aplicaron presiones genuinas contra Bahréin cuando sofocó su movimiento democrático, para evitar herir la sensibilidad saudita, por temor a la influencia iraní y para intentar proteger una base naval estadounidense.

Estados Unidos y algunos aliados europeos podrían contribuir significativamente a la erradicación de la tortura en el mundo árabe al reconocer sus propios antecedentes de complicidad en torturas cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos occidentales deberían sancionar a los responsables de ordenar o facilitar torturas y poner fin al uso de garantías diplomáticas como excusa para justificar el envío de presuntos criminales a países donde pueden ser sometidos a torturas.

Los países miembros de la Liga Árabe, que históricamente se han defendido entre sí frente a cualquier crítica relativa a derechos humanos, han manifestado un compromiso más constructivo durante la Primavera Árabe, aseveró Human Rights Watch. La Liga Árabe apoyó las medidas de presión para poner fin a la represión de Gaddafi en Libia, aplicó sanciones contra Siria y envió a observadores como parte de un intento, hasta el momento infructuoso, por detener la matanza perpetrada en Siria por Bashar al-Assad. Contrariamente, la Unión Africana (UA) se ha mostrado cautelosa ante los sucesos de la Primavera Árabe, aun cuando la UA se creó supuestamente para defender la democracia y la libertad.

Los gobiernos de transición en Túnez, Libia y Egipto necesitan ayuda para revisar sus leyes represivas y consolidar instituciones de gobierno que fueron debilitadas y cuyo desarrollo fue obstaculizado deliberadamente por los regímenes autocráticos, principalmente las instituciones nacionales de justicia, indicó Human Rights Watch. Mientras que los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales no tengan una expectativa razonable de que podrán ser juzgados por su actuación indebida, difícilmente se resistirán a la posibilidad de recurrir al abuso, la violencia y la corrupción.

Esto también se aplica al rol complementario que desempeña la justicia internacional.

“Los gobiernos que respetan los derechos humanos deberían apoyar las iniciativas de justicia internacional independientemente de cualquier consideración política. Sería erróneo creer que al permitir que los países escondan los abusos cometidos en el pasado se evitarán del algún modo atrocidades en el futuro”, afirmó Roth. “A un año del comienzo de la Primavera Árabe, deberíamos defender con firmeza los derechos y las aspiraciones de las personas por sobre las arbitrariedades de los tiranos”.


por Esther Vivas| Viento Sur

“La mujer, desesperada por obtener las mejores ofertas en la tienda de descuento Wal-Mart, regó con un spray de pimienta a las personas que esperaban con la intención de alejarlas de la mercancía que ella quería”. Ésta podría ser la escena de una película de Pedro Almodóvar si no fuese porque la imagen pertenece a la realidad y tal relato fue publicado, el 25/11/2011, en el periódico Los Angeles Times.

Visto lo visto podríamos sugerir que frente a los grandes centros comerciales, y aún más en época de rebajas, se colocaran grandes carteles advirtiendo que “consumir perjudica gravemente su salud”, al más puro estilo de las Autoridades Sanitarias. Y es que el consumismo irracional, superfluo y no necesario, que promueve el sistema capitalista, no sólo puede afectar de manera inesperada y contundente nuestra salud vía “ataque de spray pimienta”  sino que sobre todo afecta la “salud” del planeta.

Sólo por poner un ejemplo, si todo el mundo consumiera como un estadounidense medio harían falta cinco planetas tierra para colmar nuestra voracidad, pero de planeta tierra sólo tenemos uno aunque se nos quede pequeño. Nos hemos acostumbrado a vivir sin tener en cuenta que habitamos en un mundo finito y el capitalismo se ha encargado muy bien de ello. Se asocia progreso a sociedad de consumo, pero tendríamos que preguntarnos progreso para qué y para quiénes y a costa de qué y de quiénes.

Los cantos de sirena de la modernidad nos dicen que consumir nos va a hacer más felices, pero tal felicidad nunca llega por más que compremos. “Ahoga tus penas con una buena compra” parece el slogan del capitalismo de hoy, pero nuestra insatisfacción nunca queda satisfecha. La felicidad no llega golpe a de talonario.

Nos dicen que compremos unas gafas Chanel, un osito Tous o unos pantalones Mango para sentirnos Claudia Schiffer, Jennifer López o Gerard Piqué. La época de vender un producto ha pasado a la historia. Ahora, como enseñan las buenas escuelas de marketing, nos venden al famoso de turno junto a la promesa de “salud, dinero y amor”. Y nosotros pagamos encantados el precio de nuestros sueños.

