Toma la palabra

Alejandro Peña Pérez

Abogado especializado Derecho de Extranjería

En los últimos días se viene hablando de las modificaciones que en el seno de la Unión Europea se llevarán a cabo en materia de asilo. Uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de que Europol y los cuerpos de seguridad de los distintos Estados miembros puedan tener acceso al sistema EURODAC, donde constan las huellas dactilares de solicitantes de asilo y otros extranjeros en situación adminitrativa irregular, con el fin de realizar comprobaciones de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves.

(www.europarl.europa.eu)

Ante esta nueva propuesta que se encuentran debatiendo actualmente, surgen ciertas dudas, jurídicas y éticas, sobre la legitimidad de esta medida: ¿resulta conforme a los Derechos Humanos de los solicitantes de asilo el uso de sus huellas dactilares para fines distintos para los que fueron obtenidos? ¿Se vulneran los Derechos a la intimidad y a la privacidad reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE? ¿Puede llegarse a vulnerar su contenido esencial con las nuevas reformas? ¿Y la figura misma de asilo?

Antes de responder a estas preguntas, resulta de vital importancia delimitar claramente que es el sistema EURODAC, para qué fue creado, cuál ha sido su función durante todos estos años, y en especial, cuáles son las propuestas de modificación que se están debatiendo y por qué despiertan cierta controversia.

Pues bien, el sistema EURODAC fue creado en el año 2000 por medio del Reglamento (CE) Nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín. Según dispone esta norma, el sistema EURODAC nace con el fin de identificar a las personas solicitantes de asilo (y al resto de extranjeros en situación irregular), y poder determinar qué Estado miembro es responsable de examinar esa solicitud de protección internacional. De conformidad con ello, el propio Reglamento (CE) Nº 2725/2000 dispone en su preámbulo que “las impresiones dactilares constituyen un elemento importante para determinar la identidad exacta de dichas personas”.

Debido a la trascendencia de estos datos, y a las vinculaciones tan estrechas con el Derecho a la intimidad, este Reglamento hace mención expresa al sometimiento del sistema EURODAC a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Igualmente, dispone que “los datos dactiloscópicos y demás datos personales únicamente podrán ser procesados en Eurodac a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 15 del Convenio de Dublín”, esto es, para determinar qué Estado miembro es responsable del examen y resolución de una solicitud de asilo.

Debido a estas medias de protección, las huellas dactilares (datos dactiloscópicos), deben ser obtenidas con las máximas garantías previstas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el caso de ser el solicitante menor de edad, en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Estos datos son conservados por un plazo de 10 años en los casos de solicitantes de asilo y 2 años para el resto de extranjeros en situación irregular, debiendo ser suprimidos una vez que el interesado adquiera la nacionalidad de un Estado miembro, para ambos casos, y por el acceso a la residencia legal o salida del territorio de los Estados miembros, en el caso de extranjeros en situación irregular.

En virtud de ello, el propio Reglamento dispone, por un lado, que estas personas serán informados expresamente de “los fines del tratamiento de sus datos en EURODAC” y de “los destinatarios de los datos”, y por otro, que los Estados miembros “velarán para que toda utilización de los datos registrados en la base de datos central que sea contraria a la finalidad de Eurodac”.

Dentro de este marco jurídico, y partiendo de la realidad para la que se creó EURODAC, así como su contenido, finalidad y destino de los datos registrados, resulta evidente que las modificaciones que se están debatiendo actualmente por le UE estén levantando cierta controversia. Hay que recordar que la actual propuesta de modificación del Sistema EURODAC viene precedida de una propuesta del año 2009 –la cual no llegó a consagrarse-, cuyo contenido era prácticamente el mismo: permitir el acceso a EURODAC (concretamente al registro de huellas dactilares) a Europol y a los cuerpos de seguridad de los Estados miembros.

Entre los aspectos más polémicos planteados se encuentra, precisamente, el acceso por estas entidades policiales al registro de huellas dactilares de los solicitantes de asilo y demás extranjeros registrados, según el nuevo texto, “a efectos de aplicación de la ley”, esto es, a efectos de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves.

Desde mi punto de vista, esta nueva medida que pretende implantarse (y de hecho se implantará), no respeta las garantías necesarias en relación a los Derechos Humanos de estos extranjeros especialmente vulnerables, fundamentalmente en lo referente a Derechos tan inherentes al ser humano como es el Derecho a la intimidad en relación con el Derecho a la privacidad y protección de datos personales. No se debe olvidar que cuando hablamos de personas solicitantes de asilo nos estamos refiriendo a un colectivo de una excepcional vulnerabilidad afectado por una situación de persecución personal de extrema gravedad, que se encuentran ejercitando la figura jurídica de protección de mayor preeminencia existente en el Derecho internacional. Justamente por ello, la relación entre solicitante de asilo y acceso policial en busca de posibles terroristas o delincuentes graves, vulnera gravemente la excepcional vulnerabilidad de estas personas, a la misma vez que estigmatiza y criminaliza a la solicitante de asilo por el simple hecho de encontrarse registrado en el sistema EURODAC.

