Toma la palabra

Por CIEs NO (Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros)

Las “deportaciones express” son una práctica CADA día más común, que se realizan PARA llenar a última hora los macrovuelos de la vergüenza

Ayer por la noche el Juzgado de INSTRUCCIÓN número tres de Tarragona confirmaba la suspensión de la expulsión de Modou. Modou había sido detenido en la tarde anterior por el mero hecho de encontrarse en situación irregular y con una orden de expulsión de septiembre de 2013. Estuvo a punto de ser separado de su família: una hija que hoy cumple quince días de vida y su esposa, que ya disponía de permiso de residencia.

La paralización in extremis de la deportación de Modou ha sido posible gracias a las medidas cautelarísimas presentadas en la tarde de ayer por sus abogados y el trabajo de apoyo de toda una red de ACTIVISTAS que se han implicado en el caso. A la paralización de la deportación de Modou se suma la de Baidy -también de Senegal y que tenía que viajar con el mismo VUELO de deportación- al que no se le había permitido ni siquiera reconocer en el REGISTRO Civil a su hija, nacida dos días antes de su detención.

Las “deportaciones express” son una práctica muy poco conocida pero cada día más común, que va muy relacionada a los macrovuelos de deportación. La policia nacional, cuando tiene conocimiento de la existencia de un macrovuelo, inicia las actuaciones de persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino. En caso de que no haya ya suficientes internos en los CIE para llenar el VUELOacuden a otro TIPO de medidas, más sofisticadas y menos visibles que las redadas por perfil étnico. Modou, por ejemplo, estaba llamado a firmar periódicamente en la comisaría por encontrarse en situación irregular. En esta ocasión, la policia nacional de Reus, aprovechó el momento de la firma para -sin previo aviso- detenerlo e intentar deportarlo en el el macrovuelo.

Las “deportaciones express”, por la rapidez en la que se producen, no contemplan unas garantías mínimas para desarrollar el debido derecho de defensa ante una orden de expulsión, que hay que recordar, es de carácter ADMINISTRATIVO. En un máximo de 72 horas, un ciudadano puede pasar de estar junto a su família, a ser deportado forzosamente a miles de kilometros de distancia. 72 horas que en la mayoría de ocasiones no son suficiente para poder recoger toda la DOCUMENTACIÓN que demuestre el arraigo de la persona, ponerla a disposición de un abogado y presentar un escrito de urgencia que permita al Juez revocar la orden de expulsión antes de que se ejecute.

Hoy, mientras celebramos que se han paralizado estas deportaciones no podemos dejar de preguntarnos, ¿de cuántos Modou no tenemos noticia? ¿cuántas personas anónimas, invisibles para la opinión pública, serán expulsadas a la fuerza hoy de FORMA totalmente injusta -y seguramente ilegal- en el macrovuelo destino Dakar?

La Campaña Estatal por el CIERRE de los CIES exige al Gobierno:

-      Que paralice de manera inmediata la deportación de Modou, así como de aquellas personas que se encuentre en la misma situación que él.

-      Que dejen de realizarse vuelos masivos de deportación que generan indefensión en las personas así como promueven el aumento de las redadas bajo perfil racial en nuestras ciudades y pueblos.

-      Que la sociedad civil y los grupos políticos asuman un debate imprescindible en materia de inmigración que nos conduzca de manera irreversible a garantizar los derechos de la población migrante y de las minorías étnicas.


Por Reporteros Sin Fronteras

El 10 de noviembre de 2014 el periodista Oscar Castaño Valencia fue agredido y amenazado por hombres armados cuando realizaba una investigación sobre prostitución infantil en la que estarían implicadas bandas de delincuentes (combos), en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Desde hace tres meses el periodista Oscar Castaño Valencia, director del programa “Oriéntese” del canal Cosmovisión, realiza una investigación sobre prostitución infantil en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, actividad en la que estarían involucrados grupos criminales conocidos como ‘combos’. El 10 de noviembre pasado tenía una cita para entrevistar a una de sus fuentes, en la que fue atacado por tres hombres armados y encapuchados, quienes lo amordazaron, lo amenazaron y lo golpearon. Asimismo, obligaron al periodista a escribir una nota en la que confesara que había ido a violar a una menor. Los agresores también lo forzaron a grabar una ‘confesión’, luego lo liberaron, advirtiéndole: “Lo que está en juego sapo hijueputa es su vida”.

Tras sufrir esta agresión Oscar Castaño Valencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Nación, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, y pidió al Estado medidas de protección. El periodista ya había sido amenazado antes, cuando era presidente del Sindicato de la Universidad Nacional de Colombia, lo que lo obligó a exiliarse en 1987 durante nueve años. En 2011 de nuevo sufrió intimidaciones debido a un documental que realizó sobre conflictos relacionados con la explotación minera. El periodista expresó que actualmente está muy preocupado por sus familiares más cercanos.

Reporteros sin Fronteras exhorta a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a ofrecer lo antes posible una protección efectiva al periodista Oscar Castaño Valencia y a su familia”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Imperativamente, el gobierno debe garantizar que las agresiones a periodistas no permanezcan impunes”, añadió.

Los combos, grupos de delincuentes que actúan con gran violencia, son bien conocidos por la Gaula, unidad policíaca colombiana dedicada a los casos de secuestro y extorsión. La Gaula había descendido a la zona donde fue agredido Oscar Castaño Valencia días antes del ataque. Colombia experimenta una recrudescencia de las amenazas a periodistas desde el inicio del año. La Defensoría del Pueblo, organismo nacional que tiene el objetivo de promover el respeto de los derechos humanos, indicó que en 2014 registró el doble de denuncias de periodistas amenazados que el año pasado. Colombia sigue siendo el segundo país más mortífero para los periodistas en América Latina.

Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.


Por Comision Legal Sol

Este mes hemos podido asistir al penúltimo episodio de impunidad policial como consecuencia de la falta de investigación efectiva por parte un Juez, esta vez, de la titular del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid.

Los Hechos denunciados

El pasado 29 de Marzo, en el marco de una manifestación, fueron agredidos de manera totalmente gratuita cuatro reporteros gráficos por el mero hecho de estar desempeñando su trabajo, grabando una intervención policial en la que se detuvo a una persona.

Anteriormente, los reporteros denuncian que fueron continuas las coacciones durante toda la noche por parte de los funcionarios de Policía de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP).

