• En un mismo día, 15 de Mayo, fueron detenidas dos personas y se identificaron de forma intimidatoria a activistas que participaban en sendas protestas en Avenida de Andalucía y la Ciudad de la Justicia.
• Los colectivos malagueños denuncian un aumento de la presión policial sobre los actos de protesta, consideran absolutamente desproporcionada la actuación policial en La Palma-Palmilla y exigen la puesta en libertad sin cargos de los dos activistas detenidos.

Dos detenidos en La Palmilla por denunciar “La estafa del agua” de EMASA.

En el día de hoy, 15 de Mayo de 2013, han sido detenidos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado vecinos de Málaga que colaborando con colectivos sociales denunciaban la precariedad y estafa que sufren los ciudadanos malagueños por parte de la Empresa Municipal del Agua y sus subcontratas. Tras celebrar numerosas reuniones con EMASA y miembros del Ayuntamiento de Málaga para intentar encontrar una solución sin obtener resultado alguno, decenas de vecinos afectados decidieron realizar un encierro simbólico en el edificio de Servicios Sociales de la Palma Palmilla para denunciar con su acto, la inoperancia por parte de la Administración para parar “La Estafa del Agua”.

Sin existir ninguna agresividad por parte de los vecinos que allí se han concentrado, como las imágenes de la prensa presente demuestran, la Policía Nacional intervino de forma desproporcionada y rechazando la oferta de dialogo por parte de los vecinos, irrumpió de forma violenta llevándose detenidos a dos personas que participaban pacíficamente en la concentración.

Exigimos la inmediata liberación sin cargo alguno y acabar con la identificación y en su caso multa de los ciudadanos que realizan protestas sociales, pues son un intento más por criminalizar la protesta social por parte de las autoridades que actúan en connivencia con las Estafas que sufrimos lxs ciudadanxs.

Casi una veintena de identificados e intimidados por exigir que se rescaten personas antes que bancos.

Además, esta misma mañana, en un intento mas de restringir derechos fundamentales, han sido identifi-ados sin justificacion alguna y sin explicacion del motivo, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Plan de Rescate Ciudadano cuando se trasladaban para efectuar protestas ante tres oficinas bancarias donde se pedía: Ante Ibercaja en solidaridad con vecinos de la Corrala La Utopía de Sevilla para que retome las negociaciones para un alquiler social en el edificio donde están realojados, ante Caixa Galicia para que admita la dación en pago a los vecinos de Málaga que así se lo han solicitado y ante Bankinter para que negocie de igual modo un alquiler social con los vecinos de la Corrala Buenaventura que habitan un edificio de su propiedad en el barrio de la Trinidad de Málaga.

Identificados y amenaza de multa en los juzgados por ejercer la solidaridad.

También a ultima hora de la mañana, han sido identificados con intención de ser multados vecinos de Málaga que ante los juzgados protestaban contra la criminalización y en apoyo a las personas que han sido acusados de usurpación por haber sido identificados por la Guardia Civil en Pizarra, cuando sembraban y rehabilitaban tierras que el Conde del Guadalhorce había arrebatado al Pueblo, cercándolas hace décadas y que forman parte de una realenga, siendo todas ellas de dominio publico.

Las distintas organizaciones y colectivos sociales que nos oponemos a la gestión de la crisis por parte del gobierno no vamos a cesar en nuestra labor y actuaremos de forma conjunta frente a la represión y la criminalización de la protesta social.

El aumento de la presión policial, las multas, identificaciones y detenciones, responde a una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior y las subdelegaciones de Gobierno para intentar acallar las protestas y el actual proceso de movilización social que cuenta con un gran respaldo ciudadano. No permitiremos que se continúen atropellando nuestros derechos democráticos a la manifestación y la protesta pacífica.

