Toma la palabra

Eduardo Raya, padre robado.

Presidente de la Asociación Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D)

Respetamos este auto, aunque no lo compartimos en absoluto, y ello por varios motivos incomprensibles:

1º. ­Afirma que no se han probado ni tan siquiera indiciariamente los hechos denunciados.

No se comprende que existan en las actuaciones nueve informes del propio hospital, cinco que dicen que la recién nacida que les entregaron tenía una grave enfermedad infecciosa transmitida en el parto de madre a hija, y otros cuatro que dicen que todos los estudios microbiológicos realizados a los distintos espegímenes de la madre eran negativos, o sea, que la madre no estaba enferma, lo que supone que aquella recién nacida no era su hija y, sin embargo, tan terrible y escandalosa contradicción de estos informes públicos no haya sido vista ni por el Juzgado de Instrucción, ni por la propia Audiencia Provincial, sorprendiendo que encuentren tanta contradicción en los informes privados. Estos nueve informes junto con los cuatro de ADN, los dos de Anatomía y el de Genética, suman un total de 16 informes que nos avalan.

Eduardo Raya y Gloria Rodríguez

2º.- Manifiesta que la investigación se ha centrado en los análisis de dos tipos de muestras biológicas supuestamente procedentes del cuerpo de la menor fallecida.

Si dice supuestamente, ¿dónde está y quién garantiza la cadena de custodia por parte del hospital en los restos en parafina?, restos en los que, por cierto, se recogía material genético cuya extracción los padres nunca autorizaron, pero esto parece ser que carece de importancia. Además, como siempre manifestaron los médicos que se extrajo lo justo para enviar a EEUU y al Clinic de Barcelona, ¿cómo aparecen ahora tantos bloques y cortes histológicos y no produce la más mínima extrañeza en el órgano judicial? ¿Cuál es el motivo por el que no se cuestiona la cadena de custodia de estos restos, garantizada precisamente, por la persona que hizo la biopsia extrayendo material genético sobre el que no estaba autorizada y que tantos informes en contra tiene? Sencillamente sorprendente.

3º.- La Audiencia se acoge ahora al instituto de la prescripción.

Pues bien, si como manifiesta la Sala, tan claro tiene que estos delitos han prescrito, ¿por qué no lo dijo antes, hace dos años, cuando los autos entraron en este Tribunal por primera vez, máxime cuando llega incluso a declarar que resulta inútil el mantenimiento de una investigación judicial que a nada conduce desde la perspectiva de la función encomendada a los Tribunales de Justicia?. ¿Por qué ahora precisamente invoca la prescripción, cuando aparecen nuevos informes, uno de los cuales, por cierto, de laboratorio acreditado, viene a decir que el hígado en parafina tiene once marcadores excluyentes, siendo tres de ellos exclusiones de primer grado, lo que excluye a los denunciantes como padres y a lo que omite toda referencia? ¿Por qué toma como dogma de fe el informe de Toxicología, cuando lo ha emitido en base a solo ocho marcadores, lo que es inadmisible? ¿Por qué no invocó la prescripción entonces, hace dos años, y habría evitado crear unas falsas expectativas o esperanzas en los denunciantes, alargando innecesariamente su calvario todo este tiempo? ¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE ESTE NUEVO DAÑO MORAL CAUSADO A UNA FAMILIA POR ESTOS DOS AÑOS MAS DE SUFRIMIENTO? Otro tanto de lo mismo ocurre con la acreditación de los laboratorios que ahora saca a relucir la Audiencia. ¿Por qué tampoco lo dijo entonces? ¿Por qué se nos niega incomprensiblemente nuestro derecho de contradicción de prueba? Sinceramente no hay manera de entenderlo ni desde la lógica humana, ni desde la lógica jurídica.

4º.- Manifiesta no tener conocimiento de pronunciamiento del Supremo sobre este tema.

Aquí hay que decir que vuelve a sorprendernos que teniendo los jueces la mejor y más actualizada base de datos jurídica no haya encontrado jurisprudencia al respecto, en la que, si bien no habla de “niños robados”, dada su cercana aparición en el tiempo y el hecho de que estos recursos mueren en la Audiencia, sí recogen supuestos en los que el hecho de sustraer un menor a unos padres es considerado detención ilegal. Baste citar para conocimiento de la Sala la STS 788/2003 de 29 de junio; STS 492/2007 de 7 de junio; STS 1036/2010 de 10 de noviembre; STS 1339/2004 de 24 de noviembre; STS de 6 de noviembre de 1980; STS de 11 de diciembre de 1987; STS de 5 de mayo de 1989; etc, etc, etc.

Por otro lado al manifestar la Audiencia que lo denunciado por el Ministerio Público sólo es subsumible en un delito de sustitución de un niño por otro, del artículo 220.3, también existe jurisprudencia al respecto, según la cual estos hechos no han prescrito. Es el caso de la Sentencia 326/20009 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que en un supuesto del artículo 220.3, confirmó la condena al Servicio Canario de Salud a indemnizar con varios cientos de miles de euros, a los treinta años de producirse los hechos, lo que evidencia total y absolutamente la no prescripción del delito. La Jurisprudencia existe, sólo hay que buscarla.

