Toma la palabra

Por Fundación Secretariado Gitano

Un año más, el 8 de abril de 2015, conmemoramos el Día Internacional del Pueblo Gitano. Esta fecha recuerda el congreso gitano celebrado el mismo día de 1971 en Londres en el que se instituyó la bandera y el himno gitanos.

Es, por tanto, un día de celebración para el pueblo gitano, pero también debe serlo para el conjunto de la sociedad. La fecha del Día Internacional del Pueblo Gitano supone una buena oportunidad para hacer más visible la causa gitana, un motivo de celebración conjunto que muestra la unidad y la diversidad de los gitanos y gitanas de todo el mundo como parte de sus respectivas sociedades.

Es una fecha también para el reconocimiento, para recordar la historia del pueblo gitano, su largo y penoso peregrinaje de expulsiones a lo largo de los siglos, una fecha para recordar a las víctimas del genocidio nazi y de tantas persecuciones a lo largo de la historia.

Es de justicia reconocer las aportaciones del pueblo gitano a la sociedad, no solo culturales, muy importantes, sino también de valores. Es un día para reconocer el esfuerzo de tantas y tantas familias gitanas, invisibles para los medios de comunicación y para una buena parte de la sociedad, que día a día luchan por salir adelante, educar a sus hijos para darles un futuro mejor, y formar parte activa y plena de la ciudadanía. Por eso es un día para buscar la solidaridad, el apoyo y el reconocimiento del conjunto de la sociedad.

Pero también tiene que ser una fecha para la reivindicación, porque queda mucho por hacer, porque la comunidad gitana todavía arrastra el estigma de ser la minoría más rechazada y peor valorada en Europa. Son muchos los que contribuyen a mantener y reforzar la imagen social negativa de los gitanos que tanto daño hace. Entre ellos, este año tenemos que denunciar la posición de la Real Academia Española de la Lengua, que mantiene en su última edición del Diccionario la acepción peyorativa y vinculada a la estafa y el engaño del término “gitano” utilizando para ello la definición de “trapacero”.

Lamentamos profundamente que una institución como la RAE se niegue a retirar dicha acepción, como le hemos propuesto no solo las entidades que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, sino muchas otras organizaciones e instituciones, como la Defensora del Pueblo, y siga manteniendo esa connotación de tramposos y engañadores, vinculando a una conducta ilícita al conjunto del pueblo gitano.

Por eso el motivo del cartel y las acciones del “8 de abril de 2015” lo hemos centrado este año en la protesta conjunta de las entidades que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano contra esta “trapacería” de la Real Academia Española de la Lengua. Con esta campaña queremos recabar apoyos y movilizar a la opinión pública para sumarse a esta protesta contra una acepción que entendemos discriminatoria hacia la comunidad gitana. Como dice nuestro lema: “Una definición discriminatoria genera discriminación”.

La pieza principal de la campaña es un spot de 2 min. protagonizado por unos niñas y niños gitanos, y su reacción de sorpresa al descubrir el significado que el Diccionario da al término gitano.

Imagen de previsualización de YouTube

La campaña se lanzó a través de redes sociales con los hashtag #YoNoSoyTrapacero y #YoNoSoyTrapacera

Pero no es solo la RAE. De nuevo conjuntamente las entidades que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano hemos denunciado el daño irreparable que produce sobre la imagen de la comunidad gitana la emisión de programas de televisión como “Los Gipsy Kings” o “Palabra de gitano”. La reproducción de imágenes estereotipadas y caricaturescas, para nada asociadas a la realidad de la mayoría de las familias gitanas, contribuye a reforzar el rechazo del conjunto de la sociedad. Apelamos una vez más a la ética profesional de los medios de comunicación para que dejen de reproducir esa imagen negativa generalizada de la comunidad gitana, haciendo de ello un espectáculo que estigmatiza al conjunto de gitanos y gitanas.

Tenemos también que recordar, un año más, los terribles efectos de la crisis en las personas más vulnerables, entre ellas, muchísimas familias gitanas. Contamos en nuestro país con una buena trayectoria en las políticas de inclusión de la comunidad gitana, pero estamos viendo cómo cada vez hay más desigualdad, cómo las respuestas a la crisis, los recortes y la falta de inversiones están afectando cada día más, y con mayor dureza, a los más desfavorecidos, y en ámbitos de gran impacto a medio plazo como es la desigualdad educativa, con tasas de fracaso escolar y de abandono prematuro del sistema educativo entre la juventud gitana muy superiores a las del conjunto de la sociedad.

Los alarmantes datos que aporta el último informe FOESSA sobre pobreza y exclusión social nos indican que estamos muy lejos de cumplir los objetivos marcados por la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana 2012-2020, un compromiso político para las administraciones públicas –Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado–, pero en el que debemos implicarnos toda la sociedad si queremos realmente compensar desventajas y combatir la brecha de la desigualdad.

Desde la Fundación Secretariado Gitano creemos que es necesario seguir insistiendo en que, aunque se han logrado avances muy importantes en las últimas décadas, aún quedan problemas muy graves que abordar. Por eso en un año electoral como 2015, nuestras reivindicaciones a los partidos políticos se centran en tres prioridades: combatir la desigualdad educativa, que si no se aborda urgentemente, lastrará cualquier oportunidad de salir del círculo de la pobreza y la exclusión a una generación más de jóvenes gitanos y gitanas; la mejora de la cualificación profesional y el acceso al mercado laboral; y la erradicación del chabolismo y los barrios segregados. Junto a ello, es imprescindible garantizar el derecho a la igualdad y luchar contra la discriminación y el creciente antigitanismo, no solo en la sociedad española, sino en el conjunto de la Unión Europea.

Queda mucho por hacer, y por eso el 8 de abril debe ser un día de celebración, de reconocimiento, pero también de reivindicación


Un pinchazo al inspector Javier V. le descubre pidiendo a un oficial retener ilegalmente a un individuo e imputarle ‘todos los palos que haya dado un tío’ de sus características 

Por Juan de Dios Ramírez-Heredia. Abogado y periodista. Presidente de Unión Romaní 

Dios mío, Dios mío, ¿pero en qué país vivimos? He tenido que leer la noticia tres veces porque, aunque uno sabe que estas cosas habían pasado muchas veces en nuestras comisarías de policía en tiempos remotos, creía que ya no pasaban, o al menos que no pasaban con la desvergüenza con que han ocurrido en esta ocasión.

