Gustavo Duch, Coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’

Miquel Ortega, Coordinador Político en España de OCEAN 2012

Varios porteadores se acercan a los barcos que llegan con pescado a la orilla de San Luis, Senegal. (Javier Bauluz / Piraván)

ACTO 1:  El arte de la pesca

No era muy grande ni muy profundo aquel lago de montaña, y en él, exactamente, nadaban mil peces de aleta radiada. Cada año nacían cuatrocientos diez peces bebé y en poco tiempo el lago hubiera estado abarrotado si no fuera porque Artesano, Artesana, Prudencio e Industrio, los pescadores del pueblo, capturaban con sus cañas doscientos peces. Ni uno más ni uno menos. Cada uno de los pescadores vendía cincuenta peces en el pueblo, que podía disfrutar así de ese excelente manjar, y para ellos era un medio suficiente de vida.

Sucedió que un día un forastero le contó a Industrio de las ventajas de los  barcos a motor y las redes,  pues según decía -así era fácil pescar mucho más con menos esfuerzo. Decidió Industrio que valía la pena invertir, pero como no tenía suficiente dinero se dirigió hacia donde el alcalde del pueblo y le dijo: «Sr. Alcalde, si el concejo me ayuda con la compra del barco y las redes, yo podré pescar mucho más y podré vender el pescado más barato. Los dos ganamos, usted tiene contenta a la gente y yo gano más dinero. Incluso si gano suficiente le pagaré a alguien para trabajar a mi cargo, así generaré empleo y jejeje» sonreía «no tendré que levantarme de madrugada a pescar». Al Sr. Alcalde le pareció una buena idea, así que tomo dinero de las arcas públicas y facilitó la compra del barco y las redes, y se olvidó del tema. Leer más

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)

• La situación en comunidades como la Valenciana, Extremadura, Baleares o Navarra, entre otras, comienza a ser desesperada. Los recortes están afectando ya a miles de personas con discapacidad intelectual que podrían verse muy pronto  en la calle.
• FEAPS advierte de que están en juego la vertebración de su movimiento asociativo y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, además de miles de puestos de trabajo.

Nuestras federaciones en comunidades como la Valenciana, Extremadura, Baleares o Navarra, entre otras, se encuentran ante una desoladora situación económica: falta de liquidez, partidas presupuestarias a la baja, retraso en los pagos comprometidos, cancelación de servicios contratados por la administración, etc.

Estos problemas económicos comienzan a afectar a las vidas de miles de personas con discapacidad intelectual y de sus familias, tanto directamente (como en casos de empleos directos que se están destruyendo), como indirectamente (por la cancelación de apoyos y servicios que entidades como las de FEAPS prestan a estas personas).

En la Comunidad Valenciana nuestras entidades están sufriendo las consecuencias de los reiterados retrasos en los pagos de los compromisos adoptados por el Gobierno autonómico en áreas fundamentales como la Educación, el Empleo o la Sanidad. Corremos un serio riesgo de perder un alto porcentaje de puestos de trabajo tanto de personas con discapacidad intelectual como de aquellos profesionales que les prestan los apoyos que necesitan. Esto provoca un grave perjuicio en un colectivo especialmente vulnerable y con especiales dificultades para conseguir empleo estable.

En Navarra Las 31 entidades que representan a las más de 50.000 personas con discapacidad (incluida FEAPS), han calificado de “inaceptable” un anteproyecto de presupuestos del Gobierno foral para 2012 que rebaja las partidas en 2 millones (casi un 12%) respecto al año anterior, con especial incidencia sobre los programas de voluntariado y los Centros Especiales de Empleo.

En Extremadura, el Gobierno ha presentado un borrador de Presupuestos con un recorte del 25% respecto a 2011 en la partida asignada a la discapacidad. La Junta Directiva de nuestra federación considera que –de no producirse un reajuste presupuestario que restituya esa asignación al menos a una cifra similar a la de 2011–, “la prestación de servicios de calidad en los centros de FEAPS de la comunidad será inviable”. La consecuencia directa de ello es que más de 3.500 personas con discapacidad intelectual, 3.000 familias y más de 1.500 profesionales verán mermados sus derechos y su futuro.

Esta situación se repite en Baleares, en donde el Gobierno adeuda a nuestras entidades casi 12.500.000 de euros correspondientes a partidas de 2011, y aún no se sabe si este año podrán cobrar mes a mes o no. Y en Aragón, si bien el Gobierno ha aumentado en un 3% el precio de las plazas concertadas –lo que garantiza el sostenimiento asistencial a las personas con discapacidad intelectual en la región–, también ha presupuestado un recorte del 77% respecto a 2011 en las subvenciones directas a las entidades, que se suma a la cantidad que aún adeuda la administración a las mismas. Aunque no hay aún noticias oficiales, en otras comunidades como el Principado de Asturias, nos encontramos ante una perspectiva que puede ser similar en un plazo corto de tiempo.

