Toma la palabra

Por Médicos del Mundo

Con motivo del Día Internacional de la Salud, que se celebra hoy 7 de abril, desde Médicos del Mundo hacemos público el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”.

Este informe muestra que las medidas que han tenido que adoptar las comunidades autónomas para ejecutar el Real Decreto-ley 16/2012 son muy heterogéneas y estándescoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios del Estado.

El documento analiza detalladamente los mecanismos ideados por cada región para lidiar con las dificultades de aplicación de la reforma sanitaria. Unas medidas que no son más que “parches” que intentan paliar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado la legislación.

Esta reforma estructural del sistema sanitario se justificó en términos de austeridad. Sin embargo, dos años después, la sociedad española desconoce el ahorro supuestamente producido.

Durante los dos años transcurridos desde su aprobación, diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables.

Un “menú” variado e incompleto

  • 10 comunidades autónomas han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos.
  • 8 de ellas en forma de “programa complementario” para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos y dos reconociendo el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente (Andalucía y Asturias).
  • Entre el resto de comunidades se han definido condiciones de acceso a la atención médica -sin emitir tarjeta sanitaria- en determinados supuestos y con criterios diferentes entre unas y otras.

Como resultado, encontramos un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria que varía considerablemente de unas regiones a otras. Leer más


Por Coordinadora de ONGD

#CooperaFALSAno

La Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más dan la voz de alerta: de confirmarse la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), se asestará el enésimo golpe a la política de cooperación. Esta reforma dejará el FONPRODE en manos del Ministerio de Economía y primará los intereses de la internacionalización de las empresas sobre los objetivos de desarrollo y lucha contra la pobreza y la desigualdad - (Informe completo, en adjunto)

  • La reforma propuesta por el gobierno facilita que este instrumento, inicialmente concebido para promover el desarrollo  y la lucha contra la pobreza, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se convierta en un fondo de inversión al servicio de los intereses financieros y de internacionalización de las empresas españolas, gestionado ahora por el Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Falta de participación y opacidad en la reforma. La reforma del FONPRODE, ya en trámite legislativo, ha sido realizada deliberadamente por la puerta de atrás evitando su discusión en los espacios consultivos establecidos para tal fin.
  • El FONPRODE sufre una reforma tres años después de su creación y sin que haya sido capaz de ejecutar su presupuesto. Durante este tiempo no se han entregado los informes necesarios para determinar qué es lo que ha impedido el adecuado funcionamiento del instrumento y que justificarían una reforma legislativa.

La reforma del FONPRODE otorga a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES) el protagonismo en la gestión de estos fondos por un período mínimo de 8 años. De esta manera, COFIDES -una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell-, identificará las acciones con cargo al FONPRODE, lo gestionará e incluso, actuando como juez y parte, podrá asignarse el papel de experto independiente para los casos en los que la ley exige realizar un informe previo sobre la sostenibilidad de la deuda de los países que reciben los fondos.

En 2010, el FONPRODE sustituyó a los antiguos créditos FAD[1]. Entonces, la reforma se realizó de forma participada con los distintos actores implicados en la política pública. Tres años después, vuelve a reformarse y esta vez la participación brilla por su ausencia. Se ha evitado su discusión en la Comisión de

Cooperación del Congreso y en el Consejo de Cooperación que no han tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladado al Senado. Tampoco han sido informados el resto de agentes de la sociedad civil. Ni siquiera el equipo técnico de la Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECID conocía el proceso; de hecho, han tenido constancia de esta reforma cuando ya se encuentra en el Senado.

El recorrido del FONPRODE en estos tres años se caracteriza por una enorme opacidad que choca de frente con las obligaciones legales en materia de transparencia. Apenas hay información sistematizada y publicada sobre las operaciones que ha realizado. En los tres ejercicios presupuestarios el Fondo no ha conseguido ejecutar su presupuesto asignado y no se ha informado, por los cauces establecidos para tal fin, de cuáles han sido las razones que han impedido esta ejecución.

ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA REFORMA

La reforma presenta una serie de modificaciones analizadas por la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora de ONGD que pueden ser consultadas en el informe en adjunto. Algunas de ellas son especialmente preocupantes:

  • Se suprime el porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable –ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado. Anteriormente ese porcentaje se situaba en un máximo del 5%; una cifra que, como hemos denunciado de manera reiterada, se ha incumplido sistemáticamente. Esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.
  • Se suprime la obligación de publicidad y accesibilidad de los resultados de las consultorías y asistencias técnicas de los programas. Esto permite que el Comité Ejecutivo del Fondo autorice la no publicidad de esos resultados. En este caso, la opacidad pone en grave peligro la transparencia exigible a la gestión de los fondos públicos.
  • El modelo de cooperación financiera que se concibe con esta reforma tiende a desvincularse de la política de cooperación al desarrollo. Una cuestión sobre la que ha llamado la atención el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, al considerar que esa desvinculación resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo.

Las modificaciones propuestas en esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo, y además el gobierno vuelve a evitar que el proceso sea informado, transparente y participado.

 


[1] En 2010, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) sustituyó, tras años de presiones a los sucesivos gobiernos, al controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Este fondo, del que se obtenían los conocidos como créditos FAD, tenía dos objetivos difícilmente reconciliables: el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la contribución al desarrollo de los países receptores[1]. Con la reforma del FAD se trató de dar respuesta estas demandas que urgían separar los intereses exportadores y financieros de las políticas y recursos dedicados a la ayuda al desarrollo. La reforma dio lugar a dos fondos, separados, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), controlado por el Ministerio de Economía, y el FONPRODE, dedicado a la promoción del desarrollo y controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.


Prepara una tesis, conferencias y divulgación de libros al considerarlo un agravio respecto a los casos de Argentina, donde sus responsables fueron condenados hasta a 50 años de cárcel.

Fotos por Mónica Hernández: Conferencia en el Gilbert Hall de la Universidad de Georgia, Athens (EEUU)

 Por Alhulia Editorial

El Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia (EEUU) ha decidido difundir entre la comunidad universitaria estadounidense el drama y la injusticia del robo de bebés en España, que viven miles de familias desde hace décadas. Además de conferencias y publicaciones, prepara una tesis específica en la que se considera que, por unos robos de niños cuantitativamente mucho menores, el ex dictador general Videla y otros militares fueron condenados a 50 años de cárcel en Argentina, mientras en España ni siquiera se ha procesado a ningún responsable.

 Primero el centro universitario estadounidense organizó, en octubre pasado, una conferencia del periodista y escritor José Luís Gordillo, cuya novela Yo te quiero, editada por Alhulia en 2012, se basa parcialmente en estos hechos, que posteriormente el autor ha investigado profundamente en su vertiente de actualidad para el medio online Periodismo Humano, centrándose en los casos y tramas de rapto y venta de niños en nuestro país entre 1940 y 1990

Posteriormente ésta y otras obras referidas al robo de bebés en España se pusieron además a disposición de toda la comunidad universitaria estadounidense, al incluirlas en el catálogo de bibliotecas universitarias de ese país. Y en la actualidad el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia prepara una tesis doctoral, a cargo de uno de sus integrantes, Manuel Pinto, y bajo la supervisión de su directora, Dra. Stacey Casado, sobre los niños robados en España en relación también con la memoria histórica y la literatura en lengua hispana que en nuestros días se está inspirando en estos hechos.

La tesis hará referencia a éste y otros libros editados los últimos años en nuestro país y también incluirá gran parte de los contenidos históricos y periodísticos expuestos en el campus de la Universidad, en la ciudad de Athens, durante la conferencia del pasado 11 de octubre. Presentado a su vez por Mónica Hernández, reportera de Televisión Española, José Luís Gordillo estimó que hasta 1990 fueron robados en nuestro país al menos 36.000 niños, a tenor de las primeras investigaciones judiciales al respecto, denuncias de particulares y casos constatados por las asociaciones de víctimas.

El periodista José Luis Gordillo durante una conferencia en Universidad de Georgia EEUU

Fueron sustraídos a sus progenitores bien por motivaciones políticas, como represión del régimen franquista a familias republicanas, o bien puramente económicas, para ser vendidos a sus padres adoptivos no sólo en España, sino en otros países de Europa y América. Sin embargo, las asociaciones de víctimas se quejan del archivo masivo de sus denuncias que hacen gran parte de los juzgados de toda España, a pesar de la doctrina general en contra de la prescripción del delito de detención forzosa, la labor en muchas ocasiones “obstruccionista” de la Policía, la inoperancia de la oficina de atención a las víctimas creada por el Gobierno y que los pocos casos de reencuentro de familiares que se está produciendo únicamente gracias a las redes sociales.