Una vez más ha sido la prensa libre de este país la que ha descubierto el impresentable comportamiento de unos policías que deben ser la vergüenza y el bochorno de sus compañeros que son respetuosos de los valores constitucionales. Lo hemos leído en El Mundo y en síntesis esto es lo que ha ocurrido:

Hay en Carabanchel un policía que tiene una pinta de racista que no se la salta un galgo. Los hechos son los siguientes: Un “gitano” ha “pegado un tirón” y ha intentado robar un móvil, pero el inspector Javier V., que sabe muy bien que eso “no da lugar ni a detención”, porque admite que “es una falta de daños”, le dice al Oficial de Robos por teléfono:

“Yo lo que quiero es quitarle de la circulación un día y medio. Vamos, lo que yo quiero es que se joda”.

Reconoce que el joven no ha logrado llevarse el teléfono, pero argumenta:

–”hoy no ha robado ese teléfono (…), pero dentro de un rato va a robar otro. ¿Me explico?”. Y por si el departamento de robos no lo ha entendido bien, añade:

–”Mañana le pasáis a disposición [judicial] como robo con violencia y a tomar por culo. Y se pasa 40 horas entre el juzgado y esto, y nos lo quitamos de en medio casi dos días, porque es que, macho, es que esta gente como no le pasa nada…”.

Pero no acaba aquí la cosa. Más tarde el inspector Javier V llama al Oficial de Robos para decirle que el gitano suele llevar un chándal blanco e ir en bicicleta y que, por lo tanto, le cuelgue todas las denuncias de cualquier persona que lleve algo blanco y vaya en bicicleta:

–”Todos los palos de esas características se los imputáis aunque no le reconozcan, y a tomar por culo. (…) Si a la gente no le da tiempo a verlo, ¿me explico?”. (…) Todos los palos de cualquier tío que se le parezca, con una bicicleta que se parezca, se los imputáis, porque la gente no lo va a reconocer”.

Parece ser que estas actuaciones tan execrables la hacen algunos policías para subir el ranking de eficacia a efectos estadísticos. No obstante, se recoge en el mismo pinchazo telefónico que el inspector pretendía aplicar un remedio preventivo:

–”Que el tío la próxima vez que vaya a robar, lo haga en otro distrito, y que se corra la voz en Carabanchel”.

A modo de moraleja

Nos atrevemos a preguntarle a usted, amable lector, sobre que opina de esta noticia. ¿A favor de quien está? ¿Qué dicen quines ya han emitido su parecer?

Le vamos a dar una pista utilizando la opinión publicada. 48 ciudadanos han expresado su opinión en el mismo diario que desveló la corrupción policial. De ellos, la inmensa mayoría dicen:

─ “Estoy en contra de la corrupción policial pero lo que veo en esta noticia me parece fenomenal”.

─ “Si (la policía) no hiciera este tipo de artimañas el tipo estaría en la calle a tiempo de robarle otra vez el móvil a la vieja antes de que llegara a su casa”.

─ “Con el país repleto de mangantes que se aprovechan de una impunidad grotesca, es de agradecer que haya maderos que se busquen la vida para protegernos aunque sea durante un día y medio”.

─ “Yo al inspector le daba una medalla al mérito. Ha actuado así pensando en que la gente de la calle pueda vivir un poco mas tranquila quitando de en medio a un delincuente unas horas”.

Y así hasta 32 comentarios. Por el contrario, otros ciudadanos afirman:

─ “(…) la Policía ─y mira que los admiro─ no puede jugar a ser Dios, no puede dedicarse a crear pruebas falsas, imputar delitos que no existen o hacerlo a alguien que saben que no los ha cometido, aunque haya cometido otros. (…) Si hoy se les jalea por extralimitarse de esta manera por un motivo que pueda parecer loable o comprensible, mañana tal vez hagan lo mismo por motivos mucho más espurios”.

─ “Aunque me parece escandalosa la manera de manipular pruebas, la verdad es que tengo que reconocer que entiendo que, llegados a determinados extremos, se caiga en ello. (…) Ojo, no lo defiendo, un delito es un delito, lo cometa quien lo cometa, y es más grave aún si los que los cometen son los encargados de evitarlos”.

─ “¿Cómo se puede acusar a alguien de algo que no ha hecho? Decir que “no ha robado pero lo va a hacer” es discriminación. El trato ha de ser el mismo para todas las personas sin discriminar por razón de etnia. La igualdad junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político es un valor superior de nuestro estado de derecho”.

Nosotros, los gitanos y las gitanas de la Unión Romaní también tenemos nuestro parecer. Pierdan cuidado quienes puedan pensar que por ser un gitano el que pretendía quitarle el teléfono a la anciana le íbamos a librar de toda culpa. Caiga sobre él todo el peso de la Ley. Pero, eso sí, el que le corresponda. Ni un gramo más por ser gitano. Y mucho menos si por ser gitano ha de cargar con la culpa de sus propias faltas o delitos y las de los demás aunque no los haya cometido. Desde la Unión Romaní hemos dado nuestro testimonio en infinidad de ocasiones posicionandonos con equidad y valentía junto a las víctimas, sean del color que sean, y contra los delincuentes, pertenezcan a la etnia que se quiera.

Y precisamente porque siempre damos la cara en defensa de los valores constitucionales es por lo que ahora estamos legitimados para pedir al juez que instruye el caso en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid que califique con el rigor que permita la ley al inspector Javier V.

Las herramientas las tiene sobradas en el Código Penal. El artículo 510 es taxativo. 1. Los que provocaren a la discriminación (…) por motivos racistas, (…) serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”. El punto 2 del mismo artículo establece que 2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre (…) la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía”. Pero como el inspector Javier V. es policía, el artículo

511.3 del Código Penal le reserva una agravante: Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años”.

Todo esto es muy duro, es verdad, pero ¿acaso no lo es que el propio policía le diga a su compañero responsable de robos que Todos los palos de cualquier tío que se le parezca, con una bicicleta que se parezca, se los imputáis, porque la gente no lo va a reconocer?. Y a tomar por el culo”.