FEAPS, junto a otras organizaciones de la discapacidad, debe defender los derechos y oportunidades que se han logrado hasta ahora en el ámbito de los apoyos y servicios que se prestan a las personas con discapacidad y sus familias. FEAPS está formada por 891 entidades repartidas por el territorio español. Representa a más de 106.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.

Mercedes Hernández

Activista de Derechos Humanos. Formada en Ciencias Jurídicas, Sociales y Citotecnología.

Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala

• El exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt comparece hoy ante la Justicia de su país para responder por las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra perpetrados en contra de miles de opositores durante los 17 meses que estuvo al frente del Gobierno en la década de los ochenta.
• En 1982, durante su gobierno, las mujeres constituían el 42% de las víctimas de las masacres: sobre sus cuerpos se practicó, de manera sistemática, todo tipo de torturas, en especial violencia sexual, como antesala de la muerte.
• Retransmisión en directo de la audiencia de Ríos Montt

Una niña contempla el paisaje desde la entrada de una casa. Cuatro adolescentes varones y una joven embarazada fueron asesinados por desconocidos en el barrio. 20 de febrero de 2010 (Rodrigo Abd / AP)

En las calles de Guatemala son exhibidos todos los días los cadáveres mutilados y torturados de mujeres y de niñas asesinadas por hombres o por grupos de hombres que se organizan para demostrar su capacidad letal infundiendo el terror en las mujeres, como género, y en la población en su conjunto. Casi 1.000 mujeres fueron asesinadas en Guatemala durante 2011 y más de 6.000 lo han sido en los últimos diez años. Estos asesinatos son silenciados y ocultados tras el panorama de violencia cotidiana en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Mujeres durante una velada contra la violencia el 25 de noviembre de 2005 (Moisés Castillo / AP)

A pesar de las alarmantes cifras de la actualidad, la violencia feminicida ha sido una constante y nunca la excepción en la historia de Guatemala: al patriarcado precolombino siguieron las formas de subordinación racista impuestas por la invasión española, que perpetuó prácticas esclavistas en los latifundios de los colonos. Más tarde, el país fue devastado por un conflicto armado que duró 36 años (1960-1996) y que dejó al menos 250.000 víctimas. Una de cada cuatro personas asesinadas era mujer, es decir, población civil desarmada no combatiente. Leer más

por Solidaridad Internacional

Llamamiento a la comunidad internacional en defensa de los derechos humanos.

Cuando se cumple un año del inicio del levantamiento popular en Egipto,  la violencia, las detenciones arbitrarias y los juicios militares a manos del Ejército resultan alarmantes y amenazan con aniquilar  las reivindicaciones sociales de la revolución.  Para evitarlo, la comunidad internacional debe proteger a los defensores de derechos humanos y movimientos civiles en Egipto de forma decidida y con acciones concretas, tal y como expone el informe “Egipto bajo represión” (ver adjuntos).

“Hoy, la euforia de la revuelta ha quedado sustituida por el miedo a que el gobierno represor haya sido remplazado por otro igual”, concluye el informe que recoge los resultados de una misión de investigación en Egipto que presentan hoy el Instituto para la Noviolencia Activa (INA), Solidaridad Internacional (SI) y Patrir.

Investigar y reportar los abusos de forma coordinada, hacer seguimiento exhaustivo y presencial de los juicios militares, dar visibilidad a la sociedad civil egipcia, exigir responsabilidades a las autoridades, promover cambios legislativos y tomar medidas legales, administrativas y judiciales, son las principales recomendaciones de este Informe.

Represión
Casi 12.000 civiles han sido detenidos y llevados ante tribunales militares desde el inicio de la “Revolución del 25 de enero”. La persecución militar se ha usado como herramienta política para reprimir el derecho de reunión pacífica, de libertad de asociación y de expresión. Los disidentes están sometidos a persecución militar. Los derechos de libertad de asociación y de asamblea pacífica en Egipto están amenazados actualmente. Los y las manifestantes se enfrentan a un proceso de detención injusta y son sometidos a tortura. Dichas actividades se cometen con impunidad de facto. Las Fuerzas de Seguridad de Egipto están haciendo un uso de la fuerza: ilegal, desproporcionado, excesivo y letal para dispersar las manifestaciones pacíficas.

La crítica abierta al CSFA se persigue militarmente. Los fiscales militares han interrogado a periodistas, blogueros y activistas. Se han secuestrado publicaciones y prensa, y los estudios de televisión han sido objeto de redadas. Las mujeres y las minorías religiosas continúan enfrentándose a la discriminación generalizada, tanto en la ley como en la práctica. Las expectativas de una mayor igualdad que crecieron durante la revuelta han sido frustradas.