La tesis de la Universidad estadounidense incluirá apelará además a que las más reciente interpretaciones de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un crimen contra la humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código Penal, y por tanto jamás prescribirían. Así, por ejemplo, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias considera que este delito contra la humanidad “de inicio fue político” y “después aprovecharon el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para seguir con el negocio”. A su juicio, “con finalidad económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad política”, porque “lo determinante es que sea hecho desde el Estado con sistematicidad y posición de indefensión de la víctima”, requisitos que se darían en esta tragedia colectiva.

En la conferencia se mostró cómo una de las asociaciones de afectados, Colectivo Sin Identidad, ha presentado una denuncia sobre estos hechos en la ONU. ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” debido al “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990. En la denuncia se explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.

El otro foco de interés de la tesis universitaria es la repercusión de esta tragedia colectiva en la literatura y la cultura en general de nuestro país. Así, por ejemplo, en la novela Yo te quiero, el centro de la historia es el robo de bebés en España durante los años setenta, lo cual a su vez se interconecta con la crisis económica que venimos sufriendo, sus verdaderos causantes, la importante penetración del crimen organizado en nuestro país y la corrupción que ha calado en gran parte de la clase política.


Patricia de la Riva

Psicóloga y estudiante del máster de Políticas Públicas y Bienestar de la Universidad de Oviedo

Me llamo Patricia de la Riva y soy becaria del Ministerio de Educación y Cultura por necesidad desde hace casi 7 años. Decidí estudiar psicología por lo que no tuve más remedio que mudarme desde Cóbreces (Cantabria) a Oviedo. Pertenezco a una familia monoparental y la renta nunca alcanzó el umbral 1, el nivel más bajo dentro de los requisitos de renta. Por esta razón nunca tuve problemas para que me concedieran la beca y siempre me daban la cuantía máxima, incluyendo movilidad y residencia. Gracias a estas ayudas pude terminar mi carrera ya que de otro modo me habría sido imposible.

El Ministro Wert en TVE

El problema empieza cuando decido hacer en 2012 un máster también en la Universidad de Oviedo, cuando la crisis empieza a agravarse y la lluvia de recortes no parece amainar, los presupuestos para becas se reducen y los requisitos no hacen mas que endurecerse. No sólo la situación económica del país en general empeora, sino que también la familiar al tener mi madre un accidente laboral y tener que estar de baja. El dinero que entra en casa es muy escaso y los esfuerzos para que pueda estudiar muy grandes.

Y si las cosas estaban mal, empeoran el primer año de máster al llevarnos la primera sorpresa: la cuantía de la beca se reduce a 1180 euros cuando normalmente me daban en torno a 6000 para poder hacerme cargo del piso, la comida, las facturas, el material escolar y el transporte durante todo el curso. Descubro que mi máster, al estar dividido en dos años, cada curso no llega al mínimo exigido de 60 créditos para beca completa y que se considera por tanto beca parcial o semipresencial por lo que solo me corresponde la parte de transporte y material escolar. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para que el dinero nos llegara, recortando hasta de la comida. Pero ahí no acaban las sorpresas.

Este verano, el ministro de educación Wert decide llevar a cabo una reforma en el sistema de becas que, según él, beneficiaría a los que mejores notas sacaran y más necesidad económica tuvieran. Ahora las becas se dividen en varios componentes: la beca de matrícula, la variable mínima en base a la nota media del expediente y la renta familiar, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a residencia y la cuantía variable en función de la renta familiar y el rendimiento académico. A pesar de estos cambios, pedí la beca igual que todos los años puesto que tenía confianza en que la cuantía no fuera muy diferente a la del año anterior ya que nuestra renta familiar es muy baja y mis notas altas.

Fue ayer cuando descubrí lo ilusa que fui al llegarme la notificación de la concesión de la beca para este curso, que inicié en septiembre, y comprobar que me daban la irrisoria cuantía de 60 euros, 60 vergonzosos euros. Resulta que para las matrículas parciales sólo corresponde la variable mínima, no teniéndose en cuante si residen fuera del domicilio familiar, ni la renta familiar, ni el transporte, ni el material escolar… No se tiene en cuenta absolutamente nada. Al resto de mis compañeros del máster les ha ocurrido lo mismo. Da igual cómo de similar o diferente sea su situación: todos hemos recibido la misma cuantía. Esto es, cuanto menos, indignante.