 


 Por Campaña “Paremos la deportación: #YoconBelletti

En la última semana se ha conocido el caso de Renaud Nyame, ciudadano camerunés que, después de pasar 9 meses bloqueado en Melilla, ha sido internado en el CIE de Barcelona para su expulsión del país. El camerunés, conocido por Belletti entre sus amistades, tras su detención filtró dos vídeos que se hicieron públicos y que demuestran cómo la Guardia Civil le había ofrecido un trato para regularizarse a cambio de información.

Los vídeos ilustran cómo un agente de la Guardia Civil en un interrogatorio ofrece a Renaud – utilizando formas y expresiones que rozan el chantaje – “las llaves de Europa” a cambio de que actúe como “chivato”; y en caso de no colaborar, el agente le amenaza con bloquear su salvoconducto a la Península, como así ha sucedido durante 9 meses.

La posibilidad de ofrecer un permiso de residencia o de garantizar que no se deportará a una persona a cambio de «facilitar información como víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos o inmigración ilegal», se deriva del artículo 59 de la LOEX. Pero en el caso de Renaud, que ya había comunicado a la Guardia Civil en varias ocasiones que no disponía del tipo de información sobre la que le preguntaban, el supuesto del artículo 59 no se aplica como un posible beneficio para él en caso de colaborar, sino como un chantaje.

Estas prácticas policiales, más allá de su cuestionable legalidad, amparan unas dinámicas institucionales racistas, mezquinas y vulneradoras de los derechos de las personas migrantes. La persecución y represión en las zonas adyacentes a la frontera, las devoluciones en caliente, las palizas en la valla, las vejaciones en los CIE y el chantaje son algunas de las piezas de este entramado que ha perseguido a Renaud. El mayor problema es que este caso no es una excepción, sino la norma, el maltrato a las personas migrantes es sistemático y amparado por la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX).

¿Y si no es un caso aislado, por qué tanto alboroto?

En primer lugar porque Renaud, con las dificultades por las duras condiciones en que se encuentran las personas indocumentadas en nuestro país, quiere construir su proyecto de vida en Madrid al lado de su pareja, sus amigos y sus compañeros y compañeras. De hecho, su pareja ha escrito una carta pública dirigida al Ministro de Interior alegando: “Le aseguro que puedo encargarme de su completa manutención, tiene un trabajo esperando por él y,lo más importante, tiene una familia deseando acogerle y que además le necesita”. Por otro lado, el derecho a la movilidad, tal como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, no puede estar restringido a las ciudadanas nacidas en países ricos; todas las personas deben poder moverse y vivir en el territorio que elijan. Por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Renaud no sea deportado y no tenga que renunciar a su vida, a sus relaciones y a sus proyectos. Para ello, su abogado ha presentado un escrito solicitando su libertad en el juzgado instrucción n°4 de Melilla aportando todo el arraigo.

En segundo lugar, porque Renaud puede y quiere narrar el entramado de la Frontera sur, ya que, como la mayoría de personas que entran en territorio europeo por la zona sur, ha sido testigo de múltiples vulneraciones de derechos y posee numerosas pruebas en formato de video y foto. Su testigo pone en evidencia las prácticas del gobierno español y marroquí, las responsabilidades que el Ministerio del Interior español trata de eludir en materia de Derechos Humanos y la política migratoria racista española y europea.

En tercer lugar, porque la narración del camerunés pone en jaque el marco de relaciones y prácticas institucionales que se dan en la frontera sur: la legislación española, las responsabilidades del Ministro del Interior, las prácticas del cuerpo de la Guardia Civil y, en definitiva, la barbarie legitimada de la frontera, donde las vidas humanas cobran valor según de qué lado estén. La frontera sur vive en un estado de sitio permanente en el marco de un Estado de derecho, y esto debe terminar.

Por todo esto, y mediante la entrega a la Delegación del Gobierno del presente comunicado firmado por diferentes organizaciones y personas comprometidas con los Derechos Humanos exigimos:

- Que se detenga el proceso de deportación y se libere inmediatamente al ciudadano Renaud Nyame ya que se ha probado su arraigo en el Estado Español.

- La asunción de responsabilidades por parte del Gobierno Español de la situación en la Frontera sur, así cómo la denuncia y el enjuiciamiento de las prácticas ilegítimas que se dan en ésta.
Para ADHESIONES a la campaña AQUÍ
MODELO de Carta para enviar al Ministro http://qttr.at/m0y 
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Más información en Periodismo Humano:
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AUDIO. Un inmigrante acusa a la Guardia Civil de Melilla de chantaje y represalias por negarse a ser chivato

El inmigrante camerunés Taffou Nyame Renaud acusa a la Guardia Civil de Melilla de ofrecerle residencia en España a cambio de ser chivato y de sufrir represalias al no aceptar la propuesta. Ayer fue detenido y enviado al CIE de Barcelona para posiblemente ser deportado a Camerún. En los últimos meses se le impidió varias veces, sin ninguna explicación, su salida en el barco hacia la península, a pesar de estar autorizada por la policía. En una grabación de audio obtenida por Periodismo Humano, y que Renaud afirma haber realizado en un “subterráneo” de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, se pueden escuchar fragmentos de la supuesta conversación (en inglés) con un agente.

Salto de inmigrantes. Valla de Melilla. 28 de Mayo 2014 (Teresa Palomo)

Carta de Teresa al Ministro del Interior por la liberación de Renaud

“Mi nombre es Teresa G. Palomo y me dirijo a usted como fotoperiodista, ciudadana española y pareja de Renaud Nyame , encerrado en CIE en espera de ser deportado. Desde hace más de un año vengo desarrollando mi trabajo en la frontera sur de Melilla, documentando todo lo referido a la vulneración de derechos humanos, recogiendo testimonios de los métodos y actuaciones que usted tanto defiende y que yo tan bien conozco”.

Comunicado de la familia García Palomo: http://qttr.at/m01 


Por Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs

Hace unos días salió a la luz la historia de Renaud Nyame Taffou, “Belletti” un ciudadano camerunés que hasta ese mismo día llevaba 9 meses bloqueado en la Ciudad Autónoma de Melilla por negarse a los chantajes realizados por agentes de la Guardia Civil. El martes 24, Renaud ha sido trasladado al CIE de Barcelona para ser posteriormente deportado.