Los reporteros denunciaron las referidas agresiones, que además, quedaron grabadas por los propios reporteros y sus compañeros. Tal y como se puede ver en las imágenes, los funcionarios de policía no portaban su nº profesional ni su nº de operativo de manera visible, incumpliendo la regulación al respecto.

Imagen de previsualización de YouTube

VÍDEO Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención 30.03.2014 ·  · (Madrid)  

La gratuidad de las referidas agresiones, perfectamente constatable en las imágenes, motivó incluso que la Representante sobre Libertad de Medios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Dunja Mijatović, emitiese una nota de prensa , en la que manifestó:

su profunda preocupación a propósito de los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado 29 de marzo

Paralelamente, un informe elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC), titulado ‘Retrocesos en materia de libertad de expresión en España’, documenta y pone de manifiesto el aumento de agresiones a periodistas por parte de la policía.

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La arrogante respuesta de la Policía

Frente a esta denuncia, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid acordó oficiar a la propia 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP) para que “procedan a practicar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados interesando se identifiquen a los agentes que intervinieron en las lesiones denunciadas“, para lo cual se remitió la denuncia interpuesta junto con las grabaciones adjuntas a la misma.

El Inspector Jefe de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP), en una muestra de arrogancia, insulto a la inteligencia y desprecio a las obligaciones que su cargo le confiere, contestó al referido requerimiento afirmando que

2014-10-14 11:31

A pesar de ello, se adjuntaba el atestado de la detención que estaban grabando los reporteros en el momento de ser agredidos, atestado en el que constan hasta cuatro agentes identificados, y que se corresponden con los que aparecen en las imágenes grabadas.

La falta de investigación judicial efectiva

Con esta contestación, con la que al menos se adjunta un atestado en el que consta el nº profesional de cuatro funcionarios de Policía que indiciariamente pudieron ser los autores de las agresiones a los reporteros, la Jueza, sin practicar ninguna diligencia de investigación más, ha acordado el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LAS ACTUACIONES, ya que aunque “de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, sin bien no existen motivos suficientes para atribuir se perpetración a persona alguna determinada

Desde la Comisión Legal queremos poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos y esta decisión judicial, que hemos recurrido ante la Audiencia provincial.

Nuevamente, nos encontramos ante la realidad de las diferentes investigaciones judiciales que se llevan a cabo dependiendo de quien son las personas denunciadas, y sobretodo, si llevan o no uniforme de Policía.

Esta falta absoluta de voluntad de investigar este tipo de hechos por parte de Jueces y representantes del Ministerio Fiscal no sólo permite que los abusos policiales queden impunes, sino que perpetúa que se produzcan, provocando una absoluta y comprensible falta de confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.

Nuestro país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones por falta de investigación de las denuncias de malos tratos cuando el presunto agresor es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin que esto se haya traducido en ningún tipo de medida a nivel interno. Debemos recordar que un Estado que no investiga y castiga las agresiones y coacciones a reporteros gráficos por parte de funcionarios de Policía no puede considerarse ni democrático ni de Derecho.

 

Más información en Periodismo Humano:

Secuencia 02 (1)

Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención

30.03.2014 ·  · (Madrid) VÍDEO

La convocatoria, organizada en Madrid por la Coordinadora 25S, reunió a alrededor de 200 personas en la Plaza de Neptuno. La Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios), con un dispositivo de más de 100 agentes, identificó a la mayoría de asistentes. Una vez en Atocha, los antidisturbios detuvieron a un manifestante, golpeando a siete periodistas gráficos que documentaban la intervención.

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Policía antidisturbios retiene e identifica a un periodista, tras agredirle en el cuello (ver marcas en la piel) mientras filmaba una protesta contra la monarquía. (AP Photo/Andres Kudacki)<br /><br /><br /><br />
Riot police stop and frisk a camera man with marks on his skin after they grabbed him by the neck while he was filming during protest against the Monarchy near the parliament in Madrid, Spain, Wednesday, June 11, 2014. (AP Photo/Andres Kudacki)

Policías agreden a periodista de Periodismo Humano

12.06.2014 ·  · Texto · VÍDEO : Jaime Alekos

La policía ha impedido una manifestación por la abolición de la monarquía y por un proceso constituyente frente al Congreso, mientras en el interior se aprobaba la ley de abdicación del rey Juan Carlos. Jaime Alekos, periodista de Periodismo Humano, fue agredido y herido en el cuello por un policía, además de ser amenazado e insultado.

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Recortes a la libertad de información en España

21.05.2012 · 

Testimonios  y evidencias sobre los impedimentos y agresiones policiales a los periodistas durante los desalojos y actos del 15M en Madrid, entre el 12 y el 16 de Mayo de 2012.

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 Por Centro de Medios Independientes – Guatemala
Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala ( CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos. En esa acción, fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.
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Vídeo tomado durante el desalojo de Alta Verapaz. En él es posible escuchar los disparos realizados por la PNC .

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos.2

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Concentración de la comunidad de Monte Olivo afuera de la Escuela que días antes fue ocupada por PNC y Ejército. Foto Gustavo Illescas.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas, asimismo se le acosó durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) y se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine, de la documental “La Propuesta Impuesta”. Además, durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno.Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley4843 presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques; y manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público; y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Sin estas garantías es imposible una democracia real.

 


Por Irene López Alonso, InspirAction

 

La Junta militar de Ríos Montt en 1982 (AP)

Hace unas semanas el mundo se alegraba del encuentro de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, con su nieto desaparecido. Los casos de los bebés robados durante la dictadura militar Argentina y la lucha de esas aguerridas mujeres de pañuelo blanco son ampliamente conocidos y reconocidos. No lo es tanto, en cambio, el hecho de que es Guatemala el país de América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desapariciónEl 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, muchos pensarán en Argentina. Pocos en Guatemala.

Durante los 36 años de Conflicto Armado Interno, 45.000 personas desaparecieron en Guatemala, la mayoría de ellas, indígenas de los pueblos maya, ixil y kiché. El ensañamiento con las minorías étnicas, así como el carácter sistemático de las masacres, torturas y ejecuciones extra-judiciales llevadas a cabo por el terror de Estado, hicieron que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) declarase que los crímenes cometidos en Guatemala habían alcanzado la categoría de genocidio. Sin embargo, el actual presidente, Otto Pérez Molina, ha negado públicamente que sucediera tal genocidio, y en sus declaraciones sobre los años de la guerra suele hacer referencia a que la guerrilla tuvo la misma responsabilidad que el Ejército en los abusos perpetrados (a pesar de que, según la CEH, el 93% de las atrocidades cometidas durante el conflicto fueron responsabilidad de las fuerzas armadas).