El Minisiterio de Educación y Cultura en general y Wert en particular dejan así claro que el interés por los estudiantes españoles es nulo. Su supuesta intención de beneficiar a los más necesitados y premiar el rendimiento se ha quedado en nada. Otra mentira más de nuestros políticos. El sistema de becas se ha convertido en un utensilio en manos de estos personajes sirviendo únicamente para recortar y perdiendo su capacidad para igualar oportunidades de los mas necesitados. En este país no se apuesta por la educación de los jóvenes y lo único que están consiguiendo es que muchos estudiantes se queden fuera del sistema, favoreciendo la cada vez mayor fuga de cerebros.

Encontrarme con esta situación ha sido para mí la gota que colma el vaso. Mi indignación y mi impotencia ante estas injusticias han conseguido facilitar el que tome una decisión que ya venía considerando desde hace tiempo: emigrar. Quizás cuando vea que España apuesta por sus ciudadanos y ciudadanas, por los derechos sociales, por la sanidad, por la educación, quizás entonces me plantee volver.


  por  Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261 desahucios en su primer año de funcionamiento. Así lo ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento, donde ha hecho balance de los primeros 12 meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. “El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas”, ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. “Son familias que antes de firmar, quieren saber, porque saben que el conocimiento las empodera. Las oficinas les han proporcionado información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda”, ha señalado Cortés.

La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. “Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio”, ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4% del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del Programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además, la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del ‘banco malo’. “Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo”, ha remarcado.

Herramienta “paliativa”

“Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares”, ha afirmado Cortés, que ha añadido: “Pero triunfalismo, ninguno. Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán si no se legisla a su favor. La situación de alerta persiste”.

Cortés ha explicado que “la herramienta verdadera y profundamente transformadora” de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. “Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso ‘stock’ de vivienda vacía existente en Andalucía”, ha señalado la consejera.

Bloque institucional

Un total de 229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi). “El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía”, ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. “La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda”, ha concluido Cortés.


Por Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos

El juzgado declara nula la sanción impuesta por la Delegación de Gobierno de Madrid a participante en las Brigadas de Observación de los Derechos Humanos por infringir el principio de presunción de inocencia.

@BrigadasDDHH

En diciembre del 2010, agentes de policía identificaron a las personas que participaban en una brigada, cuando observaban y documentaban una redada racista. Dichas personas fueron multadas por su labor. Estas sanciones violan los derechos de libertad de expresión, asociación y tutela judicial efectiva (presunción de inocencia y utilización de medios de prueba), por lo que se decidió demandar a la Delegación de Gobierno de Madrid por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid estima en parte la demanda y declara NULA la sanción por infracción del principio de presunción de inocencia. No obstante, BVODH recurrimos la sentencia por considerar que no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba.

A. Libertad de asociación: la sentencia ignora que se castiga la actividad de denuncia de las redadas racistas que BVODH realiza, al sancionar a varias brigadistas en esa y en otras ocasiones, y por basarse en un informe policial que atribuía determinadas conductas al colectivo (falsamente). Afirma que las redadas racistas son legales pese a que la sentencia del TC del 2001 ha sido superada con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales. Leer más


Por la Red Española contra la Trata

  • El informe presentado por el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres humanos (Greta) relativo a la implementación del Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Seres Humanos recomienda al Estado Español mejorar sus políticas de prevención de este delito

En el marco del Día Europeo de Lucha contra la Trata de Personas, celebrado el 18 de octubre, la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) recuerda al Estado Español que aún sigue sin cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de las víctimas y la lucha contra este delito y demanda una Ley Integral contra la Trata.

Las ONG miembro de la entidad afirman que, pese a los avances en esta materia, las medidas impulsadas en España en los últimos años se han centrado exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual, sin embargo la trata puede tener otros fines como la explotación laboral, o asumir otras formas como la servidumbre, la mendicidad, los matrimonios forzosos o la extracción de órganos. Por esta razón, el Informe del Greta evidencia, la necesidad de que el Estado haga mayores esfuerzos para afrontar la trata con cualquier fin de Explotación, incluyendo la adopción de un Plan Integral que cubra también la trata con fines de explotación laboral.