5º.- Según manifiesta, sólo son imprescriptibles los hechos declarados como tales por el Código Penal.

En este punto la Audiencia omite el artículo 607 bis 1 y 2 3º.6º.8º de dicho Código sobre delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben, pues se produce un ataque sistemático y generalizado contra parte de la población civil, y en el que encajan perfectamente los hechos denunciados. Este precepto no fue invocado en la denuncia por ser ésta la primera interpuesta en España, lo que hacía pensar entonces, ser éste un caso único. Por ello sorprende enormemente el reproche tan injusto como incierto que hace al Fiscal Instructor por haber interpuesto la denuncia amparada en dar respuesta a quienes demandan justicia frente a un problema social que acucia y afecta a parte de la ciudadanía, omitiendo que todas y cada una de las miles de denuncias interpuestas en España han sido posteriores a la que nos ocupa.

Para terminar, destacar lo poco positivo que contiene esta resolución y que es importante destacar, ya que al menos nos da la razón en algo.

1º.- Viene a confirmar que tanto la Juez de Instrucción como la propia Fiscalía se equivocaron una vez, al pedir una y acordar otra, el sobreseimiento libre, volviéndose a equivocar por segunda vez, al negarse una a aceptar la reforma y otra al impugnar el recurso. La Audiencia concluye diciendo que no apareciendo debidamente justificada la perpetración del delito denunciado, ni existiendo indicios de criminalidad contra persona determinada, procedería revocar el auto dictado por la juez de instancia, en el sentido de sustituir el sobreseimiento libre decretado por un sobreseimiento provisional. Pero entiende que procede mantener el sobreseimiento libre decretado, no con arreglo al artículo 637.1 de la L.E.Crim. sino por causa de prescripción de los hechos denunciados.

Este criterio fue compartido por la Fiscalía Superior de Andalucía en Decreto de 22 de octubre de 2012, en el que manifestaba no compartir el sobreseimiento libre solicitado y acordado judicialmente, invocando a tal efecto la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en tal sentido.

2º.- Como manifestamos en nuestro recurso de reforma y apelación, cuando el auto del Juzgado manifestaba no pronunciarse sobre los tres nuevos informes aportados por los denunciantes por haberlo hecho ya la Audiencia, faltaba a la verdad procesal.

Para finalizar decir que este cambio radical de criterio, adoptando ahora la prescripción, cuando, si es su criterio, debería haberlo hecho antes y haber evitado un terrible daño a miles de familias, así como el hecho de que haya resuelto el pleno de la Sección primera, deja patente el ánimo de la Audiencia Provincial de Granada de dar carpetazo a la causa “niños robados”.

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Eduardo Raya, primer denunciante en España de la presunta sustracción de recién nacidos, rompe su silencio para denunciar que la trama mafiosa seguiría actuando hoy día para encubrir los supuestos delitos. Un ginecólogo al que implica ya fue condenado por una adopción irregular en 1993. Dice estar sufriendo acoso policial. Se ha embarcado en su propia investigación y anuncia que ha reunido pruebas suficientes para llevarlas de nuevo a la Fiscalía.

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Por Brigadas Internacionales de Paz

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Guatemala quiere llamar la atención y compartir su profunda preocupación debido a la cancelación de la residencia temporal en Guatemala a dos personas del equipo de voluntarias y voluntarios de PBI en el país. Se trata de una medida adoptada por la Subdirección de Operaciones de Extranjería, de la Dirección General de Migración (DGM) – Ministerio de Gobernación, en dos resoluciones del 1 de julio, sin que consten las razones o hechos que motivan la decisión. La situación resultante, afecta a ambas personas y a su estatus migratorio, así como a la labor de acompañamiento y observación internacional para la defensa de derechos humanos que PBI realiza en Guatemala desde hace más de 30 años.

El 1 de julio 2014, dos integrantes del equipo de PBI, de nacionalidad chilena y española, se presentaron ante la institución mencionada, que les había citado mediante notificación escrita de 25 de junio (recibida el 26) con el fin de proporcionar, respectivamente, “información referente a su Residencia Temporal”. Durante la reunión, en presencia de la representante legal de PBI en el país y de un abogado, ambas personas fueron informadas de que quedaba cancelada su residencia temporal y que contaban con un plazo de 10 días para abandonar el país. Sin embargo, las resoluciones que recibieron por escrito carecen de razonamiento alguno sobre hechos concretos que fundamenten la decisión adoptada.

PBI cuenta con personería jurídica en Guatemala desde 19951, y está debidamente registrada y acreditada ante las instancias públicas competentes, contando con representación legal y capacidad de obrar y actuar en el marco de su mandato y misión. Cada voluntario y voluntaria de PBI inicia el trámite de solicitud de residencia temporal a su llegada al país cumpliendo con la normativa migratoria. En todo momento, PBI y sus voluntarios y voluntarias en Guatemala actúan dentro del marco legal. Regularmente, las autoridades nacionales son informadas de nuestro quehacer en el país y en el exterior.

