Toma la palabra

Por APDHA

Hoy se ha presentado en rueda de prensa en Sevilla el informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014” que cada año elabora la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). La presentación ha estado a cargo de Rafael Lara (coordinador del informe y del área de Solidaridad Internacional de la entidad) y Carlos Arce (coordinador del área de Inmigración). En cada edición de este estudio, la APDHA pretende ofrecer una visión sobre el nivel de respeto de los Derechos Humanos en la gestión de los flujos migratorios y el control de fronteras en el confín Sur de la Unión Europea.

Normalmente se centra en distintos escenarios geográficos de esa Frontera Sur que hayan tenido una especial relevancia durante el año concreto que se analiza. Sin embargo, en esta ocasión la APDHA ha visto imprescindible detenerse casi en exclusiva en uno de esos territorios, Ceuta y Melilla, y hacerlo con una perspectiva temporal más amplia.

 Los acontecimientos del pasado 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta, con la muerte de al menos 15 personas durante la actuación de la Guardia Civil para evitar un intento de entrada por vías irregulares a territorio español, y la desastrosa gestión posterior de los hechos por parte del Gobierno español, han sido el factor inmediato que ha dado forma al presente informe. En esta línea, Carlos Arce ha destacado las vulneraciones de derechos fundamentales que el Gobierno español ha cometido durante este episodio y las distintas acciones político-jurídicas que la APDHA y los colectivos sociales con los que trabaja en red han llevado a cabo en este asunto, pero también el escenario que en materia de Derechos Humanos se vislumbra a un corto/medio plazo en la Frontera Sur. El intento de buscar un “paraguas” político-jurídico para justificar las conocidas como “devoluciones en caliente” a través de la supuesta cobertura del tratado bilateral hispano-marroquí, de inverosímiles redefiniciones del concepto frontera (las inexistentes “tierras de nadie”, la idea de que no se entra en territorio español hasta que se supera el último obstáculo fronterizo material o humano…) o de posibles modificaciones de la Ley de Extranjería centran las preocupaciones de la APDHA en esta materia.

El objetivo último del informe es precisamente poner de relieve que los hechos del 6 de febrero no representan un caso aislado o un desgraciado accidente puntual, sino que por el contrario son consecuencia directa de más dos décadas de procedimientos políticos, jurídicos y policiales de control de fronteras en Ceuta y Melilla, en los que una verdadera preocupación por el respeto de los derechos fundamentales ha brillado por su ausencia. Por ello Rafael Lara ha destacado que desde principios de los años 90 las políticas de control de las fronteras que ambas ciudades tienen con Marruecos han estado caracterizadas por una perspectiva exclusivamente policial, y salpicadas por episodios lamentables, impropios de un Estado que pretende ser considerado como Democrático y de Derecho. “Desgraciadamente, ejemplos de estos sucesos abundan y son analizados en el informe: hacinamientos indignos en lugares insalubres (murallas del Ángulo y Calamocarro en Ceuta o La Granja en Melilla), expulsiones irregulares vulnerando la legislación nacional e internacional (incluyendo sedaciones, expulsiones de menores de edad y entregas directas a las fuerzas de seguridad marroquíes sin procedimiento alguno) o la utilización de métodos para impedir las entradas irregulares que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los migrantes (concertinas, uso de munición real en los sucesos de 2005 o de material antidisturbios en este año)”.

Rafael Lara ha señalado en la rueda de prensa “cómo se trabajó en blindar las fronteras de Ceuta y Melilla, proceso que comenzó en 1995 y culminó en el año 2000 con la inauguración de las vallas, que se construyeron con dinero del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional”. Sobre las muertes de 2005, ha apuntado que “aquel año la respuesta fue igual a la que se ha dado a los hechos que vivimos el pasado febrero: estamos ante una invasión, tenemos que elevar las vallas 6 metros más… Las respuestas son siempre las mismas y los resultados, los mismos”.

Rafael Lara también ha recordado algunas de las principales cifras del Balance Migratorio APDHA 2013, presentado públicamente el pasado mes de de febrero y también incluido en el presente informe, que desmienten una vez más los mensajes alarmistas sobre supuestas invasiones de migrantes subsaharianos a través de Ceuta y Melilla.

Desde la APDHA consideran que “otras políticas migratorias y de fronteras respetuosas con los derechos fundamentales son posibles; y en las conclusiones de este informe planteamos algunas alternativas razonables y viables a nuestro juicio para ir avanzando en su consecución”. Carlos Arce y Rafael Lara aludieron a algunas de ellas, iniciativas que son compartidas por las organizaciones españolas integradas en la red euro-africana Migreurop. En concreto se propone que la Unión Europea y España:

1) Faciliten la regularización de los migrantes subsaharianos que se encuentran bloqueados en el Norte de África. Hay un procedimiento en marcha en Marruecos que podría darles cabida si se ajustan los requisitos exigidos.

2) Faciliten y garanticen la llegada a la UE en calidad de solicitantes de asilo a quienes puedan estar en condiciones de solicitar protección internacional.

3) Apliquen criterios amplios de reunificación familiar para permitir la entrada en la UE de quienes tengan familiares residiendo en ella, concediendo visados de estancia temporal.

4) Concedan un significativo número de visados a los países africanos de los que proceden estas personas.

La APDHA y los colectivos de Migreurop España son conscientes que “medidas como éstas paliarían pero no acabarían con todos los problemas que nos plantea la inhumana política migratoria de la UE. En aras de buscar esas soluciones que aspiren a ser definitivas se propone crear una mesa de entidades socio-políticas suficientemente representativas e instituciones nacionales, comunitarias e internacionales con competencia en la definición de las políticas migratorias, cuya función sería la de indagar las diferentes opciones para conseguir unas políticas migratorias y de fronteras de carácter multidimensional realmente respetuosas con los Derechos Humanos”. 

