Toma la palabra

La familia de José Couso presenta hoy a las 12:00 del mediodía una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid por la información revelada por Wikileaks sobre las supuestas irregularidades habidas en el proceso judicial abierto por el asesinato del cámara José Couso el 8 de abril de 2003 durante la invasión de Irak por miembros del Ejército estadounidense. Según los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por Wikileaks sobre este caso, y publicados por EL PAÍS, altos cargos del gobierno español y miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Estado habrían compartido información sobre este caso con diplomáticos estadounidenses en España y miembros del gobierno estadounidense. Asimismo, según estos cables, tanto algunos ministros como fiscales españoles les habrían comunicado a los representantes estadounidenses, siguiendo sus instrucciones, que intervendrían para evitar que prosperara el juicio contra los tres militares presuntamente culpables del asesinato de José Couso.

En la denuncia (pdf), se recogen las quince informaciones sobre  las supuestas injerencias en el “Caso Couso” que han sido reveladas en la última semana  y “no negadas en lo sustancial a fecha de hoy por las personas en ellas mencionadas”, como apunta la denuncia. Estas violaciones de las garantías de un proceso judicial justo y transparente fueron analizadas por nuestra compañera Olga Rodríguez, una de las tres testigos del del asesinato de José Couso y que ya ha declarado dos veces  ante la Audiencia Nacional.

La nota de prensa enviada por la familia Couso señala que  “la obligación legal de la Fiscalía es la persecución de los crímenes y la defensa de los derechos de las víctimas. Por eso consideramos necesario y propio de un Estado de derecho que se investigue el contenido de los documentos filtrados por Wikileaks. Es la Fiscalía el organismo al que constitucionalmente le corresponde la investigación de estos hechos. La demanda señalará expresamente a las personas que presuntamente hayan participado en las reuniones e intercambios descritos en los telegramas filtrados“. La denuncia recoge los nombres expresamente de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el Ministro y el  Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, respectivamente, Miguel Ángel Moratinos y Bernardino León, el entonces Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza y el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.

Asimismo, la familia también exige en el texto a la Fiscalía que se investigue si se ha podido entregar documentación de las actuaciones a quien no es parte del proceso, como la embajada estadounidense,”algo que está expresamente vetado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, como apuntan en la denuncia.

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