El voluntario y la voluntaria de PBI a quienes se refieren las resoluciones, mantuvieron presencia internacional en La Puya el 23 de mayo y observaron el desalojo violento del plantón de la Resistencia Pacífica de la Puya, sobre el cual PBI alertó en junio2. Representantes de la DGM presentes en La Puya en el momento del desalojo, se retiraron del lugar sin dirigirse directamente a las personas interesadas, tras comprobar que su situación migratoria estaba en orden mediante la verificación de su documentación identificativa por agentes de policía.

En las semanas siguientes, varios medios de comunicación guatemaltecos se expresaron de forma difamatoria en contra de “extranjeros” y organizaciones internacionales. Nos preocupa que la decisión de retirar la residencia temporal a dos integrantes del equipo de PBI pueda tener relación con informaciones falsas recogidas en medios de comunicación sobre el trabajo de observación internacional durante el desalojo.

En el actual contexto caracterizado por el cierre de espacios para defensores y defensoras de derechos humanos, nos preocupa asimismo que las resoluciones mencionadas perjudiquen las posibilidades de acompañamiento y observación internacional para contribuir a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Guatemala. La labor que desarrolla PBI en el país responde, en todo caso, a la petición de organizaciones y actores sociales que tienen derecho a defender tales derechos, y a solicitar acompañamiento y observación internacional cuando debido a ello enfrentan amenazas y agresiones.


Por Human Rights Watch
El Congreso debería proteger, en lugar de castigar, a los menores no acompañados 

La política del gobierno de Estados Unidos de detener a niños migrantes no acompañados, algunos por períodos largos, y someterlos a un procesamiento inadecuado los pone en peligro, señaló hoy Human Rights Watch. El 24 de junio de 2014, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre niños migrantes no acompañados: menores que viajan sin padres o tutores. El Comité Judicial de la Cámara también llevará a cabo una audiencia sobre el tema.

El gobierno de EE.UU. predice que 90.000 niños migrantes no acompañados cruzarán la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2014, 10 veces más el número que cruzó en 2011. Miles de niños más han cruzado acompañados de un padre, lo que también supone un aumento respecto a años anteriores.

“La política del gobierno de EE.UU. de detener a niños en grandes cantidades perjudica a los menores e incumple las normas internacionales”, dijo Clara Long, investigadora de EE.UU. de Human Rights Watch. “El Congreso debería explorar alternativas a la detención como las que emplean con éxito otros países que tienen experiencia en auges de cruces fronterizos de este tipo”.

La ley de EE.UU. permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detener a niños por un máximo de 72 horas. Antes de la reciente oleada, los niños eran retenidos durante sólo 12 horas como máximo, pero los últimos informes indican que la CBP está reteniendo a niños durante periodos cercanos a los 10 días o dos semanas. A continuación, los menores son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde nuevamente pueden ser detenidos.

Las normas internacionales de derechos humanos prevén la detención únicamente como un último recurso y por periodos de tiempo muy cortos. Naciones Unidas estableció en 2013 que los menores nunca deberían ser detenidos por razones de inmigración, y que la detención migratoria nunca puede ser considerada como algo que se hace en “el mejor interés” del niño.

Una amplia variedad de estudios vincula la detención migratoria con consecuencias para la salud mental de los niños, incluyendo daños que perduran más allá del periodo de detención. Los menores no acompañados, en particular, son reconocidos como especialmente vulnerables.

“El reciente aumento de niños migrantes no acompañados que llegan a  EE.UU. no puede ser una justificación para periodos de detención más largos”, dijo Long. “Países de todo el mundo que afrontan la llegada de grandes cantidades [de menores] están abordando la situación sin detener a la mayoría de los niños”.

Bajo la legislación de 2013, los países miembro de la Unión Europea sólo pueden detener a niños no acompañados en “circunstancias excepcionales”. Los menores nunca deben estar retenidos en cárceles y deben ser puestos en libertad lo más pronto posible. Bélgica cuenta con una amplia gama de opciones de alojamiento al margen de la detención, incluyendo instalaciones de recepción individual y colectiva que permiten que los migrantes entren y salgan a voluntad. Malta, una puerta clave de entrada a la Unión Europea que afronta la llegada de un número sin precedentes de niños migrantes, se comprometió en marzo de 2014 a poner fin a la detención migratoria de menores.

Las políticas actuales de EE.UU. que se aplican a quienes cruzan la frontera tampoco cumplen las normas internacionales que requieren una cuidadosa revisión de los casos de los menores en favor de sus mejores intereses, porque podrían ser víctimas de tráfico humano, refugiados, afrontar represalias de traficantes o violadores de derechos a su regreso. A los niños no se les proporciona sistemáticamente un abogado de oficio –si bien un pequeño programa piloto ofrece algo de asistencia legal— ni tutores, a pesar de que ambas cosas son sugeridas por las normas internacionales.