Ver el Informe completo


Por Coordinadora de ONGD

#CooperaFALSAno

La Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más dan la voz de alerta: de confirmarse la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), se asestará el enésimo golpe a la política de cooperación. Esta reforma dejará el FONPRODE en manos del Ministerio de Economía y primará los intereses de la internacionalización de las empresas sobre los objetivos de desarrollo y lucha contra la pobreza y la desigualdad - (Informe completo, en adjunto)

  • La reforma propuesta por el gobierno facilita que este instrumento, inicialmente concebido para promover el desarrollo  y la lucha contra la pobreza, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se convierta en un fondo de inversión al servicio de los intereses financieros y de internacionalización de las empresas españolas, gestionado ahora por el Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Falta de participación y opacidad en la reforma. La reforma del FONPRODE, ya en trámite legislativo, ha sido realizada deliberadamente por la puerta de atrás evitando su discusión en los espacios consultivos establecidos para tal fin.
  • El FONPRODE sufre una reforma tres años después de su creación y sin que haya sido capaz de ejecutar su presupuesto. Durante este tiempo no se han entregado los informes necesarios para determinar qué es lo que ha impedido el adecuado funcionamiento del instrumento y que justificarían una reforma legislativa.

La reforma del FONPRODE otorga a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES) el protagonismo en la gestión de estos fondos por un período mínimo de 8 años. De esta manera, COFIDES -una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell-, identificará las acciones con cargo al FONPRODE, lo gestionará e incluso, actuando como juez y parte, podrá asignarse el papel de experto independiente para los casos en los que la ley exige realizar un informe previo sobre la sostenibilidad de la deuda de los países que reciben los fondos.

En 2010, el FONPRODE sustituyó a los antiguos créditos FAD[1]. Entonces, la reforma se realizó de forma participada con los distintos actores implicados en la política pública. Tres años después, vuelve a reformarse y esta vez la participación brilla por su ausencia. Se ha evitado su discusión en la Comisión de

Cooperación del Congreso y en el Consejo de Cooperación que no han tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladado al Senado. Tampoco han sido informados el resto de agentes de la sociedad civil. Ni siquiera el equipo técnico de la Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECID conocía el proceso; de hecho, han tenido constancia de esta reforma cuando ya se encuentra en el Senado.

El recorrido del FONPRODE en estos tres años se caracteriza por una enorme opacidad que choca de frente con las obligaciones legales en materia de transparencia. Apenas hay información sistematizada y publicada sobre las operaciones que ha realizado. En los tres ejercicios presupuestarios el Fondo no ha conseguido ejecutar su presupuesto asignado y no se ha informado, por los cauces establecidos para tal fin, de cuáles han sido las razones que han impedido esta ejecución.

ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA REFORMA

La reforma presenta una serie de modificaciones analizadas por la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora de ONGD que pueden ser consultadas en el informe en adjunto. Algunas de ellas son especialmente preocupantes:

  • Se suprime el porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable –ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado. Anteriormente ese porcentaje se situaba en un máximo del 5%; una cifra que, como hemos denunciado de manera reiterada, se ha incumplido sistemáticamente. Esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.
  • Se suprime la obligación de publicidad y accesibilidad de los resultados de las consultorías y asistencias técnicas de los programas. Esto permite que el Comité Ejecutivo del Fondo autorice la no publicidad de esos resultados. En este caso, la opacidad pone en grave peligro la transparencia exigible a la gestión de los fondos públicos.
  • El modelo de cooperación financiera que se concibe con esta reforma tiende a desvincularse de la política de cooperación al desarrollo. Una cuestión sobre la que ha llamado la atención el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, al considerar que esa desvinculación resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo.

Las modificaciones propuestas en esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo, y además el gobierno vuelve a evitar que el proceso sea informado, transparente y participado.

 


[1] En 2010, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) sustituyó, tras años de presiones a los sucesivos gobiernos, al controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Este fondo, del que se obtenían los conocidos como créditos FAD, tenía dos objetivos difícilmente reconciliables: el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la contribución al desarrollo de los países receptores[1]. Con la reforma del FAD se trató de dar respuesta estas demandas que urgían separar los intereses exportadores y financieros de las políticas y recursos dedicados a la ayuda al desarrollo. La reforma dio lugar a dos fondos, separados, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), controlado por el Ministerio de Economía, y el FONPRODE, dedicado a la promoción del desarrollo y controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.


Prepara una tesis, conferencias y divulgación de libros al considerarlo un agravio respecto a los casos de Argentina, donde sus responsables fueron condenados hasta a 50 años de cárcel.

Fotos por Mónica Hernández: Conferencia en el Gilbert Hall de la Universidad de Georgia, Athens (EEUU)

 Por Alhulia Editorial

El Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia (EEUU) ha decidido difundir entre la comunidad universitaria estadounidense el drama y la injusticia del robo de bebés en España, que viven miles de familias desde hace décadas. Además de conferencias y publicaciones, prepara una tesis específica en la que se considera que, por unos robos de niños cuantitativamente mucho menores, el ex dictador general Videla y otros militares fueron condenados a 50 años de cárcel en Argentina, mientras en España ni siquiera se ha procesado a ningún responsable.

 Primero el centro universitario estadounidense organizó, en octubre pasado, una conferencia del periodista y escritor José Luís Gordillo, cuya novela Yo te quiero, editada por Alhulia en 2012, se basa parcialmente en estos hechos, que posteriormente el autor ha investigado profundamente en su vertiente de actualidad para el medio online Periodismo Humano, centrándose en los casos y tramas de rapto y venta de niños en nuestro país entre 1940 y 1990

Posteriormente ésta y otras obras referidas al robo de bebés en España se pusieron además a disposición de toda la comunidad universitaria estadounidense, al incluirlas en el catálogo de bibliotecas universitarias de ese país. Y en la actualidad el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia prepara una tesis doctoral, a cargo de uno de sus integrantes, Manuel Pinto, y bajo la supervisión de su directora, Dra. Stacey Casado, sobre los niños robados en España en relación también con la memoria histórica y la literatura en lengua hispana que en nuestros días se está inspirando en estos hechos.