 No hay que olvidar que el actual presidente guatemalteco es un general retirado que durante los años 80 formaba parte como paracaidista de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, señalada por el informe de Naciones Unidas Guatemala, memoria del silencio como responsable de diversas matanzas en el área ixil del país, y posteriormente fue Director de Inteligencia Militar de 1991 al 93. Así, ante un Gobierno marcadamente contrario a la recuperación de la memoria histórica, la labor de las “Abuelas de la Plaza de Mayo” guatemaltecas se torna todavía más difícil que la de sus homólogas argentinas.

Quienes están impulsando esta lucha por el resarcimiento de las víctimas del Conflicto Armado Interno son distintas organizaciones no gubernamentales humanitarias aglutinadas en el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala, que está peleando actualmente por la aprobación de la iniciativa de ley 3590.

45.000 personas desaparecidas, 45.000 razones para aprobar la iniciativa de ley 3590”, dice la campaña del Grupo de Trabajo. Y es que esta propuesta de ley daría lugar a una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctima de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, que trabajase de manera conjunta y desde las instituciones estatales por encontrar el paradero de los hombres, mujeres, niños y niñas desaparecidas durante la guerra.

45.000 razones contra la impunidad

A veces da la sensación de que ciertos medios de comunicación emplean el término ‘desaparecido’ como eufemismo de muerto. Sin embargo, las familias de los desaparecidos durante el conflicto guatemalteco confiesan en sus testimonios que en muchas ocasiones hubieran preferido saber a sus familiares fallecidos.

Es peor la falta de información, la incertidumbre y la impunidad con la que conviven esos niños que no tuvieron padres que les enseñaran a vivir, o esas madres que quisieran poder contarles a sus hijas perdidas tantas cosas que han pasado durante estos años. Familias que necesitan que su historia les sea devuelta para poder cerrar el ciclo de duelo y recuperar al menos la dignidad de sus seres queridos.

Tampoco una persona desaparecida es un muerto cuyo cuerpo nunca llega a encontrarse. Puede ser una niña que crece con una familia ajena, criada por los que probablemente fueron los captores o asesinos de sus verdaderos padres. Un niño con una identidad reemplazada que puede que nunca llegue a encontrarse…. A sí mismo.

Por estas personas, y en especial por la niñez desaparecida, es por quienes lucha el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, miembro del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala y contraparte de InspirAction en el país, que está presionando al Gobierno guatemalteco para que la iniciativa de ley 3590 sea aprobada con carácter de urgencia nacional. Que dejen de emplearse tácticas dilatorias y recursos jurídicos que obstaculizan la efectiva persecución y sanción de los responsables de que en Guatemala, durante la llamada política de tierra arrasada”, multitud de comunidades indígenas fueran literalmente borradas del mapa.

Si hay 45.000 razones para que Guatemala apruebe la ley que contribuirá a la reparación y a la reconciliación nacional, es porque existen muchos más motivos para no permitir la impunidad de los genocidas.

Porque desaparecido no es eufemismo de muerto. Es sinónimo de injusticia.

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Más información en Periodismo Humano:

pintura

No hubo genocidio, palabra de kaibil

12.05.2014 · 

Hace un año una verdad judicial se consolidó: José Efraín Ríos Montt es responsable de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la población ixil, durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala. Innumerables son las acciones de militares y de la oligarquía que intentan silenciar las voces de la población ixil sobreviviente de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos. Entre quienes encabezan las tesis negacionistas destacan el actual presidente Otto Pérez Molina y el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ambos ex militares adiestrados en la Escuela Kaibil perteneciente al Ejército de Guatemala.

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Hojas de la Marcha silenciosa de la Asociación de Mujeres de Guatemala (Pablo Pascual)

Morir por ser mujer

11.03.2014 · 

Desde 1999 hasta 2009, la tasa de feminicidios creció en El Salvador un 194%. De los 1.488 feminicidios cometidos en Ciudad de Juárez (México) en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008 hasta la fecha. En Guatemala 2 mujeres son asesinadas cada día, habiendo sido en muchos de los casos previamente agredidas sexualmente y mutiladas. Tan solo el 1% de los asesinatos a mujeres en estos 3 países tiene condena.

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Edgar Pérez durante el juicio contra Ríos Montt (Cristina Chiquín / Prensa Comunitaria)

De abogado de las causas perdidas a sentar en el banquillo al dictador Ríos Montt

13.11.2013 · 

De un barrio marginal guatemalteco a destacar en la lucha grecorromana. En los viajes para las competiciones descubrió que vivía en un país en guerra y estudió derecho para defender a los que no tenían dinero para pagarle. Edgar Pérez fue uno de los abogados que sentó a Ríos Montt en el banquillo de los acusados por genocidio tras labrarse una carrera torpedeando la impunidad que reina en Guatemala.

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La mujer que perforó la impunidad en Guatemala

11.11.2013 ·  · Louisa Reynolds (Guatemala)

La primera mujer que conduce el Ministerio Público de Guatemala ha logrado erosionar la impunidad que ampara a más de 90 por ciento de los crímenes en este país centroamericano.

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Ríos Montt (AP / Moisés Castillo)

Víctimas dudan en volver a declarar en nuevo juicio a Ríos Montt

10.06.2013 ·  · Louisa Reynolds · (Guatemala)

En Santa María Nebaj reina el miedo y la desconfianza. Los vecinos de este municipio indígena del noroeste de Guatemala creen que volverán a presionarlos para que no repitan los desgarradores testimonios de violaciones a los derechos humanos que prestaron en el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt.

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Ríos Montt durante el juicio (Moisés Castillo / AP)

¿A qué temen los militares de Guatemala?

20.05.2013 ·  · Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala

La exigencia de justicia por parte de las víctimas y sobrevivientes ixiles, durante el proceso penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra de José Efraín Ríos Montt y de Mauricio Rodríguez Sanchez, ha sido afrontada por la parte conservadora de la sociedad guatemalteca como una provocación inadmisible. Un acto de traición a la paz.