Bajo la política actual de EE.UU., los niños migrantes no acompañados que pueden ser refugiados deben someterse a exámenes iniciales de asilo y algunos de tráfico por agentes armados y uniformados de la CBP. Dichos procedimientos, contrastan con lo que dictan las normas internacionales que establecen que en el mejor interés de los niños no acompañados, los menores deben ser evaluados en un ambiente agradable y seguro por profesionales calificados y capacitados en técnicas de entrevista que tengan en cuenta su género y edad.

La audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara puso de manifiesto la brecha cada vez mayor que existe entre las perspectivas de los legisladores de Estados Unidos y la necesidad de tratar a los niños no acompañados de una manera justa que minimice el daño, dijo Human Rights Watch. Por ejemplo, el representante Mike Rogers de Alabama dijo: “¿Por qué no los estamos metiendo en un autobús… y enviándolos de vuelta a Guatemala?” Otros sugirieron que el gobierno debería centrarse en la deportación de los niños. El representante Paul Broun de Georgia calificó a los menores como “delincuentes” y preguntó qué medidas se están tomando para tratar de deportarlos a ellos y sus familias.

“Muchos niños migrantes no acompañados son extremadamente vulnerables a los abusos a su regreso a sus países de origen”, señaló Long. “Someterlos al escrutinio de audiencias masivas o ninguna en absoluto probablemente resulte en deportaciones ilegales por parte de EE. UU., que pondrán a estos niños en grave riesgo”.

Human Rights Watch instó al gobierno de EE.UU. a que:

  • Implemente alternativas a la detención para todos los niños migrantes no acompañados, ya sea poniéndolos en libertad bajo la supervisión de tutores aprobados o situándolos en centros con pleno acceso a la educación, la nutrición, el saneamiento adecuados, la interacción social y la recreación;
  • Se asegure de que los menores migrantes no acompañados son objeto de detención migratoria sólo en casos muy raros y excepcionales;
  • Si aún así se produce una detención, entonces debe ser lo más breve posible y debe efectuarse en un entorno apropiado, donde las necesidades de los niños puedan ser abordadas sin causarles más trauma o daños;
  • Proporcione exámenes completos y justos a niños migrantes no acompañados por un especialista en bienestar infantil designado, que sea experto en recopilar información oportuna y pertinente de una manera adaptada a la edad de los menores.
  • Se asegure de que los niños no acompañados, especialmente los solicitantes de asilo, reciban la asistencia de un abogado y de un tutor encargado de representar sus mejores intereses.


Por APDHA

Hoy se ha presentado en rueda de prensa en Sevilla el informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014” que cada año elabora la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). La presentación ha estado a cargo de Rafael Lara (coordinador del informe y del área de Solidaridad Internacional de la entidad) y Carlos Arce (coordinador del área de Inmigración). En cada edición de este estudio, la APDHA pretende ofrecer una visión sobre el nivel de respeto de los Derechos Humanos en la gestión de los flujos migratorios y el control de fronteras en el confín Sur de la Unión Europea.

Normalmente se centra en distintos escenarios geográficos de esa Frontera Sur que hayan tenido una especial relevancia durante el año concreto que se analiza. Sin embargo, en esta ocasión la APDHA ha visto imprescindible detenerse casi en exclusiva en uno de esos territorios, Ceuta y Melilla, y hacerlo con una perspectiva temporal más amplia.

 Los acontecimientos del pasado 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta, con la muerte de al menos 15 personas durante la actuación de la Guardia Civil para evitar un intento de entrada por vías irregulares a territorio español, y la desastrosa gestión posterior de los hechos por parte del Gobierno español, han sido el factor inmediato que ha dado forma al presente informe. En esta línea, Carlos Arce ha destacado las vulneraciones de derechos fundamentales que el Gobierno español ha cometido durante este episodio y las distintas acciones político-jurídicas que la APDHA y los colectivos sociales con los que trabaja en red han llevado a cabo en este asunto, pero también el escenario que en materia de Derechos Humanos se vislumbra a un corto/medio plazo en la Frontera Sur. El intento de buscar un “paraguas” político-jurídico para justificar las conocidas como “devoluciones en caliente” a través de la supuesta cobertura del tratado bilateral hispano-marroquí, de inverosímiles redefiniciones del concepto frontera (las inexistentes “tierras de nadie”, la idea de que no se entra en territorio español hasta que se supera el último obstáculo fronterizo material o humano…) o de posibles modificaciones de la Ley de Extranjería centran las preocupaciones de la APDHA en esta materia.