Este comunicado está apoyado por:

STOP DESAHUCIOS

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga

CGT-Málaga (Confederación General de Trabajadores)

CNT-Málaga (Confederación Nacional de Trabajadores)

DRY (Democracia Real Ya)

Frente Cívico de Málaga

Marea Verde de Málaga

Primavera Andaluza

Equo

Partido Humanista

Por Redacción Prensa Comunitaria

Por Gema Fernández y Teresa Fernández

La trata de seres humanos con fines de explotación es una cruel realidad que suscita la preocupación de las personas que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, de los organismos internacionales y, más recientemente, de los gobiernos. Este fenómeno invisible y oculto hace que las víctimas de trata, mayoritariamente mujeres y niñas, se encuentren en situación de esclavitud y de grave vulnerabilidad.

España es uno de los principales países de tránsito y/o destino para las víctimas de trata aunque, debido a la complejidad del fenómeno, es muy difícil conocer con exactitud la magnitud de esta grave violación de derechos humanos. El hecho de que no existan cifras fiables sobre el número de víctimas hace que sea muy difícil dimensionar de una manera real el problema. La clandestinidad e invisibilidad que rodean a la trata también dificultan la garantía de una protección real y efectiva a las víctimas.

A pesar de esto, desde el año 2009 se han producido importantes cambios legislativos relativos a la lucha contra la trata de personas en España, tales como la adopción del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual; la introducción del artículo 59 bis en la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, que regula, entre otros derechos, el periodo de restablecimiento y reflexión para las víctimas; la tipificación del delito de trata de forma autónoma e independiente de otros delitos en el Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 5/2010; o la firma del Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos por representantes de varios Ministerios.

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Por Quimy de León

Prensa comunitaria

Eran las tres de la tarde cuando entré a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Estaba llenísima de gente, eran cientos de personas, ni siquiera puedo decir cuántas. Había luchadoras sociales de toda la vida, también jóvenes, muchas de ellas provenientes de diferentes puntos del país; había presencia de comunicadores sociales, periodistas tanto nacionales como prensa extranjera; también hubo familiares de militares que vociferaban mensajes de odio. Había tanta tensión que hasta se podía oler y tocar.

Al entrar en la sala, me encontré con amigas, con quienes nos hemos acompañado y coincidido en esta lucha que es la vida y es de toda la vida; entonces me sentí más tranquila, segura de que todo esto es mucho más fácil si caminamos juntas.

Por Open Society Foundations

Foto de las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos

La organización internacional Open Society Justice Initiative acoge con satisfacción la iniciativa de la Defensora del Pueblo española encaminada a eliminar la utilización de perfiles étnicos y raciales por la Policía Nacional en los controles de identidad supuestamente aleatorios.

Las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, dirigidas a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, representan el esfuerzo más comprehensivo que se haya realizado hasta la fecha para abordar el problema de la utilización de perfiles étnicos. De aceptarse e implementarse debidamente dichas recomendaciones, permitirían afrontar e identificar adecuadamente el problema reformando la práctica y la cultura policial. Estas medidas incluyen:

• El establecimiento de “formularios de identificación” a ser cumplimentados por los agentes cada vez que sometan a una persona a un control de identidad, en los que se incluyan sus rasgos étnicos y raciales y/o su nacionalidad “de acuerdo con los principios de consentimiento informado y confidencialidad”.
• La elaboración de un “Manual de procedimiento sobre el uso de los formularios de identificación” dirigido a los agentes de la Policía Nacional.
• El establecimiento de “un sistema estadístico de recopilación y seguimiento de los datos desglosados por raza, etnia y/o nacionalidad”, a fin de evaluar –y de este modo paliar- el sesgo discriminatorio de las actuaciones policiales.
• La formación específica a los agentes “en materia de diversidad cultural y capacitación sobre la forma de llevar a cabo controles de identidad con arreglo al principio de igualdad y la prohibición de discriminación”.
• La constitución de “un mecanismo de reclamaciones encargado de recibir quejas individuales de personas objeto de identificación sobre posibles discriminaciones por parte de funcionarios de la policía”.