Renaud había logrado pasar a Melilla a través de la valla el pasado día 28 de mayo, junto con su hermano. El 30 de junio, apenas un mes después, tanto su traslado como el de su hermano estaban programados, pero finalmente Renaud tuvo que quedarse en Melilla tras ver paralizado su salvoconducto sin ninguna explicación, ni de la Dirección del CETI, de la Policía Nacional o la Guardia Civil.Meses más tarde, en diciembre, la policía entró en un ferry para recogerlo justo antes de que éste zarpara. Una noche en el calabozo y, de nuevo, ninguna explicación. Tras nueve meses de retención en la Ciudad Autónoma, ahora espera a su deportación.

Según las pruebas que han aparecido publicadas, en el marco de un interrogatorio en una sala de la Comandancia de la Guardia Civil Española, agentes del mismo cuerpo le ofrecieron facilidades para regularizarse si accedía a trabajar para ellos aportando información sobre los flujos migratorios en la Frontera Sur. Según el testimonio de Renaud “[Un agente de paisano] me llevó a la Comandancia de la Guardia Civil. Me metieron en una habitación subterránea y me dejaron ahí, solo, unos 30 o 40 minutos. Después vino el jefe y empezó a proponerme que trabajase con él. Comenzó a decirme que me daría papeles, que mi vida estaba en sus manos”.

En la grabación además se puede escuchar como el agente le amenaza con impedir su salida de Melilla en caso de negarse a colaborar,y por los términos en los que se hace, no parece que sea un hecho aislado, sino más bien práctica habitual: el chantaje a las personas migrantes para que trabajen como informantes de la Guardia CivilNegarse a trabajar de chivato. Esta es la única explicación del hostigamiento que ha tenido que vivir durante estos meses.

 

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AUDIO. Un inmigrante acusa a la Guardia Civil de Melilla de chantaje y represalias por negarse a ser chivato

24.02.2015 ·  · Periodismo Humano.  En una grabación de audio obtenida por Periodismo Humano, y que Renaud afirma haber realizado en un “subterráneo” de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, se pueden escuchar fragmentos de la supuesta conversación (en inglés) con un agente.

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Si  bien el art. 59 de la LOEX establece con las fuerzas de la autoridad que la colaboración puede ser compensada con el permiso de residencia de forma provisional, en ningún caso establece el uso de la coacción ni la obstaculización de la regularización en caso de negarse a colaborar.

Las pruebas que se presentan, destapan el uso sistemático de unas dinámicas ilegítimas y corruptas inherentes a la realidad de la Frontera Sur.  Estas y otras prácticas denunciadas anteriormente por la campaña  estatal, como son el uso de la violencia en su forma más explícita, las  devoluciones ilegales, etc, se amparan en la desesperación y vulnerabilidad de la situación en que se encuentran  las personas en tránsito migratorio. Condicionar la regularización a la  colaboración por lo tanto, perpetúa la puesta en peligro de la  integridad física de estas personas.

Tanto en la valla, como después en el Centro de Estancia Temporal para inmigrantes, la realidad se presenta como un paréntesis de excepcionalidad en el derecho de las personas  y como un campo de pruebas para las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades, que juegan con personas en situación de extrema vulnerabilidad para obtener sus objetivos: pruebas que puedan servir para incriminar a las personas en tránsito migratorio y justificar la violenta política que el Estado español y la UE practican en la Frontera Sur.

Con este caso queda patente el verdadero entramado que se encuentra tras la migración en el Estado Español: desde la valla, a los chantajes y abusos policiales, las redadas, los CIEs y las deportaciones. Estas son las autenticas dinámicas mafiosas que rodean la migración, y son llevadas a cabo por el Estado de derecho.

Por todo ello, y siendo el de Renaud Nyame Taffou un caso concreto pero no excepcional de los abusos que la Guardia Civil y el Ministerio del Interior realizan con las personas migrantes, exigimos:

  • La paralización de la deportación y puesta en libertad inmediata de Renaud Nyame Taffou, “Belletti”
  •  El fin de las prácticas abusivas entorno a la Frontera Sur por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en concreto de los chantajes con la promesa de obtener el permiso de residencia.

 

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 Inician campaña en facebook por la libertad de Renaud, conocido por sus amigos y compañeros como Belletti,  Más info aquí

Haz click en imagen para ir a la campaña


El lunes 9 de febrero, a continuación de la rueda de prensa del Ministro del Interior, las fuerzas de seguridad se desplegaron en masa con el propósito de rodear el gran campamento de migrantes subsaharianos en el monte Gurugú, a 10 Km de la ciudad de Nador.

Dicha acción condujo a una amplia operación para detener a las personas migrantes presentes en el campamento, así como a aquellas que habían intentado saltar la valla de Melilla el mismo día. Se han llegado a contar más de 700 migrantes detenidos, entre ellos 3 mujeres y muchos menores en un número que no podemos precisar.

Campamento de inmigrantes arrasado por fuerzas marroquíes en Monte Gurugú Foto ASTICUDE

Las personas detenidas fueron transferidas al camping de Karait Arekmane, a unos 20 Km de la ciudad de Nador, y tras una fase de identificación y toma de huellas digitales, se les envió a diferentes ciudades, principalmente en el Sur de Marruecos.

Tal incremento de la violencia hacia las personas migrantes, bajo el pretexto de liberar a las mujeres de las redes de trata –de acuerdo con la nota de prensa del Ministro del Interior- y las detenciones efectuadas sin garantías jurídicas, son otras tantas pruebas del tratamiento de la migración cercana a los enclaves españoles en clave puramente de seguridad. Sabiendo que la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos no justifica en ningún caso violaciones de derechos humanos y lejos de los discursos tranquilizadores y de las promesas emitidas antes del lanzamiento de la campaña excepcional de regularización.

Señalamos igualmente que los ataques del viernes 13 de febrero contra los campos aledaños a las ciudades de Nador, Selouane y Zegangan, y el tratamiento abusivo de las fuerzas de seguridad, que han arrasado los campamentos y prendido fuego a todos los efectos de las personas migrantes, en su mayoría familias con decenas de mujeres y niños, no puede sino agravar el estado de precariedad de las personas migrantes que ya padecen un invierno muy frío.