Nos venden lo anecdótico como imprescindible y lo banal como necesario y nos crean una serie de necesidades artificiales. Cambiar de ropa cada temporada, un móvil de última generación, una televisión de plasma, etc., etc., etc. Con el consiguiente monto de residuos tecnológicos, de vestir, electrónicos… que desaparecen tras nuestra puerta y que pasan a engrosar las pilas de deshechos en los países del Sur, contaminando aguas, tierra y amenazando la salud de sus comunidades.

O bien el sistema contra-ataca con su obsolescencia programada… planificando la fecha de caducidad de todo aquello que compramos para que al cabo de X tiempo se estropee y tengas que adquirir otro nuevo. ¿Para qué una bombilla que nunca se apaga, unas medias sin carreras o un ordenador que no funciona? Mal negocio. Aquí sólo gana quien vende.

A lo mejor ya va siendo hora de plantearnos que podemos “vivir mejor con menos”. Y ser conscientes de cómo nos quieren hacer cómplices de un sistema que nos han impuesto y que sólo beneficia a los mismos de siempre. Nos dicen que hay sociedad de consumo porque queremos consumir, pero -más allá de nuestra responsabilidad individual- nadie, que yo sepa, ha escogido esta sociedad donde nos ha tocado vivir, o al menos a mí no me han preguntado. Y es que desde que llevamos pañales hasta que se nos caen los dientes nos bombardean con el “comprar comprar comprar”. Ahora nos dicen que saldremos de esta crisis “consumiendo”. Yo me pregunto si “consumiendo” o “consumiéndonos”.

*Esther Vivas es autora “Del campo al plato” (Icaria ed., 2009) y “Supermercados, no gracias, Icaria ed., 2007).


por Migreurop

La organización euroafricana reclama el cierre de estos centros y, entre tanto, exige una ley orgánica que regule su funcionamiento.

En varias ciudades se manifiestan este fin de semana contra los CIE .

Una niña llora a puerta del Centro de Internamiento de Aluche, donde está encerrado su padre, a quien las autoridades policiales han asignado el número 2286 / Juan Medina

“Personas privadas del derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a la integridad moral y a la propia dignidad”, esta es la principal conclusión del Informe CIE, Derechos Vulnerados que ha sido presentado esta mañana en la sede de Málaga Acoge de la capital malagueña por la red euroafricana Migreurop con motivo de la Semana por los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante, que se celebra el próximo domingo 18 de diciembre. El informe es fruto del trabajo realizado durante el año por la organización dentro de la iniciativa Migreurop España y que ha contado con la visita a cuatro centros, concretamente a los de Málaga, Algeciras, Madrid y Barcelona.

Las conclusiones del documento evidencian que las personas que se encuentran internadas en los CIE deberían estar en centros especiales sin carácter penitenciario y tener mejores condiciones que los presos, ya que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa como es no tener la documentación en regla. No obstante, aseguran, “la realidad es que estas personas estánencerradas en verdaderas cárceles con condiciones muy inferiores a las que tienen en los centros penitenciarios y se encuentran privadas de derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a intérprete, a la integridad moral, a la confidencialidad, y en algunos casos, como en el del CIE de Algeciras, al derecho a la dignidad con la práctica del desnudo integral previo al ingreso en el centro”.

Las organizaciones miembro de Migreurop recuerdan que los internos tienen únicamente restringido por ley su derecho ambulatorio, por lo que consideran “inaceptable” que se les prive del resto. Por ello, Migreurop reclama el cierre de estos centros, muchos de los cuales -centros de Málaga y Algeciras- no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Mientras tanto se produce el cierre, apuntan, “es prioritaria la aprobación de una ley orgánica que regule el funcionamiento de los CIE, para que no se produzcan más atropellos a los derechos de las personas”, regulación que ha sido respaldada ya por más de 40.000 firmas y 400 entidades en una reciente campaña.

Durante su intervención, las organizaciones destacaron otras cuestiones no menos relevantes como el escaso o nulo control judicial de estos centros, las notables deficiencias en sistemas de evacuación y prevención de incendios, la designación de los internos por un número en lugar de por su nombre y apellidos y la ausencia de cámaras en parte de las instalaciones, que impiden fiscalizar la actuación de los funcionarios y prevenir actividades ilegales, denunciadas en numerosas ocasiones por las personas que han pasado por estas instalaciones.

