Toma la palabra

Documento contra la criminalización de inmigrantes sin papeles
  • La reforma del Código Penal castiga con cárcel a quien les ayude a permanecer en España
  • Organizaciones sociales exigen que el ayuntamiento se oponga a esta medida
Diversas organizaciones sociales valencianas, que forman parte de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y de la Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, han presentado esta mañana un escrito en el Ayuntamiento de Valencia exigiendo que no se criminalice la ayuda humanitaria a las personas extranjeras que carecen de documentación. Esta iniciativa forma parte de la campaña Salvemos la hospitalidad, que se está desarrollando en todo el Estado español para impedir que en la reforma prevista del Código Penal se castigue con penas de hasta dos años de cárcel a cualquiera que ayude a transitar o a permanecer en España a personas que no tienen permiso de residencia. En el anteproyecto de reforma propuesto por el ministro Alberto Ruiz Gallardón no se distingue entre quienes están cometiendo el delito de tráfico de seres humanos y quienes son solidarios con esas personas o simplemente les alquilan una habitación o les sirven una comida; todos corren el riesgo de ser condenados. El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado que haya una mayor precisión en la nueva regulación.

En el documento, las entidades Psicólogos Sin Fronteras, Cedsala, Cáritas, Grupo de Acción Comunitaria, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales, HOAC, Ca Revolta, Comunidades Cristianas Populares, Valencia Acoge, ACOEC, Jarit y la Asociación de Vecinos de Nazaret piden a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que en el próximo pleno municipal se apruebe una moción en la que todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento manifiesten su rechazo “ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes”. Consecuentemente, se reclama que la corporación municipal inste al Gobierno español para que en la modificación del Código Penal se castigue “exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas”, excluyendo “expresamente” las actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria con las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En caso de que se mantuviera la reforma presentada, no sólo podrían ser perseguidas las personas y organizaciones que colaboran con población migrante sino que hasta las propias actividades desarrolladas desde los servicios sociales del ayuntamiento con personas sin papeles podrían ser constitutivas de delito.

 

  •  Pdf de la Moción tipo para las entidades sociales