Ante tales hechos, nosotros, como miembros de la sociedad civil local, estamos muy preocupados por esta operación de represión, y demandamos:

  • La inmediata puesta en libertad de las personas migrantes aún detenidas y transferidas a otras ciudades, en contradicción flagrante de los artículos 34 y 36 de la Ley Nº 02-03.
  • La asistencia jurídica y el derecho a un traductor para las personas migrantes detenidas en Nador, y que se verán inculpadas por participación en redes de trata y tráfico de seres humanos.
  • Autorizar a las asociaciones locales y los representantes de las asociaciones de derechos humanos a visitar a las personas migrantes detenidas, con el objeto de verificar el respeto de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva.
  • Garantizar un trato individualizado a los solicitantes de protección internacional, a los menores y a los migrantes enfermos, protegidos por los convenios internacionales y la Ley Nº 02-03.
  • El cese inmediato de las detenciones de personas migrantes en las calles de la ciudad de Nador, y particularmente a quienes poseen una autorización de residencia o tienen recurrida la denegación del mismo.

Además, el Ministerio del Interior presentó, en el transcurso de la rueda de prensa citada, cifras “casi definitivas” de la regularización, mientras que la Comisión de recurso y seguimiento de la regularización todavía no ha examinado decenas de miles de expedientes en trámite, y sigue abierta la posibilidad de presentar recursos, conforme a la Circular conjunta del Ministerio del Interior y del competente en Asuntos Migratorios de diciembre 2013.

Solicitamos igualmente los servicios del Consejo Real de Derechos Humanos de Nador-Alhucemas y del Consejo Nacional de Derechos Humanos, para que vigilen el respeto de los derechos de las personas migrantes, prestándoles también la asistencia jurídica necesaria.

Association THISSAGHNASSE pour la Culture et le Développement ASTICUDE

Délégation de migrations. Archevêché de Tanger

Organisation Marocaine des Droits de l’Homme OMDH

Association de Lutte Contre le Sida

Caritas

GADEM

DROIT ET JUSTICE

ODT

ALCS

COPIL

Afrique Culture

Association AMANE

FOO

*Traducción del francés por SJR (Servicio Jesuita Refugiados)

*Original en Francés PDF

 

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Seguimiento de Periodismo Humano de los ataques y deportaciones de inmigrantes del Monte Gurugú y Nador:

 

cristelle embarazada 9 nador bolingo @phumano

Cristelle, embarazada 9 meses: ¿Donde están los niños que se llevó la policía marroquí?

16.02.2015 ·  · M.L:

Entrevistamos a Cristelle, a punto de dar a luz, en el bosque de Nador, Marruecos. Nos explica como fueron las deportaciones masivas de inmigrantes realizadas por fuerzas marroquíes los pasados días. “Vivimos en el miedo. Se llevaron a todas las mujeres, hasta las embarazadas. ¿Donde están Erika y los otros niños?”

 

Tercer día de razzias realizadas por fuerzas marroquies y destrucción de campamentos de inmigrantes en Monte Gurugú, cercano a valla de Melilla. Fotografía Ángela Ríos

Marruecos arrasa los campamentos del Monte Gurugú y se lleva a cientos de inmigrantes con destino desconocido

10.02.2015 ·  ·

AMPLIACIÓN ACTUALIZADA. Centenares de fuerzas auxiliares marroquíes han arrasado los campamentos de inmigrantes en el Monte Gurugú, cerca de la valla de Melilla  y otros cercanos a Nador. Se han llevado a centenares de personas inmigrantes y posibles solicitantes de asilo en buses con destino desconocido (Localizados en centro de detención en varias ciudades del sur de marruecos) Hay heridos, mujeres y niños entre los detenidos.

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Mi nombre es Amparo Climent y soy artista y ciudadana española.

Acabo de regresar hace dos días de Melilla, en donde he podido observar y seguir los acontecimientos que se están desarrollando en los campamentos del monte Gurugú y Bolingo.

Quiero denunciar públicamente, el asalto inhumano y violento, por parte de las fuerzas auxiliares marroquíes, a los campamentos habitados por mujeres, niños y hombres subsaharianos, que viven en una situación de desamparo y desesperación, aguardando el momento de poder entrar en Europa a través del mar o de la valla de Melilla.

Amparo Climent con mujeres inmigrantes dos días antes del ataque de fuerzas militares marroquíes a su campamento Bolingo , cerca de Nador

El monte Gurugú arde por todas partes, y cientos de hombres han sido “cazados como bestias” y golpeados violentamente, después en autobuses, muchos han sido abandonados en el desierto con el alma y el cuerpo destrozado.

Esta mañana me he despertado con la noticia de que esas mismas “fuerzas auxiliares marroquíes”, han asaltado el campamento de Bolingo, que significa “amor” en lingala, una lengua bantú, y se han llevado a hombres y mujeres, y sus hijos se han quedado solos entre la espesura del bosque. No he podido por menos que echarme a llorar de tristeza y de indignación pensando en Erika, la niña camerunesa de ocho años, que perdió a su madre y ahora la tienen entre todos los subsaharianos adoptada. Su sonrisa y su insistencia en llamar “mamá” a todas las mujeres que conoce, incluida yo, no sale de mi cabeza. Ayer estuve conversando con ella y sus ojos, ajenos a la tragedia que más tarde se desataría, me miraban con confianza y con ilusión.

Erika

Por fin después de muchas horas de angustia por no saber cómo se encontraban todos ellos, he podido comunicarme con un subsahariano amigo, que no ha sido detenido, y me cuenta, que los niños están muy asustados y con ataques de ansiedad. Esta noche dormirán todos “arrebujados”, debajo de los plásticos que se han salvado de la quema, intentando conseguir un poco de calor, después, a las tres de la mañana, huirán para no estar presentes cuando aparezcan de nuevo los militares, dispuestos a destrozar lo poco que les ha quedado.

Esta carta va dirigida a la Unión Europea y al gobierno de España especialmente, para que dejen de reprimir en la valla y en los campamentos, y que la complicidad y el trabajo sucio, no se siga haciendo en nuestro país y en Marruecos. Los asesinatos del Tarajal hace un año, están permanente acechando a los hombres, mujeres, niños y bebés con una violencia que sólo gobiernos y gentes sin escrúpulos pueden desarrollar.

No son nuestros enemigos, son personas que han tenido que emigrar de sus países, atravesando África, en un viaje desesperado y lleno de peligro.