El objetivo último del informe es precisamente poner de relieve que los hechos del 6 de febrero no representan un caso aislado o un desgraciado accidente puntual, sino que por el contrario son consecuencia directa de más dos décadas de procedimientos políticos, jurídicos y policiales de control de fronteras en Ceuta y Melilla, en los que una verdadera preocupación por el respeto de los derechos fundamentales ha brillado por su ausencia. Por ello Rafael Lara ha destacado que desde principios de los años 90 las políticas de control de las fronteras que ambas ciudades tienen con Marruecos han estado caracterizadas por una perspectiva exclusivamente policial, y salpicadas por episodios lamentables, impropios de un Estado que pretende ser considerado como Democrático y de Derecho. “Desgraciadamente, ejemplos de estos sucesos abundan y son analizados en el informe: hacinamientos indignos en lugares insalubres (murallas del Ángulo y Calamocarro en Ceuta o La Granja en Melilla), expulsiones irregulares vulnerando la legislación nacional e internacional (incluyendo sedaciones, expulsiones de menores de edad y entregas directas a las fuerzas de seguridad marroquíes sin procedimiento alguno) o la utilización de métodos para impedir las entradas irregulares que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los migrantes (concertinas, uso de munición real en los sucesos de 2005 o de material antidisturbios en este año)”.

Rafael Lara ha señalado en la rueda de prensa “cómo se trabajó en blindar las fronteras de Ceuta y Melilla, proceso que comenzó en 1995 y culminó en el año 2000 con la inauguración de las vallas, que se construyeron con dinero del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional”. Sobre las muertes de 2005, ha apuntado que “aquel año la respuesta fue igual a la que se ha dado a los hechos que vivimos el pasado febrero: estamos ante una invasión, tenemos que elevar las vallas 6 metros más… Las respuestas son siempre las mismas y los resultados, los mismos”.

Rafael Lara también ha recordado algunas de las principales cifras del Balance Migratorio APDHA 2013, presentado públicamente el pasado mes de de febrero y también incluido en el presente informe, que desmienten una vez más los mensajes alarmistas sobre supuestas invasiones de migrantes subsaharianos a través de Ceuta y Melilla.

Desde la APDHA consideran que “otras políticas migratorias y de fronteras respetuosas con los derechos fundamentales son posibles; y en las conclusiones de este informe planteamos algunas alternativas razonables y viables a nuestro juicio para ir avanzando en su consecución”. Carlos Arce y Rafael Lara aludieron a algunas de ellas, iniciativas que son compartidas por las organizaciones españolas integradas en la red euro-africana Migreurop. En concreto se propone que la Unión Europea y España:

1) Faciliten la regularización de los migrantes subsaharianos que se encuentran bloqueados en el Norte de África. Hay un procedimiento en marcha en Marruecos que podría darles cabida si se ajustan los requisitos exigidos.

2) Faciliten y garanticen la llegada a la UE en calidad de solicitantes de asilo a quienes puedan estar en condiciones de solicitar protección internacional.

3) Apliquen criterios amplios de reunificación familiar para permitir la entrada en la UE de quienes tengan familiares residiendo en ella, concediendo visados de estancia temporal.

4) Concedan un significativo número de visados a los países africanos de los que proceden estas personas.

La APDHA y los colectivos de Migreurop España son conscientes que “medidas como éstas paliarían pero no acabarían con todos los problemas que nos plantea la inhumana política migratoria de la UE. En aras de buscar esas soluciones que aspiren a ser definitivas se propone crear una mesa de entidades socio-políticas suficientemente representativas e instituciones nacionales, comunitarias e internacionales con competencia en la definición de las políticas migratorias, cuya función sería la de indagar las diferentes opciones para conseguir unas políticas migratorias y de fronteras de carácter multidimensional realmente respetuosas con los Derechos Humanos”. 

Ver el Informe completo


Por Médicos del Mundo

Con motivo del Día Internacional de la Salud, que se celebra hoy 7 de abril, desde Médicos del Mundo hacemos público el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”.

Este informe muestra que las medidas que han tenido que adoptar las comunidades autónomas para ejecutar el Real Decreto-ley 16/2012 son muy heterogéneas y estándescoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios del Estado.

El documento analiza detalladamente los mecanismos ideados por cada región para lidiar con las dificultades de aplicación de la reforma sanitaria. Unas medidas que no son más que “parches” que intentan paliar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado la legislación.

Esta reforma estructural del sistema sanitario se justificó en términos de austeridad. Sin embargo, dos años después, la sociedad española desconoce el ahorro supuestamente producido.

Durante los dos años transcurridos desde su aprobación, diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables.

Un “menú” variado e incompleto

  • 10 comunidades autónomas han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos.
  • 8 de ellas en forma de “programa complementario” para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos y dos reconociendo el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente (Andalucía y Asturias).
  • Entre el resto de comunidades se han definido condiciones de acceso a la atención médica -sin emitir tarjeta sanitaria- en determinados supuestos y con criterios diferentes entre unas y otras.