Protesta por la actuación del ejército contra manifestantes. El Cairo, 2011 (Amr Nabil/AP Photo)

La “transición pacífica” prometida por el ejército está lejos de ser alcanzada y las elecciones celebradas no han evitado que continúen los abusos.

Resulta urgente que la comunidad internacional tome partido por las libertades civiles y políticas si quiere evitar que la revolución popular sea traicionada por la represión en Egipto. Por ello, el informe hace un llamamiento a los representantes diplomáticos y agencias multilaterales a emprender y reforzar acciones concretas, de acuerdo a directrices de la Unión Europea y protocolos internacionales.

El plan de acción llama a la comunidad internacional a reforzar su apoyo al pueblo egipcio en la transición democrática, fortaleciendo capacidades de las organizaciones civiles, compartiendo experiencias en procesos similares y dando coherencia a las estrategias de actores internacionales.

• Informe completo (PDF): Egipto bajo represión

Protestas contra Mubarak en El Cairo, 2011. (AP / Ben Curtis)

por Human Rights Watch. Informe Mundial 2012.

Son muchos los gobiernos democráticos que, en función de sus vínculos con aliados represivos, han mitigado su defensa de los derechos humanos en el marco de las protestas de la Primavera Árabe, señaló Human Rights Watch en su Informe Mundial 2012. Por una cuestión de principios e intereses a largo plazo, los gobiernos deberían expresar su firme apoyo a las personas de Oriente Medio y África del Norte que reclaman sus derechos fundamentales y trabajar para asegurar la transición hacia democracias genuinas.

El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante el apoyo internacional firme y coherente a quienes se manifiestan de manera pacífica y a los críticos del gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los gobiernos populares se mantengan alejados de la intolerancia, el desorden y las represalias que pueden manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla en riesgo, afirmó Human Rights Watch.

“Las personas que impulsan la Primavera Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional para poder ejercer sus derechos y construir democracias genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La lealtad hacia socios autocráticos no debería impedir apoyar a quienes promueven reformas democráticas. También se necesita de la influencia internacional para asegurar que los nuevos gobiernos extiendan el reconocimiento de los derechos humanos y el imperio de la ley a todas las personas, especialmente mujeres y minorías”.

El Informe Mundial 2012 documenta violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que incluyen transgresiones del derecho de guerra en Libia y Afganistán; la difícil situación de los presos políticos en Vietnam y Eritrea; el silenciamiento del disenso en China y Cuba; las restricciones a Internet en Irán y Tailandia; las ejecuciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en India y México; los problemas vinculados con comicios en Rusia y la República Democrática del Congo; el maltrato de migrantes en Europa Occidental; las deficientes políticas de salud materna en Haití y Sudáfrica; la represión de la libertad religiosa en Indonesia y Arabia Saudita; las torturas en Pakistán y Uzbekistán; la discriminación contra personas con discapacidad en Nepal y Perú; y la detención de personas sin ningún tipo de proceso judicial en Malasia y por Estados Unidos.

Un paso positivo ha sido la adopción de un tratado internacional para proteger los derechos de los trabajadores del hogar, expresó Human Rights Watch. Los trabajadores del hogar están particularmente expuestos a abusos, y pese a ello muchos países los excluyen de las protecciones legales y otras garantías. El nuevo tratado garantiza los derechos fundamentales de millones de migrantes que trabajan en casas particulares como empleados del hogar o al cuidado de niños u otras personas.

La política occidental respecto a los países árabes ha sido tradicionalmente de contención, y ha apoyado a diversos autócratas árabes con el fin de garantizar la “estabilidad” en la región, incluso en momentos en que la democracia se consolidaba en otras partes del mundo. Human Rights Watch indicó que entre las razones por las cuales tantos gobiernos democráticos admiten una “excepción árabe” se incluyen el temor al islam político y el terrorismo, la necesidad de asegurar el suministro de petróleo y una política de larga data que depende de las autocracias para la preservación de la paz entre Israel y el mundo árabe, así como para ayudar a contener la migración hacia Europa.

Protestas contra Mubarak en El Cairo, 2011. (AP / Emilio Morenatti)

“Los eventos del año pasado demuestran que el silencio impuesto a las personas que viven bajo regímenes autocráticos no debería haberse confundido con conformismo popular”, señaló Roth. “Es tiempo de poner fin a la ‘excepción árabe’ y reconocer que las personas de la región merecen que se respeten sus derechos y libertades al igual que cualquier otra persona”.