En 2012 el Ministerio del Interior contestó a una recomendación anterior de la Defensora del Pueblo emitiendo la Circular 2/2012 que prohibía “el establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”. Leer más

Campaña Armas Bajo Control

• Las ONG temen que el interés del Gobierno español en vender armas relaje los criterios de derechos humanos

Desde el inicio de la presente legislatura, las ONG de la coalición “Armas Bajo Control” han alertado del posible impacto de la crisis económica en los controles en las exportaciones de armas. Existe una clara tensión entre las limitaciones y restricciones que la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, establece sobre el comercio exterior de material de defensa, y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior para apoyar a la industria militar española, ante la bajada de ventas a nivel interno debido a los recortes en nuevas adquisiciones, principalmente debido a la deuda histórica acumulada por el Gobierno con diversas empresas españolas de material de defensa. Como resultado de ello, se incrementa el riesgo de que material de defensa español termine siendo objeto de operaciones en las que existe un riesgo de que sean utilizadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos.

La intensa agenda internacional del Sr. D. Pedro Morenés, Ministro de Defensa, así como algunas declaraciones que ha emitido; las negociaciones en marcha con Arabia Saudí para vender carros de combate; o incluso la adopción de regulaciones exigidas para ciertas operaciones preocupantes, han ido incrementando estos temores.

En unas declaraciones públicas en 2010, ante la posible venta de carros de combate a Arabia Saudí, país que no cumple los mínimos en derechos humanos, el Ministro afirmó que “en Arabia Saudí hay una evolución desde su idiosincrasia.” Recientemente el Ministro de Defensa, ha apostado claramente por la promoción de la capacidad exportadora de la industria de defensa.

Por otro lado, la aprobación de la Ley de medidas de liberalización para impulsar la exportación de dicho material (Ley 12/2012, de 26 de diciembre), que regula los acuerdos gobierno a gobierno, refleja el interés por incrementar las ventas de armas y abre interrogantes sobre su impacto en los procesos existentes de control en las exportaciones.

Amnistía Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau), Greenpeace e Intermón Oxfam manifiestan su temor por esta situación el día que presentan el informe que analiza las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material durante el primer semestre del 2012, elaborado con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Leer más

Por Bill Frelick

Director del programa de Human Rights Watch de refugiados

Una multitud de inmigrantes protesta en favor de la reforma migratoria en Washington, DC, el 10 de abril de 2013. (© 2013 Reuters)

• Desde 1996, EEUU impide obtener el permiso de trabajo a las personas solicitantes de asilo mientras que el proceso se encuentre en curso.
• El plazo de 150 días estipulado desde que se presenta la solicitud de asilo puede ser demorado según factores poco claros.
• En 2011 la interrupción del transcurso de este plazo afectó a 262.025 personas, lo que equivalía al 92 por ciento de todos los casos pendientes.

“La finalidad del permiso de trabajo no es que puedas hacerte rico, sino que puedas subsistir”, dijo un ciudadano egipcio que escapó de su país y solicitó asilo en Estados Unidos luego de que un grupo extremista lo golpeara e intentara secuestrar a su esposa e hija. Tras huir de la persecución en su propio país de origen, las personas que piden asilo, como este hombre en Nueva Jersey, se enfrentan a una nueva modalidad de maltrato en Estados Unidos: el gobierno de ese país no les permite trabajar mientras se encuentra en curso un proceso de asilo que muchas veces resulta simplemente interminable.

A causa de ello, las personas vulnerables que llegan a este país albergando una última esperanza a menudo terminan en situación de indigencia.