La tesis hará referencia a éste y otros libros editados los últimos años en nuestro país y también incluirá gran parte de los contenidos históricos y periodísticos expuestos en el campus de la Universidad, en la ciudad de Athens, durante la conferencia del pasado 11 de octubre. Presentado a su vez por Mónica Hernández, reportera de Televisión Española, José Luís Gordillo estimó que hasta 1990 fueron robados en nuestro país al menos 36.000 niños, a tenor de las primeras investigaciones judiciales al respecto, denuncias de particulares y casos constatados por las asociaciones de víctimas.

El periodista José Luis Gordillo durante una conferencia en Universidad de Georgia EEUU

Fueron sustraídos a sus progenitores bien por motivaciones políticas, como represión del régimen franquista a familias republicanas, o bien puramente económicas, para ser vendidos a sus padres adoptivos no sólo en España, sino en otros países de Europa y América. Sin embargo, las asociaciones de víctimas se quejan del archivo masivo de sus denuncias que hacen gran parte de los juzgados de toda España, a pesar de la doctrina general en contra de la prescripción del delito de detención forzosa, la labor en muchas ocasiones “obstruccionista” de la Policía, la inoperancia de la oficina de atención a las víctimas creada por el Gobierno y que los pocos casos de reencuentro de familiares que se está produciendo únicamente gracias a las redes sociales.

La tesis de la Universidad estadounidense incluirá apelará además a que las más reciente interpretaciones de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un crimen contra la humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código Penal, y por tanto jamás prescribirían. Así, por ejemplo, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias considera que este delito contra la humanidad “de inicio fue político” y “después aprovecharon el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para seguir con el negocio”. A su juicio, “con finalidad económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad política”, porque “lo determinante es que sea hecho desde el Estado con sistematicidad y posición de indefensión de la víctima”, requisitos que se darían en esta tragedia colectiva.

En la conferencia se mostró cómo una de las asociaciones de afectados, Colectivo Sin Identidad, ha presentado una denuncia sobre estos hechos en la ONU. ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” debido al “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990. En la denuncia se explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.

El otro foco de interés de la tesis universitaria es la repercusión de esta tragedia colectiva en la literatura y la cultura en general de nuestro país. Así, por ejemplo, en la novela Yo te quiero, el centro de la historia es el robo de bebés en España durante los años setenta, lo cual a su vez se interconecta con la crisis económica que venimos sufriendo, sus verdaderos causantes, la importante penetración del crimen organizado en nuestro país y la corrupción que ha calado en gran parte de la clase política.


Frank Conde, Vicedirector de Comunicación

 Amnistía Internacional Paraguay

Más de 20 años de lucha por parte de la comunidad indígena paraguaya Sawhoyamaxa por recuperar sus tierras ancestrales en el Chaco paraguayo está llegando a un momento decisivo. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de expropiación de sus tierras ancestrales, poniendo la pelota en la cancha de los legisladores paraguayos, quiénes ahora tienen la oportunidad de garantizar los derechos de este pueblo indígena. No hay excusas. Tienen el poder para hacer cumplir con los derechos de esta comunidad, y cumplir con los derechos humanos es responsabilidad de los tres poderes del Estado. Cumplir con los derechos humanos es restituir estas tierras ancestrales a sus legítimos dueños.

DECLARACIÓN PÚBLICA – SOLIDARIDAD CON LA COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA DEL PUEBLO ENXET

La comunidad Sawhoyamaxa, perteneciente al pueblo Enxet, estuvo por más de dos décadas viviendo en condiciones deplorables al costado de la carretera. Negados el acceso a sus tierras, cuales les brinda una independencia por sus posibilidades de caza, pesca y recolección de frutas, comenzaron a luchar por obtenerlas, recurriendo a todas las vías propuestas por un Estado de derecho. Sin embargo, el Estado paraguayo no tuvo la voluntad de proteger los derechos humanos de esta comunidad.

Por lo tanto los Sawhoyamaxa llevaron su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para obtener justicia fuera de Paraguay. La Corte IDH dictaminó su sentencia, igual que lo hizo en el caso de la comunidad Yakye Axa y posteriormente en el caso de Xámok Kásek, exigiendo que el Estado paraguayo les restituyera las tierras ancestrales e invirtiera en el desarrollo de estas comunidades. La sentencia para los Sawhoyamaxa, fue emitida en 2006 y sigue sin cumplirse, igual que en el caso de las otras dos comunidades.

La comunidad Indígena Sawhoyamaxa con el apoyo de Amnistía Internacional y la organización Tierraviva quién ha proporcionado la defensa legal a estas comunidades, han lanzado una campaña a favor de estas tres comunidades, llamado “Hacer Visible lo Invisible”. El objetivo principal es restituir las tierras a las comunidades quiénes ocuparon estas tierras desde tiempos inmemorables, pero también quiere poner los focos sobre las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas del Paraguay, que como en tantos lados queda en el olvido. Las organizaciones acompañan a la comunidad posicionando la situación a los medios de comunicación, sensibilizando a la gente y presionando a los gobernantes a que cumplan con su deber de hacer respetar los derechos humanos.

Actualmente, un propietario privado que se dedica al ganado tiene el título de la propiedad de las tierras. Por lo mismo, algunos quieren indicar que existe un conflicto en materia de derechos humanos en caso de expropiarse las tierras. Esto es incorrecto. El derecho a la propiedad privada, igual que los derechos de los pueblos indígenas están amparados ante tratados internacionales de derechos humanos. El Estado es quién tiene que hacer el equilibro donde por un lado tenemos un empresario, que en caso de una expropiación sería indemnizado y por el otro lado tenemos toda una comunidad que vive en la extrema pobreza donde sus derechos más básicos no son cubiertos. La acción correcta es evidente – la restitución de las tierras ancestrales.