Por eso desde mi modesta, pero firme convicción, de que todavía nos queda el valor de la solidaridad, hago una llamada a todos los amigos, gentes de bien, gobiernos, cristianos, musulmanes, agnósticos, azules
 y rojos, hombres y mujeres… para que nos rebelemos del silencio, de
 la indiferencia, de la deshumanización, de la comodidad de creer a las gentes sin escrúpulos que nos intentan convencer, de que esas “hordas de negros y negras famélicas”, quieren arrebatarnos incluso… nuestras propias miserias.

@amparocliment 

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Marruecos arrasa los campamentos del Monte Gurugú y se lleva a cientos de inmigrantes con destino desconocido

Tercer día de razzias realizadas por fuerzas marroquies y destrucción de campamentos de inmigrantes en Monte Gurugú, cercano a valla de Melilla. Fotografía Ángela Ríos
10.02.2015 ·  · (Gijón)

AMPLIACIÓN. Centenares de fuerzas auxiliares marroquíes han arrasado los campamentos de inmigrantes en el Monte Gurugú, cerca de la valla de Melilla  y otros cercanos a Nador. Se han llevado a centenares de personas inmigrantes y posibles solicitantes de asilo en buses con destino desconocido (Localizados en centro de detención en varias ciudades del sur de marruecos) Hay heridos, mujeres y niños entre los detenidos.


 

Por Human Rights Watch (HRW)

Han sido escasos los avances en pos de asegurar justicia por los 15 inmigrantes que murieron ahogados en aguas próximas a la costa de un enclave español en el norte de África el 6 de febrero de 2014, señaló hoy Human Rights Watch.

La Guardia Civil española disparó balas de goma y gases lacrimógenos hacia el agua mientras los inmigrantes intentaban llegar a nado desde Marruecos hasta Ceuta, uno de los dos enclaves de España en el norte de África.

“Se trata de muertes siniestras, y los señalamientos apuntan a graves irregularidades por parte de miembros de la Guardia Civil”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Los sobrevivientes y familiares de las víctimas merecen conocer la verdad sobre lo sucedido y ver que se imparta justicia”.

En el último año, distintas organizaciones no gubernamentales denunciaron incidentes de uso excesivo de la fuerza y expulsiones sumarias por parte de agentes de la Guardia Civil en las fronteras de los enclaves, en particular desde Melilla, el otro enclave español en el norte de África. Pero en vez de superar estas prácticas abusivas, el gobierno español ha buscado institucionalizar una política de retornos sumarios. Se encuentra pendiente en el Senado una ley de seguridad ciudadana con graves falencias que, entre otras cosas, formalizaría el retorno sumario de inmigrantes y solicitantes de asilo desde los enclaves hacia Marruecos.

Durante las visitas a Ceuta y Melilla que el comisario europeo para inmigración e asuntos internos, Dimitris Avramopoulos, tiene programadas para marzo de 2015, debería insistir en que España cumpla plenamente con el derecho internacional y de la UE en sus fronteras, indicó Human Rights Watch. Los retornos automáticos sin ningún tipo de garantías procesales constituyen un incumplimiento manifiesto del derecho europeo y de las normas internacionales de derechos humanos, y exponen a solicitantes de asilo e inmigrantes a un mayor riesgo de sufrir abusos, destacó Human Rights Watch.

Diversas organizaciones no gubernamentales españolas e internacionales, y miembros del Parlamento Europeo, han instado a que la comisión adopte medidas enérgicas ante el uso excesivo de la fuerza por agentes españoles que patrullan la frontera y los retornos sumarios. La comisión ha manifestado que se encuentra en diálogo con las autoridades españolas de los enclaves, y que “no dudaría en adoptar las medidas pertinentes cuando haya evidencias de que un Estado miembro está violando el derecho de la UE”.

“Cada año, miles de personas ponen en riesgo su vida al tratar de llegar a Europa, y hay amplias evidencias que demuestran que las prácticas españolas en las fronteras de este país agravan aún más la peligrosidad de esos intentos”, aseveró Sunderland. “Si Avramopoulos se propone abordar seriamente el sistema disfuncional de inmigración y asilo de la UE, no debería ignorar los abusos en los enclaves de España”.

Ningún funcionario español ha sido procesado ni ha recibido sanciones disciplinarias por los trágicos decesos en Ceuta ocurridos un año atrás, y tampoco ningún responsable ha presentado su dimisión. Se han recuperado 14 cadáveres, cinco en aguas españolas y nueve en aguas marroquíes. Los testimonios de sobrevivientes y familiares indican que otra persona, la única mujer, habría muerto ese día. Su cuerpo no ha sido recuperado. De las víctimas, 11 eran originarias de Camerún, mientras que las otras tres cuyos cuerpos se recuperaron provenían de Guinea, Costa de Marfil y Senegal. El gobierno español reconoció que 23 sobrevivientes que lograron alcanzar la costa en Ceuta fueron entregados inmediatamente a guardias fronterizos marroquíes.

Kakoly (seudónimo), de Costa de Marfil, dijo a Human Rights Watch durante una entrevista telefónica mantenida el 2 de febrero de 2015 que perdió a su mejor amigo ese día. Kakoly contó que logró llegar hasta la costa, pero que recibió impactos de balas de goma en una pierna y debajo de un ojo, y fue enviado de regreso a Marruecos. Ha recibido tratamiento médico gracias a la ayuda de una organización no gubernamental que trabaja en Marruecos, pero todavía tiene problemas de visión en el ojo derecho. Su expectativa de justicia es pesimista. “Yo, un sencillo clandestino, ¿qué posibilidades tengo de exigir justicia?”, expresó. “Estamos habituados a la injusticia”.

La investigación judicial sobre las muertes, las personas heridas y los retornos sumarios ocurridos ese día han avanzado muy lentamente. Personas familiarizadas con la causa dijeron a Human Rights Watch que la jueza a cargo ha realizado pocas diligencias de oficio, y ha negado o postergado la adopción de diligencias solicitadas por las cuatro organizaciones españolas y los seis familiares que se han personado como acusación popular. En vez de interrogar directamente a los oficiales de la Guardia Civil que participaron en el operativo del 6 de febrero de 2014 y tomar su testimonio, la jueza se ha basado en las declaraciones escritas aportadas por la Guardia Civil.

A mediados de diciembre, la jueza pidió que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional, el máximo fuero penal de España, aduciendo que el tribunal local no tenía competencia para conocer los hechos, debido a que las muertes ocurrieron en aguas de Marruecos. La Fiscalía de Ceuta apeló el pedido de la jueza, y argumentó al respecto que el tribunal local era competente. La Audiencia Nacional podría decidir tomar la causa de un momento a otro.