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Guatemala: Las mujeres imprescindibles en la lucha por la memoria

16.05.2013 ·  · Quimy de León · (Ciudad de Guatemala)

“Quise escuchar a un metro de distancia, documentar, registrar con mi cámara, con mis emociones y con mi memoria ese momento. Cuando la jueza Jazmín Barrios leía, pronunciaba la sentencia, mis oídos no terminaban de enviar señales al cerebro, imaginaba, recordaba, pensaba, pero principalmente sentía. No hablé con nadie, no pronuncié ninguna palabra, no podía”

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Guatemala, el largo camino a la sentencia por genocidio a Ríos Montt

14.05.2013 ·  · Oriol Andrés Gallart, Carlos Castro, Gemma Garcia y Iolanda Parra

El Especial multimedia ‘Después de la paz’ recorre el camino emprendido tras la firma de los Acuerdos de Paz por la población civil y organizaciones de derechos humanos. La búsqueda de la justicia de unas comunidades que el sábado vieron cómo se condenaba por primera vez en Latinoamérica a un genocida.

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Máxima García, superviviente del genocidio guatemalteco (Javier Bauluz / Piraván)

El sueño de Máxima, 80 años de cárcel para Ríos Montt

11.05.2013 · 

Actualización 12 de Agosto de 201. La Corte Constitucional rechaza recurso del dictador Ríos Montt y confirma vigente el delito de Genocidio cuando lo cometió Casi 15 años han pasado desde que Rigoberta Menchú interpusiera una querella contra el dictador Efraín Ríos Montt por torturas, terrorismo y genocidio ante la Audiencia Nacional de España. Veinte años esperó Máxima García para contarle a su marido que había sido violada por una veintena de soldados durante la represión de las comunidades indígenas. Poco después, Máxima pedía ante nuestra cámara que hubiera “juicio para Ríos Montt, queremos seguir luchando”. Nunca pensó que tendría lugar en Guatemala y menos que sería condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

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Imagen del vídeo donde se ve al actual presidente Otto Perez Molina  cuando era Mayor en el destacamenteo del Quiché. Hablan con periodistas extranjeros mientras a sus pies yacen los cadáveres de varias personas ejecutadas y torturadas.

Un testigo implica al presidente de Guatemala en masacres de indígenas ixiles

05.04.2013 ·  · Mercedes Hernández

El testigo protegido Hugo Reyes implicó este jueves al presidente de Guatemala en matanzas de indígenas ixiles en el juicio que se sigue contra Efraín Ríos Montt y  y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez: “Ellos, los militares, los soldados, a órdenes del mayor Tito Arias, conocido como Don Otto Pérez Molina, coordinaron la quema y el saqueo de la gente para luego ejecutarla,” aseguró.

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Por Peio Aierbe. Mugak / SOS Racismo

El gobierno de Marruecos acaba de demostrar, por enésima vez, el amparo que presta a la violación sistemática de los derechos de las personas migrantes que se encuentran en su territorio.

En esta ocasión, el motivo ha sido el requerimiento del juez melillense Emilio Lamo de Espinosa para que sean identificados y llamados a declarar los miembros de los cuerpos de seguridad marroquíes que apalearon el pasado 18 de junio, en territorio español, a varias personas que trataban de salvar la valla, alguna de las cuales pudiera haber fallecido. El requerimiento responde a las diligencias abiertas a partir de la denuncia formulada por la Federación de SOS Racismo, Prodein y Andalucía Acoge, basada en un vídeo, publicado en Periodismo Humano,

Pues bien, el gobierno marroquí, en vez de colaborar con la justicia para aclarar los hechos, como es su deber, ha planteado un abierto desafío a las autoridades españolas para ver de “meter en cintura” a la judicatura española. Y lo hace por el viejo mecanismo del chantaje. Si no admitís que viole los derechos que haga falta para colaborar en el control de las fronteras, puedo abrir el grifo y dejar que lleguen a vuestras costas varios miles de migrantes.

Así las cosas, en sólo dos días, el 11 y 12 de agosto, 1.300 inmigrantes se hicieron a la mar, sin impedimento alguno, en un centenar de botes hinchables, corriendo un grave riesgo y alentando las imágenes mediáticas de “avalancha” e “invasión”. Una vez enviada la señal, las aguas vuelven a su cauce y las fuerzas de seguridad marroquíes a continuar su “contundente y eficaz” labor de controlar sus fronteras para que no salga nadie hacia territorio europeo.

Una vez más, las personas migrantes, utilizadas como moneda de cambio. Bien, para pedir más dinero a la UE, práctica frecuente de Marruecos y España, bien para exigir, como en esta ocasión, que se impida a los tribunales españoles impartir justicia.

Estamos ante una muestra más de que los gobiernos español y marroquí no tienen en cuenta la situación de necesidad y desamparo de las personas migrantes que transitan por Marruecos tratando de alcanzar la UE. Es hora de afrontar esta situación de manera diferente, tal y como hemos propuesto desde Migreurop en un reciente Manifiesto que será presentado el próximo mes en el Parlamento Europeo.

Y es hora también de que en el Parlamento español se exija la congelación del acuerdo de repatriación suscrito con el gobierno marroquí, dada la reiterada vulneración de los derechos de las personas migrantes, como muestran los últimos acontecimientos.

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Más información sobre deportaciones en Melilla en Periodismo Humano:

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España continua las deportaciones masivas e ilegales de solicitantes de asilo heridos

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14.08.2014 ·  · Prodein (Melilla)

A pesar de estar ya en territorio español, decenas de solicitantes de asilo malienses son deportados de forma masiva e ilegal, contraviniendo las leyes nacionales e internacionales, por guardias civiles españoles, quienes los entregan a fuerzas marroquíes tras cruzar las puertas de dos vallas en Melilla, según se observa en un vídeo de la ONG PRODEIN.

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Guardias civiles y policías marroquíes investigados por paliza a inmigrante en territorio español

07.08.2014 · 

El Juzgado de 1ª de Instrucción de Melilla investiga la responsabilidad y comisión de delitos de policías marroquíes y guardias civiles durante un reciente salto a la valla a partir de un vídeo, publicado en Periodismo Humano, en el que se aprecia cómo fuerzas auxiliares marroquíes, dentro de territorio español, apalean a una persona inmigrante ante la pasividad de varios guardias civiles. La querella fue presentada por Andalucía Acoge, la Federación de SOS Racismo y P.R.O.D.E.I.N-Melilla.

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Menores solicitantes de asilo son deportados en Melilla, denuncia Prodein

29.07.2014 ·  · Prodein (Melilla)

La ONG Prodein denuncia que menores de edad malienses que intentan acceder a la frontera de Melilla para solicitar asilo son deportados ilegalmente por fuerzas policiales españolas y marroquíes.