El Estado tuvo dos oportunidades para hacer cumplir con los derechos de la comunidad Sawhoyamaxa. Primero el Poder Ejecutivo podía negociar la compra de las tierras, alternativa que se intentó, pero no se logró por la tasación excesiva del propietario, según el Poder Ejecutivo. La segunda alternativa es la expropiación. No hay otra. El Poder Ejecutivo ya ha presentado un proyecto de ley y sólo queda que el Congreso Nacional apruebe. Ahora la ley se debate en tres comisiones del Senado, sin embargo no hay límites de tiempo ni calendario para su aprobación.

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Mientras tanto, la comunidad sigue viviendo en una pequeña parte de sus tierras, donde las vacas del propietario actual caminan entre ellos suponiendo un peligro, sobre todo para los más pequeños. El Estado no está proporcionando agua ni alimentación con la debida regularidad, como obliga la sentencia de la Corte IDH. La situación en la que viven es sumamente precaria. La comunidad necesita estas tierras para sobrevivir, ya que sin ellas no pueden mantener sus formas tradicionales de supervivencia, lo cual depende de la casa de animales o pesca, recolección de frutas y demás. Necesitan acceso a aquellos recursos naturales. Si no su cultura y sus vidas están en riesgo de extinción.

El Poder legislativo, como autoridad estatal, tiene en estos momentos un rol crucial que llevar adelante en el reconocimiento de los derechos a esta comunidad y en el cumplimiento con las obligaciones internacionales de Paraguay. De prevalecer la situación actual de la comunidad, el Estado seguiría violando los derechos de los Sawhoyamaxa. No es el momento de discursos sin compromisos tangibles, ni es el momento de poner excusas. Es el momento de mostrar a los ciudadanos indígenas, a los paraguayos y al resto de la ciudadanía internacional que en Paraguay los derechos humanos se van a respetar.


 

Por Samuel – Quilombosfera

Los lamentos que nuestros gobiernos y las autoridades europeas están expresando por las muertes de más de un centenar de personas de origen africano (Eritrea, Somalia, Ghana) cerca de la isla de Lampedusa constituyen un insulto que se añade al desprecio sistemático por la dignidad humana que representan las políticas migratorias europeas. Por no hablar del coro fascista habitual. Los seres humanos (no bestias, no mercancías) que viajaron “irregularmente” pagaron entre 1.200 y 2.000 euros por la barcaza que debía conducirles a la diminuta isla de Lampedusa, que ni siquiera era su destino final. Es decir, que podían haberse pagado un billete de avión de haber procedido del país adecuado.

La causa fundamental de esta tragedia no son, sin embargo, los traficantes de personas, que son a su vez otra consecuencia. La causa principal la expuso en abril con palabras diplomáticas el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau:

el incremento de reglas cada vez más complejas y restrictivas sobre las condiciones de entrada, y las cada vez más estrictas políticas de gestión de fronteras (…) se han visto acompañadas por requisitos de entrada a la zona Schengen cada vez más estrictos. Antes de Schengen había requisitos de entrada relativamente flexibles o programas específicos de trabajadores invitados que permitían a migrantes de baja cualificación viajar a los Estados miembros de la Unión Europea en busca de oportunidades, y luego podían ajustar su estatus administrativo en consecuencia. En la actualidad, sin embargo, tales oportunidades son muy limitadas pues el sistema Schengen exige a la mayoría de los migrantes no europeos de baja cualificación, especialmente aquellos provenientes de países del Sur global, la obtención de un visado para poder entrar en la Unión Europea para buscar trabajo. Esto ha creado una realidad en la que los migrantes de países no europeos, y en particular aquellos procedentes de países en desarrollo sin programas de facilitación de visados con la UE, se ven imposibilitados cada vez más para poder entrar en la UE de manera legal con el fin de buscar trabajo en persona.”

Asimismo, Crépeau observaba “una proliferación de regímenes de detención en Estados miembro fronterizos con apoyo de la UE” destinado a quienes solo dejan la alternativa de entrar de manera no legal, ya sean personas con derechos reconocidos a la protección (asilo) o migrantes.

Digámoslo una vez más sin rodeos: el objetivo no declarado de dichas políticas no es otro que el de consolidar sistemas dinámicos de segregación que permitan controlar y canalizar los movimientos de las personas para fijarlas en un trabajo servil. Contrariamente a lo que afirma sin rubor la comisaria europea de Interior Cecilia Malmström, el tráfico de personas y la servidumbre por deudas son en realidad una consecuencia lógica de las arbitrarias restricciones migratorias y de los controles fronterizos. La institucionalización y normalización del racismo -puestas de momento en práctica, desde los gobiernos, por liberales, conservadores y socialdemócratas, no por frentes nacionales ni por auroras doradas-, y las divisiones sociales que resultan del mismo, también. No obstante, habrá que reconocer a la comisaria que son los Estados los que se reservan las principales competencias en materia migratoria, en tanto que reafirmación de una soberanía ilusoria.