Las entidades sociales recuerdan que la última reforma del Código Penal recogió la definición internacional de trata en todas sus formas y dimensiones, “pero ni los planes, ni el resto del ordenamiento, ni los recursos destinados a otras formas de trata son coherentes con esta definición ni con las obligaciones internacionales”, ha destacado Martina Kaplun, coordinadora general de la Fundación Cruz Blanca, entidad miembro de la Red. Leer más


Frank Conde, Vicedirector de Comunicación

 Amnistía Internacional Paraguay

Más de 20 años de lucha por parte de la comunidad indígena paraguaya Sawhoyamaxa por recuperar sus tierras ancestrales en el Chaco paraguayo está llegando a un momento decisivo. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de expropiación de sus tierras ancestrales, poniendo la pelota en la cancha de los legisladores paraguayos, quiénes ahora tienen la oportunidad de garantizar los derechos de este pueblo indígena. No hay excusas. Tienen el poder para hacer cumplir con los derechos de esta comunidad, y cumplir con los derechos humanos es responsabilidad de los tres poderes del Estado. Cumplir con los derechos humanos es restituir estas tierras ancestrales a sus legítimos dueños.

DECLARACIÓN PÚBLICA – SOLIDARIDAD CON LA COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA DEL PUEBLO ENXET

La comunidad Sawhoyamaxa, perteneciente al pueblo Enxet, estuvo por más de dos décadas viviendo en condiciones deplorables al costado de la carretera. Negados el acceso a sus tierras, cuales les brinda una independencia por sus posibilidades de caza, pesca y recolección de frutas, comenzaron a luchar por obtenerlas, recurriendo a todas las vías propuestas por un Estado de derecho. Sin embargo, el Estado paraguayo no tuvo la voluntad de proteger los derechos humanos de esta comunidad.

Por lo tanto los Sawhoyamaxa llevaron su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para obtener justicia fuera de Paraguay. La Corte IDH dictaminó su sentencia, igual que lo hizo en el caso de la comunidad Yakye Axa y posteriormente en el caso de Xámok Kásek, exigiendo que el Estado paraguayo les restituyera las tierras ancestrales e invirtiera en el desarrollo de estas comunidades. La sentencia para los Sawhoyamaxa, fue emitida en 2006 y sigue sin cumplirse, igual que en el caso de las otras dos comunidades.

La comunidad Indígena Sawhoyamaxa con el apoyo de Amnistía Internacional y la organización Tierraviva quién ha proporcionado la defensa legal a estas comunidades, han lanzado una campaña a favor de estas tres comunidades, llamado “Hacer Visible lo Invisible”. El objetivo principal es restituir las tierras a las comunidades quiénes ocuparon estas tierras desde tiempos inmemorables, pero también quiere poner los focos sobre las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas del Paraguay, que como en tantos lados queda en el olvido. Las organizaciones acompañan a la comunidad posicionando la situación a los medios de comunicación, sensibilizando a la gente y presionando a los gobernantes a que cumplan con su deber de hacer respetar los derechos humanos.

Actualmente, un propietario privado que se dedica al ganado tiene el título de la propiedad de las tierras. Por lo mismo, algunos quieren indicar que existe un conflicto en materia de derechos humanos en caso de expropiarse las tierras. Esto es incorrecto. El derecho a la propiedad privada, igual que los derechos de los pueblos indígenas están amparados ante tratados internacionales de derechos humanos. El Estado es quién tiene que hacer el equilibro donde por un lado tenemos un empresario, que en caso de una expropiación sería indemnizado y por el otro lado tenemos toda una comunidad que vive en la extrema pobreza donde sus derechos más básicos no son cubiertos. La acción correcta es evidente – la restitución de las tierras ancestrales.

El Estado tuvo dos oportunidades para hacer cumplir con los derechos de la comunidad Sawhoyamaxa. Primero el Poder Ejecutivo podía negociar la compra de las tierras, alternativa que se intentó, pero no se logró por la tasación excesiva del propietario, según el Poder Ejecutivo. La segunda alternativa es la expropiación. No hay otra. El Poder Ejecutivo ya ha presentado un proyecto de ley y sólo queda que el Congreso Nacional apruebe. Ahora la ley se debate en tres comisiones del Senado, sin embargo no hay límites de tiempo ni calendario para su aprobación.

