Toma la palabra

Por Pablo A. Sáinz
Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino
  • La denuncia sobre redadas realizadas por IU deja al descubierto la incongruencia en las cifras

Los nuevos datos revelados por Izquierda Unida respecto a la continuidad de las redadas policiales dejan al descubierto la sospechosa forma que tiene el Ministerio de Interior de dar a conocer información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en torno a la situación de las personas migrantes, una opacidad que desde diferentes sectores sociales se vislumbra como la base para ocultar la impunidad en que a veces se traducen esas prácticas.

Que las identificaciones tienen un claro componente racial parece a priori no ser noticia, atendiendo no solo las estadísticas, sino a las denuncias ciudadanas, el informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos y, sobre todo, la propia percepción social. Pero el desmembramiento de las estadísticas es lo que suele dificultar poder hacer una evaluación más certera de una situación que siempre es tratada desde las esferas gubernamentales como un problema (con las cotas de criminalización añadidas en discursos, legislación y prácticas) y no como una realidad social. Más de 5 millones de personas migrantes en nuestro país hacen necesario un tratamiento cercano a esta realidad, y no a la permanente “sospecha” que se intenta instalar sobre ellas.

Entonces, parece imprescindible que la sociedad y las propias fuerzas políticas toda vez que reciben estas informaciones hagan el complejo ejercicio de cuestionar sus intenciones, verdades y mentiras que puedan descubrir u ocultar. Aquí, apenas un comienzo:

.- La pregunta parlamentaria que el grupo de Izquierda Plural realizó a través del diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, nace motivada de conocer si las prácticas policiales han cambiado a partir de la sanción de la circular 2/2012 sancionada el mayo del pasado año como supuesta respuesta a la condena social contra las llamadas redadas racistas, hasta allí negadas y que fueron reconocidas implícitamente en el texto de la misma. No advierte el legislador al esperar un cambio de mayor calado, que aquella circular en lo dispositivo, que es lo que realmente importa, no se ordenó prohibir las redadas y, sin embargo, sí se creó un viso de legalidad para justificar la identificación de “personas que infundan sospechas”, criterio de una laxitud que intenta proteger cualquier identificación, ya que no es motivo para hacerla una acción sospechosa, sino la propia persona física más allá de sus actos. Aquí una evaluación crítica de la misma realizada por un equipo jurídico, que puede servir de orientación.

.- Responde el Gobierno que entre el 20 de diciembre de 2011 y el 19 de enero de 2013, es decir en un año y un mes, el Cuerpo Nacional de Policía realizó un total de 49295 identificaciones en aplicación del Art.20 de la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, una cifra que impresiona por lo baja si la comparamos con el Anuario Estadístico del Ministerio Interior 2011, que da cuenta de un total de 8.773.862 identificaciones (cifra apenas superior a la de 2010), es decir que de aceptar las cifras dadas a Izquierda Unida estaríamos hablando de una disminución del 99,4 por ciento, un extremo del todo irreal a pesar que en esta respuesta solo cuentan las identificaciones realizadas por uno solo de los cuerpos y no la totalidad del anuario. Por el contrario, la política de identificaciones, por ejemplo, en las protestas ciudadanas, se ha acentuado en un claro mecanismo de resolución de la conflictividad social mediante la imposición de multas económicas derivadas de estos procedimientos.

.- El marzo del año pasado el Sindicato Unificado de Policia (SUP) denunció que sólo entre el 9 y el 13 de febrero de 2012 se realizaron en la Comunidad de Madrid 786 detenciones, de las que 370 eran por motivos de extranjería, es decir personas “sin papeles”. Suponiendo que la efectividad policial fuera tal que cada persona identificada fue detenida, significaría que en solo ese fin de semana, se produjo el 13,5 por ciento de las 5806 identificaciones que el Gobierno dice, se realizaron en la Comunidad entre el 20 de diciembre de 2011 y el 20 de mayo de 2012. Esta incongruencia se acentúa en caso que dedujéramos aleatoriamente que por cada persona detenida, fueron identificadas una media de tres, lo que hubiera representado un 40,6 por ciento de las identificaciones semestrales. Está claro, algo falla en la información que brinda el Ministerio del Interior o al menos, la opacidad de los datos induce a la sospecha sobre la veracidad de los mismos.
Vale recordar que en 2011 la misma estadística anual reflejaba en la Comunidad de Madrid un total de 1.227.321 identificaciones, una disminución de 99,01 por ciento atendiendo a las 12050 registradas en el período ahora consignado. Para ser más claros, si nos basamos en ambas estadísticas descubrimos que supuestamente en Madrid habríamos pasado de 3362 identificaciones diarias en 2011 a solo 5806 en el primer trimestre de 2012.

– Por otra parte, el Balance de Criminalidad 2012, da cuenta de que se produjeron en el Estado español 2.268.665 hechos delictivos o faltas. Parece claramente insuficiente que dada esa tasa de infracciones penales, las identificaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policia no lleguen a las cincuenta mil. Algo sigue fallando en la transparencia de la información o, en su defecto, los recursos públicos no se están empleando como gran parte de la sociedad seguramente desearía.

Pero es necesario incluso ir un poco más allá para evaluar si se justifica el celo del Gobierno sobre la población migrante. Vale recordar que el Informe “Extranjeros Residentes en España, a 30 de Septiembre de 2012 refiere que más del 72 por ciento de los dos millones setecientos mil extranjeros extracomunitarios que viven en el Estado español tienen tarjeta de “larga duración”, es decir que llevan al menos cinco años residiendo en nuestro país en forma regular (seguramente más de ocho en la mayoría de los casos, dada la obligación de residir irregularmente durante 3 años para poder solicitar los papeles), forman parte de nuestra sociedad. Para haber logrado ese status han tenido que demostrar al menos 4 veces ante las autoridades que no han cometido delito alguno. A ello se suma que con la última estadística susceptible de hacer estas evaluaciones, que data del 1 de enero de 2012, el número de irregulares extracomunitarios, apenas ascendía a las 80 mil personas.

Sin embargo, el Informe de Evolución de la Criminalidad 2010 del Ministerio de Interior del año 2010, da cuenta que a Fronteras e Inmigración, del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil se destinan 16587 agentes, lo que equivale a la suma del personal dedicado a perseguir delitos de la gravedad de la violencia de género (2008), terrorismo (5634) o el crimen organizado (7156 policías). La diferencia entre el ser migrante y los delitos señalados es muy clara, tanto como los desproporcionados recursos humanos que parecen destinarse a unos y otros.

El Ministerio del Interior, en suma, suele felicitarse de los éxitos de su lucha contra la inmigración “ilegal” y hasta apuesta por empezar a usar los aviones no tripulados “drones” para surcar el mediterráneo en busca de pateras. Los Gobiernos a su vez justifican en el señalamiento de este sector de la población la aplicación de recortes en Sanidad, Educación o Justicia. Parecería sensato, en todo caso, que si es cierto que el nivel de identificaciones policiales ha disminuido casi en su totalidad, los recortes se orientaran a este Ministerio y no a sectores tan vitales como los antes citados.