Como resultado, encontramos un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria que varía considerablemente de unas regiones a otras. Leer más


Por Coordinadora de ONGD

#CooperaFALSAno

La Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más dan la voz de alerta: de confirmarse la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), se asestará el enésimo golpe a la política de cooperación. Esta reforma dejará el FONPRODE en manos del Ministerio de Economía y primará los intereses de la internacionalización de las empresas sobre los objetivos de desarrollo y lucha contra la pobreza y la desigualdad - (Informe completo, en adjunto)

  • La reforma propuesta por el gobierno facilita que este instrumento, inicialmente concebido para promover el desarrollo  y la lucha contra la pobreza, gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se convierta en un fondo de inversión al servicio de los intereses financieros y de internacionalización de las empresas españolas, gestionado ahora por el Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Falta de participación y opacidad en la reforma. La reforma del FONPRODE, ya en trámite legislativo, ha sido realizada deliberadamente por la puerta de atrás evitando su discusión en los espacios consultivos establecidos para tal fin.
  • El FONPRODE sufre una reforma tres años después de su creación y sin que haya sido capaz de ejecutar su presupuesto. Durante este tiempo no se han entregado los informes necesarios para determinar qué es lo que ha impedido el adecuado funcionamiento del instrumento y que justificarían una reforma legislativa.

La reforma del FONPRODE otorga a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES) el protagonismo en la gestión de estos fondos por un período mínimo de 8 años. De esta manera, COFIDES -una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell-, identificará las acciones con cargo al FONPRODE, lo gestionará e incluso, actuando como juez y parte, podrá asignarse el papel de experto independiente para los casos en los que la ley exige realizar un informe previo sobre la sostenibilidad de la deuda de los países que reciben los fondos.

En 2010, el FONPRODE sustituyó a los antiguos créditos FAD[1]. Entonces, la reforma se realizó de forma participada con los distintos actores implicados en la política pública. Tres años después, vuelve a reformarse y esta vez la participación brilla por su ausencia. Se ha evitado su discusión en la Comisión de

Cooperación del Congreso y en el Consejo de Cooperación que no han tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladado al Senado. Tampoco han sido informados el resto de agentes de la sociedad civil. Ni siquiera el equipo técnico de la Secretaría General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECID conocía el proceso; de hecho, han tenido constancia de esta reforma cuando ya se encuentra en el Senado.

El recorrido del FONPRODE en estos tres años se caracteriza por una enorme opacidad que choca de frente con las obligaciones legales en materia de transparencia. Apenas hay información sistematizada y publicada sobre las operaciones que ha realizado. En los tres ejercicios presupuestarios el Fondo no ha conseguido ejecutar su presupuesto asignado y no se ha informado, por los cauces establecidos para tal fin, de cuáles han sido las razones que han impedido esta ejecución.

ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA REFORMA

La reforma presenta una serie de modificaciones analizadas por la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora de ONGD que pueden ser consultadas en el informe en adjunto. Algunas de ellas son especialmente preocupantes:

  • Se suprime el porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable –ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado. Anteriormente ese porcentaje se situaba en un máximo del 5%; una cifra que, como hemos denunciado de manera reiterada, se ha incumplido sistemáticamente. Esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.
  • Se suprime la obligación de publicidad y accesibilidad de los resultados de las consultorías y asistencias técnicas de los programas. Esto permite que el Comité Ejecutivo del Fondo autorice la no publicidad de esos resultados. En este caso, la opacidad pone en grave peligro la transparencia exigible a la gestión de los fondos públicos.
  • El modelo de cooperación financiera que se concibe con esta reforma tiende a desvincularse de la política de cooperación al desarrollo. Una cuestión sobre la que ha llamado la atención el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, al considerar que esa desvinculación resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo.

Las modificaciones propuestas en esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo, y además el gobierno vuelve a evitar que el proceso sea informado, transparente y participado.

 


[1] En 2010, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) sustituyó, tras años de presiones a los sucesivos gobiernos, al controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Este fondo, del que se obtenían los conocidos como créditos FAD, tenía dos objetivos difícilmente reconciliables: el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la contribución al desarrollo de los países receptores[1]. Con la reforma del FAD se trató de dar respuesta estas demandas que urgían separar los intereses exportadores y financieros de las políticas y recursos dedicados a la ayuda al desarrollo. La reforma dio lugar a dos fondos, separados, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), controlado por el Ministerio de Economía, y el FONPRODE, dedicado a la promoción del desarrollo y controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.


Prepara una tesis, conferencias y divulgación de libros al considerarlo un agravio respecto a los casos de Argentina, donde sus responsables fueron condenados hasta a 50 años de cárcel.

Fotos por Mónica Hernández: Conferencia en el Gilbert Hall de la Universidad de Georgia, Athens (EEUU)

 Por Alhulia Editorial

El Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia (EEUU) ha decidido difundir entre la comunidad universitaria estadounidense el drama y la injusticia del robo de bebés en España, que viven miles de familias desde hace décadas. Además de conferencias y publicaciones, prepara una tesis específica en la que se considera que, por unos robos de niños cuantitativamente mucho menores, el ex dictador general Videla y otros militares fueron condenados a 50 años de cárcel en Argentina, mientras en España ni siquiera se ha procesado a ningún responsable.