La incertidumbre con respecto a qué tribunal finalmente se declarará competente suscita el temor de que pueda haber mayores dilaciones, remarcó Human Rights Watch.

El Partido Popular, actualmente en el poder, utilizó su mayoría absoluta en el parlamento para bloquear una moción que proponía tratar la creación de una comisión ad hoc encargada de investigar los acontecimientos del 6 de febrero.

Los intentos por ingresar a España a través de Melilla y Ceuta —por mar, escondiéndose en automóviles y camiones, y trepando las vallas en la frontera— han aumentado desde 2011. Según la delegación de gobierno de Melilla, cerca de 2.100 personas consiguieron cruzar el triple vallado en Melilla durante 2014, en más de 70 intentos de grupo distintos. Ha trascendido en los medios de comunicación que aproximadamente 2.500 personas habrían ingresado al enclave por otras vías. La delegación de gobierno de Ceuta indica que 1.653 personas entraron a ese enclave en 2014. El ministro delegado del Interior de Marruecos aseveró a mediados de enero que había frustrado 80 intentos grupales de ingreso y que impidió que 20.000 personas cruzaran hacia los enclaves durante 2014.

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Muchos de quienes llegan y trepan el primer vallado que rodea Melilla permanecen allí, a veces durante horas, hasta que la Guardia Civil los obliga a descender y a regresar a Marruecos, como ocurrió con un grupo de cerca de 100 personas el 2 de febrero de 2015. Al menos nueve personas murieron ahogadas el 30 de enero cuando la embarcación en la cual se trasladaban se hundió en aguas próximas a Melilla.


 Por Institut de DretsHumans de Catalunya (IDHC)

España se sometió ayer al Examen Periódico Universal, un procedimiento de Naciones Unidas que evalúa el grado de cumplimiento en el país de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Durante la sesión se ha constatado como desde que España se sometió al EPU por primera vez en 2010 la situación de derechos humanos ha empeorado significativamente. El derecho a la educación, el derecho a la salud, los abusos policiales y las denuncias de tortura y su falta de investigación son algunas de las cuestiones que preocupan a la comunidad internacional.

Valla de Melilla (Javier Bauluz)

Próximamente se publicará el informe con todas las recomendaciones que otros estados han realizado a lo largo de la sesión de hoy para que España mejore la situación de derechos humanos. El gobierno tendrá hasta junio para estudiarlas y decidir qué recomendaciones se compromete a implementar y cuáles rechaza.

El Examen Periódico Universal a España se celebró en la sede del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra,. El conocido como EPU es el mecanismo por el que Naciones Unidas evalúa la situación de los derechos humanos cada cuatro años en todos los países miembros de la organización.

La sesión, que ha durado tres horas y media, se ha iniciado con la presentación realizada por Ignacio Ibáñez, secretario de estado de Asuntos Exteriores. Este ha ofrecido una visión sesgada sobre la situación real de los derechos humanos en el país, en la que se han omitido referencias a cuestiones tan controvertidas en la actualidad como la reforma de la justicia universal, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, el derecho a la verdad de las víctimas del franquismo, los abusos policiales o el régimen de detención incomunicada.

Todas ellas cuestiones sobre las que España ha recibido críticas en anteriores ocasiones por parte de distintos organismos de Naciones Unidas y que sí fueron tenidas en cuenta por otras delegaciones nacionales participantes en el examen. Tras la presentación del secretario de estado, el resto de países formularon sus preguntas y recomendaciones en las que se incluyeron referencias a estas cuestiones.

Entre los temas discutidos por los países participantes en el EPU, el Institut de DretsHumans de Catalunya (IDHC) quiere destacar:

  1. Recortes y medidas de austeridad: han sido presentadas como inevitables dadas las circunstancias económicas y las directrices europeas. La delegación española ha defendido que estas medidas respetan los principios planteados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que en 2013 el informe de este comité afirmaba lo contrario.
  1. Derecho a la salud: la delegación española ha reconocido que las personas inmigrantes sin residencia legal en España solo tienen acceso al sistema sanitario en caso de emergencia, embarazo o minoría de edad. Este hecho atenta contra el disfrute del derecho universal a la salud.
  1. Derecho a la vivienda: la delegación española no ha ofrecido datos sobre los efectos de las medidas coyunturales y estructurales adoptadas para combatir el elevado número de desahucios y para fomentar el acceso a la vivienda de la población más vulnerable.
  1. Derecho a la alimentación: no se ha hecho mención a este problema a pesar de los datos aportados por diferentes informes.
  1. Derecho de reunión y manifestación y libertad de expresión: se han hecho varias recomendaciones alertando sobre la adopción de la Ley de Seguridad Ciudadana y sus efectos que restringen el ejercicio de estos derechos.
  1. Memoria histórica: distintas delegaciones han solicitado la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes del franquismo, tal y como recoge la legislación internacional en la materia.
  1. Plan de derechos humanos: el gobierno se ha comprometido a elaborar un plan de derechos humanos, compromiso que viene reiterando desde hace años pero que aun no se ha materializado.
  1. Situación en Ceuta y Melilla: el acceso al asilo y refugio y las devoluciones en caliente así como la situación en los centros de estancia temporal (CETI), concretamente en Ceuta y Melilla, han sido de las preocupaciones más repetidas por el resto de delegaciones.
  1. Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): se ha llamado la atención sobre las mejoras que faltan por realizar al Reglamento de los CIE de 2014.
  1. Racismo y xenofobia: se han formulado numerosas recomendaciones solicitando medidas para combatir el discurso del odio y prevenir los crímenes de odio.

Para el IDHC, durante la sesión se ha puesto claramente de manifiesto que el disfrute y garantía de los derechos humanos en España ha empeorado desde 2010, ya que en la actualidad son muchos más los aspectos preocupantes.  

Tras la sesión de hoy, una troika de estados formada por Sierra Leona, Reino Unido y Macedonia presentará este viernes un informe en el que se recogerán las numerosas recomendaciones realizadas durante esta mañana por las delegaciones participantes. El gobierno español tendrá hasta junio para estudiarlas y decidir qué recomendaciones se comprometerá a seguir y cuáles rechazará.  