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VÍDEO. Brutal apaleamiento de inmigrantes en territorio español

20.06.2014 ·  · Colectivo V

Por primera vez se puede ver en un vídeo como fuerzas marroquíes apalean a inmigrantes, esta vez en territorio español tras un intento de salto de la valla de Melilla. Decenas de inmigrantes fueron deportados ilegalmente por la guardia civil española y entregados a la policía marroquí que, como es habitual, los apaleó hasta quedar inermes. La ONG Prodein manifiesta que hay indicios creíbles de cuatro  muertos a consecuencia de estas palizas.

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Inmigrantes rociados con gases en valla Melilla

España usa gases, jeringuillas y porras para deportar ilegalmente a inmigrantes heridos y esposados

25.04.2014 ·  · Prodein

Con la bandera de España ondeando ya a su espalda tras haber pasado a territorio español en la valla de Melilla, medio centenar de migrantes y posibles solicitantes de asilo fueron deportados ilegalmente por la Guardia Civil y la Policía Nacional española y entregados al ejército marroquí a través de puertas de servicio, no habilitadas como paso fronterizo oficial. Al menos uno de ellos fue reducido a golpes y también, según algunos vecinos y miembros de la ONG PRODEIN, fue aparentemente inyectado con una jeringuilla, ya inmóvil fue deportado ilegalmente a territorio de Marruecos

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Militares marroquíes golpean a inmigratnes subsaharianos dentro de la valla de Melilla, territorio español. (Mikel Oibar)

Militares marroquíes armados entran en territorio español y deportan inmigrantes

31.03.2014 ·  · Prodein (Melilla) · Mikel Oibar

Por primera vez en la historia de Melilla el gobierno español consiente que militares marroquíes armados entren en Melilla, detengan a inmigrantes y los trasladen a territorio marroquí, donde fueron golpeados fuertemente.

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Un inmigrante se refugia en una cueva (HRW/Gianfranco Tripodo/contrasto/Redux)

HRW acusa a Marruecos y a España de abusos y palizas a inmigrantes

10.02.2014 ·  · HRW

Miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes habitualmente propinan golpizas, cometen diversos abusos e incluso, en algunas ocasiones, roban a migrantes originarios del África subsahariana en la región noreste del país, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Miembros de las fuerzas de seguridad españolas también aplican la fuerza excesiva cuando expulsan en forma sumaria a migrantes de Melilla, comprobó Human Rights Watch. España debería detener todas las deportaciones sumarias hacia Marruecos en la frontera con Melilla.

España intenta deportar ilegalmente inmigrantes heridos en Melilla, según ONG

04.02.2014 ·  · Prodein

Según informa la ONG PRODEIN, varios inmigrantes fueron devueltos a Marruecos ilegalmente minutos antes de la grabación de este VÍDEO, en el que se puede observar que, poco tiempo después de un salto masivo a la valla de Melilla, el día 15 de Enero, varios vehículos de la Guardia Civil transportan en sus maleteros a grupos de inmigrantes que han conseguido entrar en España, muchos de ellos heridos. Cuando llegan a un pequeña puerta de la valla, donde no hay cámaras de vigilancia se los intentan entregar a las fuerzas policiales marroquíes, quienes finalmente rechazan hacerse cargo de todos. Hay heridos que permanecen más de dos horas en el suelo y no se llaman a los servicios de urgencias.

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Guardia civil con bastón impide subir a la ancha a inmigrantes en el mar

El Juez cita al Delegado del Gobierno y al Jefe de Guardia Civil en Melilla por “deportaciones ilegales”

09.02.2014 · 

OTRO VÍDEO INÉDITO. Otra lancha de la Guardia Civil arrastra por el mar a varios inmigrantes hasta Marruecos tras impedirles subir a bordo . Por otra parte el Juzgado Nº5 de Melilla ha admitido a trámite y citado a declarar al Delegado del Gobierno y al Teniente Coronel de la Guardia Civil por una querella criminal por deportaciones ilegales de inmigrantes presentada por Coalición por Melilla y la ONG Prodein.

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Dos lanchas de la Guardia Civil española arrastran con un cabo a una patera con varios inmigrantes llegados a territorio español. En la lancha de la derecha se pueden ver más inmigrantes que luego fueron entregados en el mar a una lancha de  la policía marroquí.

La Guardia Civil entrega a Marruecos a los ocupantes de una patera que ya había llegado a Melilla

15.03.2013 ·  · (Melilla-Nador)

En la embarcación viajaban unos doce ocupantes, muchos de ellos menores, que habían llegado a la bahía de Melilla y se hallaban a la deriva a unos 15 metros de la orilla de la Playa de los Cárabos con la intención de ser vistos y auxiliados por los servicios españoles. Entre los inmigrantes supuestamente expulsados de forma ilegal, se encontraba Mohamed Kamara, guineano de 17 años, que aparentemente ya fue expulsado ilegalmente por la Guardia Civil el 14 de noviembre.

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“Nos golpean con piedras en las rodillas y tobillos para que no saltemos la valla de Melilla”

26.10.2012 ·  · (Nador)

Tras un infructuoso salto a la valla de Melilla varios inmigrantes, con heridas recientes, denuncian que policías marroquíes han intentado romperles las rodillas y los tobillos para “quitarles las ganas de saltar” el muro metálico que separa Europa de África en la frontera melillense con Marruecos.

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Peio Aierbe. Mugak/SOS Racismo

No tenemos remedio.

Venimos fabricando, desde hace años, una imagen amenazadora de quienes intentan salvar las vallas de Ceuta o Melilla, o se juegan la vida en las pateras, tratando de escapar de situaciones de opresión o de miseria. Forzando las imágenes y en absoluta contradicción con la realidad, hemos convertido a las víctimas en lo contrario, en una amenaza. Discursos políticos y medios de comunicación han abundado en esa criminalización. Todo es bueno para justificar la panoplia de medios represivos puestos en pie por el gobierno español, con el apoyo de la UE, y para acallar nuestras conciencias tratando así, inútilmente, de no aparecer como corresponsables de un reguero de muertes y sufrimientos a los que abocamos a cientos de miles de personas.

Y ahora, ahondamos en esa política de criminalización de la mano del ébola.

En un periódico1 se subtitula que “el Gobierno fija como puntos de riesgo, de una potencial irrupción del ébola, las fronteras de Ceuta y Melilla y la inmigración ilegal”. Premio. Así acabamos de cerrar el círculo. Si la inmigración ilegal es la que además puede traernos el ébola, qué más legitimación necesita el gobierno para su política de frenarla, por tierra, mar y aire.