 Primero el centro universitario estadounidense organizó, en octubre pasado, una conferencia del periodista y escritor José Luís Gordillo, cuya novela Yo te quiero, editada por Alhulia en 2012, se basa parcialmente en estos hechos, que posteriormente el autor ha investigado profundamente en su vertiente de actualidad para el medio online Periodismo Humano, centrándose en los casos y tramas de rapto y venta de niños en nuestro país entre 1940 y 1990

Posteriormente ésta y otras obras referidas al robo de bebés en España se pusieron además a disposición de toda la comunidad universitaria estadounidense, al incluirlas en el catálogo de bibliotecas universitarias de ese país. Y en la actualidad el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Georgia prepara una tesis doctoral, a cargo de uno de sus integrantes, Manuel Pinto, y bajo la supervisión de su directora, Dra. Stacey Casado, sobre los niños robados en España en relación también con la memoria histórica y la literatura en lengua hispana que en nuestros días se está inspirando en estos hechos.

La tesis hará referencia a éste y otros libros editados los últimos años en nuestro país y también incluirá gran parte de los contenidos históricos y periodísticos expuestos en el campus de la Universidad, en la ciudad de Athens, durante la conferencia del pasado 11 de octubre. Presentado a su vez por Mónica Hernández, reportera de Televisión Española, José Luís Gordillo estimó que hasta 1990 fueron robados en nuestro país al menos 36.000 niños, a tenor de las primeras investigaciones judiciales al respecto, denuncias de particulares y casos constatados por las asociaciones de víctimas.

El periodista José Luis Gordillo durante una conferencia en Universidad de Georgia EEUU

Fueron sustraídos a sus progenitores bien por motivaciones políticas, como represión del régimen franquista a familias republicanas, o bien puramente económicas, para ser vendidos a sus padres adoptivos no sólo en España, sino en otros países de Europa y América. Sin embargo, las asociaciones de víctimas se quejan del archivo masivo de sus denuncias que hacen gran parte de los juzgados de toda España, a pesar de la doctrina general en contra de la prescripción del delito de detención forzosa, la labor en muchas ocasiones “obstruccionista” de la Policía, la inoperancia de la oficina de atención a las víctimas creada por el Gobierno y que los pocos casos de reencuentro de familiares que se está produciendo únicamente gracias a las redes sociales.

La tesis de la Universidad estadounidense incluirá apelará además a que las más reciente interpretaciones de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un crimen contra la humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código Penal, y por tanto jamás prescribirían. Así, por ejemplo, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias considera que este delito contra la humanidad “de inicio fue político” y “después aprovecharon el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para seguir con el negocio”. A su juicio, “con finalidad económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad política”, porque “lo determinante es que sea hecho desde el Estado con sistematicidad y posición de indefensión de la víctima”, requisitos que se darían en esta tragedia colectiva.

En la conferencia se mostró cómo una de las asociaciones de afectados, Colectivo Sin Identidad, ha presentado una denuncia sobre estos hechos en la ONU. ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” debido al “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990. En la denuncia se explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.

El otro foco de interés de la tesis universitaria es la repercusión de esta tragedia colectiva en la literatura y la cultura en general de nuestro país. Así, por ejemplo, en la novela Yo te quiero, el centro de la historia es el robo de bebés en España durante los años setenta, lo cual a su vez se interconecta con la crisis económica que venimos sufriendo, sus verdaderos causantes, la importante penetración del crimen organizado en nuestro país y la corrupción que ha calado en gran parte de la clase política.


Patricia de la Riva

Psicóloga y estudiante del máster de Políticas Públicas y Bienestar de la Universidad de Oviedo

Me llamo Patricia de la Riva y soy becaria del Ministerio de Educación y Cultura por necesidad desde hace casi 7 años. Decidí estudiar psicología por lo que no tuve más remedio que mudarme desde Cóbreces (Cantabria) a Oviedo. Pertenezco a una familia monoparental y la renta nunca alcanzó el umbral 1, el nivel más bajo dentro de los requisitos de renta. Por esta razón nunca tuve problemas para que me concedieran la beca y siempre me daban la cuantía máxima, incluyendo movilidad y residencia. Gracias a estas ayudas pude terminar mi carrera ya que de otro modo me habría sido imposible.

El Ministro Wert en TVE

El problema empieza cuando decido hacer en 2012 un máster también en la Universidad de Oviedo, cuando la crisis empieza a agravarse y la lluvia de recortes no parece amainar, los presupuestos para becas se reducen y los requisitos no hacen mas que endurecerse. No sólo la situación económica del país en general empeora, sino que también la familiar al tener mi madre un accidente laboral y tener que estar de baja. El dinero que entra en casa es muy escaso y los esfuerzos para que pueda estudiar muy grandes.