Existen, de acuerdo con el derecho vigente en la Unión Europea, unas 20 categorías diferentes de nacionales de terceros países, cada uno con derechos diferentes que varían según los vínculos que tienen con los Estados miembros de la UE o que resultan de su necesidad para una protección especial.” Es lo que admite el Manual de Derecho Europeo relacionado con el asilo, las fronteras y la inmigración, que publicó este año la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA, por sus siglas en inglés). Una maraña legislativa que combina la legislación nacional y comunitaria, y diversos instrumentos internacionales que clasifican a los seres humanos en diferentes categorías, en función del grado de movilidad que le reconocen o no los Estados. Es decir, en un territorio dado no todas ellas -y me refiero especialmente a quienes residen, viven y trabajan en el mismo durante un cierto tiempo- gozarán de los mismos derechos políticos, sociales y económicos y ello en gran parte por la forma en que se ha accedido al mismo. Tal es la función de la frontera y del visado como plácet del soberano: no evitar la circulación, que los humanos practican sin permiso desde hace millones de años, sino consagrar un multiforme régimen discriminatorio que favorezca el encauzamiento de una parte no desdeñable de la población en movimiento hacia determinadas actividades económicas con un grado elevado de explotación, vulnerabilidad y servidumbre. Esto va mucho más allá del drama de los cementerios marinos, pues la mayoría de las personas migrantes en situación irregular no entran en Schengen por vía marítima.

Estas son las veinte categorías (en inglés) que FRA ha identificado:
Categories

La gama de posibilidades es amplia, y una misma persona puede pasar por una o varias de estas situaciones, sin garantías de progreso social. Arriba están quienes gozan de más libertad de movimiento, los denominados ciudadanos comunitarios, son los que a su vez gozan de más derechos (incluso políticos) y libertades en el denominado espacio Schengen, que tampoco es completamente liso. Y dentro de éstos, empresarios y trabajadores asalariados, pues en las primeras comunidades europeas la libertad de movimiento y residencia se reservó exclusivamente a los sujetos de la relación salarial fordista. La jurisprudencia y el concepto de ciudadanía europea que consagró más tarde el Tratado de Maastricht ha venido suavizando algo este vínculo tan estrecho entre movimiento, residencia, sistema salarial y derechos cívicos, pero sin superar nunca el filtro de la nacionalidad. Europeo es antes que nada el nacional de un Estado europeo.

Y abajo del todo, los que ven su libertad de movimiento más restringida y son “vulnerabilizados” (más que vulnerables), los nacionales de determinados estados no europeos que no han querido someterse a las arbitrarias y abusivas políticas de visado: son los llamados irregulares o ilegales, o aquellas personas con derecho a una protección (refugiados, asilados políticos) cuando no se ve reconocida (lo que se produce cada vez con más frecuencia). Ellos pueden ser humillados, perseguidos, amenazados, identificados, abusados, detenidos, expulsados, según su procedencia y, para qué engañarnos, el color de su piel. El impacto de todo ello no se resuelve con las sucesivas regularizaciones o con la adquisición de nacionalidad, como se ha comprobado en Francia: la estigmatización y la discriminación permanecen en el tejido social aún cuando los migrantes o sus familiares y descendientes obtienen o transmiten la nueva nacionalidad.

Este sistema segregacionista (que se articula en torno a visados, permisos de trabajo y residencia), y que tanto debe al régimen de pases (visados internos) que se desarrolló durante el apartheid sudafricano, no es exclusivo de Europa. Hoy constituye una tendencia dominante, aún en países tradicionalmente receptores de inmigrantes internacionales, como Estados Unidos o Australia. Las variantes más extremas, en cuanto a la discriminación y la ulterior servidumbre (política o laboral), se encuentran en países donde la población considerada “extranjera” son mayoría: en el área Israel/Palestina(incluyendo por tanto los territorios ocupados) y en los países del Golfo Pérsico, como Baréin o Qatar, de los que nos separa una cuestión de grado.

Si no se reconoce y se denuncia esto, es decir, el papel que cumple el segregacionismo y el apartheid en la configuración de los mercados laborales nacionales, quienes manifiestan su compasión desde el segmento más favorecido -un estatus por otro lado cada vez más fragmentado y precarizado- seguirán vertiendo lágrimas de cocodrilo o indignándose de boquilla. Y semejante hipocresía continuará siendo un blanco fácil para la derecha, que bajo la denuncia mezquina del “buenismo” critican que no se lleve hasta sus consecuencias más liberticidas la lógica perversa del sistema.

Los migrantes que no disfrutan de la consideración de “expatriado” no necesitan por tanto nuestra compasión ni nosotros su agradecimiento. Lo que unos y otros necesitamos es una sociedad más democrática y justa para todos. Lo cual pasa necesariamente por exigir libertad de movimiento en igualdad y por un nuevo abolicionismo: el que conduzca al fin de la segregación.


Por Confederación FEAFES

Ha llegado el momento de romper nuestras cadenas. Que la sombra de la crisis no apague nuestro grito de libertad, esperanza y plenitud.

Desde FEAFES lanzamos el lema “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos”.

Queremos reivindicar, así, un salto cualitativo en la sociedad, para que comparta con nosotros valores positivos como el trabajo, la familia, la responsabilidad o la participación.

Miembros del Comité de Personas con Enfermedad Mental

También pedimos que se acojan los valores que desde FEAFES se han promocionado a través de 30 años de lucha, y a los cuales no estamos dispuestos a renunciar, como son el coraje, el entusiasmo, la solidaridad, la capacidad para permanecer de pie, o la imaginación. Y sobre todo, la conciencia de que, ante todo, somos personas de pleno derecho: ciudadanos. Pensamos que la sociedad necesita de la aportación de todos para que llegue a su mayoría de edad, y para que la diversidad sea signo de riqueza.

Son tiempos difíciles, pero para FEAFES existen alternativas para mantener, sino mejorar, una atención de calidad mediante una detección precoz, la continuidad en los tratamientos y el apoyo a la autonomía. Esto reduce el gasto a medio plazo de las administraciones públicas. Advertimos, asimismo, que recortar en programas de acompañamiento e integración provoca un grave problema, no solo de atención, sino que conlleva un aumento del gasto farmacéutico y de los ingresos hospitalarios.

Hacemos nuestro, así, el pensamiento de que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Son encrucijadas que nos invitan a reflexionar, y a buscar nuevos modelos de sociedad, a plantearnos nuestras relaciones con aquello que nos rodea, a cambiar la mirada sobre los recursos materiales y personales, y a revisar los valores que han de llevarnos a la realización y al bienestar que merece todo ser humano.