La propuesta de modificación intenta justificar su leitmotiv bajo el paraguas de intereses superiores como son la seguridad pública y la prevención de actos terroristas o delitos graves (concepto análogo, por cierto, al de guerra preventiva usado en un pasado reciente). No obstante, no aporta argumentos y fundamentos que puedan ser considerados como válidos y admisibles para considerar proporcionada la intromisión legítima en el registro de huellas dactilares incluido en EURODAC.

En primer lugar, no hay que olvidar que los datos de los solicitantes de asilo obtenidos durante todos estos años tenían como fin único delimitar que Estado miembro sería responsable de examinar una solicitud de asilo. Como se señaló más arriba, el propio Reglamento (CE) Nº 2725/2000 delimitaba expresamente este aspecto, garantizándose a velar ante cualquier intromisión ilegítima en EURODAC con otros fines que no fueran los previstos. Sin embargo, la propuesta de modificación vulnera el contenido esencial del Reglamento y pretende usar huellas dactilares, obtenidas para un fin concreto, y destinarlas a otro fin ilegítimo, como es el acceso a EURODAC por parte de los cuerpos policiales de los Estados miembros y Europol. Esta nueva normativa vulneraría, en primer lugar, el propio Reglamento (CE) Nº 2725/2000, y en segundo término, la Directiva 95/46/CE en relación a la protección del tratamiento de datos de los que son titulares los solicitantes de asilo y demás extranjeros registrados.

El texto de reforma pretende igualmente legitimar este comportamiento aduciendo que únicamente se tendrá acceso a EURODAC para los supuestos delictivos delimitados anteriormente (terrorismo y delitos graves), en casos concretos, y cuando existan motivos fundados. Y ello bajo el control de una autoridad verificadora que supervise si se dan estos requisitos. Sin embargo, no se aprecian garantías sólidas en este sentido.

En efecto, en primer lugar, resulta criticable que no se garantice que las condiciones de acceso sean controladas por una autoridad judicial, o al menos, que dicha autoridad verificadora sea lo suficientemente independiente. En según lugar, se permite que en casos de “urgencia excepcionales” el acceso policial pueda ser inmediato y sin control de la autoridad verificadora, realizándose a posteriori la valoración sobre el cumplimiento de las condiciones de acceso. En este caso, de no cumplirse con las condiciones de acceso, los datos serán destruidos. No obstante, el acceso ya se habría realizado, dejando vacías de contenido las pocas garantías previstas.

Por otro lado, no queda claro que este tipo de acceso policial en el sistema EURODAC resulte acorde con el Derecho de Asilo, pero especialmente con el Derecho a la Protección de los Datos Personales, reconocidos ambos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En relación a este último Derecho, resulta más que evidente que el acceso policial a EURODAC constituye una doble limitación en el Derecho legítimo a la Protección de los Datos Personales: por un lado, porque dicho fin no resulta compatible, como ya se ha expuesto, con el fin legítimo para el cual se obtuvieron los datos y se creó EURODAC; por otro, el acceso policial con pretensiones delictiva recae sobre personas que tienen reconocido el Derecho a la presunción de inocencia y sobre los que no consta ningún tipo de comportamiento delictivo, pero con el cual sí se les asocia.

En este sentido, el texto de la propuesta de modificación debatido tampoco reúne elementos suficientes como para permitir injerencias justificadas en el Derecho a la Protección de los Datos Personales de los solicitantes de asilo según criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por Tribunal de Justicia de la UE.

En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene considerando que cualquier injerencia sobre el Derecho a la intimidad en relación al Derecho a la privacidad y Protección de Datos Personales debe ser considerada como “necesidad social imperiosa” y que a la misma vez sea “proporcionada a la finalidad legítima perseguida” (en particular, TEDH, sentencia Gillow c. Reino Unido de 24 de noviembre de 1986). Estos criterios jurisprudenciales son reiterados por el Tribunal de Justicia de la UE en su Sentencia de 20 de mayo de 2003, Asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01.

En el presente caso, la proporcionalidad de la finalidad (legítima) que se pretende perseguir no resulta suficientemente justificada por el texto de la propuesta de modificación, vulnerándose la jurisprudencia citada, así como las limitaciones que la misma Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece para sus propios Derechos.

En consecuencias, todos estos puntos que has sido puestos de relieve, dejan constancia fidedigna de la vulneración de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales referidos, los cuales merecen mayores garantías que las contenidas en la propuesta de modificación del Reglamento (CE) Nº 2725/2000. En especial si se tienen en cuenta el colectivo al que va destinada la nueva normativa comunitaria, en su gran mayoría solicitantes de asilo.

Hay que destacar que en idéntico sentido se han pronunciado ya entidades de peso en este ámbito de actuación, como son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (CERA) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Todas ellas contrarias a este tipo de acceso policial al sistema EURODAC.

En definitiva, y a mi modo de ver, no cabe otra conclusión que considerar que la reforma prevista del sistema EURODAC, que permite el acceso a Europol y a los cuerpos de seguridad de los Estados miembros, debe ser entendida en todo momento como una injerencia injustificada y un acceso ilegítimo en los datos personales de solicitantes de asilo y otros extranjeros registrados, vulnerándose con ello Derechos reconocidos como Derechos Humanos y Derechos Fundamentales por los Convenio internacionales de mayor trascendencia jurídica.