Sin duda, ha llegado el momento de implementar una reforma en materia inmigratoria, y gran parte de la nueva legislación propuesta y el discurso público han puesto énfasis en las oportunidades laborales. Sin embargo, hasta el momento el debate no ha tratado la difícil situación de las personas que solicitan asilo y a quienes se les prohíbe asegurar su propia subsistencia. Leer más

Comisión Legal Sol

Esta mañana se ha interpuesto en los Juzgados de Gran Vía 19, cuarenta demandas contencioso-administrativas contra otras tantas Resoluciones de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid que acordaban sancionar a personas por el mero hecho de acudir a movilizaciones sociales; a estas demandas hay que añadir las 19, correspondientes a otros procedimientos, presentadas hasta la fecha. Hemos de recordar que desde hace dos años se ha sancionado nada menos que a 1000 personas por ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos.

• La reforma del Código Penal castiga con cárcel a quien les ayude a permanecer en España
  
• Organizaciones sociales exigen que el ayuntamiento se oponga a esta medida
  

Diversas organizaciones sociales valencianas, que forman parte de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y de la Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, han presentado esta mañana un escrito en el Ayuntamiento de Valencia exigiendo que no se criminalice la ayuda humanitaria a las personas extranjeras que carecen de documentación. Esta iniciativa forma parte de la campaña Salvemos la hospitalidad, que se está desarrollando en todo el Estado español para impedir que en la reforma prevista del Código Penal se castigue con penas de hasta dos años de cárcel a cualquiera que ayude a transitar o a permanecer en España a personas que no tienen permiso de residencia. En el anteproyecto de reforma propuesto por el ministro Alberto Ruiz Gallardón no se distingue entre quienes están cometiendo el delito de tráfico de seres humanos y quienes son solidarios con esas personas o simplemente les alquilan una habitación o les sirven una comida; todos corren el riesgo de ser condenados. El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado que haya una mayor precisión en la nueva regulación.

En el documento, las entidades Psicólogos Sin Fronteras, Cedsala, Cáritas, Grupo de Acción Comunitaria, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales, HOAC, Ca Revolta, Comunidades Cristianas Populares, Valencia Acoge, ACOEC, Jarit y la Asociación de Vecinos de Nazaret piden a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que en el próximo pleno municipal se apruebe una moción en la que todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento manifiesten su rechazo “ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes”. Consecuentemente, se reclama que la corporación municipal inste al Gobierno español para que en la modificación del Código Penal se castigue “exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas”, excluyendo “expresamente” las actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria con las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En caso de que se mantuviera la reforma presentada, no sólo podrían ser perseguidas las personas y organizaciones que colaboran con población migrante sino que hasta las propias actividades desarrolladas desde los servicios sociales del ayuntamiento con personas sin papeles podrían ser constitutivas de delito.

•  Pdf de la Moción tipo para las entidades sociales

• La alimentación forzada agrava los detrimentos de la detención indefinida
  
•  A más de cuatro años de anunciar el cierre de la prisión de Guantánamo, 166 personas aún permanecen en esta prisión, y solamente unas pocas han sido acusadas

Protesta ante el Congreso de los Estados Unidos de Amnistía Internacional por el cierre de Guantánamo (AP)

El presidente de Estados Unidos Barack Obama debería actuar sin demora para dar cumplimiento al compromiso, nuevamente reiterado, de erradicar la detención sin juicio por tiempo indefinido en la prisión militar estadounidense de Bahía de Guantánamo, señala Human Rights Watch.

En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca el 30 de abril de 2013, Obama expresó que la prisión de Guantánamo “debe ser cerrada” y se comprometió a revisar las medidas administrativas y a conseguir que el Congreso vuelva a trabajar en esta cuestión. El Presidente expresó estos comentarios luego de que trascendiera que más de 100 presos en Guantánamo iniciaron una huelga de hambre, y que muchos de ellos estarían siendo alimentados forzadamente por militares.

“El llamado del presidente Obama para poner fin a la detención indefinida en Guantánamo es una reacción alentadora tras su largo silencio sobre el tema”, indicó Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “Si bien culpó al Congreso por los problemas en Guantánamo, hay varias medidas que pudo haber adoptado para erradicar la detención por tiempo indeterminado y todavía está en condiciones de hacerlo”. Leer más