Por tanto, es un buen momento para sacudirnos complejos y etiquetas, que sencillamente no son ciertos. Caminemos hacia una sensibilidad nueva. Desde una visión más global y con una mente receptiva podemos construir entre todos una gran obra social y humana.

El valor de nuestros derechos es incalculable, por ello creemos legítimo proponer soluciones como:

  • Planes individualizados de atención
  • Desarrollo y mantenimiento de los Equipos de Intervención Familiar
  • Apoyo domiciliario, es decir, disponer de los equipos de salud mental en el ámbito comunitario. Pues se favorece la adherencia al tratamiento.
  • Y la creación de equipos multidisciplinares, compuestos por diferentes perfiles profesionales que atienda a las personas con enfermedad mental y sus familias.

Pedimos aquí la adhesión de los profesionales de la psiquiatría, por su capacidad para crear estados de influencia y credibilidad; capacidad de la que las personas usuarias de los servicios de salud mental aún carecemos. Tenemos la ardua tarea de convencer a la sociedad de lo que creemos justo, así que, cuantas más personas estemos genuinamente implicadas en este camino, más fácil nos será recorrerlo, y conducirlo hacia ese final que FEAFES se propuso desde el inicio de su andadura: el bienestar, y el disfrute de los derechos que la propia Convención de la ONU sobre la discapacidad otorga.

Además, la integración de las personas con enfermedad mental pasa por una mejor coordinación socio-sanitaria, así como por la actitud de una sociedad más abierta y comprensiva frente a los problemas de salud mental.

Con los derechos ocurre igual que con el amor, que es verdad universal y a todos debe llegar. Y en nuestras manos está el trabajar día a día, paso a paso, por conseguirlos. Porque hay cosas que no tienen precio.

 

*Manifiesto de la Confederación FEAFES con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, redactado por el Comité de Personas con Enfermedad Mental de esta organización.


Juan de Dios Ramírez-Heredia. Abogado. Presidente de Unión Romani

Desgraciadamente el Gobierno francés está haciendo lo mismo que anteriormente han hecho otros: Tratar de pescar votos en los caladeros tradicionales que han sido y siguen siendo feudo de la extrema derecha o de aquellos grupos menos tolerantes que han hecho de su confesión nacionalista el credo superior ante el que se deben rendir todas las ideologías. 

Así, decir a los franceses que los miembros de otras culturas minorías ponen en peligro la identidad “superior” de la cultura francesa es tanto como llamar a  rebato a las huestes de Le Pen y a quienes creen que la “grandeur” pasa por la separación, o la expulsión, de todos aquellos que pudieran ser un peligro de contaminación. Elministro del interior frances, hijo de padres españoles, ha dicho que la integración de los gitanos en Francia es sumamente difícil “porque sus modos de vida son extremadamente distintos de los nuestros y chocan con nuestra cultura”.

Algunos creíamos que con Françoise Hollande en la presidencia del Gobierno las cosas cambiarían, pero ya vemos que no ha sido así. Y mientras Sarkozy se frota las manos de alegría, el gobierno francés ya ha deportado en los seis primeros meses de este año a más de 10.000 gitanos, mujeres niños y ancianos. Esta es una cifra record han afirmado los representantes de Amnistía Internacional. Cifra que ni siquiera fue superada por el denostado Sarkozy.

Pero Manuel Valls es como el rayo que no cesa. Y a él debe gustarle porque ya es el ministro más popular de Francia. En los tiempos que corren los racistas de siempre se deben sentir muy reconfortados cuando el ministro francés asocia a la minoría gitana con la delincuencia y la mendicidad. Cosa intolerable, incluso para algunos compañeros suyos ministros como él. El ministro de Industria. Arnaud Montebourg, consideró que las declaraciones de Valls fueron “excesivas” y que debían ser “corregidas”. Pero el titular de Interior respondió a su colega de gabinete que “no hay nada que corregir” y que sus declaraciones “sólo molestan a los que no conocen el asunto”. Lo mismo que dicen en España algunos que  luego escriben en los periódicos o hablan por las emisoras de radio.

Y después de decir esto debió mirar en el zurrón electoral de su partido para comprobar que habían entrado unos cuantos miles de votos más, los mismos que había perdido el Frente Nacional de Le Pen que es el verdadero y genuino lider del racismo en Europa desde la finalización de La II Guerra Mundial.

Hoy sufrimos por nuestros hermanos rumanos y búlgaros y nos desesperanzamos cuando vemos que ni con unos ni con otros tienen nuestros males remedio. A los gobernantes de la derecha conservadora de Sarkozy le ganamos la batalla porque logramos que todo el mundo se les echara encima criticando aquellas deportaciones. La Iglesia, las Instituciones Internacionales, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el mundo de la cultura hizo piña con nosotros y la cosa no fue a más. Luego el señor Sarkozy perdió las elecciones. No podía ser de otra forma cuando quienes votaban eran los herederos de la revolución de 1789 que hizo posible la instauración en el mundo civilizado de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Pero ahora la decepción nos la está causando François Hollande. Creíamos que con él las cosas cambiarían. El lo prometió durante su campaña electoral dando así una muestra inequívoca de valentía y coherencia con los principios que supuestamente su partido debería defender. Pero ha tenido la desgracia de cruzarse en su camino con Manuel Valls quien, siguiendo los pasos de Sarkozy que fue ministro del Interior antes que presidente del Gobierno, seguramente querrá seguir la misma carrera política y desbancar a Hollande del Palacio del Eliseo para colocarse él.

Viviane Reding, la comisaria europea de Justicia, lo ha manifestado con absoluta claridad: “Existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos. Y no son gitanos, son individuos. Solo una decisión de la justicia puede permitir su evacuación si han hecho algo que va contra las leyes del Estado”.