Las repercusiones de la Primavera Árabe se han sentido en todo el mundo, afirmó Human Rights Watch. Los líderes de China, Zimbabue, Corea del Norte, Etiopía, Vietnam y Uzbekistán parecen vivir permanentemente bajo el temor, ahora alimentado por estos antecedentes, de que sus gobiernos autocráticos sean derrocados por el pueblo. Pero incluso democracias como India, Brasil y Sudáfrica se han mostrado renuentes a apoyar el cambio. Al apelar a una visión obsoleta que asocia la promoción de los derechos humanos con el imperialismo e ignorar el apoyo internacional recibido históricamente cuando su propio pueblo reclamó el reconocimiento de tales derechos, a menudo estas democracias no se han expresado en el contexto de las Naciones Unidas a favor de las personas que son objeto de represión.

China y Rusia han adoptado una postura aun más obstruccionista y han vetado medidas del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a ejercer presión sobre Siria para que desista de la matanza de miles de manifestantes. La supuesta razón detrás de esta postura —evitar una intervención militar como ocurrió en Libia— pierde plausibilidad si se tiene en cuenta el contenido moderado de la resolución vetada, que en ningún caso podía interpretarse que autoriza la acción militar.

Human Rights Watch señaló que la comunidad internacional podría tener un rol trascendental en la promoción de democracias que favorezcan el respeto de los derechos humanos en Oriente Medio y África del Norte. En vez de negarse a apoyar la propagación del islam político, como sucedió en algunas ocasiones en el pasado, los gobiernos democráticos deberían reconocer que posiblemente el islam político represente la preferencia de la mayoría, manifestó Human Rights Watch. Sin embargo, la comunidad internacional debería insistir en que los gobiernos islámicos cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con el respeto de los derechos de las mujeres y la libertad religiosa, al igual que cualquier otro gobierno.

Con respecto a Oriente Medio y África del Norte, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron una posición más firme frente a la represión en Libia y Siria, cuyos líderes se consideraban hostiles para Occidente, expresó Human Rights Watch. Pero no actuaron con igual contundencia frente al presidente de Egipto Hosni Mubarak, percibido como un baluarte de la “estabilidad” en la región hasta el momento en que su suerte estuvo prácticamente echada. No se pronunciaron en contra de la inmunidad del presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh por su responsabilidad en la matanza de manifestantes —a pesar de que se sugirió que no habría consecuencias para nuevas muertes—, ya que se le considera un bastión frente a Al Qaeda en la Península Arábiga. Tampoco aplicaron presiones genuinas contra Bahréin cuando sofocó su movimiento democrático, para evitar herir la sensibilidad saudita, por temor a la influencia iraní y para intentar proteger una base naval estadounidense.

Estados Unidos y algunos aliados europeos podrían contribuir significativamente a la erradicación de la tortura en el mundo árabe al reconocer sus propios antecedentes de complicidad en torturas cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos occidentales deberían sancionar a los responsables de ordenar o facilitar torturas y poner fin al uso de garantías diplomáticas como excusa para justificar el envío de presuntos criminales a países donde pueden ser sometidos a torturas.

Los países miembros de la Liga Árabe, que históricamente se han defendido entre sí frente a cualquier crítica relativa a derechos humanos, han manifestado un compromiso más constructivo durante la Primavera Árabe, aseveró Human Rights Watch. La Liga Árabe apoyó las medidas de presión para poner fin a la represión de Gaddafi en Libia, aplicó sanciones contra Siria y envió a observadores como parte de un intento, hasta el momento infructuoso, por detener la matanza perpetrada en Siria por Bashar al-Assad. Contrariamente, la Unión Africana (UA) se ha mostrado cautelosa ante los sucesos de la Primavera Árabe, aun cuando la UA se creó supuestamente para defender la democracia y la libertad.

Los gobiernos de transición en Túnez, Libia y Egipto necesitan ayuda para revisar sus leyes represivas y consolidar instituciones de gobierno que fueron debilitadas y cuyo desarrollo fue obstaculizado deliberadamente por los regímenes autocráticos, principalmente las instituciones nacionales de justicia, indicó Human Rights Watch. Mientras que los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales no tengan una expectativa razonable de que podrán ser juzgados por su actuación indebida, difícilmente se resistirán a la posibilidad de recurrir al abuso, la violencia y la corrupción.

Esto también se aplica al rol complementario que desempeña la justicia internacional.

“Los gobiernos que respetan los derechos humanos deberían apoyar las iniciativas de justicia internacional independientemente de cualquier consideración política. Sería erróneo creer que al permitir que los países escondan los abusos cometidos en el pasado se evitarán del algún modo atrocidades en el futuro”, afirmó Roth. “A un año del comienzo de la Primavera Árabe, deberíamos defender con firmeza los derechos y las aspiraciones de las personas por sobre las arbitrariedades de los tiranos”.