¿Es tan difícil para el periodista atenerse a unos códigos básicos de manera de no criminalizar a ciertos colectivos? Si se lee todo el cuerpo de la noticia se puede ver cómo las vías de posible riesgo de contagio son muy variadas: turistas, viajeros, trabajadores sanitarios, personal de ONG… Pero el diario escoge llevar a titular algo que sabe que va a impactar. ¿Es algo forzado decir que el razonamiento lógico de la mayoría de lectores va a ser multiplicar exponencialmente la imagen de esas personas como una amenaza?

Por otro lado, no hay ningún hueco en la noticia, y por extensión, en la mayoría de las informaciones que abordan esta cuestión, en la que el punto de mira, la preocupación, sea cómo volcarse el conjunto de naciones, y la UE en este caso, para atender sanitariamente a las miles de personas amenazadas en esos países por esta enfermedad. Ésa debería ser la preocupación central y, a partir de ahí, evitar también, claro está, su propagación más allá del territorio en que actualmente se desarrolla. En vez de eso, dicha tarea queda en manos de quienes se entregan al trabajo solidario. ¡Qué casualidad que los primeros extranjeros infectados, dos estadounidenses y un misionero español, pertenezcan a esa categoría! Con este discurso, acabaremos también viéndolos como una amenaza más.

Nunca nos cansaremos de repetir que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en la manera como difunden las informaciones y en las imágenes y metáforas que ayudan a crear.

1 El Mundo, 03/08/2014 “El Gobierno se prepara ante una potencial irrupción del ébola. Fija como puntos de riesgo las fronteras de Ceuta y Melilla y la inmigración ilegal”.


Eduardo Raya, padre robado.

Presidente de la Asociación Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D)

Respetamos este auto, aunque no lo compartimos en absoluto, y ello por varios motivos incomprensibles:

1º. ­Afirma que no se han probado ni tan siquiera indiciariamente los hechos denunciados.

No se comprende que existan en las actuaciones nueve informes del propio hospital, cinco que dicen que la recién nacida que les entregaron tenía una grave enfermedad infecciosa transmitida en el parto de madre a hija, y otros cuatro que dicen que todos los estudios microbiológicos realizados a los distintos espegímenes de la madre eran negativos, o sea, que la madre no estaba enferma, lo que supone que aquella recién nacida no era su hija y, sin embargo, tan terrible y escandalosa contradicción de estos informes públicos no haya sido vista ni por el Juzgado de Instrucción, ni por la propia Audiencia Provincial, sorprendiendo que encuentren tanta contradicción en los informes privados. Estos nueve informes junto con los cuatro de ADN, los dos de Anatomía y el de Genética, suman un total de 16 informes que nos avalan.

Eduardo Raya y Gloria Rodríguez

2º.- Manifiesta que la investigación se ha centrado en los análisis de dos tipos de muestras biológicas supuestamente procedentes del cuerpo de la menor fallecida.

Si dice supuestamente, ¿dónde está y quién garantiza la cadena de custodia por parte del hospital en los restos en parafina?, restos en los que, por cierto, se recogía material genético cuya extracción los padres nunca autorizaron, pero esto parece ser que carece de importancia. Además, como siempre manifestaron los médicos que se extrajo lo justo para enviar a EEUU y al Clinic de Barcelona, ¿cómo aparecen ahora tantos bloques y cortes histológicos y no produce la más mínima extrañeza en el órgano judicial? ¿Cuál es el motivo por el que no se cuestiona la cadena de custodia de estos restos, garantizada precisamente, por la persona que hizo la biopsia extrayendo material genético sobre el que no estaba autorizada y que tantos informes en contra tiene? Sencillamente sorprendente.

3º.- La Audiencia se acoge ahora al instituto de la prescripción.

Pues bien, si como manifiesta la Sala, tan claro tiene que estos delitos han prescrito, ¿por qué no lo dijo antes, hace dos años, cuando los autos entraron en este Tribunal por primera vez, máxime cuando llega incluso a declarar que resulta inútil el mantenimiento de una investigación judicial que a nada conduce desde la perspectiva de la función encomendada a los Tribunales de Justicia?. ¿Por qué ahora precisamente invoca la prescripción, cuando aparecen nuevos informes, uno de los cuales, por cierto, de laboratorio acreditado, viene a decir que el hígado en parafina tiene once marcadores excluyentes, siendo tres de ellos exclusiones de primer grado, lo que excluye a los denunciantes como padres y a lo que omite toda referencia? ¿Por qué toma como dogma de fe el informe de Toxicología, cuando lo ha emitido en base a solo ocho marcadores, lo que es inadmisible? ¿Por qué no invocó la prescripción entonces, hace dos años, y habría evitado crear unas falsas expectativas o esperanzas en los denunciantes, alargando innecesariamente su calvario todo este tiempo? ¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE ESTE NUEVO DAÑO MORAL CAUSADO A UNA FAMILIA POR ESTOS DOS AÑOS MAS DE SUFRIMIENTO? Otro tanto de lo mismo ocurre con la acreditación de los laboratorios que ahora saca a relucir la Audiencia. ¿Por qué tampoco lo dijo entonces? ¿Por qué se nos niega incomprensiblemente nuestro derecho de contradicción de prueba? Sinceramente no hay manera de entenderlo ni desde la lógica humana, ni desde la lógica jurídica.

4º.- Manifiesta no tener conocimiento de pronunciamiento del Supremo sobre este tema.

Aquí hay que decir que vuelve a sorprendernos que teniendo los jueces la mejor y más actualizada base de datos jurídica no haya encontrado jurisprudencia al respecto, en la que, si bien no habla de “niños robados”, dada su cercana aparición en el tiempo y el hecho de que estos recursos mueren en la Audiencia, sí recogen supuestos en los que el hecho de sustraer un menor a unos padres es considerado detención ilegal. Baste citar para conocimiento de la Sala la STS 788/2003 de 29 de junio; STS 492/2007 de 7 de junio; STS 1036/2010 de 10 de noviembre; STS 1339/2004 de 24 de noviembre; STS de 6 de noviembre de 1980; STS de 11 de diciembre de 1987; STS de 5 de mayo de 1989; etc, etc, etc.

Por otro lado al manifestar la Audiencia que lo denunciado por el Ministerio Público sólo es subsumible en un delito de sustitución de un niño por otro, del artículo 220.3, también existe jurisprudencia al respecto, según la cual estos hechos no han prescrito. Es el caso de la Sentencia 326/20009 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que en un supuesto del artículo 220.3, confirmó la condena al Servicio Canario de Salud a indemnizar con varios cientos de miles de euros, a los treinta años de producirse los hechos, lo que evidencia total y absolutamente la no prescripción del delito. La Jurisprudencia existe, sólo hay que buscarla.