Sarkozy perdió las elecciones y Hollande las perderá también si no rectifica. Salvo que todos nos hayamos vuelto locos y pretendamos convivir en un mundo salvaje donde el Estado de Derecho desaparezca, donde no se respeten las leyes, donde se gobierne a golpe de manifestaciones más o menos multitudinarias y donde las sentencias de los tribunales que no sean de nuestro agrado no se cumplan. Y por desgracia, cuando suceden estas cosas, cuando se impone la fuerza de la masa frente a la fragilidad de las leyes, los que salen perdiendo siempre son los mismos: los más pobres, los más débiles, los más indefensos.


Junta de Andalucía

Aprobada  la Ley de Función Social de la Vivienda. La norma amplía la cobertura de la expropiación temporal de uso de los inmuebles a avalistas y autónomos y refuerza la protección de los inquilinos

El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de la Función Social de la Vivienda para reforzar la lucha contra los desahucios y hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma, que se estima entre 700.000 y un millón de inmuebles. La norma, que pretende abaratar el acceso a la vivienda y evitar desahucios de personas en situación especialmente vulnerable, amplía el Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda, aprobado en abril de este año por el Consejo de Gobierno.

Imagen del vídeo de Jaime Alekos: “Así desahucia el Ayuntamiento de Madrid. 26 Sept. 2013

Gracias a las aportaciones recibidas durante la tramitación parlamentaria, el documento incluye como principal novedad la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación temporal de uso de la vivienda con el fin de evitar el desahucio. Así, se podrán beneficiar de esta figura los avalistas que se encuentren en un proceso de ejecución hipotecaria por ofrecer su propia vivienda habitual como garantía o aval ante la concesión de un préstamo por la entidad financiera. También lo harán los autónomos cuyo inmueble habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al ejercicio de su actividad profesional; así como quienes hayan formalizado las denominadas ‘hipotecas puente’, dirigidas a quienes cambian de casa.

Por otro lado, el documento refuerza la protección de los inquilinos desalojados de sus inmuebles por impago de las rentas, ofreciendo, en el marco del próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes, medidas para dar una respuesta habitacional adecuada a sus circunstancias económicas.

El Decreto Ley fijaba una serie de requisitos para aplicar la medida de la expropiación temporal, como que el afectado tuviera en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo fuera el pago de la casa; que el desalojo pudiera generar una situación de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones económicas de las personas hubieran sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo.

Además de la expropiación temporal de uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario, la Ley aprobada por el Parlamento andaluz recoge también las medidas incluidas en el Decreto Ley encaminadas a incentivar el arrendamiento de viviendas desocupadas por parte de propietarios particulares y a sancionar a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al alquiler su ‘stock’ residencial.

En el primer caso, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler existentes y en el segundo se crea un nuevo régimen disciplinario, con un sistema de sanciones leves, graves y muy graves. Se consideran infracciones muy graves no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros. En este apartado destacan, igualmente, las multas de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus inmuebles protegidos. La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta de Andalucía y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda.


Human Rights Watch

Víctimas enfrentan represalias por reclamar sus tierras.  Numerosos desplazados internos colombianos han sido víctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.

El informe de 203 páginas, titulado: “El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.

“El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”.

Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y continúan en poder de estos.

Durante un año y medio, Human Rights Watch realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.

Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

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A través de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información, se observó que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patrón mucho más amplio. En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.

Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

“Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras”, comentó Vivanco. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”.

También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a las personas que obligaron en un primer momento a los reclamantes a desplazarse y se apropiaron de sus tierras.

  • De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.
  • En enero, esta unidad de la Fiscalía había conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos proporcionados por el gobierno.

Debido a la falta de justicia por los desplazamientos forzados y despojos, los actores más interesados en conservar el control de las tierras que obtuvieron ilegalmente no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden fácilmente frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares, y esto también implica una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes de tierras. Dichos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) luego de que estas participaran en un proceso de desmovilización con graves falencias implementado por el gobierno anterior. Hasta el momento, los grupos sucesores del paramilitarismo han sido los autores de gran parte de los ataques y las amenazas contra reclamantes de tierras.

Asimismo, algunos terceros que se apropiaron de las tierras luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios (a veces en connivencia con paramilitares), al igual que el grupo guerrillero de izquierda denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes y líderes que intentaron recuperar su propiedad.

El programa de protección gubernamental, pionero en la región, ha otorgado medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, puesto que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes, expresó Human Rights Watch.

Las limitaciones del programa de protección gubernamental se tornan evidentes si se toma en cuenta que, a menudo, debe reubicar a reclamantes amenazados debido a que las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el lugar donde viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y líderes de restitución de tierras en nuevas zonas a causa de graves amenazas contra estos.

Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución, encargada de implementar la Ley de Víctimas, había logrado que se dictaran sentencias de restitución en el 1 por ciento de las más de 43.000 solicitudes de restitución recibidas. Hasta julio, solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados, si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas.

Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente, aseveró Human Rights Watch. Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera más directa.

La Fiscalía debería trabajar en colaboración con las autoridades que intervienen en la restitución de tierras para perseguir enérgicamente los delitos cometidos contra reclamantes en las zonas donde hay procesos de restitución en curso. Deberían coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitirá a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistemáticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras.

El gobierno colombiano debería además redoblar los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones, comentó Human Rights Watch.

“En Colombia, intentar recuperar tu tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas prácticamente nunca tienen que rendir cuentas por sus actos”, observó Vivanco. “El problema no se solucionará con chalecos antibalas y escoltas. Sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”.

