Toma la palabra

Fundación Abogacía Española

Se presenta mañana un “Amicus Curiae” ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que debe estudiar si deja en libertad al general que presidió el país centroamericano en los años más sangrientos del conflicto armado

La Fundación Abogacía Española ha suscrito un Amicus Curiae que se interpondrá mañana jueves, 27 de diciembre, ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para intentar evitar que este tribunal conceda la amnistía al general Efraín Ríos Montt, presidente de la República en los años más sangrientos del conflicto armado en el país centroamericano.

El Amicus Curiae, impulsado por la Fundación Madrid Paz y Solidaridad y suscrito, además de la Fundación Abogacía Española, por la Asociación para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Rights International Spain y los juristas José Antonio Martín Pallín, Elisa Veiga y Carlos Jiménez Villarejo, entre otros, pretende puntualizar algunos aspectos desde el Derecho Internacional que pudieran servir de elementos de discusión en las deliberaciones de la Corte.

Según los firmantes, “Guatemala tiene la oportunidad de demostrar que está en camino de ser un Estado de Derecho donde se cumple la Ley y se reconocen los derechos de las víctimas, situándose al lado de los países que consolidan sus democracias mediante la lucha contra la impunidad, o de acercarse a un estado fallido o estado sin Ley”.

Como concluye el Amicus, “el Estado de Guatemala no puede interponer ningún obstáculo para el enjuiciamiento y, en su caso, castigo de José Efraín Ríos Montt, pues está obligado frente a todos los Estados a su persecución, de manera que toda ley nacional –así como decisión judicial- que postergue la investigación de los crímenes, los considere prescritos u otorgue amnistía es contraria a las obligaciones internacionales que el estado de Guatemala debe cumplir”.

DIEZ AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidirá en los próximos días si otorga o no la amnistía al general Ríos Montt. Tal concesión, a juicio de los firmantes del Amicus, sería una grave violación de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y un gran varapalo para las víctimas, las organizaciones de Derechos Humanos, que llevan más de diez años trabajando contra la impunidad, y para el pueblo de Guatemala en general.También supondría un duro golpe al Estado de Derecho en Guatemala.

Dejar en la impunidad crímenes internacionales como los que se le han imputado a Ríos Montt, pone seriamente en duda la credibilidad del sistema de justicia guatemalteco y su capacidad para investigar y castigar tanto a los responsables de los crímenes del conflicto, como las graves violaciones de derechos humanos que se cometen actualmente.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU concluyó que durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala hubo más de 200.000 víctimas, 45.000 desaparecidos, al menos 650 masacres, medio millón de refugiados en Méjico y un millón de desplazados. La CEH determinó que las Fuerzas de Seguridad del Estado son responsables del 93% de los crímenes.

ACTOS DE GENOCIDIO

Igualmente, esta Comisión aseguró que en 1982, el Ejército de Guatemala dirigido por Efraín Ríos Montt cometió actos de genocidio. Esta información se ha ido corroborando con las pruebas obtenidas y presentadas en procesos judiciales celebrados tanto en Guatemala como en España.

Fruto del trabajo incansable de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y el buen hacer de los operadores de justicia han sido condenados varios autores materiales de desapariciones forzadas y masacres. La detención de parte del Alto Mando de Ríos Montt, como los generales Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez, y la imputación por genocidio del mismo ex Presidente de la República han sido hitos en la larga historia por el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

La Comunidad Internacional espera que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sea ajustada a los avances de los estándares de Derecho internacional y la abundante jurisprudencia internacional al respecto. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el pasado mes de octubre que la aplicación de la amnistía en El Salvador refleja una grave afectación de la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos.

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