Human Rights Watch

• El juez español impugnó las amnistías concedidas en España y otros países del mundo

El juez Baltasar Garzón (AP)

El juicio que se iniciará próximamente contra el juez español Baltasar Garzón por haber investigado crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo atenta contra el concepto mismo de justicia tanto dentro como fuera de España, señaló hoy Human Rights Watch.
La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.

“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”, manifestó Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. “Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.

El juicio de Garzón en el caso de “memoria histórica” está programado para el 24 de enero de 2012. Se le acusa del presunto delito de prevaricación –dictar a sabiendas resoluciones injustas- por intentar llevar a cabo una investigación efectiva de crímenes de detención ilegal y desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil española y la dictadura del general Franco, a pesar de que en 1977 España aprobó una ley de amnistía para “actos de intencionalidad política”. Leer más

Pueblos Unidos

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Por segundo año consecutivo, la ONG jesuita Pueblos Unidos ha presentado su Informe Anual sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) [pdf] con el que busca poner de manifiesto y mejorar la terrible realidad que se vive en los CIE de España y, más concretamente, en el de Aluche (Madrid).

Durante el año 2011 Pueblos Unidos ha mantenido un equipo de personas voluntarias dedicadas a apoyar, diariamente y de manera estable, a las personas internadas en el CIE de Madrid lo que ha permitido visitar a lo largo de todo el año a 248 internos, realizando un total de 1.049 visitas. Este número supone algo más del 7% del total de las personas internadas, que en lo que llevamos de año 2011 asciende a un total de 3.432.

Fruto de este trabajo constante, silencioso y abnegado, es el presente informe, que se divide en dos secciones:

1-¿Qué ocurre tras las rejas? que analiza con detalle las condiciones de vida en el CIE de Aluche y las principales quejas manifestadas por los propios internos.

2-¿Quién está tras las rejas? que presenta “Doce miradas sobre doce vidas rotas”, testimonios recogidos por diversos profesionales: los escritores jesuitas Pedro Miguel Lamet y Norberto Alcover; los periodistas de radio Minerva Oso (RNE), Nicolás Castellano (SER) y Noelia Vizcarra (RAI); los periodistas de prensa escrita Daniel Ayllón (Público), Pedro Simón y Olga R. Sanmartín (El Mundo); y los escritores de medios especializados Lydia Molina (Peridismo Humano), Fran Otero (Vida Nueva), África González (Mundo Negro) y José Luis Palacios (Noticias Obreras).

El informe constata la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a la gestión del CIE, detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos. Algunos de los principales puntos que se desarrollan en el documento presentado esta mañana son:

-De las 248 personas visitadas, se han detectado 173 situaciones de particular vulnerabilidad, como por ejemplo: personas enfermas o con menores a su cargo, mujeres embarazadas, internos que no entienden el idioma y no comprenden su situación jurídica ni qué hacen allí.

-En torno al 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días; siendo el 53% de las personas internadas finalmente expulsadas. Por tanto, en palabras del jesuita director de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza: “Para el 60% de los que están entre 40-60 días finalmente no se ejecuta su expulsión. Eso significa que el sistema, además de inhumano, es ineficaz, porque no cumple el objetivo para el que estaba pensado; si la policía y el gobierno saben que no va a poder expulsar a una persona, no deberían internar a esa persona. Esto solo genera más sufrimiento y más miedo”.

-A lo largo del año, Pueblos Unidos ha presentado 24 quejas ante distintos órganos de control de los CIE, lo que supone, como media, una situación susceptible de sospecha, cada 15 días. Las agresiones denunciadas se centran sobre todo en los traslados y las estancias en Barajas de los internos cuando se les intenta expulsar del país.

-Dos años después de la publicación de la Ley de Extranjería (LOEX) aún NO SE HA PUBLICADO EL REGLAMENTO sobre los CIE que se constata con la arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a su gestión detectada tanto por los voluntarios como por los propios internos.

-Desde la experiencia de Pueblos Unidos el CIE de Madrid recoge personas de distintos puntos  de la península y eso dificulta mucho a esos internos las visitas y la comunicación con su entorno.

-A los internos no se les explica bien por qué están ahí. La arbitrariedad en la gestión del internamiento genera muchas situaciones de sufrimiento innecesario.

-Hay problemas de higiene y alimentación. El acceso a los baños está restringido por las noches: tienen que orinar en los lavabos de los módulos donde duermen seis u ocho personas en literas o hacerlo en una botella. Antes  tenían que llamar a gritos si querían algo por las noches, ahora, por lo menos, hay un interfono pero la policía no acude. En palabras de Cristina Manzanedo, abogado de Pueblos Unidos:  “Si el CIE no es una cárcel, ¿por qué se gestiona como si lo fuera? En la cárcel eres una persona; en el CIE eres un número”.