Los casos documentados por Human Rights Watch sobre amenazas y ataques contra reclamantes y líderes de restitución incluyen:

  • Abusos reiterados —incluidas amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de una decena de miembros del capítulo en Urabá de Tierra y Vida, una asociación de población desplazada que promueve la restitución de tierras. Uno de esos casos es el del líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez Martínez, quien retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, Antioquia, en noviembre de 2009. Denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento, y fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvió el predio de Váldez al ganadero. Hasta el momento no hay imputados en relación con el asesinato de Váldez, y los familiares que persistieron en su intento por recuperar la tierra en Totumo siguieron recibiendo amenazas.
  • En 2012 y 2013, las sucesivas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, un comité municipal creado para permitir la participación de víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas, obligó a seis de estas personas a abandonar el pueblo, al menos momentáneamente.
  • Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de población desplazada de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 3 semanas en marzo y abril de 2013. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el homicidio.
  • Diversos líderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC. Por ejemplo, Germán Bernal y otros líderes desplazados indicaron que durante encuentros obligatorios mantenidos por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados regresaran a sus hogares y declararon a sus líderes como “objetivos militares”.
  • Varios residentes y líderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido numerosos abusos, incluido el secuestro y homicidio de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años en marzo de 2012. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías locales, frente a las operaciones de los miembros del grupo sucesor de paramilitares señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.
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El peligroso “derecho al retorno” de los campesinos colombianos a sus tierras

12.08.2013 ·  · Alejandro Zapico

A quince horas de Bogotá se está desarrollando la prueba definitiva de eficacia de una de las leyes más cuestionadas y publicitadas del gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas y restitución de tierras. La comunidad de Pitalito, diecisiete familias que fueron obligadas a abandonar sus casas, cultivos y forma de vida, han retornado a sus tierras sin esperar que un juez les diera autorización. Han ejecutado su derecho al, como se llama, retorno voluntario exponiéndose a pecho descubierto.

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Ruta contra el racismo y la represión

Actualización 6 Septiembre

Protesta frente Juzgados de Oviedo

Ayer viernes medio centenar de personas convocadas por la Ruta contra el racismo y la represión nos movilizamos en Oviedo contra las detenciones de inmigrantes en las propias dependencias de la Oficina de Extranjería, cuando acuden a presentar papeles para su regularización.

Tras leer y repartir un comunicado en los juzgados -el lugar donde jueces como Luengos han decretado en las últimas semanas el internamiento y la deportación de personas que habían sido detenidas del modo antes citado-, acudimos a la propia Oficina de Extranjería.

Defensores de los inmigrantes protestan dentro de las oficinas de Extranjería de Oviedo lugar donde se detiene a inmigrantes al ir a regularizarse y se les deporta.

Una parte de la gente entró en la planta baja a corear consignas contra la política migratoria -¡Cárceles, redadas, CIEs y fronteras, así se construye la riqueza europea!-, mientras otra parte permanecía en la calle con una pancarta y respondiendo a preguntas de algunos medios de comunicación.

Enseguida apareció un contundente despliegue policial, que procedió a la identificación de muchas de las personas que estaban dentro de Extranjería. A pesar de ello, se logró permanecer un buen rato en el edificio, prolongando las protestas y repartiendo panfletos entre quienes trabajan allí y quienes acuden a hacer trámites diversos.

A la salida de esta acción, nos encontramos con la noticia de que uno de los inmigrantes víctima de estas detenciones en Asturies, acaba de ser deportado a Senegal desde el CIE de Aluche (Madrid). Por ello aprovechamos este momento para reiterar nuestra denuncia de las actuaciones policiales -dirigidas por el Delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo- así como de la complicidad de jueces que, lejos de garantizar los derechos de todas las personas, forman parte del perverso y miserable engranaje que hace posible los internamientos y las deportaciones.

5 de Septiembre

Hace ya varios años que diversos colectivos sociales fundamos la Ruta contra el racismo y la represión para denunciar el hostigamiento policial y judicial sufrido por la población inmigrante. El escaso número de inmigrantes que ha recibido Asturies en estos inicios del siglo XXI –nunca más de 50.000 personas, menos del 5% de la población-, contrasta con las reiteradas redadas racistas de la policía, con las numerosas detenciones y confinamientos en los calabozos, y con las decisiones judiciales que decretan el encierro de inmigrantes residentes en Asturies en Centros de Internamiento para Extranjeros y aprueban su expulsión del país en macabros vuelos de deportación.

A lo largo de este verano, la Brigada de Extranjería, siguiendo las órdenes de la Delegación de Gobierno, dirigida por Gabino de Lorenzo, ex-alcalde de Oviedo por el PP, ha elevado aún más su persecución a la población inmigrante en Asturies. Su nuevo “método” es la detención de inmigrantes en el momento en que acuden a regularizar su situación a las oficinas de Extranjería. Así han sido detenidas, por no tener “papeles”, al menos cinco personas en las últimas semanas, y deportadas o confinadas -con la complicidad necesaria de los jueces- en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid, una cloaca del Estado peor que cualquier cárcel. El pasado sábado 24 de agosto, por ejemplo, el juez Luengos decidió el internamiento de un chico senegalés y de otro pakistaní. Este mismo juez ya había decretado en el mes de julio la deportación de otros dos inmigrantes detenidos también al ir a regularizar su situación. Ambos fueron expulsados pocos días después de una decisión judicial que les sitúa en un absoluto desamparo, pues es posible que su permiso de residencia sea aprobado mientras ellos se encuentran ya fuera del territorio del Estado al haber sido expulsados.

Es urgente responder a esta intensificación de la represión, que incluso pasa por encima de las propias leyes avaladas por este supuesto estado de derecho. No podemos quedarnos en silencio mientras la Delegación de Gobierno, la policía y los jueces cometen estos actos. Menos aún ahora que vemos que la frontera también se puede ver desde el otro lado, con tanta gente que tiene que emigrar de Asturies y del Estado español para buscarse la vida.

Por todo ello convocamos una concentración el viernes 6 Septiembre, 11h, frente al Juzgado de Guardia en Llamaquique, Oviedo donde se están decretando los internamientos y las expulsiones.