Ante las evidencias que plantea el informe, las organizaciones solicitan que se prohíba la detención de personas en lugares que no tengan la consideración legal de CIE, como en el caso de Tarifa, el acceso regular de las organizaciones sociales para fiscalizar su funcionamiento, la comunicación con el exterior a través de teléfonos públicos y móviles de su propiedad, una asistencia médica y social independiente, visitas en condiciones de dignidad e intimidad, mecanismos para prever malos tratos y transparencia y control de estos centros por parte de la autoridad judicial.

Informe ‘CIE, Derechos Vulnerados

Resumen Ejecutivo Informe  ‘CIE, Derechos Vulnerados’

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Sábado 17/Domingo 18, Diciembre, 2011

Manifestaciones frente a los CIE en

Madrid,

Valencia y

Málaga.

(Añadir otras convocatorias en comentarios)


Anna Neistat, directora asociada de Programa de Situaciones de Emergencia

Human Rights Watch

  • Identificados 74 comandantes que dieron las órdenes de “disparar a matar”
  • El Consejo de Seguridad debería remitir el caso de Siria a la CPI por crímenes contra la humanidad
Militares desertores revelaron nombres, rangos y cargos de quienes dieron las órdenes para disparar y matar, y cada uno de los oficiales mencionados en este informe, hasta los más altos niveles del Gobierno sirio, debe responder por sus crímenes contra el pueblo sirio. El Consejo de Seguridad debería garantizar la rendición de cuentas remitiendo el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.

Militares sirios en Homs. (AP Photo)

Ex soldados sirios identificaron por nombre a 74 comandantes y oficiales responsables de ataques contra manifestantes desarmados, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. El documento nombra a comandantes y oficiales del Ejército y las agencias de inteligencia de Siria que presuntamente ordenaron, autorizaron o toleraron numerosos homicidios, torturas y detenciones ilegales durante las protestas de 2011 contra el Gobierno. Human Rights Watch ha instado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) a que remita el caso de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI) e imponga sanciones contra los funcionarios implicados en los abusos.

El informe de 88 páginas, “‘By All Means Necessary!’: Individual and Command Responsibility for Crimes against Humanity in Syria ”(“‘¡Por todos los medios necesarios!’: Responsabilidad individual y de mando por los crímenes contra la humanidad en Siria”), está basado en más de 60 entrevistas con desertores del Ejército y las agencias de inteligencia de Siria. Los desertores suministraron información detallada sobre la participación de sus unidades en ataques y abusos contra ciudadanos sirios y las órdenes que recibieron de jefes y oficiales de diferentes rangos, que son nombrados en el documento.

Las declaraciones de los desertores “no dejan lugar a dudas de que las fuerzas de seguridad sirias cometieron abusos generalizados y sistemáticos, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, como parte de una política estatal en contra de la población civil, dijo Human Rights Watch. Estos abusos constituyen crímenes contra la humanidad.

Los asesinatos de manifestantes y transeúntes

Todos los desertores entrevistados por Human Rights Watch aseguraron que los comandantes dieron órdenes para contener las protestas abrumadoramente pacíficas en todo el país “por todos los medios necesarios”, durante las reuniones regulares de los soldados y las unidades armadas y antes de su despliegue. Los desertores dijeron que entendieron la frase “por todos los medios necesarios” como una autorización para recurrir a la fuerza letal, sobre todo teniendo en cuenta que se les había dado munición de guerra en lugar de otros medios de control de multitudes.

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Por Nnimmo Bassey
Presidente de Amigos de la Tierra Internacional y director de Environmental Rights Action

Recolección para agrocombustibles (AP)