-La gestión de los CIE depende del Ministerio del Interior y se centra en aspectos de control y seguridad y no en las condiciones de vida de los internos.

-Hay falta de formación en el cuerpo nacional de policía del centro; quejas por trato vejatorio y racista a los internos y a sus familiares. En el CIE hay miedo a la policía y a otros internos, porque están mezclados los detenidos solo por situación irregular con gente con condenas penales.

-En el CIE no se dan los castigos personales sino que los castigos son generalizados; cuando hay problemas se llama a los antidisturbios; se registran las habitaciones; hay restricciones a la comunicación con la calle.  Se les retira le móvil nada más entrar y si no sabes de memoria los números de teléfono estás perdido. Se producen numerosos conflictos para acceder a las cabinas telefónicas…

-Las visitas se hacen a través de un locutorio con mampara y teléfono lo que da una sensación carcelaria.

La rueda de prensa concluyó con el testimonio de Marius Tonnang, un camerunés que estuvo 53 días internado en el CIE de Aluche. Como él mismo explicó: “Llevaba 6 años en este país cuando me internaron, yo no mato, no robo”. Y explicó algunos de los padecimientos dentro del centro: “El abogado de oficio no te deja su teléfono, el médico solo sabe de paracetamol e ibuprofeno, la gente sufre, llora…estamos mezclados con gente que está mal de la cabeza, nos tratan como animales; los policías te insultan”.

Con el trabajo recogido en el presente informe, Pueblos Unidos quiere contribuir a que mejoren las condiciones de privación de libertad y la tutela efectiva de los derechos de las personas internadas. Y piden que su experiencia y la de otras entidades sociales se tome en cuenta de cara a la nueva legislatura, de modo que pueda haber una interlocución más fluida con el Ministerio de Interior, especialmente de cara a la elaboración de un Reglamento de CIE que garantice los derechos de los internos.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo solicita al Gobierno que aclare lo antes posible qué capítulos se verán afectados por este recorte, de forma que se pueda evaluar su impacto real sobre la cooperación internacional y, en consecuencia, sobre los proyectos de desarrollo y las personas a las que van destinados.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España muestra su profunda preocupación ante las medidas urgentes que ha adoptado el Consejo de Ministros para la corrección del déficit público. Nos preocupa de manera especial, el recorte de 1.016 millones de euros que sufrirá el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAEC), lo que significa una reducción de casi el 40% con respecto al presupuesto de 2011.

Mercedes Hernández

Activista de Derechos Humanos. Formada en Ciencias Jurídicas, Sociales y Citotecnología. Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala

Familiar de una víctima de la represión escucha la sentencia a más de 6000 años en prisión a la que se condenó a tres soldados por los crímenes cometidos durante la guerra civil (Rodrigo Abd)

A finales de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron los Acuerdos de Paz, poniendo fin a 36 años de un conflicto armado interno que dejó al menos 250.000 víctimas mortales. Hoy, 15 años después, con el rearme bélico e ideológico de los antiguos grupos armados, junto a mafias de más reciente surgimiento –que se disputan el territorio y la soberanía del Estado–, se hacen más evidentes y profundas las heridas que dejó el autoritarismo militar de aquellos años.
Como resultado de los propios Acuerdos de Paz surgió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que constató: el desplazamiento interno de más de 1,5 millones de personas; el exilio, principalmente hacia México, de 150.000 más; 626 masacres en aldeas, y al menos 250.000 personas asesinadas o desaparecidas. El 93% de estos delitos es responsabilidad del Ejército guatemalteco, el 3% de la guerrilla y del 4% restante no se ha podido determinar la autoría.

Recuperación de restos de una matanza del Ejército guatemalteco en Cocop en la que se asesinaron a 79 personas (Rodrigo Abd / AP)