5º.- Según manifiesta, sólo son imprescriptibles los hechos declarados como tales por el Código Penal.

En este punto la Audiencia omite el artículo 607 bis 1 y 2 3º.6º.8º de dicho Código sobre delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben, pues se produce un ataque sistemático y generalizado contra parte de la población civil, y en el que encajan perfectamente los hechos denunciados. Este precepto no fue invocado en la denuncia por ser ésta la primera interpuesta en España, lo que hacía pensar entonces, ser éste un caso único. Por ello sorprende enormemente el reproche tan injusto como incierto que hace al Fiscal Instructor por haber interpuesto la denuncia amparada en dar respuesta a quienes demandan justicia frente a un problema social que acucia y afecta a parte de la ciudadanía, omitiendo que todas y cada una de las miles de denuncias interpuestas en España han sido posteriores a la que nos ocupa.

Para terminar, destacar lo poco positivo que contiene esta resolución y que es importante destacar, ya que al menos nos da la razón en algo.

1º.- Viene a confirmar que tanto la Juez de Instrucción como la propia Fiscalía se equivocaron una vez, al pedir una y acordar otra, el sobreseimiento libre, volviéndose a equivocar por segunda vez, al negarse una a aceptar la reforma y otra al impugnar el recurso. La Audiencia concluye diciendo que no apareciendo debidamente justificada la perpetración del delito denunciado, ni existiendo indicios de criminalidad contra persona determinada, procedería revocar el auto dictado por la juez de instancia, en el sentido de sustituir el sobreseimiento libre decretado por un sobreseimiento provisional. Pero entiende que procede mantener el sobreseimiento libre decretado, no con arreglo al artículo 637.1 de la L.E.Crim. sino por causa de prescripción de los hechos denunciados.

Este criterio fue compartido por la Fiscalía Superior de Andalucía en Decreto de 22 de octubre de 2012, en el que manifestaba no compartir el sobreseimiento libre solicitado y acordado judicialmente, invocando a tal efecto la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en tal sentido.

2º.- Como manifestamos en nuestro recurso de reforma y apelación, cuando el auto del Juzgado manifestaba no pronunciarse sobre los tres nuevos informes aportados por los denunciantes por haberlo hecho ya la Audiencia, faltaba a la verdad procesal.

Para finalizar decir que este cambio radical de criterio, adoptando ahora la prescripción, cuando, si es su criterio, debería haberlo hecho antes y haber evitado un terrible daño a miles de familias, así como el hecho de que haya resuelto el pleno de la Sección primera, deja patente el ánimo de la Audiencia Provincial de Granada de dar carpetazo a la causa “niños robados”.

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Un análisis independiente revela que los restos de hígado aportados por un médico a la Policía, y corroborados por el Instituto de Toxicología, no pertenecen en realidad a un recién nacido. Los afectados piden al Juzgado la reapertura de la causa y la imputación de 15 personas presuntamente responsables de la sustracción de la niña en 1990.

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Archivo

“Los que robaron a mi niña están vivos y libres”

20.03.2012 · 

Eduardo Raya, primer denunciante en España de la presunta sustracción de recién nacidos, rompe su silencio para denunciar que la trama mafiosa seguiría actuando hoy día para encubrir los supuestos delitos. Un ginecólogo al que implica ya fue condenado por una adopción irregular en 1993. Dice estar sufriendo acoso policial. Se ha embarcado en su propia investigación y anuncia que ha reunido pruebas suficientes para llevarlas de nuevo a la Fiscalía.

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Por Brigadas Internacionales de Paz

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Guatemala quiere llamar la atención y compartir su profunda preocupación debido a la cancelación de la residencia temporal en Guatemala a dos personas del equipo de voluntarias y voluntarios de PBI en el país. Se trata de una medida adoptada por la Subdirección de Operaciones de Extranjería, de la Dirección General de Migración (DGM) – Ministerio de Gobernación, en dos resoluciones del 1 de julio, sin que consten las razones o hechos que motivan la decisión. La situación resultante, afecta a ambas personas y a su estatus migratorio, así como a la labor de acompañamiento y observación internacional para la defensa de derechos humanos que PBI realiza en Guatemala desde hace más de 30 años.

El 1 de julio 2014, dos integrantes del equipo de PBI, de nacionalidad chilena y española, se presentaron ante la institución mencionada, que les había citado mediante notificación escrita de 25 de junio (recibida el 26) con el fin de proporcionar, respectivamente, “información referente a su Residencia Temporal”. Durante la reunión, en presencia de la representante legal de PBI en el país y de un abogado, ambas personas fueron informadas de que quedaba cancelada su residencia temporal y que contaban con un plazo de 10 días para abandonar el país. Sin embargo, las resoluciones que recibieron por escrito carecen de razonamiento alguno sobre hechos concretos que fundamenten la decisión adoptada.

PBI cuenta con personería jurídica en Guatemala desde 19951, y está debidamente registrada y acreditada ante las instancias públicas competentes, contando con representación legal y capacidad de obrar y actuar en el marco de su mandato y misión. Cada voluntario y voluntaria de PBI inicia el trámite de solicitud de residencia temporal a su llegada al país cumpliendo con la normativa migratoria. En todo momento, PBI y sus voluntarios y voluntarias en Guatemala actúan dentro del marco legal. Regularmente, las autoridades nacionales son informadas de nuestro quehacer en el país y en el exterior.

El voluntario y la voluntaria de PBI a quienes se refieren las resoluciones, mantuvieron presencia internacional en La Puya el 23 de mayo y observaron el desalojo violento del plantón de la Resistencia Pacífica de la Puya, sobre el cual PBI alertó en junio2. Representantes de la DGM presentes en La Puya en el momento del desalojo, se retiraron del lugar sin dirigirse directamente a las personas interesadas, tras comprobar que su situación migratoria estaba en orden mediante la verificación de su documentación identificativa por agentes de policía.

En las semanas siguientes, varios medios de comunicación guatemaltecos se expresaron de forma difamatoria en contra de “extranjeros” y organizaciones internacionales. Nos preocupa que la decisión de retirar la residencia temporal a dos integrantes del equipo de PBI pueda tener relación con informaciones falsas recogidas en medios de comunicación sobre el trabajo de observación internacional durante el desalojo.