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Mientras tanto, la comunidad sigue viviendo en una pequeña parte de sus tierras, donde las vacas del propietario actual caminan entre ellos suponiendo un peligro, sobre todo para los más pequeños. El Estado no está proporcionando agua ni alimentación con la debida regularidad, como obliga la sentencia de la Corte IDH. La situación en la que viven es sumamente precaria. La comunidad necesita estas tierras para sobrevivir, ya que sin ellas no pueden mantener sus formas tradicionales de supervivencia, lo cual depende de la casa de animales o pesca, recolección de frutas y demás. Necesitan acceso a aquellos recursos naturales. Si no su cultura y sus vidas están en riesgo de extinción.

El Poder legislativo, como autoridad estatal, tiene en estos momentos un rol crucial que llevar adelante en el reconocimiento de los derechos a esta comunidad y en el cumplimiento con las obligaciones internacionales de Paraguay. De prevalecer la situación actual de la comunidad, el Estado seguiría violando los derechos de los Sawhoyamaxa. No es el momento de discursos sin compromisos tangibles, ni es el momento de poner excusas. Es el momento de mostrar a los ciudadanos indígenas, a los paraguayos y al resto de la ciudadanía internacional que en Paraguay los derechos humanos se van a respetar.


 

Por Samuel – Quilombosfera

Los lamentos que nuestros gobiernos y las autoridades europeas están expresando por las muertes de más de un centenar de personas de origen africano (Eritrea, Somalia, Ghana) cerca de la isla de Lampedusa constituyen un insulto que se añade al desprecio sistemático por la dignidad humana que representan las políticas migratorias europeas. Por no hablar del coro fascista habitual. Los seres humanos (no bestias, no mercancías) que viajaron “irregularmente” pagaron entre 1.200 y 2.000 euros por la barcaza que debía conducirles a la diminuta isla de Lampedusa, que ni siquiera era su destino final. Es decir, que podían haberse pagado un billete de avión de haber procedido del país adecuado.

La causa fundamental de esta tragedia no son, sin embargo, los traficantes de personas, que son a su vez otra consecuencia. La causa principal la expuso en abril con palabras diplomáticas el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau:

el incremento de reglas cada vez más complejas y restrictivas sobre las condiciones de entrada, y las cada vez más estrictas políticas de gestión de fronteras (…) se han visto acompañadas por requisitos de entrada a la zona Schengen cada vez más estrictos. Antes de Schengen había requisitos de entrada relativamente flexibles o programas específicos de trabajadores invitados que permitían a migrantes de baja cualificación viajar a los Estados miembros de la Unión Europea en busca de oportunidades, y luego podían ajustar su estatus administrativo en consecuencia. En la actualidad, sin embargo, tales oportunidades son muy limitadas pues el sistema Schengen exige a la mayoría de los migrantes no europeos de baja cualificación, especialmente aquellos provenientes de países del Sur global, la obtención de un visado para poder entrar en la Unión Europea para buscar trabajo. Esto ha creado una realidad en la que los migrantes de países no europeos, y en particular aquellos procedentes de países en desarrollo sin programas de facilitación de visados con la UE, se ven imposibilitados cada vez más para poder entrar en la UE de manera legal con el fin de buscar trabajo en persona.”

Asimismo, Crépeau observaba “una proliferación de regímenes de detención en Estados miembro fronterizos con apoyo de la UE” destinado a quienes solo dejan la alternativa de entrar de manera no legal, ya sean personas con derechos reconocidos a la protección (asilo) o migrantes.

Digámoslo una vez más sin rodeos: el objetivo no declarado de dichas políticas no es otro que el de consolidar sistemas dinámicos de segregación que permitan controlar y canalizar los movimientos de las personas para fijarlas en un trabajo servil. Contrariamente a lo que afirma sin rubor la comisaria europea de Interior Cecilia Malmström, el tráfico de personas y la servidumbre por deudas son en realidad una consecuencia lógica de las arbitrarias restricciones migratorias y de los controles fronterizos. La institucionalización y normalización del racismo -puestas de momento en práctica, desde los gobiernos, por liberales, conservadores y socialdemócratas, no por frentes nacionales ni por auroras doradas-, y las divisiones sociales que resultan del mismo, también. No obstante, habrá que reconocer a la comisaria que son los Estados los que se reservan las principales competencias en materia migratoria, en tanto que reafirmación de una soberanía ilusoria.