Entre 1980 y 1982, época en que ocurrió la mayoría de las masacres, bajo el mando de los generales Romeo Lucas García y Efraín Rios Montt, las mujeres llegaron a constituir el 42% de las personas asesinadas. La académica, Victoria Sanford, en su análisis cuantitativo del informe de la CEH, asegura: “A mediados de 1982 el número de homicidios de mujeres y niñas subió tan marcadamente que disminuyó el porcentaje de víctimas masculinas.” Este dato revela una estrategia planificada desde el Alto Mando del Ejército, cuya intención era exterminar no sólo las bases materiales de las comunidades, sino su capacidad para reproducirse. También evidencia la eliminación de población civil absolutamente desarmada, no combatiente.
A pesar de la contundencia de las cifras y de la ponderación de las responsabilidades derivadas de la ejecución de la política de tierra arrasada, que incluyó asesinatos de hombres y mujeres, de niños y niñas, violaciones sexuales masivas, feticidios, desapariciones, mutilaciones  y torturas que iban más allá de la muerte con la prohibición de enterrar los cadáveres, los autores intelectuales y materiales –a excepción de una media docena de militares de bajo rango– permanecen sin juicio ni castigo. Peor aún, algunos, como el general retirado Otto Pérez Molina, presidente electo de Guatemala, que tomará posesión el 14 de enero de 2012, niegan categóricamente la existencia del genocidio perpetrado contra el pueblo maya por agentes estatales, algunos de los cuales actuaron bajo su mando.
El genocidio es considerado, en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales, como un delito iuris gentium, o de lesa humanidad; si cabe, el más grave de todos y, por lo mismo, de naturaleza imprescriptible. Es un delito donde la intención se configura como elemento básico y constitutivo: la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, que en el caso de la jerarquía militar de Guatemala queda ejemplificada en procedimientos bélicos como la Operación Sofía: una ofensiva militar, ejecutada en la región conocida como Área Ixil, en el departamento de El Quiché, en 1982, destinada a “exterminar a los indígenas considerados subversivos”. De esta operación se tiene un registro completo, realizado por los propios militares, que determina, con total claridad, que la cadena de mando funcionaba en todo momento y que, como indica la analista del National Security Archive, Kate Doyle: “Las actuaciones de los soldados en el campo de batalla eran el resultado directo de las órdenes de los oficiales superiores, que se enteraron de todo en tiempo real y que enviaron nuevas instrucciones, que se cumplieron por las tropas durante las operaciones”.
Tras décadas de búsqueda de justicia, se han logrado algunas sentencias históricas en Guatemala, como la condena a 6.060 años de prisión para cada uno de los responsables materiales acusados de la masacre de la aldea Las Dos Erres. Otras, evolucionan favorablemente en cortes internacionales; tal es el caso de la querella presentada, en 1999, por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que ha sido ampliada en 2011 para investigar, por el principio de Justicia Universal, los crímenes de género constitutivos de genocidio y delitos de lesa humanidad, en la Audiencia Nacional de España.

Familiares de asesinados por soldados guatemaltecos durante el bombardeo de la comunidad de Vivitz en 1982. Veintinueve años después, en junio de 2011, el Ministerio Público presentó cargos contra el General Héctor Mario López Fuentes por planear y ordenar operaciones militares de sangre que formaron parte del plan "Victoria 82" mientras ocupaba el cargo de Ministro de Defensa. El plan incluía el exterminio de los habitantes de aldeas de Nebaj durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (R. A.)

La persecución penal de los militares sindicados de crímenes de guerra, ha suscitado el rearme de las filas: junto a sus familiares y amigos, se han aglutinado en organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y la Asociación Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente (FAMILIAS), desde las cuales han orquestado  una campaña de desestabilización, admitida abiertamente, contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, denunciando a integrantes de su familia, con los objetivos de descalificarla como operadora de justicia y de “vengar” su eficaz desempeño en la consecución de las condenas contra los agentes castrenses. También se han querellado, junto a otras 49 personas, contra tres periodistas que se han dedicado a denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares: Marielos Monzón, de Prensa Libre; Iduvina Hernández, de Plaza Pública y Miguel Ángel Albizures, actual presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), han sido acusados de participar en la organización y ejecución de secuestros y asesinatos de diplomáticos extranjeros. Monzón no había nacido en el año en que ocurrieron los hechos de los cuales se le acusa y Hernández tenía 12 años en la misma época.
Los intentos reiterados de procurar impunidad a militares y ex militares responsables de las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado incluyen ilegalidades flagrantes en el Congreso de la República, desde donde legisladores afines a estos hostis humani generis (enemigos de la humanidad) han llegado a falsificar documentos que recogen iniciativas parlamentarias, con la intención de sacar adelante una nueva modalidad de ‘ley de punto final’.
Asimismo, se exacerba el discurso de las tendencias ‘ultras’ de la derecha y de la izquierda, que reparte por igual la responsabilidad sobre unos y otros: una demagogia disfrazada de novedad pacifista, destinada a justificar las pretensiones dictatoriales de ‘perdón y olvido’, que cautiva a personas desconocedoras de las razones estructurales que tipifican jurídica y socialmente, tanto los delitos, como la responsabilidad de sus perpetradores. El genocidio no es una suma de asesinatos u otras agresiones, físicas o psíquicas, y entender su naturaleza, a la luz de las normativas vigentes, de las cuales Guatemala es país signatario, es indispensable para superar el drama histórico de todas las víctimas, sean cuales fueren sus verdugos.