En el actual contexto caracterizado por el cierre de espacios para defensores y defensoras de derechos humanos, nos preocupa asimismo que las resoluciones mencionadas perjudiquen las posibilidades de acompañamiento y observación internacional para contribuir a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Guatemala. La labor que desarrolla PBI en el país responde, en todo caso, a la petición de organizaciones y actores sociales que tienen derecho a defender tales derechos, y a solicitar acompañamiento y observación internacional cuando debido a ello enfrentan amenazas y agresiones.


Por Human Rights Watch
El Congreso debería proteger, en lugar de castigar, a los menores no acompañados 

La política del gobierno de Estados Unidos de detener a niños migrantes no acompañados, algunos por períodos largos, y someterlos a un procesamiento inadecuado los pone en peligro, señaló hoy Human Rights Watch. El 24 de junio de 2014, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre niños migrantes no acompañados: menores que viajan sin padres o tutores. El Comité Judicial de la Cámara también llevará a cabo una audiencia sobre el tema.

El gobierno de EE.UU. predice que 90.000 niños migrantes no acompañados cruzarán la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2014, 10 veces más el número que cruzó en 2011. Miles de niños más han cruzado acompañados de un padre, lo que también supone un aumento respecto a años anteriores.

“La política del gobierno de EE.UU. de detener a niños en grandes cantidades perjudica a los menores e incumple las normas internacionales”, dijo Clara Long, investigadora de EE.UU. de Human Rights Watch. “El Congreso debería explorar alternativas a la detención como las que emplean con éxito otros países que tienen experiencia en auges de cruces fronterizos de este tipo”.

La ley de EE.UU. permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detener a niños por un máximo de 72 horas. Antes de la reciente oleada, los niños eran retenidos durante sólo 12 horas como máximo, pero los últimos informes indican que la CBP está reteniendo a niños durante periodos cercanos a los 10 días o dos semanas. A continuación, los menores son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde nuevamente pueden ser detenidos.

Las normas internacionales de derechos humanos prevén la detención únicamente como un último recurso y por periodos de tiempo muy cortos. Naciones Unidas estableció en 2013 que los menores nunca deberían ser detenidos por razones de inmigración, y que la detención migratoria nunca puede ser considerada como algo que se hace en “el mejor interés” del niño.

Una amplia variedad de estudios vincula la detención migratoria con consecuencias para la salud mental de los niños, incluyendo daños que perduran más allá del periodo de detención. Los menores no acompañados, en particular, son reconocidos como especialmente vulnerables.

“El reciente aumento de niños migrantes no acompañados que llegan a  EE.UU. no puede ser una justificación para periodos de detención más largos”, dijo Long. “Países de todo el mundo que afrontan la llegada de grandes cantidades [de menores] están abordando la situación sin detener a la mayoría de los niños”.

Bajo la legislación de 2013, los países miembro de la Unión Europea sólo pueden detener a niños no acompañados en “circunstancias excepcionales”. Los menores nunca deben estar retenidos en cárceles y deben ser puestos en libertad lo más pronto posible. Bélgica cuenta con una amplia gama de opciones de alojamiento al margen de la detención, incluyendo instalaciones de recepción individual y colectiva que permiten que los migrantes entren y salgan a voluntad. Malta, una puerta clave de entrada a la Unión Europea que afronta la llegada de un número sin precedentes de niños migrantes, se comprometió en marzo de 2014 a poner fin a la detención migratoria de menores.

Las políticas actuales de EE.UU. que se aplican a quienes cruzan la frontera tampoco cumplen las normas internacionales que requieren una cuidadosa revisión de los casos de los menores en favor de sus mejores intereses, porque podrían ser víctimas de tráfico humano, refugiados, afrontar represalias de traficantes o violadores de derechos a su regreso. A los niños no se les proporciona sistemáticamente un abogado de oficio –si bien un pequeño programa piloto ofrece algo de asistencia legal— ni tutores, a pesar de que ambas cosas son sugeridas por las normas internacionales.

Bajo la política actual de EE.UU., los niños migrantes no acompañados que pueden ser refugiados deben someterse a exámenes iniciales de asilo y algunos de tráfico por agentes armados y uniformados de la CBP. Dichos procedimientos, contrastan con lo que dictan las normas internacionales que establecen que en el mejor interés de los niños no acompañados, los menores deben ser evaluados en un ambiente agradable y seguro por profesionales calificados y capacitados en técnicas de entrevista que tengan en cuenta su género y edad.

La audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara puso de manifiesto la brecha cada vez mayor que existe entre las perspectivas de los legisladores de Estados Unidos y la necesidad de tratar a los niños no acompañados de una manera justa que minimice el daño, dijo Human Rights Watch. Por ejemplo, el representante Mike Rogers de Alabama dijo: “¿Por qué no los estamos metiendo en un autobús… y enviándolos de vuelta a Guatemala?” Otros sugirieron que el gobierno debería centrarse en la deportación de los niños. El representante Paul Broun de Georgia calificó a los menores como “delincuentes” y preguntó qué medidas se están tomando para tratar de deportarlos a ellos y sus familias.

“Muchos niños migrantes no acompañados son extremadamente vulnerables a los abusos a su regreso a sus países de origen”, señaló Long. “Someterlos al escrutinio de audiencias masivas o ninguna en absoluto probablemente resulte en deportaciones ilegales por parte de EE. UU., que pondrán a estos niños en grave riesgo”.

Human Rights Watch instó al gobierno de EE.UU. a que:

  • Implemente alternativas a la detención para todos los niños migrantes no acompañados, ya sea poniéndolos en libertad bajo la supervisión de tutores aprobados o situándolos en centros con pleno acceso a la educación, la nutrición, el saneamiento adecuados, la interacción social y la recreación;
  • Se asegure de que los menores migrantes no acompañados son objeto de detención migratoria sólo en casos muy raros y excepcionales;
  • Si aún así se produce una detención, entonces debe ser lo más breve posible y debe efectuarse en un entorno apropiado, donde las necesidades de los niños puedan ser abordadas sin causarles más trauma o daños;
  • Proporcione exámenes completos y justos a niños migrantes no acompañados por un especialista en bienestar infantil designado, que sea experto en recopilar información oportuna y pertinente de una manera adaptada a la edad de los menores.
  • Se asegure de que los niños no acompañados, especialmente los solicitantes de asilo, reciban la asistencia de un abogado y de un tutor encargado de representar sus mejores intereses.