La ciencia nos dice que vamos directo hacia una crisis climática, y está en nuestras manos cambiar de rumbo.Sin embargo, algunas soluciones preocupantemente falsas están sobre la mesa de conversaciones de laConvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por ejemplo promoviendo los biocombustibles disponibles en el mercado, como el etanol.
El término “biocombustibles” es engañoso. Estos combustibles elaborados en base a vegetales se ajustan mejor a la descripción de “agrocombustibles”, porque distan de ser verdes.
Quienes todavía sostienen que los agrocombustibles emiten muchos menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles ignoran que sus emisiones se liberan en la etapa productiva, a consecuencia del cambio en el uso de la tierra, la aplicación de fertilizantes y el procesamiento.
Sin embargo, muchos gobiernos, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y empresas multinacionales dedicadas a los agronegocios, el petróleo y el transporte, promueven los agrocombustibles como una solución a las necesidades energéticas mundiales.
Pasar de los combustibles fósiles a los agrocombustibles no hace que los pobres tengan más acceso a la energía, sino que agrava problemas existentes, como el acaparamiento de tierras. También crea desafíos específicos para la provisión alimentaria, pues cultivos antes dedicados a producir alimentos, como el maíz y el azúcar, ahora se destinan al etanol.
Y, lo que es crucial, los agrocombustibles pueden desviar recursos destinados a energías limpias y renovables como la eólica y la solar.
La agricultura a gran escala para obtener agrocombustibles, a diferencia de la pequeña, suele acompañarse de actividades negativas como el uso intensivo de agua, fertilizantes y pesticidas.
A menudo se causa así contaminación y degradación y se agotan los recursos hídricos disponibles abriendo el paso al peligro de hambrunas.
En el planeta no hay suficientes tierras agrícolas para que los cultivos para agrocombustibles satisfagan las enormes necesidades energéticas de nuestro insostenible modo de vida, sostienen varios analistas.
Un informe de este año sobre el Índice Global del Hambre señala que el cambio climático, la creciente demanda de biocombustibles y el aumento del comercio mundial de materias primas a futuro son las principales causas de la carestía de los alimentos, que exacerbó la hambruna que padece el Cuerno de África.
Los agrocombustibles simplemente no solucionan la crisis climática y energética, aunque hay evidencias de que los biocombustibles a pequeña escala, de producción y capitales locales, pueden ser parte de la solución cuando ayudan a satisfacer las necesidades locales.
En casi todos los 36 estados de mi país, Nigeria, la Corporación Nacional Nigeriana del Petróleo (NNPC, por sus siglas en inglés) y sus socios extranjeros adquirieron grandes extensiones de tierra para producir etanol a partir de mandioca, sorgo y caña de azúcar.
Algunas plantaciones y centrales producción de agrocombustibles se ubican en lugares que ya tenían falta de agua, dejando a las comunidades casi sin medios de vida.
Investigadores del capítulo nigeriano de Amigos de la Tierra concluyeron que el gobierno ni siquiera había consultado a la población local antes de que se adquirieran tierras comunitarias.
África ocupa un lugar importante en el radar de los promotores de los agrocombustibles, y los gobiernos africanos ven en ellos beneficios financieros de enorme potencial para las elites políticas y financieras.
Pero cada vez más investigaciones científicas muestran que los agrocombustibles estimulan la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de suelos, así como la contaminación y el agotamiento del agua, e incluso el cambio climático.
Quienes toman las decisiones deben reconocer esa realidad y el hecho de que los agrocombustibles fomentan la carestía alimentaria, el hambre, las violaciones de derechos agrarios, los conflictos, desplazamientos y abusos.
Que los agrocombustibles han desatado una nueva fiebre por África ya no es noticia. Se acaparan millones de hectáreas sin que nadie se preocupe demasiado por los pobres que probablemente enfrenten desplazamientos, y por el impacto en la agricultura familiar y otros pequeños establecimientos rurales.
La agricultura contribuye con más de la cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Lamentablemente, el texto de la convención sobre el cambio climático no aclara que la principal culpable es el agronegocio industrial, que depende de fertilizantes químicos y monocultivos, incluso los que se destinan a los agrocombustibles.
Los pequeños agricultores aplican sobre todo técnicas agroecológicas que enfrían al planeta.
Muchos gobiernos, empujados por las empresas, presionan para que las negociaciones climáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyen soluciones falsas a la crisis climática, como la adopción de los agrocombustibles y el comercio de las contaminantes emisiones de carbono, en lugar de su reducción.
Por eso nuestro planeta se encamina a un aumento de la temperatura media de más de dos grados y a los efectos catastróficos que -la ciencia nos indica- traerá aparejado.
Afrontar la crisis climática requiere objetivos obligatorios de reducción de emisiones, aplicados sin el mecanismo de compensación de carbono, que no es más que una cortina de humo para ocultar la contaminación de siempre.
Los objetivos voluntarios de reducción de emisiones, como los incluidos los acuerdos de Copenhague y de Cancún, no son eficaces.
Dejémonos de soluciones falsas. Invirtamos con urgencia en soluciones reales, como reducir el consumo, mejorar la eficiencia energética, virar hacia las energías renovables y limpias y hacia una producción alimentaria local y sostenible.
Mientras las negociaciones de la ONU marchan a paso de tortuga, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en abril de 2010 en Cochabamba, Bolivia, lanzó un avanzado Acuerdo de los Pueblos proponiendo y exigiendo verdaderas respuestas.