Familiares de asesinados en la masacre de Vijolom en el cementerio de Nebaj (R. A.)

Mientras, el rearme –bélico e ideológico– de los señores de la guerra, del pasado y del presente, incluidos los combatientes de las mafias y de los narco-comandos, está en marcha y sigue ganando territorio y soberanía al Estado, nutriéndose de cada brecha existente en un tejido social hipersegmentado por la desigualdad, la inseguridad y el racismo, herederos de las formas de subordinación colonial y de los regímenes dictatoriales más sanguinarios. Esos que siguen intentando aniquilar la Justicia con memoria.

Tomás Raimundo Pérez posa con una foto de su padre, asesinado durante la matanza de Nebaj (R. A.)

Habitantes de la comunidad de Nebaj (R. A.)

por Esther Vivas| Viento Sur

“La mujer, desesperada por obtener las mejores ofertas en la tienda de descuento Wal-Mart, regó con un spray de pimienta a las personas que esperaban con la intención de alejarlas de la mercancía que ella quería”. Ésta podría ser la escena de una película de Pedro Almodóvar si no fuese porque la imagen pertenece a la realidad y tal relato fue publicado, el 25/11/2011, en el periódico Los Angeles Times.

Visto lo visto podríamos sugerir que frente a los grandes centros comerciales, y aún más en época de rebajas, se colocaran grandes carteles advirtiendo que “consumir perjudica gravemente su salud”, al más puro estilo de las Autoridades Sanitarias. Y es que el consumismo irracional, superfluo y no necesario, que promueve el sistema capitalista, no sólo puede afectar de manera inesperada y contundente nuestra salud vía “ataque de spray pimienta”  sino que sobre todo afecta la “salud” del planeta.

Sólo por poner un ejemplo, si todo el mundo consumiera como un estadounidense medio harían falta cinco planetas tierra para colmar nuestra voracidad, pero de planeta tierra sólo tenemos uno aunque se nos quede pequeño. Nos hemos acostumbrado a vivir sin tener en cuenta que habitamos en un mundo finito y el capitalismo se ha encargado muy bien de ello. Se asocia progreso a sociedad de consumo, pero tendríamos que preguntarnos progreso para qué y para quiénes y a costa de qué y de quiénes.

Los cantos de sirena de la modernidad nos dicen que consumir nos va a hacer más felices, pero tal felicidad nunca llega por más que compremos. “Ahoga tus penas con una buena compra” parece el slogan del capitalismo de hoy, pero nuestra insatisfacción nunca queda satisfecha. La felicidad no llega golpe a de talonario.

Nos dicen que compremos unas gafas Chanel, un osito Tous o unos pantalones Mango para sentirnos Claudia Schiffer, Jennifer López o Gerard Piqué. La época de vender un producto ha pasado a la historia. Ahora, como enseñan las buenas escuelas de marketing, nos venden al famoso de turno junto a la promesa de “salud, dinero y amor”. Y nosotros pagamos encantados el precio de nuestros sueños.

Nos venden lo anecdótico como imprescindible y lo banal como necesario y nos crean una serie de necesidades artificiales. Cambiar de ropa cada temporada, un móvil de última generación, una televisión de plasma, etc., etc., etc. Con el consiguiente monto de residuos tecnológicos, de vestir, electrónicos… que desaparecen tras nuestra puerta y que pasan a engrosar las pilas de deshechos en los países del Sur, contaminando aguas, tierra y amenazando la salud de sus comunidades.

O bien el sistema contra-ataca con su obsolescencia programada… planificando la fecha de caducidad de todo aquello que compramos para que al cabo de X tiempo se estropee y tengas que adquirir otro nuevo. ¿Para qué una bombilla que nunca se apaga, unas medias sin carreras o un ordenador que no funciona? Mal negocio. Aquí sólo gana quien vende.

A lo mejor ya va siendo hora de plantearnos que podemos “vivir mejor con menos”. Y ser conscientes de cómo nos quieren hacer cómplices de un sistema que nos han impuesto y que sólo beneficia a los mismos de siempre. Nos dicen que hay sociedad de consumo porque queremos consumir, pero -más allá de nuestra responsabilidad individual- nadie, que yo sepa, ha escogido esta sociedad donde nos ha tocado vivir, o al menos a mí no me han preguntado. Y es que desde que llevamos pañales hasta que se nos caen los dientes nos bombardean con el “comprar comprar comprar”. Ahora nos dicen que saldremos de esta crisis “consumiendo”. Yo me pregunto si “consumiendo” o “consumiéndonos”.

*Esther Vivas es autora “Del campo al plato” (Icaria ed., 2009) y “Supermercados, no gracias, Icaria ed., 2007).