Existen, de acuerdo con el derecho vigente en la Unión Europea, unas 20 categorías diferentes de nacionales de terceros países, cada uno con derechos diferentes que varían según los vínculos que tienen con los Estados miembros de la UE o que resultan de su necesidad para una protección especial.” Es lo que admite el Manual de Derecho Europeo relacionado con el asilo, las fronteras y la inmigración, que publicó este año la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA, por sus siglas en inglés). Una maraña legislativa que combina la legislación nacional y comunitaria, y diversos instrumentos internacionales que clasifican a los seres humanos en diferentes categorías, en función del grado de movilidad que le reconocen o no los Estados. Es decir, en un territorio dado no todas ellas -y me refiero especialmente a quienes residen, viven y trabajan en el mismo durante un cierto tiempo- gozarán de los mismos derechos políticos, sociales y económicos y ello en gran parte por la forma en que se ha accedido al mismo. Tal es la función de la frontera y del visado como plácet del soberano: no evitar la circulación, que los humanos practican sin permiso desde hace millones de años, sino consagrar un multiforme régimen discriminatorio que favorezca el encauzamiento de una parte no desdeñable de la población en movimiento hacia determinadas actividades económicas con un grado elevado de explotación, vulnerabilidad y servidumbre. Esto va mucho más allá del drama de los cementerios marinos, pues la mayoría de las personas migrantes en situación irregular no entran en Schengen por vía marítima.

Estas son las veinte categorías (en inglés) que FRA ha identificado:
Categories

La gama de posibilidades es amplia, y una misma persona puede pasar por una o varias de estas situaciones, sin garantías de progreso social. Arriba están quienes gozan de más libertad de movimiento, los denominados ciudadanos comunitarios, son los que a su vez gozan de más derechos (incluso políticos) y libertades en el denominado espacio Schengen, que tampoco es completamente liso. Y dentro de éstos, empresarios y trabajadores asalariados, pues en las primeras comunidades europeas la libertad de movimiento y residencia se reservó exclusivamente a los sujetos de la relación salarial fordista. La jurisprudencia y el concepto de ciudadanía europea que consagró más tarde el Tratado de Maastricht ha venido suavizando algo este vínculo tan estrecho entre movimiento, residencia, sistema salarial y derechos cívicos, pero sin superar nunca el filtro de la nacionalidad. Europeo es antes que nada el nacional de un Estado europeo.

Y abajo del todo, los que ven su libertad de movimiento más restringida y son “vulnerabilizados” (más que vulnerables), los nacionales de determinados estados no europeos que no han querido someterse a las arbitrarias y abusivas políticas de visado: son los llamados irregulares o ilegales, o aquellas personas con derecho a una protección (refugiados, asilados políticos) cuando no se ve reconocida (lo que se produce cada vez con más frecuencia). Ellos pueden ser humillados, perseguidos, amenazados, identificados, abusados, detenidos, expulsados, según su procedencia y, para qué engañarnos, el color de su piel. El impacto de todo ello no se resuelve con las sucesivas regularizaciones o con la adquisición de nacionalidad, como se ha comprobado en Francia: la estigmatización y la discriminación permanecen en el tejido social aún cuando los migrantes o sus familiares y descendientes obtienen o transmiten la nueva nacionalidad.

Este sistema segregacionista (que se articula en torno a visados, permisos de trabajo y residencia), y que tanto debe al régimen de pases (visados internos) que se desarrolló durante el apartheid sudafricano, no es exclusivo de Europa. Hoy constituye una tendencia dominante, aún en países tradicionalmente receptores de inmigrantes internacionales, como Estados Unidos o Australia. Las variantes más extremas, en cuanto a la discriminación y la ulterior servidumbre (política o laboral), se encuentran en países donde la población considerada “extranjera” son mayoría: en el área Israel/Palestina(incluyendo por tanto los territorios ocupados) y en los países del Golfo Pérsico, como Baréin o Qatar, de los que nos separa una cuestión de grado.