Para Aida Guillén, gerente del IDHC presente durante el EPU, “será entonces cuando comprobaremos la utilidad de este ejercicio, así como la voluntad de España de combatir las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo” y añade que “si bien el EPU no produce recomendaciones de obligado cumplimiento, es un mecanismo que nos sirve para visibilizar de manera global dónde se encuentran los puntos negros, focalizarnos en ellos y hacer uso de otros mecanismos con más fuerza vinculante como los comités de los tratados de derechos humanos. Este es nuestro siguiente paso”.


Por CIEs NO (Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros)

Las “deportaciones express” son una práctica CADA día más común, que se realizan PARA llenar a última hora los macrovuelos de la vergüenza

Ayer por la noche el Juzgado de INSTRUCCIÓN número tres de Tarragona confirmaba la suspensión de la expulsión de Modou. Modou había sido detenido en la tarde anterior por el mero hecho de encontrarse en situación irregular y con una orden de expulsión de septiembre de 2013. Estuvo a punto de ser separado de su família: una hija que hoy cumple quince días de vida y su esposa, que ya disponía de permiso de residencia.

La paralización in extremis de la deportación de Modou ha sido posible gracias a las medidas cautelarísimas presentadas en la tarde de ayer por sus abogados y el trabajo de apoyo de toda una red de ACTIVISTAS que se han implicado en el caso. A la paralización de la deportación de Modou se suma la de Baidy -también de Senegal y que tenía que viajar con el mismo VUELO de deportación- al que no se le había permitido ni siquiera reconocer en el REGISTRO Civil a su hija, nacida dos días antes de su detención.

Las “deportaciones express” son una práctica muy poco conocida pero cada día más común, que va muy relacionada a los macrovuelos de deportación. La policia nacional, cuando tiene conocimiento de la existencia de un macrovuelo, inicia las actuaciones de persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino. En caso de que no haya ya suficientes internos en los CIE para llenar el VUELOacuden a otro TIPO de medidas, más sofisticadas y menos visibles que las redadas por perfil étnico. Modou, por ejemplo, estaba llamado a firmar periódicamente en la comisaría por encontrarse en situación irregular. En esta ocasión, la policia nacional de Reus, aprovechó el momento de la firma para -sin previo aviso- detenerlo e intentar deportarlo en el el macrovuelo.

Las “deportaciones express”, por la rapidez en la que se producen, no contemplan unas garantías mínimas para desarrollar el debido derecho de defensa ante una orden de expulsión, que hay que recordar, es de carácter ADMINISTRATIVO. En un máximo de 72 horas, un ciudadano puede pasar de estar junto a su família, a ser deportado forzosamente a miles de kilometros de distancia. 72 horas que en la mayoría de ocasiones no son suficiente para poder recoger toda la DOCUMENTACIÓN que demuestre el arraigo de la persona, ponerla a disposición de un abogado y presentar un escrito de urgencia que permita al Juez revocar la orden de expulsión antes de que se ejecute.

Hoy, mientras celebramos que se han paralizado estas deportaciones no podemos dejar de preguntarnos, ¿de cuántos Modou no tenemos noticia? ¿cuántas personas anónimas, invisibles para la opinión pública, serán expulsadas a la fuerza hoy de FORMA totalmente injusta -y seguramente ilegal- en el macrovuelo destino Dakar?

La Campaña Estatal por el CIERRE de los CIES exige al Gobierno:

-      Que paralice de manera inmediata la deportación de Modou, así como de aquellas personas que se encuentre en la misma situación que él.

-      Que dejen de realizarse vuelos masivos de deportación que generan indefensión en las personas así como promueven el aumento de las redadas bajo perfil racial en nuestras ciudades y pueblos.

-      Que la sociedad civil y los grupos políticos asuman un debate imprescindible en materia de inmigración que nos conduzca de manera irreversible a garantizar los derechos de la población migrante y de las minorías étnicas.


Por Reporteros Sin Fronteras

El 10 de noviembre de 2014 el periodista Oscar Castaño Valencia fue agredido y amenazado por hombres armados cuando realizaba una investigación sobre prostitución infantil en la que estarían implicadas bandas de delincuentes (combos), en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Desde hace tres meses el periodista Oscar Castaño Valencia, director del programa “Oriéntese” del canal Cosmovisión, realiza una investigación sobre prostitución infantil en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, actividad en la que estarían involucrados grupos criminales conocidos como ‘combos’. El 10 de noviembre pasado tenía una cita para entrevistar a una de sus fuentes, en la que fue atacado por tres hombres armados y encapuchados, quienes lo amordazaron, lo amenazaron y lo golpearon. Asimismo, obligaron al periodista a escribir una nota en la que confesara que había ido a violar a una menor. Los agresores también lo forzaron a grabar una ‘confesión’, luego lo liberaron, advirtiéndole: “Lo que está en juego sapo hijueputa es su vida”.

Tras sufrir esta agresión Oscar Castaño Valencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Nación, en Medellín, capital del departamento de Antioquia, y pidió al Estado medidas de protección. El periodista ya había sido amenazado antes, cuando era presidente del Sindicato de la Universidad Nacional de Colombia, lo que lo obligó a exiliarse en 1987 durante nueve años. En 2011 de nuevo sufrió intimidaciones debido a un documental que realizó sobre conflictos relacionados con la explotación minera. El periodista expresó que actualmente está muy preocupado por sus familiares más cercanos.

Reporteros sin Fronteras exhorta a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a ofrecer lo antes posible una protección efectiva al periodista Oscar Castaño Valencia y a su familia”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Imperativamente, el gobierno debe garantizar que las agresiones a periodistas no permanezcan impunes”, añadió.

Los combos, grupos de delincuentes que actúan con gran violencia, son bien conocidos por la Gaula, unidad policíaca colombiana dedicada a los casos de secuestro y extorsión. La Gaula había descendido a la zona donde fue agredido Oscar Castaño Valencia días antes del ataque. Colombia experimenta una recrudescencia de las amenazas a periodistas desde el inicio del año. La Defensoría del Pueblo, organismo nacional que tiene el objetivo de promover el respeto de los derechos humanos, indicó que en 2014 registró el doble de denuncias de periodistas amenazados que el año pasado. Colombia sigue siendo el segundo país más mortífero para los periodistas en América Latina.

Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.