Y si las cosas estaban mal, empeoran el primer año de máster al llevarnos la primera sorpresa: la cuantía de la beca se reduce a 1180 euros cuando normalmente me daban en torno a 6000 para poder hacerme cargo del piso, la comida, las facturas, el material escolar y el transporte durante todo el curso. Descubro que mi máster, al estar dividido en dos años, cada curso no llega al mínimo exigido de 60 créditos para beca completa y que se considera por tanto beca parcial o semipresencial por lo que solo me corresponde la parte de transporte y material escolar. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para que el dinero nos llegara, recortando hasta de la comida. Pero ahí no acaban las sorpresas.

Este verano, el ministro de educación Wert decide llevar a cabo una reforma en el sistema de becas que, según él, beneficiaría a los que mejores notas sacaran y más necesidad económica tuvieran. Ahora las becas se dividen en varios componentes: la beca de matrícula, la variable mínima en base a la nota media del expediente y la renta familiar, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a residencia y la cuantía variable en función de la renta familiar y el rendimiento académico. A pesar de estos cambios, pedí la beca igual que todos los años puesto que tenía confianza en que la cuantía no fuera muy diferente a la del año anterior ya que nuestra renta familiar es muy baja y mis notas altas.

Fue ayer cuando descubrí lo ilusa que fui al llegarme la notificación de la concesión de la beca para este curso, que inicié en septiembre, y comprobar que me daban la irrisoria cuantía de 60 euros, 60 vergonzosos euros. Resulta que para las matrículas parciales sólo corresponde la variable mínima, no teniéndose en cuante si residen fuera del domicilio familiar, ni la renta familiar, ni el transporte, ni el material escolar… No se tiene en cuenta absolutamente nada. Al resto de mis compañeros del máster les ha ocurrido lo mismo. Da igual cómo de similar o diferente sea su situación: todos hemos recibido la misma cuantía. Esto es, cuanto menos, indignante.

El Minisiterio de Educación y Cultura en general y Wert en particular dejan así claro que el interés por los estudiantes españoles es nulo. Su supuesta intención de beneficiar a los más necesitados y premiar el rendimiento se ha quedado en nada. Otra mentira más de nuestros políticos. El sistema de becas se ha convertido en un utensilio en manos de estos personajes sirviendo únicamente para recortar y perdiendo su capacidad para igualar oportunidades de los mas necesitados. En este país no se apuesta por la educación de los jóvenes y lo único que están consiguiendo es que muchos estudiantes se queden fuera del sistema, favoreciendo la cada vez mayor fuga de cerebros.

Encontrarme con esta situación ha sido para mí la gota que colma el vaso. Mi indignación y mi impotencia ante estas injusticias han conseguido facilitar el que tome una decisión que ya venía considerando desde hace tiempo: emigrar. Quizás cuando vea que España apuesta por sus ciudadanos y ciudadanas, por los derechos sociales, por la sanidad, por la educación, quizás entonces me plantee volver.


  por  Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261 desahucios en su primer año de funcionamiento. Así lo ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento, donde ha hecho balance de los primeros 12 meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. “El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas”, ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. “Son familias que antes de firmar, quieren saber, porque saben que el conocimiento las empodera. Las oficinas les han proporcionado información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda”, ha señalado Cortés.

La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. “Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio”, ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4% del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del Programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además, la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del ‘banco malo’. “Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo”, ha remarcado.

Herramienta “paliativa”

“Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares”, ha afirmado Cortés, que ha añadido: “Pero triunfalismo, ninguno. Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán si no se legisla a su favor. La situación de alerta persiste”.

Cortés ha explicado que “la herramienta verdadera y profundamente transformadora” de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. “Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso ‘stock’ de vivienda vacía existente en Andalucía”, ha señalado la consejera.

Bloque institucional

Un total de 229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi). “El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía”, ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. “La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda”, ha concluido Cortés.


Por Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos

El juzgado declara nula la sanción impuesta por la Delegación de Gobierno de Madrid a participante en las Brigadas de Observación de los Derechos Humanos por infringir el principio de presunción de inocencia.

@BrigadasDDHH

En diciembre del 2010, agentes de policía identificaron a las personas que participaban en una brigada, cuando observaban y documentaban una redada racista. Dichas personas fueron multadas por su labor. Estas sanciones violan los derechos de libertad de expresión, asociación y tutela judicial efectiva (presunción de inocencia y utilización de medios de prueba), por lo que se decidió demandar a la Delegación de Gobierno de Madrid por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid estima en parte la demanda y declara NULA la sanción por infracción del principio de presunción de inocencia. No obstante, BVODH recurrimos la sentencia por considerar que no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba.

A. Libertad de asociación: la sentencia ignora que se castiga la actividad de denuncia de las redadas racistas que BVODH realiza, al sancionar a varias brigadistas en esa y en otras ocasiones, y por basarse en un informe policial que atribuía determinadas conductas al colectivo (falsamente). Afirma que las redadas racistas son legales pese a que la sentencia del TC del 2001 ha sido superada con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales. Leer más