Si no se reconoce y se denuncia esto, es decir, el papel que cumple el segregacionismo y el apartheid en la configuración de los mercados laborales nacionales, quienes manifiestan su compasión desde el segmento más favorecido -un estatus por otro lado cada vez más fragmentado y precarizado- seguirán vertiendo lágrimas de cocodrilo o indignándose de boquilla. Y semejante hipocresía continuará siendo un blanco fácil para la derecha, que bajo la denuncia mezquina del “buenismo” critican que no se lleve hasta sus consecuencias más liberticidas la lógica perversa del sistema.

Los migrantes que no disfrutan de la consideración de “expatriado” no necesitan por tanto nuestra compasión ni nosotros su agradecimiento. Lo que unos y otros necesitamos es una sociedad más democrática y justa para todos. Lo cual pasa necesariamente por exigir libertad de movimiento en igualdad y por un nuevo abolicionismo: el que conduzca al fin de la segregación.


Por Confederación FEAFES

Ha llegado el momento de romper nuestras cadenas. Que la sombra de la crisis no apague nuestro grito de libertad, esperanza y plenitud.

Desde FEAFES lanzamos el lema “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos”.

Queremos reivindicar, así, un salto cualitativo en la sociedad, para que comparta con nosotros valores positivos como el trabajo, la familia, la responsabilidad o la participación.

Miembros del Comité de Personas con Enfermedad Mental

También pedimos que se acojan los valores que desde FEAFES se han promocionado a través de 30 años de lucha, y a los cuales no estamos dispuestos a renunciar, como son el coraje, el entusiasmo, la solidaridad, la capacidad para permanecer de pie, o la imaginación. Y sobre todo, la conciencia de que, ante todo, somos personas de pleno derecho: ciudadanos. Pensamos que la sociedad necesita de la aportación de todos para que llegue a su mayoría de edad, y para que la diversidad sea signo de riqueza.

Son tiempos difíciles, pero para FEAFES existen alternativas para mantener, sino mejorar, una atención de calidad mediante una detección precoz, la continuidad en los tratamientos y el apoyo a la autonomía. Esto reduce el gasto a medio plazo de las administraciones públicas. Advertimos, asimismo, que recortar en programas de acompañamiento e integración provoca un grave problema, no solo de atención, sino que conlleva un aumento del gasto farmacéutico y de los ingresos hospitalarios.

Hacemos nuestro, así, el pensamiento de que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Son encrucijadas que nos invitan a reflexionar, y a buscar nuevos modelos de sociedad, a plantearnos nuestras relaciones con aquello que nos rodea, a cambiar la mirada sobre los recursos materiales y personales, y a revisar los valores que han de llevarnos a la realización y al bienestar que merece todo ser humano.

Por tanto, es un buen momento para sacudirnos complejos y etiquetas, que sencillamente no son ciertos. Caminemos hacia una sensibilidad nueva. Desde una visión más global y con una mente receptiva podemos construir entre todos una gran obra social y humana.

El valor de nuestros derechos es incalculable, por ello creemos legítimo proponer soluciones como:

  • Planes individualizados de atención
  • Desarrollo y mantenimiento de los Equipos de Intervención Familiar
  • Apoyo domiciliario, es decir, disponer de los equipos de salud mental en el ámbito comunitario. Pues se favorece la adherencia al tratamiento.
  • Y la creación de equipos multidisciplinares, compuestos por diferentes perfiles profesionales que atienda a las personas con enfermedad mental y sus familias.

Pedimos aquí la adhesión de los profesionales de la psiquiatría, por su capacidad para crear estados de influencia y credibilidad; capacidad de la que las personas usuarias de los servicios de salud mental aún carecemos. Tenemos la ardua tarea de convencer a la sociedad de lo que creemos justo, así que, cuantas más personas estemos genuinamente implicadas en este camino, más fácil nos será recorrerlo, y conducirlo hacia ese final que FEAFES se propuso desde el inicio de su andadura: el bienestar, y el disfrute de los derechos que la propia Convención de la ONU sobre la discapacidad otorga.

Además, la integración de las personas con enfermedad mental pasa por una mejor coordinación socio-sanitaria, así como por la actitud de una sociedad más abierta y comprensiva frente a los problemas de salud mental.

Con los derechos ocurre igual que con el amor, que es verdad universal y a todos debe llegar. Y en nuestras manos está el trabajar día a día, paso a paso, por conseguirlos. Porque hay cosas que no tienen precio.

 

*Manifiesto de la Confederación FEAFES con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, redactado por el Comité de Personas con Enfermedad Mental de esta organización.